Panamá
En menos de un mes de
gobierno, Cortizo y su equipo económico tomaron dos drásticas medidas
que parecen contradictorias: vendieron bonos soberanos por más de B/.
2000 millones, que se suman a la deuda pública que sobrepasa los 25,000
millones; decretaron la llamada Austeridad con Eficiencia, por la cual
le cortaron al presupuesto estatal de 2019, B/. 1,483.7 millones.
Pese a que anunciaron con bombos y platillos la emisión de bonos, que
pronto les daría la liquidez que dicen que faltaba, el recorte
presupuestario fue drástico en dos rubros que ya vienen muy
deteriorados, y que son los que más afectan a las familias pobres: salud
y educación públicas.
Al presupuesto de la Caja de Seguro Social le recortaron nada menos que B/. 279.7 millones, y al MINSA B/ 127.9 millones. En un momento de quejas generalizadas por falta de insumos, medicinas y mora quirúrgica. Al MEDUCA le tumbaron de un golpe B/. 85 millones de balboas, 50 millones en servicios personales y el resto en inversión.
Cuando cada día hay protestas de padres por escuelas en mal estado. A
las universidades públicas también les afectó la tijera.
Aquí
es donde cualquiera con sentido común se pregunta si, ante una crisis
fiscal, lo primero que hay que hacer es afectar los servicios públicos
que reciben los sectores más pobres de la sociedad. Máxime que ya se
anuncian “revisiones” y recortes a otros programas sociales, como la
beca universal.
Si se conoce algo de este país, se sabe que aquí hay sectores empresariales que históricamente han hecho parte del llamado “Club de los Exonerados”. Por ejemplo, la
industria marítima, que representa el 33.5% del producto interno bruto
(PIB), unos 25 mil 780 millones de dólares anuales, su tributación
totaliza $603.4 millones, apenas un 2.3% de todo el capital que mueven.
Por
el contrario, un docente universitario paga en promedio de impuesto
sobre la renta el 7.35% de su salario y el 8.6% si se incluye el seguro
educativo.
En 2015, el gobierno de Varela alegó un
déficit, según el cual el “impuesto sobre la renta de las empresas”
había bajado 27.3% de lo presupuestado y 15.3% respecto al año anterior,
la suma total que se debió recaudar era B/. 884.2 millones, esto
significa que, respecto a una economía estimada en B/. 76 mil 925
millones para ese año, las empresas solo pagan de impuesto sobre la
renta empresarial apenas el 1.1% del PIB.
Un experto como el Sr. Publio Cortés afirma que “ciertos contribuyentes de alto nivel económico, se benefician de la opacidad de los refugios fiscales…”,
además que utilizan gastos ficticios para declarar mucho menos de lo
que se debe pagar en impuestos (La Estrella, 3/5/16). Donde quiera que
se mire, los mejores negocios del país, o están exonerados o tributan
muy poco.
Así que debemos exigir que el gobierno deje de atacar fiscalmente, con recortes o impuestos, a los asalariados y a los más pobres,
que se deje de recortar los servicios y programas sociales. A quienes
hay que dejar de subsidiar son a las grandes empresas extranjeras y
nacionales que se benefician de nuestra posición geográfica. Exijamos
una reforma fiscal progresiva en la que los que más ganan paguen más, y
no al revés, que es lo que está pasando en Panamá.
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