Elecciones en Uruguay
Este domingo el
ballotage uruguayo dirimirá entre dos modelos con serias consecuencias
para el país y la región, independientes de la magnitud demográfica o
económica. Una opción es un giro neoliberal como el que promete la
coalición multiderechista encabezada por Lacalle Pou, que tendrá efectos
devastadores aún con resistencias para limitar sus alcances. Su paso
por el gobierno demandará largos períodos de posterior reconstrucción en
manos progresistas una vez retomado el poder político en 5 años. El
modo de evitar un esfuerzo semejante y un riesgo aún mayor es la
alternativa contraria, votando por Daniel Martínez, el candidato del
Frente Amplio (FA) ganador en la primera vuelta. Sobre ello deberán
reflexionar los 200.000 votantes esquivos esquivos o desencantados.
El
contexto regional e internacional en el que tendrá lugar esta segunda
vuelta es extremadamente amenazante. No tan solo por la realidad
fehaciente de matanzas cotidianas de las fuerzas represivas en Bolivia y
Chile sino además por el hecho de que algo tan autoevidente como el
golpe de estado en el primero sólo fue reconocido -y condenado-
oficialmente por 4 países latinoamericanos, entre ellos Uruguay. El
domingo no se dirime exclusivamente el resguardo de las conquistas
populares de 15 años de gestión frentista sino además la confrontación o
aquiescencia ante la barbarie neofascista que se esparce en el mundo.
¿Qué otra cosa que un golpe de estado puede ser la “sugerencia” de
renuncia del Presidente por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la
policía, al tiempo que parapoliciales saqueaban y quemaban viviendas de
dirigentes y autoridades, amenazando inclusive a sus familiares? ¿Qué
carácter tiene la autodesignación presidencial de una ignota senadora
carente de peso electoral ante una asamblea legislativa virtualmente
desierta? ¿Cómo se significa politológicamente que las mismas FFAA que
sugirieron la renuncia presidencial invistan con la banda a la sustituta
usurpadora? Constitucionalmente, el Presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, además de jefe del Estado y de gobierno es “capitán general” de las FFAA.
Obviamente no es el primer golpe de Estado en la región en lo que va
del siglo. Al contrario, entre los exitosos y los conjurados tenemos
para una larga enumeración. Ni tampoco el primer país en el que
militares se inmiscuyen en la política (v.g. Manini Rios o Centurión).
Pero es el primero que abiertamente erige un Estado Terrorista ortodoxo.
Si
bien no existe una definición estrictamente jurídica (sería de gran
utilidad para la morosa Corte Penal Internacional contar con ella,
además del concepto de crimen de lesa humanidad y su imprecriptibilidad)
las divergencias respecto a la caracterización de estas formas de
organización del Estado se han reducido casi hasta la insignificancia.
Seguramente por la contundencia argumental de quienes se han encargado
de teorizarlas, uno de cuyos pioneros fue Eduardo Luis Duhalde en su
libro del ´83 “El Estado terrorista argentino”, escrito en el exilio
español. Allí sostiene que “el terrorismo de Estado es algo más que la
consecuencia violenta de la implantación de un régimen dictatorial, es
una política cuidadosamente planificada y ejecutada, que respondió a
proyectos de dominación continental, que actúa pública y al mismo tiempo
clandestinamente a través de estructuras institucionales”. La cara
pública se presenta en Bolivia como represión militar con asesinatos,
heridos y detenidos. Con amenazas a la integridad y la libertad de los
líderes y dirigentes. Con la censura y persecución a la prensa (los
equipos televisivos argentinos debieron refugiarse en la embajada y ser
llevados al aeropuerto en autos diplomáticos para su subrepticia
salida).
Pero esta caracterización no lograría completarse sin
la actividad clandestina y su resguardo que no es otra cosa que la
impunidad. Precisamente lo que el decreto 4078 de la golpista ururpadora
Añez emitió con la firma de 11 secuaces a los que denomina
cariñosamente ministros el 14 de noviembre. De su existencia tomé
conocimiento por la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. También la propia prensa boliviana, ya que los pocos diarios
como “La Razón” que aluden a él, lo hacen a través de la denuncia
externa. He recorrido las diversas páginas web del poder ejecutivo sin
poder dar con información alguna. La mayoría de ellas están intactas,
refiriendo a las antiguas autoridades, entre ellos al Presidente Evo
Morales. Los actos del gobierno golpista son secretos. Según la
transcripción hecha allí, en su art. 3° el decreto establece que “el
personal de las FFAA, que participe en los operativos para el
restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento
de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones
constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y
proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal.
Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal". Ningún uruguayo puede
desconocer lo que significa la caducidad de la pretensión punitiva de
los actos aberrantes de la institución armada.
La página que
encontré actualizada es la del Ministerio de Gobierno (de interior) que
quedó a cargo del cómplice Arturo Murillo quien al igual que la
presidenta de facto, extrajo del arcón del horror los significantes
“sedición” y “subversión” con los que acusa a los manifestantes y a la
prensa. Abiertamente sostiene que “vamos a ir a la cacería de Juan
Quintana” quien era el legítimo ministro de quien no consta renuncia
alguna al momento de escribir aquí.
La furia política e inclusive
religiosa expresa la racialización de las relaciones de clase que
atraviesa -en mayor o menor medida- a toda América Latina. El odio hacia
la otredad tiene múltiples formas expresivas de la humillación. Desde
la violación física hasta la violación del laicismo, desde la censura y
la amenaza hasta la persecución de toda forma de pensamiento crítico.
Desde la marginación económica, simbólica y cultural, hasta el crimen
impune.
Optar por el Martínez es también ponerle límite al avance
del neofascismo en la vecindad. No sea cosa de que Camacho, resulte tan
solo un Lacalle Pou desinhibido.
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