TeleSur/La Radio del Sur
El Gobierno mexicano firmó este miércoles el Acuerdo Comercial contra
la Falsificación (ACTA), el cual busca combatir de forma eficiente la
falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras
intelectuales y artísticas; pero que ha levantado una ola de críticas
generalizadas en el mundo por quienes denuncian viola la privacidad.
El acuerdo, del cual Japón es el país depositario, establece un marco
internacional para frenar al comercio ilegal de productos piratas y/o
falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales.
Al igual que la estadounidense Ley SOPA, el ACTA pretende “combatir
la piratería y proteger los derechos de autor a escala internacional”.
En 2011 el Senado mexicano pidió al Ejecutivo que, en el marco de sus
atribuciones, “instruyera a las secretarías y dependencias involucradas
en las negociaciones del ACTA, a no firmar dicho acuerdo”, por los
efectos nocivos que tendría sobre los derechos civiles y la libertad en
Internet.
El Gobierno de Felipe Calderón hizo caso omiso al llamado y concretó
su firma este miércoles en Japón, a través del embajador en Tokio,
Claude Heller.
El Congreso advirtió que “resulta peligroso que en dicho acuerdo se
considere delito la transmisión por Internet de documentos, fragmentos
de libros o de canciones”, con lo que “se estaría criminalizando a los
usuarios de la red, para muchos de los cuales es un medio de
intercambio, recreación y de aprendizaje”.
El ACTA fue firmado en enero por 22 de los 27 gobiernos de la Unión
Europea, así como por Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva
Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Suiza y Marruecos.
El Estado mexicano firma el acuerdo justo una semana después que la
Eurocámara rechazará el proyecto, por considerar que “atenta a la
privacidad de los consumidores, sus libertades y la libre información”.
El Instituto Mexicano de Protección Intelectual (IMPI) aseguró, a
través de un comunicado, que la aplicación del ACTA “no generará un
ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan
cotidianamente en plataformas como Internet, ni para revisar o incautar
equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video”.
El Gobierno argumentó que el país enfrenta un “grave problema de
falsificación de marcas y de piratería” en distintas ramas industriales,
que involucra desde prendas de vestir, calzado deportivo, música y
cinematografía, hasta productos como medicamentos, bebidas alcohólicas,
tabaco y autopartes.
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