Colombia, formas de matar

Estefanía Ciro

La Jornada

“Auxilio, la policía me secuestró, me cogieron, por favor” grita una joven universitaria desde la ventana de un automóvil de vidrios polarizados. La grabación es realizada en diciembre en las calles de Bogotá por varias personas que siguieron el vehículo, las mismas que exigieron su liberación y fueron su salvación al forzar que la policía la liberara.

Al sur del continente, en Chile, un carro tanque verde oscuro está en el centro de la pantalla. Gira hacia la izquierda bruscamente, y con la estricta cobardía que viste al uniforme en la superioridad que surte el arma, por la espalda, rompe el cuerpo de un muchacho contra otro carro tanque. Al joven lo parte en dos. La furia estalla en las calles del país andino.

A Janeth, campesina colombiana, la bañó una lluvia de glifosato, químico usado en la aspersión aérea de la policía contra los cultivos de coca. Lavaba la ropa a 100 metros de su casa y no alcanzó a llegar a cubrirse. Futura madre, tuvieron que hacerle un legrado cuando la intoxicación le generó todo tipo de complicaciones. Un año después, murió en una clínica, dejando a sus dos hijas y a su esposo.

Este diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, creada por los acuerdos de paz de La Habana, gracias a un relato de un ex soldado, identificó una fosa común con 50 cuerpos de campesinos, jóvenes y personas habitantes de la calle que habían sido asesinadas por el ejército colombiano para hacerlos pasar como guerrilleros, como bajas en combate. Estas desapariciones ocurrieron bajo el pico máximo de implementación de la política de seguridad democrática del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Se calcula que hay varias fosas más en todo el país con cuerpos que esperan un nombre, una memoria y la identificación de los responsables. Por esos mismos días, en México, 50 cuerpos fueron exhumados de una fosa clandestina en Jalisco, una más de la interminable lista que, según Alejandro Encinas, está 54 por ciento por encima de lo que el gobierno anterior había reportado: 61 mil 637 personas desaparecidas.

Mientras en Colombia la gente despedía el último día del año, llegaron a Pogue, sobre el insigne río Bojayá, silente testigo de una de las tragedias más dolorosas de la historia del conflicto en el país, 300 hombres armados. Meses anteriores venían apareciendo esporádicamente y habían agredido física y sexualmente a mujeres del pueblo. Como en una puesta en escena, días después llegó el presidente Iván Duque, repartió dulces, cargó niños y manifestó que él no veía que pasara nada. El posacuerdo late en Colombia con la agonía de la esperanza de paz. En los primeros días del presente año han sido asesinados alrededor de 21 líderes según Indepaz; los demás muertos no se cuentan, pero en cada conversación con campesinos y campesinas, señalan que diariamente están matando gente, la que no cabe en las noticias diarias.

En el lenguaje anquilosado de siempre donde “el narcotráfico es un cáncer“, las poblaciones rurales viven en exóticos lugares donde se democratiza la ilegalidad, y las víctimas son una lista de caídos por guerra de rutas, mercancías y drogas, una ministra en Colombia culpa del asesinato de líderes y a la violencia en general de la complacencia en el país con el narcotráfico. Tras de jodidos, culpables.

Sin enterarse cómo se devela el engaño de la política de despojo y caos que representa la guerra contra el narcotráfico en México encabezada por Felipe Calderón a raíz del juicio en Estados Unidos de su mano derecha –Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública– por nexos con uno de los principales grupos traficantes de drogas, la locuaz funcionaria colombiana relanza, por enésima vez y sin pudor, la desgastada e irreal trama que ha convertido al Estado latinoamericano en un decantado instrumento que perfecciona, pone en práctica y encubre sin rubor perversas y cobardes formas de matar.

*Investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana, AlaOrillaDelRío. Ganadora del premio Unesco Juan Bosch para la promoción de la Investigación en Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe, 2018