Fuentes: CLAE
William Barr, fiscal general de Estados Unidos anunció la
presentación de cargos criminales por narcotráfico contra el presidente
venezolano Nicolás Maduro y otras autoridades y, al mejor estilo del
lejano oeste, le puso precio a sus cabezas, bombardeando las
negociaciones que se suceden en Venezuela entre gobierno y oposición.
Washington redobla el asalto en plena pandemia y conmoción global,
cuando la Unión Europea y Naciones Unidas, por ejemplo, pide
flexibilizar las sanciones contra Venezuela.
Los analistas estadounidenses señalan que las acusaciones equivalen a
que el gobierno de Trump finalmente renuncia a cualquier estrategia que
pueda conducir a negociaciones entre gobierno y oposición. Por razones
puramente políticas y electorales, está abrazando la esperanza ilusa de
la oposición extrema: que si simplemente sacuden lo suficiente, el
régimen de Maduro colapsará bajo su propio peso.
Geoff Ramsey, director de WOLA, señala que este optimismo sin
fundamento parece venderse en Washington, pero le ha fallado al pueblo
venezolano. A menos que la Casa Blanca se comprometa a una solución
negociada en Venezuela, el país no verá un “retorno a la democracia” en
el corto plazo.
Los cargos de Barr incluyen al presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, Maikel Moreno, el ministro para la Defensa,Vladimir Padrino
López, ministro de Interior, Justicia y paz, Néstor Reverol, Diosdado
Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros.
El motivo: acusan a Venezuela de emprender junto a las Farc
(organización guerrillera colombiana convertida hoy en partido político
tras el proceso de paz en ese país) de emprender una conspiración
narcoterrorista para inundar a EEUU de cocaína. Colombia, mayor
productor y principal distribuidor de esa droga en el mundo, no tiene
ningún señalamiento de este tipo. Venezuela no es productora de coca.
«No reconocemos a Maduro como presidente de Venezuela, pero
esto ya pasó con (Manuel Antonio) Noriega ( Panamá 1989), a quien
tampoco reconocíamos», señaló el gobierno estadounidense. Tres décadas atrás, el no reconocimiento a Noriega derivó en la invasión a Panamá en 1989, el bombardeo al barrio El Chorrillo y un número aún indeterminado de muertes en el país centroamericano.
Las propias agencias estadounidense saben que la teoría del
«narco-Estado» es pura ficción. Es simplemente algo más para justificar
la agresión contra Venezuela. EEUU dice que Maduro es personalmente
responsable por 250 toneladas de cocaína que salen anualmente de
Venezuela.
Venezuela no es un país de tránsito importante para las drogas con
destino a Estados Unidos. Un informe reciente de la dirección de
Venezuela de The Washington Office on Latin America (WOLA), señala que
datos del gobierno de EEUU no publicados anteriormente muestran que, si
bien la cantidad de cocaína traficada desde Colombia a través de
Venezuela es significativa, es solo una fracción de la cocaína que llega
a través de otros países de tránsito.
De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial
(CCDB), 210 toneladas métricas de cocaína pasaron por Venezuela en 2018.
Para comparar, en el mismo año pasó aproximadamente 10 veces más
cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400
toneladas métricas) por Guatemala.
¿Por qué la administración Trump está ahora dando la alarma de que
Venezuela “inunda” a este país de cocaína, especialmente cuando la Casa
Blanca permitió que los esfuerzos anticorrupción murieran en países de
tránsito más importantes como Honduras y Guatemala?, pregunta Geoff
Ramsey, director de WOLA.
Señala que la respuesta está en la historia de la Guerra Fría. El
Departamento de Justicia se ha visto sometido a una fuerte presión por
parte de los duros de la oposición venezolana y la comunidad de
exiliados para revelar estas acusaciones, usando el mismo libro de
jugadas que el gobierno de George H.W. Bush usó en Panamá.
Pero en Venezuela, pese a lo que diga Trump y repitan los medios
hegemónicos, no hay apoyo para una intervención militar. Incluso los
más tradicionalistas saben que la acción militar podría conducir a una
insurgencia de décadas que podría desestabilizar la región. En cambio,
la Casa Blanca cree que esta es una táctica de presión útil, la última
en los intentos fallidos de la administración de crear fracturas dentro
del régimen de Maduro.
Judicialización
La nueva dirección que tomó Washington desplazó la política de cambio
de gobierno hacia las instancias judiciales estadounidenses. La vía
judicial de cambio de gobierno de EEUU utiliza los cuerpos de seguridad
como el FBI y la DEA, y posteriormente puede encontrar sostén en
unidades militares, indica James Chicos en “Estudios de conflicto y
terrorismo”, así como legaliza en EEUU la utilización de los llamados
“contratistas privados de seguridad”.
El Fiscal General de EEUU, William Barr, está al frente de la nueva
iniciativa. Cabe recordar que a Barr le correspondió redactar en 1989 la
justificación legal para la invasión de Panamá y para que “el FBI
pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno
anfitrión”. Además, Barr fue quien gestionó el indulto de Elliott
Abrams, inculpado por el caso Irangate.
Por otra parte, el exmayor general Clíver Alcalá organizó un grupo
armado en Colombia con el plan de eliminar los vicios y la corrupción en
Venezuela, a través de un convenio en el que participaron el
autoproclamo (y hoy muy devaluado) presidente interino Juan Guaidó, el
publicista J.J.Rendón, una empresa contratista privada de seguridad y
asesores estadounidenses. Alcalá se entregó a la DEA, pese a que no
había orden de captura en su contra.
Junto a otro exgeneral, Hugo Carvajal (exjefe de inteligencia,
asilado en España), que desde hace varios años confrontan con Nicolás
Maduro y la cúpula castrense, pasarán a ser piezas clave en la
iniciativa judicial de cambio de gobierno. Al igual que Cristopher
Figuera, mantienen lazos de cooperación con los servicios de
inteligencia estadounidenses, luego de que les fueron detectadas
actividades ilícitas.
Pandemonium
En Venezuela, para atender la pandemia, diversos sectores han
propuesto un entendimiento entre Gobierno y oposición a lo que se opuso
el sector de Juan Guaidó, quin afirmó que mientras Maduro siga en el
poder no se conseguirá auxilio internacional.
Unicef anunció millones de mascarillas, trajes, termómetros y otros
suministros para repartirlos en países necesitados. Venezuela acordó con
Unicef y los otros órganos del sistema de la ONU el ingreso de la ayuda
para contener la pandemia.
Sin embargo, señala el analista Leopoldo Puchi, la ayuda y las
donaciones de las organizaciones internacionales es insuficiente para
responder al problema y sostener la actividad productiva y se requiere
de otras fuentes para atender la situación económica y las dotaciones
médicas.
Las principales opciones disponibles son la venta de materias primas y
el uso de los fondos bloqueados en el exterior, pero todo esto está
sujeto a las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados
Unidos y la Unión Europea. La otra fuente es la de préstamos como el del
FMI, pero Estados Unidos, con derecho a veto, está en desacuerdo.
Obviamente, las sanciones son un grave escollo para que Venezuela
pueda proteger a la población frente a la crisis epidemiológica mundial.
Rusia “calificó las sanciones de EEUU contra Venezuela como una
‘herramienta de genocidio’ en medio de una epidemia”.
Mientras, el sábado aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía un avión
proveniente de China con 50 toneladas de insumos médicos para combatir
el Covid-19, y en las próximas horas llegará un grupo de expertos
médicos y más insumos. Maduro señaló que en los próximos días también
recibirán ayuda de Rusia, colaboración que llegará en un avión militar.
Pese al bloqueo estadounidense, claro.
Marcos Salgado: Periodista argentino del equipo fundacional de
Telesur. Corresponsal de HispanTv en Venezuela. Analista asociado al
Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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