Luchas armadas en 2018 dejaron 12 mil niños muertos o mutilados

Presenta la ONU informe anual

Más de 7 mil fueron arrastrados a la primera línea de combate; también son secuestrados para servir como esclavos sexuales, indica reporte

▲ Madre e hijos reciben atención médica en un hospital de Pakistán tras resultar heridos por el estallido de una bomba en la provincia de Quetta. Murieron cinco personas ayer en el ataque y al menos 25 resultaron con lesiones.

Madrid. Más de 12 mil niños murieron o resultaron mutilados en conflictos bélicos de 2018, lo que lo convierte en el año más sangriento para los menores en este tipo de contexto desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició el registro, señaló ayer el informe anual de la Secretaría General de las Naciones Unidas para Niños y Conflictos Armados.

A lo largo de 2018, la ONU verificó más de 24 mil violaciones a los derechos de la infancia en 20 situaciones de conflicto saldados con más de 12 mil niños muertos o mutilados, la mayoría por fuego cruzado, artefactos explosivos o enfrentamientos, tanto a manos de fuerzas estatales e internacionales, como de grupos armados.

Es inmensamente triste que los niños sigan viéndose desproporcionadamente afectados por las guerras, indicó la relatora especial de la ONU para Niños y Conflictos Armados, Virginia Gamba.

El informe revea además que el reclutamiento y el uso de niños en los conflictos no disminuye, con más de 7 mil menores arrastrados a la primera línea de combate en todo el mundo, aunque Somalia se mantiene como el país con mayor número de pequeños soldados, seguido de Nigeria y Siria.

La ONU también expresó su preocupación por el aumento de los incidentes de violencia sexual contra niños y niñas, con 933 casos reportados, tomando en cuenta que la violación sigue sin denunciarse por falta de acceso, la estigmatización social y el miedo a represalias. Los mayores niveles se dan en Somalia y República Democrática del Congo (RDC).

Se incrementó el número de niños secuestrados, la mayoría de las veces para emplearlos en las hostilidades o como esclavos sexuales. Según la ONU, unos 2 mil 500 fueron capturados el año pasado, más de la mitad en Somalia.

En tanto, los ataques contra colegios y hospitales han descendido a nivel global, al sumar un total de mil 56 casos, aunque aumentaron significativamente en Afganistán y Siria, donde se registra el mayor número de ataques contra estas instalaciones desde el inicio de la guerra civil, en 2011.

El uso militar de los colegios sigue siendo una tendencia preocupante. La privación del acceso a la educación es especialmente alarmante en Malí, con 827 escuelas cerradas, lo que dejó a 244 mil niños fuera de las aulas.

En total, el año pasado se registraron 795 incidentes de privación del acceso de ayuda humanitaria a los niños, lo que supone un descenso respecto de 2017. La mayoría de los casos se dieron en República Centroafricana, Yemen y Malí.

Gamba destacó los incansables esfuerzos de los cooperantes para proteger a los niños y llamó a la comunidad internacional a mantener el apoyo a los actores humanitarios.

Naciones Unidas también llamó la atención sobre los miles de menores que han sido detenidos en todo el mundo por su presunta vinculación con grupos armados, algo que sigue siendo profundamente preocupante.

Mencionó específicamente a los menores privados de la libertad en Siria e Irak, la mayoría de los cuales tiene menos de cinco años, por ser hijos de miembros del Estado Islámico. Su situación es trágica, por lo que la ONU ha apremiado a los países de origen a reubicar a los niños extranjeros.

También se refirió a los niños soldados, y recordó que cualquier procedimiento legal en su contra debe cumplir los estándares internacionales, según los cuales los menores deben ser tratados en primer lugar como víctimas de reclutamiento forzado ofreciéndoles alternativas a la cárcel.

Los niños que han estado expuestos a grandes niveles de violencia no deberían ser aislados una vez que son liberados de los grupos y las fuerzas armadas. Ellos son víctimas de reclutamiento forzado y se debe dar prioridad a sus intereses, reclamó la relatora especial.

Gamba celebró que el número de menores rescatados aumentó de forma constante en los últimos años. En 2018, 13 mil 600 fueron liberados, frente a 12 mil del año anterior, con 2 mil 253 en RDC, 833 en Nigeria y 785 en República Centroafricana. A medida que las liberaciones aumentan, los fondos para reintegrarlos a la sociedad también deben hacerlo, subrayó. Es imperativo que todas las partes en conflicto prioricen la protección a los niños. Esto no puede esperar.

Foto Afp

Afp

 Periódico La Jornada

Las "odiosas" comparaciones

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Rebelión

Hace algún tiempo publiqué en “Historia y Presente” (www.historiaypresente.com) una serie de artículos en los que di cuenta de los principales estudios que se han realizado sobre el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Destaqué varias publicaciones internacionales, que están lejos de las pasiones internas entre “correístas” y “anticorreístas”. Entre ellas, los estudios de las NNUU, CEPAL e incluso BM y hasta FMI. 

De acuerdo con el BM, entre 2006 y 2014 el país tuvo un crecimiento promedio del PIB de 4.3%; la pobreza disminuyó del 37.6% al 22.5%; y el coeficiente de Gini se redujo de 0.54% a 0.47%. Los informes anuales de la Cepal destacaron el progreso económico y social del Ecuador. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la entidad, frecuentemente consideró al Ecuador un ejemplo para América Latina, tal como lo destacaban estudios e informes europeos, que, además, observaron el progreso institucional del país, que superó las herencias de las décadas de 1980 y 1990. En la región, Ecuador era un referente para las izquierdas y su gobierno identificado con los procesos hacia un nuevo socialismo. Se movilizaron valores “extraeconómicos”, pero de indudable significado histórico: soberanía nacional, orgullo y patriotismo, latinoamericanismo, antimperialismo, dignidad, independencia.

En Ecuador, varios estudios coincidieron con esos análisis objetivos del exterior, aunque más resonancia mediática tuvieron aquellas publicaciones cargadas de anticorreísmo, que hicieron malabares ideológicos para sostener sus argumentos. Por cierto, varias de las más sonoras obras provinieron de autores identificados con la izquierda tradicional y con la que rompió con el “correato” y se unió al morenismo en la “descorreización” del país.

Cierto es que desde 2014 comenzaron serias dificultades por el derrumbe de precios del petróleo, la apreciación del dólar, el terremoto en Manabí y otros factores externos. De acuerdo con el BM, entre 2014 y 2016 el desempleo urbano aumentó de 4,5% a 6,5% y el subempleo urbano aumentó de 11,7% a 18,8%, aunque “En este mismo periodo, la pobreza y el coeficiente de Gini de desigualdad permanecieron básicamente estancados”. En los dos últimos años se tomaron medidas cuestionables, como algunas flexibilizaciones laborales y ciertas “privatizaciones”. Sin embargo, de acuerdo con la CEPAL, las políticas económicas adoptadas para sortear la recesión en marcha, dieron resultados y en 2017 la economía se recuperó al 2.4% y no se habían perdido los logros sociales de la década.

Los golpes más eficaces contra el “correísmo” han provenido del gobierno de Lenín Moreno, los medios de comunicación que han sostenido abiertamente su gestión y la nueva era del americanismo inducida desde los EEUU por la política del presidente Trump. Sin duda, resultó impactante el descubrimiento de una serie de casos de corrupción que derrumbaron la imagen de la Revolución Ciudadana. Pero es igualmente inocultable que se ha unido la persecución estatal sistemática, la judicialización política y hasta la arbitrariedad para ajustar “casos” a la conveniencia de las vendettas, en un ambiente institucional captado por el Ejecutivo.

El combate al pasado no oculta las realidades del presente: cae la economía; las estadísticas oficiales reflejan el deterioro social y laboral; aumentan pobreza, desempleo, subempleo y concentración de la riqueza; revierte la atención en servicios públicos; se debilita el manejo tributario; caminan aceleradas las privatizaciones; se destapa la megaminería; hegemonizan las cámaras de la producción. 

De acuerdo con el INEC, a junio de 2019 la pobreza ha incrementado en 1%, afectando a 25,5% de la población; la pobreza extrema creció en 0,5%, incidiendo en 9,5% de los habitantes; la falta de ingresos es más común en la zona rural, con 43,8%, mientras en el sector urbano llega a 16,8%; Quito y Machala se encuentran entre las ciudades con mayor pobreza (12%). De acuerdo con la CEPAL, en 2018 la economía ecuatoriana se desaceleró: fue del 1,3% en el primer semestre y casi del 1,0% al finalizar el año, dato coincidente con el FMI, que prevé decrecimiento del -0.5% en 2019 y apenas 0.2% en 2020, con desempleo de 4.3% y 4.7% respectivamente. Todo será peor con el “reajuste de la masa salarial” (despidos en el Estado) y la “urgente reforma laboral” que Ecuador se comprometió en la carta de intención con el FMI, y que va en galope. 

La “escandalosa” deuda externa del “correísmo”, que inicialmente se dijo que ascendía al 57% del PIB(unos 58.979 millones de dólares) resulta que era mucho menor, pues solo llegó, en total, al 38.2%. En la carta de intención con el FMI se afirma: “A lo largo del último decenio, nuestra deuda pública total se casi duplicó al pasar del 24 por ciento del PIB en 2008 al 46 por ciento del PIB en 2018, de acuerdo a la metodología del FMI”. Y, además, por recientes datos del BCE, en dos años el gobierno de Moreno aumentó la deuda entre mayo 2017 y enero 2019, puesllegó a 11.722 millones de dólares, una cantidad similar a la que el gobierno de Rafael Correa contrajo en 9 años.

El país perdió antiguos valores y es de tal magnitud su giro que hasta en política internacional se acabó con el latinoamericanismo (CELAC, UNASUR, MERCOSUR, ALBA) y no hay límites para ponderar los tratados de libre comercio, los bilaterales de inversión, la Alianza del Pacífico o la Carta con el FMI.

Ecuador no es más un referente latinoamericano y peor mundial. En cambio, pasó a ser un país de enorme interés para los EEUU, que considera al gobierno de Moreno como aliado de suma importancia. Como en ninguna otra época en la historia republicana, llegan al país las más altas personalidades de Estado de los EEUU: el vicepresidente Mike Pence; el secretario de Estado, Mike Pompeo; el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon; el viceministro para Asuntos Políticos, David Hale; el administrador de USAID, Mark Green; el almirante Craig S. Faller, jefe del Comando Sur. Consiguen revivir caducos acuerdos militares de cooperación, una “base” de abastecimiento en Galápagos y, además, la adopción por el Estado de objetivos “comunes” en una serie de materias de particular interés de los EEUU.

Frente a datos y procesos objetivos, resulta inconcebible que se afirme que Ecuador se encaminaba a ser otra Venezuela, comparación que, desde la perspectiva diplomática e histórica, es un insulto para esa república. Lo que sí cabe decir es que Ecuador se encamina a ser una especie de segunda república de tipo “macrista”, porque sería un insulto contra el pueblo argentino decir que se encamina a ser otra Argentina. 

El Gobierno de Trump niega sus propios informes y no prohíbe el uso de un pesticida que daña el cerebro de los niños

Sam Levin

El diario/The Guardian

- Pese a los numerosos estudios que muestran que el clorpirifós causa daños cerebrales en los más pequeños, EEUU sigue permitiendo su uso agrícola

- El Gobierno niega los informes que ha hecho la propia Agencia de Protección Medioambiental (EPA) durante la Administración Obama

- California desafió a la Casa Blanca prohibiendo el uso de este pesticida en el estado, aunque tardará meses en hacerse efectivo

Pese a los numerosos estudios que prueban los efectos dañiños del clorpirifós, Estados Unidos sigue sin prohibirlo. EFE

El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado la propuesta hecha por grupos ambientales de prohibir un pesticida tóxico relacionado daños cerebrales en niños y cuyo uso está muy extendido en la agricultura. Con esta decisión, la Administración Trump contradice informes de sus propios científicos llevados a cabo durante la época de Obama.

La Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha anunciado la decisión de apoyar el uso continuado del clorpirifós, un pesticida que desde hace mucho tiempo se rocía sobre almendrales, cítricos, uvas, nueces y otros cultivos importantes Estados Unidos. El fallo , resumido en una respuesta a una petición de grupos medioambientales y de lucha por la salud pública , afirmaba que "todavía quedan interrogantes respecto de la importancia de los datos aportados" sobre el impacto neurológico en niños.

El respaldo de la Administración de Trump a este pesticida llega años después de que la EPA, durante el Gobierno de Obama, limitara el uso de este producto químico por las advertencias de los científicos. Así, la EPA de Trump ha negado las conclusiones de los propios expertos de la agencia. A principios de este año, California desafió a la Casa Blanca al prohibir este producto químico a nivel estatal. Este es el estado que cultiva la mayoría de las frutas y nueces del país, y la nueva normativa podría tardar dos años en implementarse.

"Al seguir permitiendo el clorpirifós en nuestras frutas y vegetales, la EPA de Trump está violando la ley y haciendo caso omiso de las contundentes pruebas científicas que han demostrado que este pesticida daña el cerebro de los niños", ha asegurado en un comunicado Patti Goldman, abogada de Earthjustice, añadiendo que es "una tragedia que este Gobierno se ponga del lado de las corporaciones en lugar de proteger la salud de los niños".

A través de los años, diferentes estudios científicos han aumentado la preocupación por los efectos del clorpirifós, que ya en el año 2000 fue clasificado como peligroso para los seres humanos. El Gobierno estadounidense entonces prohibió su uso doméstico. Sin embargo, siguió estando permitido su uso por industria agrícola incluso después de que los investigadores concluyeran que las mujeres embarazadas que viven cerca de los cultivos rociados con este pesticida corrían un importante riesgo de tener un niño con autismo u otros daños neuronales.

Las investigaciones también afirmaron que la exposición moderada a este producto químico está relacionada con problemas de memoria y menor coeficiente intelectual , además de que el clorpirifós ha sido relacionado una menor capacidad respiratoria . Los organismos de control de California citaron un estudio reciente realizado por un grupo de investigación estatal sobre contaminantes aéreos tóxicos, que descubrió que el umbral en los niños para sufrir daños era menor a lo aceptado previamente.

La decisión de la EPA de esta semana llega tras una extensa batalla en los tribunales, liderada por grupos ecologistas. Anteriormente, un tribunal federal ya afirmó que "no hay justificación" para que la EPA siga respaldando el clorpirifós "dada la evidencia científica de que su residuo causa daños en el desarrollo neuronal infantil".

Caroline Cox, una experimentada científica del Centro por la Salud Medioambiental, ha señalado que el clorpirifós es un caso único, porque ya hay tantas investigaciones que apuntan en la misma dirección, que sus consecuencias no pueden considerarse ambiguas. "Hay numerosos estudios sobre el clorpirifós que han demostrado que niños que viven en California han sido perjudicados por este producto químico", ha remarcado. "Es muy inusual contar con este tipo de pruebas respecto de un producto tóxico", ha añadido.

Cox ha subrayado que los daños en los niños, como nacer con un coeficiente intelectual menor de lo normal, es algo que arrastrarán "por el resto de sus vidas". "Cada día que la EPA dice que no tenemos suficientes pruebas significa que más niños son expuestos y sufren las consecuencias", ha denunciado.

Corteva Agriscience, fabricante del clorpirifós, sigue insistiendo en que el producto es seguro y ha celebrado la decisión de la EPA. Gregg Schmidt, un portavoz de la empresa, ha declarado a través de un comunicado que la compañía seguirá apoyando investigaciones sobre el producto y que está abierta a posibles prohibiciones en el futuro.

"Estamos comprometidos a seguir trabajando con la Agencia para llegar a una evaluación correcta y, si fuera necesario, reducir potenciales exposiciones, pero también les aseguramos a los agricultores para quienes el clorpirifós es una herramienta esencial que pueden seguir utilizando el producto de forma segura", ha escrito.

Traducido por Lucía Balducci

Fuente: https://www.eldiario.es/theguardian/Administracion-propios-informes-prohibe-pesticida_0_922158577.html