Controversia medioambiental en Centroamérica
El periódico de Aragón
| Arrecian las protestas en Honduras tres años después del asesinato de la activista ecologista |
Ceremonia de homenaje a Berta Cáceres ante la tumba de la activista hondureña. CARLOS CASTRO
Podría haber pasado desapercibido internacionalmente como tantos otros,
pero el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque
(noroeste de Honduras) dio la vuelta al mundo. Por la oposición de la
comunidad afectada de Río Blanco y por el asesinato, el 2 de marzo del
2016, de la defensora del medio ambiente Berta Cáceres, quien un año
antes había recibido el prestigioso Premio Goldman, conocido como el
Nobel verde.
Tres años después del crimen y uno desde que el
proyecto quedó paralizado por la retirada de los financiadores europeos,
las heridas y el conflicto siguen abiertos. La familia Cáceres todavía
reclama justicia y la comunidad ha registrado al menos 22 ataques desde
entonces. El último se produjo el pasado 16 de julio. La Coordinadora
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) denunció que un grupo de personas había destruido la cosecha
sembrada en tierras afectadas por el proyecto.
Mientras baja
hacia sus aguas, sorteando ramas y piedras, Rosalina Domínguez cuenta
que «el Gualcarque es sagrado porque mantiene un montón de vidas». Su
comunidad se sustenta con la siembra de frijoles, plátano, aguacate,
caña y sobre todo maíz que irriga el río. «Si no hubiéramos luchado, se
habría privatizado», explica Domínguez. Ahora los barracones del centro
de operaciones que instaló la empresa hondureña DESA están abandonados y
lo único que el viento agita son los papeles con los registros que los
guardias de seguridad arrojaron tras el portón. Aun así, la posibilidad
de que se reactive el proyecto no ha cesado. Tampoco las amenazas. El
pasado mes de mayo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos
alertó de que hombres armados advirtieron a Domínguez de que la matarían
«de la misma manera que a la señora Berta».
Todavía perdura el
sabor agridulce que dejó la sentencia dictada en el 2018 por el
asesinato de Cáceres. Siete hombres fueron declarados culpables -tres
sicarios y otros cuatro vinculados a DESA y al Ejército hondureño- y un
octavo detenido, el presidente ejecutivo de la empresa, David Castillo,
está pendiente de juicio.
Los responsables
Pero
la familia y el COPINH reclaman que también se juzgue como autores
intelectuales a los principales accionistas de la mercantil. «Para
nosotros los máximos responsables son algunos miembros de la familia
Atala Zablah», dice Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres y nueva
coordinadora de la organización: «Ellos forman parte de la oligarquía
nacional que apoyó el golpe de Estado del 2009 que permitió la concesión
de decenas de proyectos hidroeléctricos y de extracción de recursos
naturales en el país».
Muchas de las 47 concesiones que se
dieron en Honduras entonces chocaron con la oposición de las
comunidades. Pero ninguna lucha inspiró tanto como la de Berta Cáceres y
el COPINH en Río Blanco. «Pensaron que matando a Berta matarían la
lucha, pero Berta fue una semilla que se multiplicó», según afirma
Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra
Hondureña (OFRANEH). Miranda ha recogido el legado de 27 años de vida y
defensa de los derechos de los pueblos indígenas compartidos con
Cáceres, convirtiéndose en la actualidad en una de los máximos
referentes de la lucha de los movimientos sociales contra la presidencia
de Juan Orlando Hernández.
Honduras es un polvorín en la
actualidad. En los últimos seis meses, además de acrecentarse la
oposición a megaproyectos mineros y la consecuente persecución a líderes
comunitarios, como en el caso de Guapinol (cerca de la costa caribeña),
las protestas contra la privatización de la salud y la sanidad han
arreciado en Tegucigalpa.
A pesar de que el conflicto ya ha
hecho mella en la zona, Rosalina Domínguez, Chico Sánchez, Edmunda
González, Cornelia Domínguez, Paulina Gómez, Pascual Gómez... siguen
resistiendo. «Antes, todas las comunidades convivíamos labrando la
tierra. Hoy hay desconfianzas», reconoce Domínguez. Y lamenta que una de
las comunidades vecinas que inicialmente se oponía al proyecto acabó
cediendo ante las promesas de la empresa de construir carreteras y
mejorar las instalaciones en una escuela.
Precisamente, la hija
de Cáceres identifica el intento de «comprar las comunidades» como una
de las estrategias utilizadas por las empresas para implementar
megaproyectos. «Siguen el mismo patrón en todo el país: crean conflictos
intercomunitarios, criminalizan y estigmatizan a la comunidad,
judicializan, amenazan a las familias y, si estas no desisten,
asesinan», denuncia Zúñiga.
123 personas asesinadas
De acuerdo con distintas organizaciones internacionales, Honduras es
uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio
ambiente. Según la organización Global Witness, desde el 2010 más de
123 ecologistas han sido asesinados. Entre ellos, Berta. Rosalina
Domínguez lamenta que «desde que la mataron, ya no vienen tantas
comisiones de solidaridad». Dispuesta a asumir todos los riesgos, tiene
claro que no van a retroceder. Se lo debe a Berta Cáceres: «Cada vez que
voy al río, siento que ella anda por ahí. Una siente la energía que
ella nos da para hablar, para todo, para no tener miedo».
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