Puerto Rico: administración insostenible

Editorial La Jornada

Puerto Rico vivió ayer su undécima jornada de protestas multitudinarias en exigencia de que el gobernador Ricardo Rosselló presente su dimisión. La furia social contra el político estalló después de que el sábado 13 de julio el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de la isla divulgara casi 900 páginas de un chat grupal en el que el mandatario y 12 hombres cercanos a él se expresan en términos homófobos y sexistas, calumnian a otros miembros del gobierno, así como a políticos y periodistas, además de mostrar una absoluta insensibilidad hacia las víctimas mortales del huracán María, que devastó la isla en septiembre de 2017.

Antes del escándalo por sus conversaciones privadas, Rosselló ya enfrentaba un creciente descontento ciudadano, debido al manejo que hizo de la crisis económica que heredó –y lo obligó a declarar la bancarrota del estado a menos de seis meses de haber asumido el gobierno–; a su pobre respuesta ante la todavía no superada destrucción que dejó el meteoro hace casi dos años, y a diversos casos de corrupción, el más notorio de los cuales es el presunto desvío de 15 millones de dólares destinados por el gobierno federal a paliar la situación tras el paso de María.

Ejemplo de los problemas que ya enfrentaba el gobernador es que días antes del denominado chatgate varios ex integrantes de su gabinete fueron arrestados por acusaciones de corrupción.

Las expresiones vertidas por Rosselló, así hayan tenido lugar en una conversación privada, vuelven insostenible su permanencia en La Fortaleza.

Sin importar las excusas que el académico argumente, resulta obvio que ha perdido todo rastro de legitimidad para mantenerse al frente de la isla, por lo que debe poner su cargo a disposición, a fin de restaurar la normalidad y evitar que las protestas sigan su escalada hasta un punto en el que haya incidentes de los que arrepentirse. Es lamentable que la crisis política de Puerto Rico se vea contaminada por un factor indeseable: la condición de Estado libre asociado –es decir, de colonia con eufemismos– en que la nación caribeña se encuentra desde 1898.

De esta manera, la resolución de un trance, que no debería involucrar sino a los ciudadanos puertorriqueños, queda atravesada por las decisiones tomadas en Washington y por las luchas de poder que ahí tienen lugar.

En la actual coyuntura, el yugo colonial deja a Puerto Rico atrapado entre un liderazgo local insostenible y el embate del no menos impresentable presidente Donald Trump, quien aprovecha la turbulencia para atacar a su adversario Rosselló, pero ha negado de manera sistemática los recursos que la isla necesita con urgencia para superar el declive generalizado que la azota desde hace más de una década.