Combatir el coronavirus
Fuentes: IPS
A medida que los sistemas de salud de Asia del Este, Europa y América
están desbordados intentando contener la crisis del coronavirus, se
espera que la covid-19 va a golpear mucho más fuerte a los países en
desarrollo.
Décadas
de recortes de austeridad promovidos por las instituciones
financieras internacionales (IFIs) como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial y los bancos regionales de
desarrollo, han
debilitado a los sistemas de salud pública, impidiendo la
capacidad de los gobiernos para responder a la pandemia.
El
FMI prometió un
billón de dólares y el Banco Mundial otros 12.000
millones de dólares en fondos inmediatos para ayudar a los
países a amortiguar el impacto de covid-19. Sin embargo, estas
organizaciones están implicadas en décadas de brutal austeridad y
privatizaciones que dañaron los sistemas de salud pública en primer
lugar. Y es en los países con sistemas públicos de salud frágiles
donde las epidemias se propagan más rápido, como sucedió durante
el brote de ébola
en 2014 en África occidental.
Desde
la década de 1980, la mayoría de los gobiernos han implementado
recortes presupuestarios y comercializado sus servicios de salud,
asesorados por las IFIs durante misiones regulares de vigilancia o
como parte de sus programas.
Las
políticas de austeridad son criticadas
por priorizar objetivos fiscales a corto plazo por encima de
inversiones sociales de largo plazo como la salud. Por ejemplo, bajo
la orientación
del FMI, muchos gobiernos redujeron los presupuestos de salud,
recortaron o limitaron los salarios del sector público y limitaron
el número de médicos, enfermeras y otro personal trabajando en la
salud pública.
En
nombre de la eficiencia, los gobiernos –frecuentemente asesorados
por los bancos de «desarrollo»– redujeron el número de camas de
hospitales, cerraron los servicios públicos y cortaron la inversión
en investigación y equipos médicos. Todo ello ha socavado la
capacidad de los sistemas de salud, dejando a miles de millones de
personas altamente vulnerables durante las pandemias.
Lo
que es peor, se dijo a los gobiernos que no se alarmaran por el
impacto negativo de la escasez de fondos debilitando la salud
pública. Con la publicación de «De
miles de millones a billones: Transformar el financiamiento para el
desarrollo después de 2015»
y documentos posteriores, las IFIs aseguraron que los gobiernos
disponían de una solución simple para lidiar con la disminución de
los presupuestos públicos: el sector privado.
Se
dio este consejo a pesar de los múltiples fracasos documentados
sobre asociaciones público-privadas y privatizaciones durante las
últimas décadas; por ejemplo, el modelo de salud
privado de Estados Unidos, el sistema de salud más caro del
mundo y muy poco efectivo, que deja a millones de estadounidenses sin
cobertura médica.
Desde
Lesoto
hasta Suecia, las asociaciones público-privadas en salud han
sido muy costosas para los ciudadanos y han resultado en una
prestación de servicios más deficiente que los sistemas de salud
pública.
¿Quién
se beneficia de estas políticas? Las IFIs no
han priorizado la salud pública, sino objetivos fiscales o del
sector privado. Los intereses macroeconómicos o comerciales a menudo
se han superpuesto al bien público, dejando el bienestar de las
personas como una segunda prioridad. Esto ya ha resultado en una
mayor morbilidad y en millones de muertes evitables, y muchas más
están por venir con el coronavirus.
Un
informe
reciente muestra cómo los recortes de austeridad inducidos por
el FMI están afectando negativamente a aproximadamente 75 por ciento
de la población mundial, un total de 113 países en 2020, a pesar de
las muy urgentes necesidades de salud y de desarrollo. Estos recortes
del gasto público se aplican a 72 países en desarrollo y 41 países
de altos ingresos, muchos de los cuales ya han sufrido décadas de
ajustes.
Otro
estudio muestra cómo
46 países priorizaron el servicio de la deuda sobre los servicios de
salud pública a principios de 2020, cuando se estaba extendiendo el
coronavirus.
A
pesar de contribuir a la crisis sanitaria, las IFIs ahora aspiran a
formar parte de la solución poniendo a disposición nuevos fondos.
Si
bien es loable, el paquete financiero de 12 000 millones de dólares
del Banco Mundial representa una cortina de humo para el desastre
de relaciones públicas relacionado con sus bonos de
Financiamiento
de Emergencia Pandémica (PEF).
Los
bonos PEF se diseñaron con criterios de pago muy estrictos para
reducir el riesgo de pérdidas para los inversores privados, que
hasta ahora han obtenido rendimientos anuales de hasta el 14 por
ciento, financiados por los presupuestos de ayuda al desarrollo de
Alemania, Japón y Australia. En ultima instancia, estos bonos han
desviado la ayuda de inversiones cruciales en los sistemas de salud
pública de los países en desarrollo.
Las
acciones imprudentes de las IFIs existen por la ausencia de una
gobernabilidad global efectiva para la salud. Décadas de influencia
de las IFIs socavando los sistemas de salud pública resaltan cuán
desesperadamente el mundo necesita de liderazgo y de una respuesta
global coordinada.
Con
ese fin, el Grupo de los 20 (G20) ha programado una Cumbre
virtual sobre covid-19. Pero ¿tendrán los líderes del G20 la
visión de abandonar permanentemente las políticas obsoletas de
austeridad, e invertir urgentemente en sistemas universales de salud
pública?
Dada
la emergencia del coronavirus, incluso el FMI está recomendando a
los gobiernos incrementar
los gastos de salud pública.
Sin
embargo, esto no puede ser una medida a corto plazo, para luego
retornar a la situación actual en la que millones de personas están
excluidas de la sanidad. Los componentes básicos de la seguridad
sanitaria mundial deberían basarse en la prevención y en sistemas
universales de salud pública, especialmente en países con una
asistencia sanitaria poco desarrollada.
Las
Naciones Unidas, en particular la Organización Mundial de la Salud
(OMS), son más capaces que las IFIs de coordinar los sistemas
universales de salud pública; sin embargo, actualmente la OMS carece
de recursos para ir más allá del monitoreo y la vigilancia.
La
Administración de Donald Trump de Estados Unidos recientemente
recortó las contribuciones a la organización, y sin embargo
canalizó billones de dólares para restaurar la confianza en los
mercados.
Los
países europeos podrían haber brindado una ayuda significativa
solidaria a Asia y los países en desarrollo, donde miles están
infectados con covid-19. Pero, desde el comienzo de la crisis, se
enfocaron en respuestas nacionales, que a menudo han afianzado o
intensificado los nacionalismos
autoritarios y populistas.
¿Cuántas
personas más han de morir? Si bien ahora estamos viviendo las
consecuencias de las políticas de austeridad impuestas por todo el
mundo, la pandemia de coronavirus también ofrece la oportunidad de
corregir las brechas en la salud pública y hacer las cosas de manera
diferente.
La
intervención estatal es necesaria para abordar la magnitud de la
pandemia de covid-19, desarrollar la salud pública a largo plazo y
hacer realidad el derecho a la salud de las poblaciones en el mundo.
Es hora de que los líderes mundiales abandonen las políticas miopes
de austeridad y, en cambio, se centren en construir sistemas de salud
pública para todos.
Isabel Ortiz es directora del Programa de Justicia Social
Global en la Iniciativa para el Diálogo, en la Universidad de Columbia
en Nueva York, y exdirectora de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y de Unicef.
Thomas Stubbs es profesor titular de Relaciones
Internacionales en Royal Holloway, de la Universidad de Londres, e
investigador asociado en economía política en el Centro de Investigación
Empresarial de la Universidad de Cambridge.
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