Ofrece recompensa de 15 Mdd
Ex militar venezolano reconoce su participación en complot golpista en el que está implicado el dirigente opositor Juan Guaidó
▲ El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dirigió un mensaje
televisado en Caracas, después de que el Departamento de Justicia de
Estados Unidos lo acusó de narcoterrorismo. Afirmó que el gobierno de Donald Trump actúa de manera
extremista, vulgar y miserable.
Caracas. Quince millones de dólares es el precio ofrecido por la justicia estadunidense para quien brinde información
que puedan llevar a la detención y arrestodel presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Diez millones son ofrecidos en el caso de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y otros dirigentes actuales, como Tareck El Aissami, y ex funcionarios.
Han quedado así procesados por el Departamento de Justicia
estadunidense, un anuncio que fue hecho por el fiscal general, William
Barr, junto con fiscales federales de tribunales de, entre otros, Nueva
York y Florida.
Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando, dijo, por ejemplo, Ariana Fajardo, fiscal para el sur de Florida.
Dentro de los acusados se encuentran también Vladimir Padrino López,
ministro de Defensa, y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de
Justicia.
La acusación es por narcoterrorismo. Barr señaló que el gobierno venezolano busca
inundar a Estados Unidos con cocaína, y que ha enviado entre 200 y 250 toneladas, lo que equivale, explicó, a 30 millones de dosis. Esa operación de
inundaciónestaría coordinada, según explicó, con el sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que retomaron las armas.
La acusación, sin embargo, no se sostiene según datos internos de
Estados Unidos, donde aparece que alrededor de 90 por ciento de la
cocaína con destino a Estados Unidos se trafica por las rutas del Caribe
occidental y el Pacífico oriental, y no a través de los mares del
Caribe oriental de Venezuela.
La razón esgrimida para ponerle precio a la cabeza del presidente
venezolano y a Cabello, con un rol de liderazgo central dentro del
chavismo, cumple el rol de argumento formal para justificar una
declaración de nuevo punto de no retorno en el ataque contra el gobierno
venezolano.
El nuevo paso dado por Estados Unidos sucede en simultáneo con la
acusación del gobierno venezolano del intento de activación de un nuevo
plan golpista. El presidente denunció que el 23 de marzo había sido
incautado un cargamento de armas en Santa Marta, Colombia que iba con
destino a Venezuela.
Esa denuncia tuvo un giro inesperado pocas horas después del anuncio
del Departamento de Justicia estadunidense: Cliver Alcalá, un mayor
general prófugo en Colombia señalado varias veces por su participación
en tramas golpistas, reconoció públicamente estar detrás de las armas
incautadas que iban a ser
para hacer una unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos.
Las declaraciones de Alcalá revelaron no solamente su participación
protagónica, sino la de Juan Guaidó que, según explicó Alcalá,
firmó un contrato en Colombia con asesores estadunidensespara la compra de las armas. El prófugo afirmó que el gobierno colombiano estaba al tanto de la operación.
La particularidad de la declaración de Alcalá es que se trata de una
de las personas a las cuales el gobierno estadunidense puso precio a su
cabeza junto con la de Maduro y Cabello. Es decir, que luego de la
denuncia del Departamento de Justicia en su contra, decidió revelar la
existencia del plan y de varios de sus actores.
Al respecto, Jorge Rodríguez, ministro de comunicación, explicó que
Alcalá habría sido incluido en la lista por no haber logrado acelerar
los objetivos de las operaciones militares. En cuanto a su confesión, se
debió, explicó Rodríguez, al temor de ser asesinado, como el mismo
Alcalá denunció:
estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo, es decir un asesinato.
Esta serie de acontecimientos pusieron entonces sobre la mesa tres
puntos. En primer lugar, que Estados Unidos profundizó la apuesta en el
intento de derrocamiento contra Maduro a través de acciones de fuerza.
En segundo lugar, que esas operaciones están en marcha, tienen a
Colombia como territorio principal de preparación y asesores
estadunidenses en el mando. Y, por último, que una de esas operaciones
centrales logró ser frenada.
Esa política estadunidense sucede a contracorriente de las voces
internacionales que piden que, ante el escenario de pandemia, exista una
descompresión contra Venezuela. Así, por ejemplo, la alta comisionada
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, afirmó:
en este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse.
En ese sentido, Josef Borrell, canciller de la Unión Europea,
sostuvo: “Hemos acordado apoyar la solicitud de Irán y también de
Venezuela al FMI para tener apoyo financiero (…) se encuentran en una
situación muy difícil especialmente debido a las sanciones
estadunidenses que les impiden obtener ingresos por la venta de
petróleo”.
Sin embargo, en un cálculo de crisis de coronavirus, disputas
geopolíticas y campaña electoral, la política encabezada por Donald
Trump no solamente no descomprime el bloqueo, sino que acelera y pone
precio público a la cabeza de la dirección del gobierno venezolano.
Foto Afp/Presidencia de Venezuela
Marco Teruggi
Página/12
Periódico La Jornada
Viernes 27 de marzo de 2020, p. 24
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