En
Guatemala diferentes sectores, diputados, organizaciones sociales,
juristas, políticos y representantes de organismos internacionales como
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Guatemala (OACNUDH), están manifestando preocupación y
oposición a las reformas a la Ley de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), que el 12 de febrero tras una maniobra opaca 82
diputados del Congreso Nacional aprobaron. Dichas reformas están
contenidas en el Decreto 4-2020, que ahora está en manos del Poder
Ejecutivo para que el presidente Alejandro Giammattei lo apruebe o lo
frene. El día del beneplácito al citado Decreto, los diputados
oficialistas votaron a favor de aprobar las reformas, entonces parece
difícil que el presidente decida vetarlo, es lo deseable pero difícil de
lograr.
Sostengo lo
anterior, porque el presidente Giammattei había dicho antes que hay
algunas ONG que se dedican a promover actos terroristas que
desestabilizan y debilitan la gobernabilidad. Ha dicho también, que
dispone de 15 días para analizar las reformas y hacer consultas para
decidir si sanciona o veta el Decreto 4-2020.
Quienes
se oponen a las citadas reformas argumentan que las mismas contienen
inconstitucionalidades, que violan derechos humanos (DD.HH.) y
libertades fundamentales, como las de acción, organización,
manifestación y resistencia pacífica. En tal sentido, ya se iniciaron
las primeras acciones legales, representantes de Acción Ciudadana (AC)
presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un recurso de
amparo en contra de tales reformas.
La
preocupación de los sectores opositores a las reformas es razonable. En
Guatemala, el Estado criminaliza las luchas sociales, se persigue y
reprime a los defensores de DD.HH., del territorio y de los derechos de
los pueblos indígenas, ahora con estas reformas aprobadas se continúa
vulnerando DD.HH. y libertades ciudadanas.
Analistas
nacionales estiman que las redes de corrupción e impunidad que tienen
cooptado el Estado, empujaron la aprobación de las reformas cuestionadas
pues otorgan al Estado facultades para ejercer control sobre las ONG,
intervenir en sus proyectos y hasta cancelar a las organizaciones cuando
consideren que la acción organizada molesta a sus intereses.
En
otras palabras, lo que quieren los corruptos es callar a las
organizaciones sociales que son la conciencia crítica de la Nación por
hacer auditoría social, por denunciar los abusos y violaciones a DD.HH.,
por exigir transparencia y probidad en el manejo de fondos públicos,
por defender los derechos de los pueblos indígenas, por proteger el
territorio, la vida, los recursos naturales, por buscar verdad y
justicia, por luchar a favor de los valores democráticos, por la defensa
de la constitucionalidad, por la República Plurinacional, multiétnica y
el pleno respeto a los DD.HH.
Como
se dice coloquialmente, los señores del poder no quieren pelos en la
sopa, ni piedras en el zapato, mucho menos obstáculos en su camino.
Quieren mesa limpia, auto investirse de poder absoluto, crear normas
autoritarias, antidemocráticas y regresivas, típicas de Estados
policiales, regímenes autoritarios de mano dura.
En Guatemala, las élites neoliberales acompañadas por la clase política
corrupta, los testaferros y lacayunos, seguirán usando al Estado y sus
recursos para favorecer sus proyectos, satisfacer intereses personales y
gremiales, dando la espalda al bien común. Para eso aprueban normas
regresivas y represivas, como el cuestionado Decreto 4-2020.
Guatemala, 15/02/2020
-Factor
Méndez Doninelli es maestro e investigador, consultor en Derechos
Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.
https://www.alainet.org/es/articulo/204755
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