En
el marco de las transformaciones institucionales que Estados Unidos
adelanta para reconquistar la hegemonía global, ha puesto en marcha en
enero de este 2020, la denominada Corporación Financiera de Desarrollo
Internacional (DFC, en sus siglas en inglés), como la nueva agencia que
operará el financiamiento necesario para su reposicionamiento en el
mundo.
La intención de
modernizar el esquema de financiamiento al desarrollo internacional,
está contenida en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN),
promulgada a finales del año 2017, y donde refiere que Estados Unidos
debe armarse con nuevas herramientas para enfrentar la creciente
influencia de China y otras potencias, sobre la escena internacional.
La
ESN reconoce que Estados Unidos viene perdiendo la batalla por esa
preeminencia global, y orienta la conformación del nuevo esquema de
financiamiento, entendiendo que esta acción será fundamental para
actualizar su posición geopolítica. El cuestionamiento que hace el
documento de la situación de la hegemonía estadounidense, se vincula a
su incapacidad para ofrecer relaciones comerciales justas y atractivas,
en contraposición a lo que China viene logrando, especialmente en
América Latina y el Caribe. “Hoy, Estados Unidos debe competir por
relaciones positivas en todo el mundo. China y Rusia dirigen sus
inversiones en el mundo, para expandir su influencia, y obtener ventajas
competitivas frente a Estados Unidos”, reitera la ESN.
China
y su promoción de un mundo pluripolar, es definido en la ESN, como la
mayor amenaza para los objetivos de Estados Unidos. Y desde este
criterio, la ESN refiere que este país debe utilizar una nueva
metodología para el financiamiento internacional, priorizando la
promoción del capital privado sobre áreas que tributen a los grandes
objetivos de la política exterior imperial.
La
nueva doctrina de seguridad nacional estadounidense, plantea que la
nueva DFC debe confrontar abiertamente el proyecto de la Franja y la
Ruta de China, y a la vez, favorecer la expansión del capital privado
estadounidense, para fomentar nuevas alianzas y fortalecer las ya
existentes: “Estados Unidos puede desempeñar un papel catalizador, en la
promoción del crecimiento económico, liderado por el sector privado”,
aclara el documento.
La
iniciativa legal que crea la DFC, aprobado en consenso por republicanos y
demócratas, fusiona la antigua Corporación de Inversiones Privadas en
el Extranjero (OPIC), y la Autoridad de Crédito para el Desarrollo
(DCA), perteneciente a la USAID, en una supra agencia de ayuda al
desarrollo, la más grande e importante creada en ese país.
Para
materializar esta operación geopolítica, la DFC administrará unos 60
mil millones de USD, doblando la capacidad financiera de su antecesora
OPIC. La nueva Corporación asumirá también, la gestión de las carteras
crediticias de la OPIC y la DCA; es decir, inicia sus labores,
administrando poco menos de 30 mil millones de USD, distribuidos en
diversidad de proyectos en todo el mundo.
La
legislación brindó a la DFC, de novedosas herramientas financieras, que
le garantizan mayor flexibilidad en su nuevo rol, y priorizando su eje
de acción, en la inversión de proyectos energéticos y de
infraestructuras, contenidos en las siguientes iniciativas regionales
dispuesta por Estados Unidos para su reposicionamiento geopolítico: Connect Africa, 2X Women’s Initiative, Feed the Future, América Crece, Indo-Pacific Strategy, US-India Development Foundation, y, European Energy Security and Diversification.
Desde
esta perspectiva, el Gobierno de Estados Unidos hizo efectivo en
diciembre del 2019, el lanzamiento de la iniciativa "América Crece",
como la respuesta del Gobierno de Donald Trump al avance significativo
de China y Rusia en el continente.
En
los últimos años, países de América Latina y el Caribe han profundizado
sus relaciones económicas con China, estableciendo cada vez más
acuerdos y flujos comerciales con la nación asiática. Según un informe
del Foro Económico Mundial del 2018, China desplazó a Estados Unidos
como el principal socio comercial de Argentina, Brasil, Chile, Perú y
Uruguay, y ha invertido más de 110 mil millones de USD en proyectos
gubernamentales en toda la región. El informe destaca la particularidad
de que los bancos chinos, se abstienen de imponer condiciones políticas a
los Gobiernos receptores de préstamos.
En
este escenario, que vislumbra una transición del orden político,
económico y cultural en latinoamericana y caribeña, Estados Unidos
plantea la iniciativa América Crece, como una instrumentalización
actualizada de la vieja Doctrina Monroe.
Entre
otras cosas, Estados Unidos busca con la implementación de la
iniciativa América Crece, el cambio de la matriz energética de la región
caribeña, para redirigir sus crecientes excedentes de gas natural
licuado (GNL). La Agencia Internacional de la Energía (AIE), señaló en
un informe fechado en noviembre del 2017, que Estados Unidos se
convertirá, en 2025, en el mayor exportador del mundo de GNL,
proveniente de la extracción del gas esquisto en su territorio.
Un
núcleo sustancial de los proyectos, contenido en la iniciativa América
Crece, refleja la intención de Estados Unidos, de colocar sus excedentes
de gas en la región caribeña.
El
pasado 21 de julio del 2020, Estados Unidos y Honduras firmaron también
un memorando de entendimiento, en el que el país centroamericano
formaliza su incorporación a la iniciativa América Crece, con la promesa
de inversión de mil millones de USD, en proyectos privados, durante los
próximos tres años, priorizando el asunto energético: “Nuestro enfoque
será en proyectos para fortalecer la infraestructura del país, avanzar
en la conectividad digital, fortalecer el sector salud, expandir los
servicios financieros, y ayudar a sentar las bases para un futuro más
próspero”, refirió el Director Ejecutivo de la DFC, Adam Boehler,
durante la firma de documento, que contó con la presencia virtual del
Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
El
documento, negociado entre Estados Unidos y Honduras, toma puntos
referenciales de los acuerdos ya firmados con Panamá, Chile, Argentina,
Jamaica, Colombia, Brasil, Perú, El Salvador, y establece el marco legal
de referencia, de las futuras actuaciones financieras de la DFC en
América Latina y el Caribe.
A
diferencia del tipo de financiamiento que China brinda a los países de
América Latina y el Caribe, donde se priorizan los proyectos nacionales,
y se fortalecen las capacidades de los Gobiernos para generar mayores
niveles de bienestar a la población, la acción de la DFC, reforzaría la
dependencia económica, y la expansión del capital privado
estadounidense, mercantilizando el fenómeno de la asistencia al
desarrollo.
La
configuración de la DFC como nueva instancia financiera de la política
exterior estadounidense, ha generado entusiasmo en los grupos
conservadores anti chinos. El pasado 14 de agosto del 2020, los
Senadores Marco Rubio (republicano), y Bob Menéndez (demócrata),
caracterizados por sus posiciones extremistas contra gobiernos soberanos
en América Latina y el Caribe, presentaron el proyecto de Ley para la
Promoción de la Competitividad, la Transparencia y la Seguridad en las
Américas (ACTSA).
De
acuerdo a la iniciativa presentada, la propuesta bipartidista buscaría,
por un lado, fortalecer la competitividad económica de Estados Unidos, y
por el otro, criminalizar la presencia política y comercial de China en
la región. “El objetivo de China es utilizar el poder económico para
desplazar a EE.UU. Me enorgullece unirme al Senador Menéndez, en
presentar este proyecto, que busca fortalecer nuestra capacidad
económica, para contrarrestar la creciente influencia maligna de Beijing
en América Latina y el Caribe”, señaló el senador Rubio en sus redes
sociales.
El proyecto
ACTSA involucra a la nueva DFC, y propondrá para la aprobación del
Congreso, que se dedique el 35% del presupuesto financiero de dicha
agencia para la región durante los próximos diez años.
La
agenda de la DFC, desde el inicio formal de sus operaciones el 02 de
enero de este año, ha estado afectada por el reacomodo institucional, la
captación del capital humano que hará efectivo el trabajo de este
órgano, y, por supuesto, las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
Sin
embargo, su Director Ejecutivo, Adam Boehler, joven empresario ligado a
la prestación de servicios sanitarios, graduado en el año 2000 en
Ciencias Económicas de la Universidad de Pensilvania, no ha perdido
tiempo, y ha entablado reuniones de trabajo con diferentes personajes y
funcionarios de América Latina y el Caribe, llevando la promesa del
Gobierno de Trump, de generar grandes inversiones para los proyectos que
puedan ser presentados a esta institución.
Antes
de terminar 2019, visitó al Presidente colombiano, Iván Duque, en
Cartagena, donde ratificó que desde su agencia, impulsarán gestiones que
garanticen el financiamiento de la mayor cantidad de proyectos,
especialmente en energía e infraestructura.
También
mantuvo reuniones con el mismo criterio discursivo, con los Presidente
Nayib Bukele, de El Salvador, Juan Orlando Hernández, de Honduras,
Alejandro Giammattei, de Guatemala, y el Canciller mexicano Marcelo
Ebrard, con quien firmó una carta de intención para financiar un
gasoducto, que será construido por la empresa Rassini SAB de CV en los
estados del sur del país, por un monto de 632 millones de USD.
Tal
cual está planteada la nueva agenda de la DFC, basada en los
lineamientos expuestos en la Estrategia de Seguridad Nacional
estadounidense, podría contribuir a la profundización de la
inestabilidad política en la región, y escenarios todavía más
explosivos, en la medida que se profundice la desigualdad económica, la
inequidad en la distribución de los recursos, y la dependencia política.
- Ansonith Albano, Profesor. Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
https://www.alainet.org/es/articulo/208834
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