El Salvador
Fuentes: Arpas
La semana pasada culminó, en la Audiencia Nacional de
España, el histórico juicio contra el ex coronel Inocente Orlando
Montano, el único procesado como autor intelectual de la masacre de los
jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrada el 16 de noviembre de 1989,
en el campus de la UCA. La fiscalía española pide 150 años […]
La semana pasada culminó, en la Audiencia Nacional de España, el
histórico juicio contra el ex coronel Inocente Orlando Montano, el único
procesado como autor intelectual de la masacre de los jesuitas y sus
dos colaboradoras, perpetrada el 16 de noviembre de 1989, en el campus
de la UCA.
La fiscalía española pide 150 años de cárcel,
por el delito de “asesinatos terroristas”, para el ex viceministro de
Seguridad y miembro del alto mando militar que decidió “eliminar a
Ignacio Ellacuría sin dejar testigos”. El ex jefe castrense negó los
hechos, no mostró arrepentimiento y mantuvo su animadversión hacia los
sacerdotes masacrados.
En el célebre juicio, testigos
confirmaron, entre otras cosas relevantes, la responsabilidad del ex
presidente Alfredo Cristiani, el encubrimiento del ahora diputado
Rodolfo Parker y la intromisión estadounidense, a través de personeros
diplomáticos y miembros del FBI, en la pantomima judicial realizada en
enero de 1992.
Ahora, mientras se emite sentencia en
España (que debe ser condenatoria), la pregunta es si en El Salvador
serán procesados Cristiani, Parker y los ex compañeros de Montano en el
estado mayor: Humberto Larios, Rafael Bustillo, Orlando Zepeda y
Francisco Elena Fuentes. ¿Tendrán, Fiscalía y Sistema Judicial, la
decencia de enjuiciar a estos criminales de guerra y delincuentes de
lesa humanidad?
También vale preguntar si ¿la Asamblea
mantendrá su intención de aprobar una nueva ley de impunidad que
favorezca a los victimarios en vez de asegurar el derecho a la verdad,
acceso a la justicia y reparación moral de las víctimas, como mandató la
Sala Constitucional en julio de 2016 cuando derogó la ominosa ley de
amnistía?
Finalmente, es oportuno preguntar al Presidente
Nayib Bukele si estará a favor de la justicia o de la impunidad, en éste
(masacre de los jesuitas) y demás casos de masacres, asesinatos,
torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos
humanos cometidas durante la guerra civil.
La pregunta es
válida, pues la actuación presidencial en estos temas es
contradictoria. Por ejemplo: Bukele quitó el nombre de Domingo
Monterrosa del cuartel de San Miguel e invitó a familiares de víctimas
de El Mozote a un banquete en Casa Presidencial, pero puso como
viceministro de Defensa a un ex apoderado legal de los autores
intelectuales de esa masacre e impidió el acceso a los archivos
militares ordenado por el Juez que lleva el caso.
En
relación al “Caso Jesuitas”, el mandatario permitió que -en julio de
2019- su ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, homenajeara al
general Orlando Zepeda. El reconocimiento fue por el dudoso honor de ser
veterano de la guerra de agresión contra Honduras en 1969.
Sin
embargo, Bukele todavía puede corregir, permitiendo el acceso los
archivos militares, revertiendo hechos que representan guiños a la
impunidad, colaborando en las investigaciones e implementando verdaderas
políticas de reparación para las víctimas y sus familiares.
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