Ricardo Patiño Aroca*
El 22 de junio Ecuador se
despertó en modo de ciencia ficción política. El ilegítimo contralor del
Estado, dirigió un oficio a tres vocales del Consejo Nacional Electoral
(CNE), informándoles que pueden ser destituidos por no haber eliminado
del registro a cuatro organizaciones políticas entre las cuales está
Fuerza Compromiso Social, partido al cual pertenece Rafael Correa y la
militancia de la Revolución Ciudadana.
El gobierno de Moreno, cuya gestión es reprobada actualmente por más
de 85 por ciento de ecuatorianos, ha hecho todo lo posible durante los
tres años de su desgobierno para desaparecer de la escena a los
dirigentes del movimiento político que encabeza Rafael Correa. Dos vías
ha utilizado: la persecución judicial ( lawfare) y la proscripción de su partido político.
Lo primero: con el apoyo entusiasta de las empresas propietarias de
los grandes medios de comunicación, el régimen de Moreno ha intentado
desprestigiar y encarcelar a Rafael Correa y a los principales
funcionarios de su gobierno, acusándolos de todo. Pero, tan evidente ha
sido la persecución política que está detrás de las falsas acusaciones,
que Interpol ha negado cada una de las solicitudes de difusión roja que
el gobierno ha intentado contra el ex presidente Correa, su ex
canciller, Ricardo Patiño, la asambleísta Sofía Espín, el ex
superintendente de Comunicaciones, Carlos Ochoa y muchos otros ex
funcionarios.
A pesar de no haber presentado ni una prueba en su contra, el
legítimo vicepresidente de los ecuatorianos, Jorge Glas, está privado de
su libertad desde hace dos años y siete meses, sólo por la
confabulación urdida entre el gobierno y la función judicial. Esta es
una cruel injusticia que pesa sobre la frágil democracia ecuatoriana.
En octubre pasado, en medio de las grandes movilizaciones ciudadanas
contra el alza en los combustibles, y con acusaciones falsas, fueron
encarcelados la prefecta (gobernadora) en funciones de Pichincha, Paola
Pabón, la ex alcaldesa Alexandra Arce y el secretario del movimiento
político Virgilio Hernández, quienes tuvieron que ser liberados a las
pocas semanas porque el gobierno no han podido demostrar ninguna de sus
acusaciones.
En esos mismos días, pretendieron apresar a la ex presidenta de la
Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira (cuyo domicilio fue allanado), ex
asambleístas y representantes de otros organismos del Estado, quienes,
se vieron obligados a refugiarse en la embajada de México, país que
finalmente les otorgó asilo.
Lo segundo: el gobierno de Moreno quiere impedir a toda costa la
participación del movimiento político que lidera el ex presidente
Correa. La primera acción fue arrebatarles ilegalmente el movimiento
político que dirigieron 10 años (Alianza País); no lo hicieron
limpiamente en una disputa interna, sino a través de un tribunal penal,
quienes según la ley ecuatoriana tienen prohibido inmiscuirse en
discrepancias partidarias.
Después de que Moreno se tomó el Consejo Nacional Electoral,
repartido cual botín entre los partidos que lo apoyaron en la consulta
inconstitucional de 2018, ese organismo impidió en cuatro ocasiones que
los militantes de la Revolución Ciudadana pudieran formar un nuevo
partido. Pretextos no faltaron: el eslogan ya estaba usado por otros, el
nombre no les gustaba, disputas internas, entre otras.
Ante tales negativas, los militantes revolucionarios tuvieron que
incorporarse casi clandestinamente en el movimiento Fuerza Compromiso
Social –que ya había participado en dos procesos electorales anteriores–
para presentar candidatos en las elecciones seccionales de marzo de
2019.
En vista de que Revolución Ciudadana alcanzó dos de las tres más
importantes prefecturas (gubernaturas) del país, el gobierno de Moreno
entró en pánico y activó a un nefasto personaje al que sentó
fraudulentamente como contralor del Estado (no ganó ningún concurso, no
tiene nombramiento y no había tomado posesión en la Asamblea Nacional)
para hacerle
descubrirque supuestamente en 2017 el CNE otorgó vida jurídica a esa organización política
sin haber revisado adecuadamente las firmas entregadas, y que debía quitarle la vida jurídica.
Como el CNE no aceptó tremenda intromisión ilegal, el 22 de junio el
falso contralor notificó a tres de los cinco vocales del CNE que serán
destituidos porque no han aceptado su insinuación de eliminar del
registro de partidos a la primera fuerza electoral del país.
Urge una acción internacional para frenar este atropello a la ley y a la democracia en Ecuador.
* Canciller de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa
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