The Guardian / El diario
| La empresa señalada como responsable de la crisis de opiáceos en EE.UU. se ha declarado en bancarrota, una estrategia para protegerse ante las demandas. Mediante este proceso, Purdue Pharma pretende convertirse en una organización sin ánimo de lucro y que sus futuras ventas financien el acuerdo al que espera llegar con los más de 2.000 demandantes, incluidos estados, ciudades y ayuntamientos. Se acusa a Purdue Pharma de utilizar tácticas agresivas y engañosas para aumentar las ventas, así como de minimizar el riesgo de adicción. |
Un grupo de manifestantes protesta a las puertas de la farmacéutica Purdue en Nueva York. Erik McGregor / ZUMA Wire
Purdue Pharma, la empresa que fabrica Oxycotin, un polémico analgésico disponible solo con receta médica, se ha declarado en quiebra
ante un juzgado federal de Estados Unidos. La decisión forma parte de
un proyecto de acuerdo que establece que la empresa dará unos 10.000
millones de dólares en indemnizaciones para evitar ir a los tribunales
en la avalancha de demandas presentadas por ciudades, condados y Estados
que acusan a Purdue de ser responsable de la mortífera crisis de
opiáceos que afecta al país.
Ahora, un grupo de Estados liderado
por Massachusetts, Nueva York y Connecticut se oponen a una salida
pactada y quieren llevar a la empresa a juicio, con el objetivo de
lograr una indemnización más alta. Alegan que buscan una mayor medida de justicia,
con una serie de actos encaminados a que tanto la entidad como los
miembros de la familia Sackler, sus propietarios, respondan con parte de
su patrimonio.
¿Pero qué implica el proceso iniciado por la
empresa para declarar la bancarrota? ¿En qué casos sigue implicada
Purdue y quién más está involucrado? Y, lo que reviste mayor
importancia, ¿qué significa todo esto en el contexto de una crisis de
salud pública ocasionada por los opiáceos? Según el Gobierno de EEUU, la crisis de opiáceos
mata al menos a 130 personas al día, víctimas de sobredosis, en un
recuento final que podría llegar a 400.000 víctimas entre 1999 y 2017.
¿Qué es Purdue Pharma? ¿Qué es un opiáceo?
Purdue
Pharma es una empresa farmacéutica privada con sede en Stanford,
Connecticut, que vende analgésicos narcóticos con el nombre comercial
Oxycotin, lanzado en 1996. El producto, que marcó la diferencia en su
día, ofrece una fórmula que libera de manera controlada un ingrediente
activo: la oxicodona, extraída de la adormidera (la planta del opio). Es
mucho más potente que otros opiáceos de la misma familia, como la
heroína y la morfina. Los opiáceos son sustancias naturales o sintéticas
derivadas del opio que actúan bloqueando el dolor.
¿Supone este problema el fin de Purdue?
No.
La empresa ha presentado una petición ante la justicia federal de EEUU
para que permita una quiebra controlada en un momento de debilidad, una
medida para protegerse de deudas y responsabilidades mientras organiza
una reestructuración de emergencia. El proceso se conoce en EEUU como Capítulo 11, 'Protección ante quiebra',
y está recogido en las leyes federales. Es habitual que empresas que
atraviesan momentos difíciles recurran a esta posibilidad para continuar
operando blindados ante sus deudores, lo que permite un proceso de
negociación con las entidades financieras y los sindicatos con el
objetivo de salir a flote.
El movimiento realizado por Purdue
tiene un elemento novedoso. Pretende que la justicia proteja la empresa
de la gran cantidad de demandas que enfrenta, mientras se reorganiza en
el contexto de un acuerdo. Su objetivo es convertirse en una
organización sin ánimo de lucro –de tamaño mucho menor que el actual– y
que sus futuras ventas financien el acuerdo al que espera llegar con los
demandantes.
¿Quiénes son los demandantes?
Son unas 2.000 ciudades, condados y tribus nativas de EEUU. Sus demandas están agrupándose en una sola e inmensa causa civil en un juzgado federal de Cleveland, Ohio.
Los abogados que representan a los demandantes han acordado, de
momento, aceptar la quiebra y un acuerdo con la intención de cobrar
antes – una decisión con perspectiva de "más vale pájaro en mano que
ciento volando"–. Unos 26 estados están presentando demandas por
separado y se han mostrado de acuerdo con esa estrategia.
Sin
embargo, otros estados se oponen con claridad al acuerdo y argumentan
que la cantidad, por debajo de 5.000 millones de dólares, apenas alcanza
para asumir el coste de la crisis de los opiáceos, que el Gobierno
federal ha estimado en más de un billón de dólares desde 2001.
Quienes se oponen también creen que es injusto que la empresa y sus
propietarios, la familia Sackler, se salven. Gracias a la venta de
Mundipharma, su filial británica, también acosada por problemas, la
familia Sackler ya ha aportado unos 3.000 millones de dólares al
acuerdo.
¿Por qué demandan?
En
líneas generales, los demandantes acusan a Purdue Pharma de tácticas
agresivas para elevar las ventas de Oxycontin en EEUU y hacerlo con
pacientes que no necesitaban el medicamento. Se acusa a la empresa de
minimizar el riesgo de adicción existente, tanto en consumo con
prescripción médica como abusando de la sustancia. Alegan que Purdue
Pharma manipuló a expertos, legisladores y entidades de control, al
mismo tiempo que culpaban a las drogas ilegales y a quienes abusaban de
la droga sin control médico de ser los verdaderos responsables de una
epidemia letal de adicción
Protestas en septiembre de 2019 contra la farmacéutica Purdue en Nueva York. Erik McGregor / ZUMA Wire
¿Qué sucederá ahora?
El
juez encargado de gestionar la bancarrota, con sede en el sur de Nueva
York, oirá los argumentos de la empresa, que argumenta que su propuesta
es un modo justo y eficiente de resolver las demandas presentadas, ahora
que aún dispone de activos y puede asumir responsabilidades. Purdue
Pharma lo presentará como un pago generoso, con el que se reembolsarán
los gastos en salud pública que han incurrido los estados y las
entidades locales. De ese modo evitaría reconocer malas prácticas o una
disolución de la empresa.
La parte contraria cree que Purdue no
debería ser protegida ni seguir vendiendo opiáceos para financiar un
acuerdo que vislumbran enclenque, y que la voluntad expresada por la
empresa de ayudar a las víctimas no es sincera. Estados como
Massachusets dicen que Purdue ha desviado una cantidad importante de dinero
y que aún en el caso de que se conceda la bancarrota, la empresa no
estará protegida. Por supuesto, tampoco la familia Sackler, los
propietarios, que no han presentado su propia bancarrota ante las
demandas presentadas por los estados.
Será un juicio largo y complejo
Purdue
Pharma ya ha sido demanda por varias personas en el pasado. Y no sólo
individuos. El estado de Kentucky lo hizo contando con un testimonio abrumador, el de Richard Sackler,
un expresidente de la empresa, que así evitó enfrentarse a juicio. Pero
nunca a la escala de las demandas actuales por entidades públicas a lo
largo de todo el país.
El primer indicador de lo que podría
suceder con este proceso, de enormes dimensiones, resultará del juicio
que comenzará en octubre en Cleveland. Ya se ha acelerado el proceso de
negociación larvada sobre un acuerdo aceptable por las partes o los
planes de quiebra. En ese juicio veremos a los ejecutivos de Purdue
Pharma sometidos a interrogatorios que desvelarán información no
conocida hasta el momento. Se arriesgan a ser juzgados con mucha dureza
en muchos ámbitos, incluido el de sus responsabilidades económicas.
Purdue ya evitó un juicio que iba a ser seguido al detalle en Oklahoma en 2019, al aceptar un acuerdo por el que pagó 270 millones de dólares. Pero el caso federal en Ohio y sus réplicas por todo el país, que durarán años, se acercan sin remisión.
Otras empresas demandadas
Purdue
Pharma no es la única empresa que afronta muchas de estas demandas.
Otros fabricantes de analgésicos son acusados de estrategias de venta
agresivas y engañosas, para incrementar los beneficios de sus
respectivas versiones de la oxicodona o el fentanilo. Pero suelen ser acusadas, en realidad, de subirse al tren que arrastraba la locomotora de Purdue.
Ese
grupo de empresas incluye a distribuidores acusados de repartir miles
de millones de pastillas en localidades que no necesitaban ni una mínima
parte de lo prescrito y de empujar a las cadenas de farmacias a ese
proceso.
La lista incluye a fabricantes como Mallinckrodt, Endo,
Allergan, Teva y Johnson & Johnson. También se nombran como
distribuidoras a AmerisouceBergen, McKesson y Cardinal Health y se
implica a las cadenas al por menor como Walmart, Walgreens, CVS y Rite
Aid.
Johnson & Johnson perdió el caso de referencia en Oklahoma, en el que Purdue también figuraba como acusada pero había llegado a un acuerdo previo.
¿Quién es la familia Sackler?
Los demandados son ocho miembros relevantes de la familia Sackler
y sus nombres aparecen en muchas de las demandas contra Purdue Pharma,
propiedad de la familia. Richard, Beverly, Theresa, Kathy, Ilene,
Mortimer, Jonathan y David Sackler fueron incluidos a posteriori
en la causa, por lo que no enfrentarán juicio hasta el año que viene.
Participan en la negociación del acuerdo y, como responsables desde hace
años de la compañía, se les acusa de tácticas engañosas.
Las estimaciones más conservadoras sobre sus activos alcanzan los
13.000 millones de dólares y lo que han hecho es donar grandes
cantidades a entidades dedicadas al arte y la educación, aunque estas
donaciones se empiezan a rechazar como gesto de protesta ante la
indignación de los afectados por la crisis. Parecería que la familia
Sackler trata de esconder parte de sus beneficios, según indican los documentos del tribunal.
Las acusaciones penales
Purdue Pharma ya se enfrentó a una demanda federal en 2007. Se declaró culpable ante el juez antes de llegar a juicio y fue multada con más de 600 millones de dólares
por delitos relacionados con transmitir información incorrecta sobre su
producto Oxycotin a los entes reguladores, a los médicos y a los
pacientes. En aquel caso la familia Sackler se salvó.
Ahora los
demandantes alegan que Purdue continuó con sus prácticas incorrectas
bajo la dirección de la familia, pero que los casos civiles son el mejor
instrumento para conseguir que las víctimas sean indemnizadas. Se ha hablado de investigaciones de carácter penal de bajo perfil, pero aún no ha salido nada a la luz.
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