Perú
Los resultados de las
elecciones congresales extraordinarias 2020, siguen generando muchas
preguntas, la sorpresa para el Perú oficial y los desorientados medios
de comunicación, no preveían un resultado donde el Frente Agrícola
Popular del Perú (FREPAP) y Unidos por el Perú (UPP), tengan tan
importante presencia dentro de un fragmentado Congreso para este periodo
2020-2021.
Los caminos sinuosos que traza el Perú no oficial, son desconocidos y marginales para esa realidad limacentrista,
y claro, las propuestas que se esbozan, suelen estar aún lejos de
abordar esa complejidad social, un reflejo más de nuestra débil
democracia.
Lo cierto es que esa fractura social la podemos
corroborar, si hacemos una breve revisión sobre las barreras que ha
enfrentado la participación política de los pueblos indígenas u
originarios en las elecciones 2020.
Barreras institucionales
El Convenio 169 de la OIT es para los pueblos indígenas uno de los
principales tratados internacionales que protege sus derechos
colectivos, ratificado por el Perú desde 1995 aún sigue siendo un reto
implementarlo. Por tanto, existe una vulneración constante y sistemática
a este tratado, que en un proceso electoral como analizado salta
rápidamente a la vista.
Perú fue una de los últimos países
adheridos al Convenio 169 en introducir una pregunta de identificación
étnica en los censos nacionales, en el 2017 por primera vez se elabora
la pregunta, a pesar de ser una pregunta racializada la que se
hizo, dio como resultado que el 25.6% de los peruanos y peruanas, cerca
de 6 millones de ciudadanos, se identifique como parte de un pueblo
indígena u originario. Es decir, hoy contamos con cifras disgregadas en
todas las regiones del país que no fueron utilizadas para el proceso
electoral.
En ese sentido, no se informó que regiones del país
cuenta con mayor cantidad de población indígena, no se preguntó a las y
los candidatos si pertenecían a uno de los 55 grupos indígenas o hablan
una de las 48 lenguas; menos aún se pudo conocer las propuestas de cada
candidato (1). Si bien no existe ninguna ley explicita que obligue a dar
esa información, si hay normas de gestión pública que buscan
transversalizar el enfoque intercultural.
El Jurado Nacional de
Elecciones- JNE, en el proceso electoral 2020 no visibilizo la
problemática indígena, simplemente lo redujo a enviar una nota de prensa
exhortando a los partidos políticos a asegurar la participación de los
pueblos indígenas (2) y un saludo en idioma indígena en un spot
publicitario.
Por su parte, el ente rector en materia de
derechos de pueblos indígenas, Ministerio de Cultura conjuntamente con
el JNE, organizaron un diálogo denominado “Una nueva política con igualdad”
(3) donde además participaron grupo LGTBI y otras minorías, ese fue el
único acto que informe y visibilice la problemática de los pueblos
indígenas.
En general hubo muy pocos espacios de discusión
sobre la agenda indígena, uno de ellos fue la organizada por la
Confederación Nacional Agraria-CNA (4) en donde se invitó a candidatos
de los veintiún partidos y solo asistieron cinco: Frente Amplio, Juntos
por el Perú, Perú Nación, RUNA y Perú Libre; dejando en evidencia el
poco interés por parte de la mayoría de partidos políticos en esta
temática.
Barreras sociales: Discriminación y racismo
Como sabemos el Estado peruano no tiene ninguna norma que promueva que
ciudadanos indígenas sean candidatos para elecciones legislativas, los
partidos políticos tienen total discrecionalidad en incluirlos o no. Sin
embargo en los procesos electorales regionales y municipales desde el
2002 se incluyó una “cuota indígena” modificando la Ley 26864, Ley de
Elecciones Municipalidades, que obligaba incluir a ciudadanos indígenas
en las listas partidarias. En la práctica este mecanismo fue utilizado
residualmente para acumular las categorías de mujer indígena joven y
desnaturalizar el espíritu de la norma.
Es entonces que solo
podemos identificar a un candidato o candidata indígena si el partido
tiene en bien considerarlo, pero además no hay obligatoriedad para
registrar dicha información. En estas elecciones congresales fueron
principalmente partidos progresistas los que incluyeron en sus listas,
es el caso del Frente Amplio que llevó a Ketty Marcelo por Junín y Denis
Pashanase por Loreto, Juntos por el Perú a Gahela Cari por Lima, RUNA a
Isabel Lopez por Lima, Perú Libre a Jhirely Diaz Oliva por Lambayeque,
Democracia Directa a Rosa Palomino por Puno, además de dos partidos
conservadores como Vamos Perú que llevó a Teddy Sinacay por Junín y
Podemos Perú a Robert Guimaraes por Ucayali (5).
Como no se
tiene información sobre la identidad étnica de los candidatos es
complicado hacer el seguimiento, pero se ha podido identificar que
principalmente son las mujeres indígenas las que sufrieron diversos
ataques de racismo y discriminación, es el caso de la candidata Rosa
Palomino de la región de Puno, auto-identificada como aymara, de la
misma manera la candidata Ketty Marcelo, asháninca de la región Junín y
Gahela Cari, trans-indígena candidata por Lima, quien recibió diversos
ataques racistas y transfóbicos.
A esta problemática
durante el proceso electoral, hay que sumarle la reacción eminentemente
racista y discriminatoria ante los resultados del partido político
FREPAP, que lograra colocar 16 representantes en el Congreso y cuyos
virtuales congresistas si bien no se autoidentifican como miembros de
pueblos indígenas, su ideario político, tiene referencias a ser un
partido tawantisuyano.
Lo cierto es que sigue siendo la
identificación étnica en el Perú una problemática de la cual no se
quiere tratar abiertamente como una cuestión Estatal, lo que lleva a no
poder abordar de manera clara y definida los ataques racistas, a esa
situación hay que agregarle que los medios de comunicación abierta
suelen reproducen y trasmitir impunemente el racismo y discriminación
hacia los pueblos indígenas.
Barreras normativas
La implementación de la norma de cuotas indígenas en la lista de
partidos políticos, ha sido un fracaso, es por tanto una urgencia que el
actual Congreso retome el debate de las reformas políticas necesarias
para llegar al 2021 con un marco jurídico que promuevan la participación
directa de los pueblos indígenas en el Congreso.
Recordemos
que la Comisión Tuesta, elaboró 12 proyectos de reforma, uno de ellos
abordaba de manera tímida y desproporcional la participación política,
proponiendo la introducción de un distrito electoral indígena y
asignándole un escaño. Ante ello las organizaciones indígenas
aprovecharon la oportunidad para presentaron el proyecto de ley N°
4542/2018-PE[6], introduciendo cambios sustanciales, donde en base a los
resultados del censo nacional del 2017 se aplicase la proporcionalidad
en la representación política otorgándoles 32 escaños reservados para
los pueblos indígenas.
Además la manera de elegir a los
representantes indígenas respetase los usos y costumbres en de pueblos
indígenas, puesto que el mecanismo de partidos políticos no es el
idóneo. El proyecto de ley actualmente está en la Comisión de
Constitución y tiene que ser discutido cuando se instale el nuevo
Congreso.
Es urgente una reforma política que ponga sobre la
mesa la problemática que significa tener excluidos a las comunidades y
pueblos indígenas de las decisiones del actual Estado, al no otorgar
ninguna cuota de poder político a pueblos y comunidades poseedores y
propietarias de más del 40% del territorio nacional y que cada mes
constituyen más del 70% de conflictos sociales que reporta la Defensoría
del Pueblo.
Hay por tanto una situación de asimetría de poder
en la actual organización política, que no visibiliza el control
verdadero de los territorios indígenas y que una vez instalado el
conflicto obliga al Estado a enfrentarlo con violencia en lugar de
canalizar parte de las demandas por vía democrática y que mejor que
hacerla de manera directa, a través de la participación política de los
pueblos indígenas.
Notas:
(1) La CNA a través de un trabajo interno elaboró una agenda
legislativa de pueblos indígenas que el actual Congreso podría abordar: https://www.cna.org.
(2) Nota de prensa de JNE: https://portal.jne.gob.
(3) Nota de Prensa MINCUL: https://www.gob.pe/
(4) Nota de prensa CNA: https://www.cna.org.pe/
(5) Indígenas al Congreso: https://www.
(6) Proyecto de ley 4542/2018-PE: http://www.
Luis Hallazi Méndez es abogado y politólogo, docente universitario e investigador del Instituto del Bien Común
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