29 de enero de 2013, 00:05Guatemala,
29 ene (PL) La sociedad guatemalteca amaneció hoy a la expectativa del
proceso judicial que deberán enfrentar los exmilitares Efraín Ríos
Montt y Mauricio Rodríguez por genocidio y otros delitos de lesa
humanidad
Quizás las ansias de justicia de muchos en Guatemala al respecto se
reflejó la víspera en las afueras de las Torres de Tribunales, luego de
que el juez Miguel Ángel Gálvez, tomara la decisión de que el
exdicatador Ríos Montt y Rodríguez deben ser sometidos a un proceso
judicial.
Decenas de personas congregadas frente a las Torres de Tribunales
celebraron la decisión del prelado quemando cohetillos en ceremonias
mayas junto a un altar con fotos de los desaparecidos en aquella
contienda.
Uno de los dirigentes de la Asociación Justicia y
Reconciliación Benjamín Jerónimo ha declarado que las evidencias
presentadas por la Fiscalía y los querellantes son suficientes para
demostrar la responsabilidad de los acusados en el genocidio que sufrió
la etnia ixil durante el conflicto armado que conmovio a este durante
36 años hasta 1996.
El juez Gálvez convocó a las partes
involucradas a aportar pruebas mañana y aludió a las actas
ministeriales de 142 testigos, 126 certificaciones, 84 declaraciones y
61 peritajes presentados por el Ministerio Público y leyó los decretos
de la Ley Constitutiva del Ejército (Decreto 28-83), como parte de un
análisis de los medios de prueba.
La autoridad jurídica, que
también leyó testimonios de los sobrevivientes, remarcó que el
conflicto armado en Guatemala fue reconocido a nivel internacional y
tuvo seguimiento por la Organización de Naciones Unidas con una
Comisión Verificadora de Derechos Humanos.
Por su parte, la
defensa de los militares solicitó un recurso de reposición al
argumentar que la Fiscalía no tiene un fundamento objetivo para
determinar la participación de sus clientes en la comisión de los
delitos.
Sin embargo, Gálvez no dio trámite a esta solicitud
por considerar que no es el procedimiento adecuado y que en la fase de
este proceso "no le cabe ninguna guía impugnativa".
La semana pasada el fiscal Orlando López ratificó las pruebas de cargo y las acusaciones en contra de ambos ex militares.
López precisó, que aunque Ríos Montt y Rodríguez no fueron los autores
materiales de la matanza de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil, sí
tenían conocimiento de los hechos perpetrados en 1982 y 1983 durante el
régimen militar encabezado por el primero. Según peritajes y
exhumaciones, acotó, la mayoría de las víctimas eran niños y ancianos,
personas que por edad no podían empuñar un arma, como para ser
señalados como guerrilleros muertos en combate.
Por su parte
una fuente consultada por Prensa Latina en condición de anonimato,
calificó de lamentable la demora en procesar a responsables de crímenes
como el genocidio, al referirse a Ríos Montt y Rodríguez.
La
defensa de los dos ha promovido sendos recursos y de forma sistemática
han paralizado a la justicia guatemalteca para dilatar los procesos y
perpetuar la impunidad, que tanto afecta a Guatemala, afirmó el experto
en Derechos Humanos que demandó el anonimato.
En opinión del
abogado, el aparato estatal aún sigue completamente plegado a los
sistemas de impunidad del pasado y existen serios problemas a nivel del
sistema judicial.
La fuente también precisó que los implicados son personas poderosas con influencias sobre los administradores de justicia.
Ríos Montt encabezó en 1982 un golpe de Estado contra Romeo Lucas y al
año siguiente fue derrocado por otra asonada protagonizada por Oscar
Mejía Víctores. |
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