Buenos Aires., El juez federal Rodolfo Canicoba Corral 
procesó sin cárcel preventiva y embargó por 500 millones de pesos al ex 
ministro de Transporte del pasado gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)
 por presunta 
administración fraudulenta, mientras en esta misma causa por corrupción se negó a declarar el ex titular de Hacienda Nicolás Dujovn.
Se trata de un fraude al Estado por entre 500 y mil millones de 
dólares en una renegociación para la concesión de peajes entre 2016 y 
2018, que favoreció a las empresas de la familia Macri, causa que 
comenzó en 2019 con la denuncia de diputados del ahora gobernante Frente
 de Todos.
Canicoba Corral fue confirmado por la Cámara Federal hasta su pronta 
jubilación, rechazando las recusaciones presentadas por otros dos ex 
funcionarios macristas que ya están procesados en la causa del peaje, el
 ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex procurador del 
Tesoro Bernardo Saravia Frías.
El magistrado lleva la causa del atentado contra la Asociación Mutual
 Israelita Argentina (perpetrado en julio de 1994) desde 2003, cuando 
fue apartado del caso el juez Juan José Galeano, dadas las 
irregularidades en su gestión.
Canicoba Corral, quien advirtió en varias ocasiones sobre presiones en esa causa, comentó que en este caso no ha ganado amigos, 
ya que ahí han jugado intereses políticos extranjeros, concretamente Estados Unidos e Israel, con un direccionamiento hacia Irán, lo cual no genera amigos poderosos.
En entrevista con el analista Raúl Kollman, explicó que en la causa 
había más informes de inteligencia que pruebas judiciales contra Irán.
Esta injerencia permanente de Israel y Estados Unidos, desde el día 
siguiente al atentado que dejó 85 muertos, acusando a Irán, ha sido 
denunciada por periodistas que estudiaron los expedientes donde surge la
 evidencia de que no se dejaba avanzar la causa por la obsesión de los 
países citados para que se terminara acusando a la república islámica, 
sin pruebas.
También el juez Canicoba Corral habló de las acusaciones en su contra
 en una campaña en la que participaron varios medios de comunicación. 
Cumplo 27 años en la justicia y no me pueden señalar una sola causa de corrupción, sostuvo, y recordó que “quien investigó mis bienes fue el consejero de Cambiemos, Juan Pablo Mas Vélez, nombrado por el gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura. Ellos quisieron usarme ‘de ejemplo’ y no les salió”, afirmó el juez.
En estos últimos meses, las investigaciones sobre las actuaciones y 
presiones del gobierno de Macri contra los jueces llevaron a conocer un 
laberinto de planes entre sectores judiciales, periodistas y los grupos 
de inteligencia que operaban bajo las directivas del ex presidente y su 
núcleo duro, que puso en evidencia uno de los momentos más graves que 
atravesó la justicia.
El gobierno de Alberto Fernández ya anunció las reformas judiciales 
para reformar la Corte Suprema de la Magistratura y para conformar el 
sistema acusatorio para el sistema penal y el juicio por jurados. El 
proyecto entrará esta semana en el Congreso. Al fin hay una luz para 
restaurar la justicia, advierten los jueces perseguidos durante el 
gobierno anterior.
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 28 de julio de 2020, p. 24
 
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