El Acuerdo de París sobre 
cambio climático fue presentado al mundo en 2015 como un gran logro al 
finalizar la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (COP21) de la 
Convención sobre Cambio Climático. Se dijo que por vez primera todos los
 países del mundo se habían unido en un esfuerzo común por mantener el 
cambio climático por debajo de los dos grados centígrados respecto de la
 era preindustrial. Además, se acordó realizar esfuerzos por limitar a 
1.5 grados dicho cambio climático. Para lograr lo anterior todos y cada 
uno de los países miembros definirían de manera voluntaria e 
independiente sus compromisos para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).
Formalmente el Acuerdo de París (AP) entró en vigor en noviembre de 
2016, al ser ratificado por el número requerido de países. Pero lo que 
nunca se ha dicho con toda claridad, y los medios no han sabido 
entender, es que ese acuerdo ya entró en vigor, pero todavía no puede 
aplicarse. Ya llevamos cuatro años en esta especie de limbo que 
convierte el AP en un tratado internacional que ya entró en vigor pero 
no puede aplicarse. La razón es que le falta lo que sería el equivalente
 a una ley reglamentaria.
Las implicaciones de lo anterior son devastadoras. En los últimos 
cuatro años, los 192 países miembros del Acuerdo de París han estado 
ocupados en negociar las reglas precisas de aplicación de ese 
instrumento. Leyó usted bien: tenemos cuatro años negociando el 
contenido del 
Libro de Reglasque define los procedimientos para uniformar los informes nacionales sobre reducción de emisiones, las reglas de cooperación financiera, la forma en que un país podrá cumplir sus metas de reducción de emisiones al ayudar a otras naciones a disminuir las suyas y las modalidades que deben regir las transacciones en los mercados de carbono y en los mecanismos de compensación de emisiones, etcétera.
Hace un año concluyó la COP24 en Katowice, Polonia, y se dijo que ya 
por fin habían concluido las negociaciones para definir el Libro de 
Reglas. Pero nuevamente el mendaz lenguaje diplomático sirvió de cortina
 de humo. Resulta que las reglas para la implementación de uno de los 
más importantes componentes del Acuerdo de París, definido en su 
artículo sexto, quedaron sin ser definidas y la tarea se dejó para la 
COP25. Y ésta tampoco pudo llegar a un acuerdo sobre ese artículo.
¿Qué dice este famoso artículo? Se trata de uno de los más 
importantes y contenciosos del Acuerdo de París. Es un texto breve que 
abre las puertas para que un país que haya rebasado sus metas o 
compromisos nacionales (voluntarios y definidos de manera independiente)
 pueda vender su excedente de emisiones a una nación que no ha podido 
cumplir con sus metas. Esos objetivos pueden estar relacionados con 
diferentes tipos de proyectos, como reducciones de emisiones, expansión 
de fuentes renovables o plantaciones forestales.
El artículo sexto también abre la puerta a la creación de un nuevo 
mercado de carbono internacional para intercambiar reducciones de 
emisiones en cualquier parte del mundo por los sectores públicos y 
privados. Al igual que el caso anterior, esas disminuciones pueden 
provenir de múltiples tipos de proyectos.
El principal problema es que estos mecanismos de mercado facilitan 
que las cosas sigan como están y no han servido para frenar las 
emisiones. El mercado de carbono más desarrollado es el Sistema Europeo 
de Comercio de Emisiones, y ese régimen ha estado en crisis desde hace 
años. Apenas este 2019 comenzó a repuntar el precio de la tonelada de 
carbono (equivalente), pero múltiples problemas de origen no han 
facilitado su funcionamiento.
Mantener el statu quo es muy mala opción en estos momentos. 
Ya sabemos que los compromisos nacionales no alcanzan para el objetivo 
inicial del acuerdo, y cuando se hacen cuentas se observa que colocan al
 mundo en la trayectoria de tres grados centígrados, lo cual tiene 
implicaciones de dimensiones catastróficas y constituye una amenaza 
existencial para la humanidad.
Antes y durante la COP 25 muchas organizaciones y algunos países 
habían esperado que los grandes emisores de GEI anunciarían que estaban 
redoblando esfuerzos para reducir dichas emisiones. Esas notificaciones 
nunca llegaron y es claro que Estados Unidos (que ha denunciado el AP, 
pero todavía tuvo derecho a participar en esta COP), Brasil, China, 
Australia y Arabia Saudita encabezaron el grupo de países que, 
francamente, no escatimaron recursos para sabotear los esfuerzos de la 
COP 25.
¿Cuál es el balance? Cuatro años después de cumplido el Acuerdo de 
París, las emisiones de GEI siguen aumentando. Tenemos ya un cuarto de 
siglo discutiendo y negociando un verdadero régimen regulatorio para 
enfrentar la amenaza del cambio climático. Este esfuerzo no ha 
fructificado y no parece que las cosas vayan a cambiar pronto. La COP 25
 recuerda la época de los sainetes que frecuentemente hacían reír al 
público en los teatros madrileños, porque terminaban en un grandioso 
fiasco. Sólo que esta vez el fiasco se traducirá en tragedia.
Twitter: @anadaloficial
 

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