El Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), expresó preocupación por la medida 
anunciada por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, 
que permitirá la detención de forma indefinida de niños, niñas y 
adolescentes migrantes que cruzaron la frontera sin documentos.
La cancillería informó que el personal diplomático, tanto de la 
Subsecretaría para América del Norte como de la embajada en Washington y
 los consulados darán seguimiento a las condiciones de esos centros de 
detención en el país vecino y continuará brindando asistencia y 
protección consular a las familias mexicanas que sean aprehendidas bajo 
estas nuevas condiciones.
El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump anunció una 
nueva regulación que da por terminada la normatividad denominada Acuerdo
 Flores, la cual limitaba a 20 días el periodo de detención de niñas, 
niños y adolescentes en centros de detención migratoria en ese país.
Esta medida, que se prevé entre en vigor en 60 días, establece que 
las familias acompañadas por menores deberán permanecer en centros de 
detención mientras se desahogan sus procesos migratorios, por lo que la 
retención de los menores podría prolongarse por tiempo indeterminado, ya
 que persiste la demora en la atención de dichos casos, dio a conocer la
 cancillería mediante un comunicado.
La SRE, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubon, informó que con el apoyo 
de los Grupos Asesores sobre Derechos Civiles de los Mexicanos en 
Estados Unidos se evaluarán las alternativas legales correspondientes.
La estrategia estadunidense ha recibido la crítica de organizaciones 
defensoras de los derechos humanos en Estados Unidos, como la Unión 
Estadunidense por las Libertades Civiles (Aclu, por sus siglas en 
inglés), que denunció que 
este es otro ataque cruel contra los niños, a quien el gobierno de Trump ha atacado una y otra vez con sus políticas contra los inmigrantes.
El gobierno no debería estar encarcelando niños y que ciertamente no debería estar buscando la forma de poner a los niños en prisión por más tiempo, condenó la Aclu y consideró que el Congreso estadunidense no debería financiar a esta política.
Ana Langner
Periódico La Jornada
 
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