Hace
poco recibí el artículo “Golpismo y Neogolpismo en América Latina.
Violencia y conflicto político en el siglo veintiuno”, que me envía
Carlos Alberto Figueroa Ibarra, amigo de muchos años y académico de la
Universidad de Puebla, México, escrito por él y por Octavio Humberto
Moreno Velador, profesor de la misma universidad. Voy a referirme a sus
importantes planteamientos.
Dicen
los autores que desde la década de 1980 parecía afirmarse la democracia
en América Latina, de modo que el tema se volvió recurrente en la
ciencia política. Sin embargo, durante los primeros 17 años de siglo XXI
han resurgido nuevos golpes de Estado, que configuran el “Neogolpismo”.
Los autores detectan 87 golpes de Estado en América del Sur y el Caribe durante el siglo XX, siendo Bolivia y Ecuador los
países con la mayor cantidad de golpes, mientras México tiene uno.
Además, cuatro décadas han concentrado la mayor cantidad de casos:
1930-1939 con 18; 1940-1949 con 12; 1960-1969 con 16 y 1970-1979 con 13
casos; mientras entre 1900-1909 y 1990-1999 se presentan la menor
cantidad de casos (3 y 1, respectivamente). Finalmente, 63 golpes fueron
militares; 7 civiles; 8 de tipo cívico-militar; 6 autogolpes
presidenciales y 3 autogolpes militares. El 77% de los casos tuvo una
marcada influencia de ideología de derecha y participación de partidos
de derecha; y desde los años 60 se encuentra la intervención de los
EEUU en varios golpes.
El Neogolpismo
del siglo XXI, diferente, por tanto, a los golpes de Estado del siglo
XX, tiene otras características. De los 7 estudiados, 4 han sido de tipo
militar/policial (2 fracasados, en Venezuela/2002 y Ecuador/2010;
pero 2 exitosos, en Haití/2004 y Honduras/2009); 2 son golpes
parlamentarios (Paraguay/2012 y Brasil/2016, ambos exitosos) y 1
civil-oficial (Bolivia/2008, fracasado). En 3 casos existe evidencia de
intervención de los EEUU (Haití, Bolivia y Honduras). La intervención
de los militares o policías se produjo en Venezuela, Haití, Honduras y Ecuador;
en Haití, Bolivia y Brasil precedieron movilizaciones de ciudadanos
opositores a los gobernantes, que ejercieron presión política; pero
también hubo otros casos de movilizaciones posteriores, en respaldo a
los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, que impidieron el éxito de
los golpes de Estado contra ellos. Pero en 3 casos hubo clara
intervención de los poderes judiciales (Honduras, contra Manuel Zelaya;
Paraguay, contra Fernando Lugo; y Brasil, contra Dilma Rousseff), y
también de los poderes legislativos. Además, han intervenido
instituciones regionales y supranacionales en defensa de la democracia:
OEA, MERCOSUR, UNASUR, CELAC e incluso el Grupo de Río. Concluyen los
autores: “los nuevos golpes de estado han buscado evadir su expresión
militar más cruda para llevarse a cabo. En este sentido la
intervención de instituciones judiciales y parlamentarias han
representado una alternativa viable para mantener una ¨continuidad
democrática¨ a pesar de la ruptura de los pactos constitucionales e
institucionales”.
Al análisis que realizan los dos profesores y que resumo sin pormenorizar en su contenido, cabe añadir algunas consideraciones.
Todos los golpes de Estado del siglo XXI se han dirigido contra gobernantes del ciclo progresista latinoamericano: Hugo Chávez, Evo Morales, Manuel Zelaya, Rafael Correa,
Fernando Lugo, Dilma Rousseff, aunque el caso de Haití es particular,
por la turbulencia que ha vivido un país donde el golpe militar fue
contra Jean-Bertrand Aristide, quien había ganado las elecciones con el
91.69% de los votos. Los gobiernos progresistas despertaron furiosos
enemigos: las elites empresariales, las oligarquías tradicionales,
sectores militares del viejo anticomunismo “macartista”, las derechas
políticas, los medios de comunicación “mercantiles” y, sin duda, el
imperialismo. No hay un solo golpe de Estado “izquierdista”, lo cual da
cuenta de un fenómeno igualmente nuevo: todas las izquierdas han
aceptado la democracia como sistema político y las elecciones como
instrumento para llegar al poder, en lo que, históricamente hablando,
han dado continuidad a la tesis de Salvador Allende y de la Unidad
Popular chilena, que confió en la posibilidad de construir el socialismo
por la vía pacífica. En cambio, son las derechas políticas y
económicas, las que han acudido al Neogolpismo, por sobre su discurso de
defensa de la “democracia”.
Esas
mismas derechas han auspiciado no solo los “golpes blandos”, sino el
uso de dos mecanismos que les han resultado tremendamente exitosos: el lawfare,
o “guerra jurídica”, utilizada para perseguir, con apariencia de
legalidad, a quienes han servido o se han identificado con los gobiernos
progresistas; y el uso de los medios de comunicación más influyentes
(pero también de las redes sociales y sus “trolls”), que se pusieron al
servicio del combate a los “populismos” y “progresismos”, defendiendo
los intereses de los gobiernos persecutores, las elites empresariales,
las capas ricas, las diferenciaciones sociales y al capital
transnacional. Estos fenómenos han quedado claramente expresados en
Brasil contra Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y el PT; pero también
en Bolivia, contra Evo Morales y el MAS; y en Ecuador, donde se ha
logrado el enjuiciamiento de Rafael Correa, el procesamiento a
prestantes figuras de su gobierno y la persecución a los “correístas”.
En Argentina el triunfo de Alberto Fernández frenó el avanzado camino
que se tenía contra Cristina Fernández y el “kirchnerismo”.
Pero hay, finalmente, un nuevo elemento por añadir al Neogolpismo del siglo XXI: se trata del golpe de Estado anticipado,
que ha sido inaugurado, coincidentemente, en Bolivia y Ecuador. En
Bolivia no solo se suspendió el conteo de las votaciones, Evo Morales
tuvo que refugiarse fuera del país, ha sido proscrito políticamente, y
en la actualidad se ha hecho todo lo posible por marginar al MAS de las
futuras elecciones (https://bit.ly/3gVRfm7).
En Ecuador, se ha usado todo tipo de artimañas legales para impedir la
candidatura vicepresidencial de Rafael Correa (finalmente no fue
admitida), para desconocer a su partido y a otras fuerzas que podían
auspiciarlo, así como para dificultar al binomio encabezado por Andrés
Araúz para la presidencia (https://bit.ly/2QPTKfh).
También tiene una característica igualmente singular lo ocurrido en
Chile: a pesar de las protestas y movilizaciones sociales, de las
presiones políticas internas e internacionales, finalmente se manipuló
de tal manera la trama política, que el plebiscito convocado para
octubre/2020 no será para una Asamblea Constituyente (que podía dictar
una nueva Constitución), sino para una Convención Constitucional, al
mismo tiempo que las fuerzas tradicionales preservan su hegemonía, de
acuerdo con el análisis realizado por el reconocido investigador Manuel
Cabieses Donoso (https://bit.ly/3hQOgg1).
En
consecuencia, el Neogolpismo ha demostrado que, mientras la democracia
institucional y representativa se ha convertido en un valor ciudadano,
en un espacio de acción de las izquierdas sociales y progresistas, pero
también en un instrumento que permite el acceso al gobierno y, con ello,
la orientación de las políticas de Estado en beneficio popular y no al
servicio de las elites económicas; de otra parte, ha pasado a ser un
instrumento cada vez más “peligroso” para las mismas burguesías y
oligarquías internas, tanto como para el imperialismo, a tal punto que
no tienen más empacho en romper con sus propias normas, legalidades,
instituciones o principios constitucionales, utilizando las nuevas
formas de golpes de Estado. Es, sin embargo, una lección por demás
evidente en la historia latinoamericana: cuando avanzan los procesos
populares, también se preparan las fuerzas dispuestas a liquidarlos. Y,
finalmente, no importa para nada la democracia, con tal de salvar los
negocios, la acumulación privada, la riqueza y el exclusivismo social de
las elites.
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https://www.alainet.org/es/articulo/208816
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