Honduras
En la madrugada del 28 
de junio del 2009, el Ejército de Honduras, obediente al gobierno 
norteamericano, irrumpió en la Casa Presidencial y en pijamas sacó al 
entonces Presidente constitucional Manuel Zelaya y lo envió para Costa 
Rica.
Así se consumó el primer golpe de Estado del siglo, en el país
 más nublado (desconocido hasta entonces) de la región, siempre bajo la 
consigna de: “democracia”, “prosperidad”, “libertad”...
El 
gobierno norteamericano, en su intento de contener en Honduras el 
“avance de los vientos anti imperialistas del Sur” empujó a la 
irreflexiva oligarquía y al Ejército hondureño al abismo letal del cual 
aún no logran salir.
¿Qué cambió a 10 años del golpe de Estado?
Una década de dictadura consolidada.
 Si bien para este país bicentenario de 9 millones de habitantes la 
democracia no había trascendido de la alternancia plutocrática 
bipartidista, con el golpe de Estado se anuló por completo el orden 
constitucional y el ritual electoral. 
El partido Nacional, 
coautor del golpe, tomó y se mantiene en el poder con dos fraudes 
electorales consecutivos (2013 y 2017). Incluso rompiendo el artículo 
pétreo de la Constitución Política que prohíbe la reelección 
presidencial. 
En lo político, Honduras se encuentra como a 
principios del siglo pasado: Los gobernantes “democráticos” se mantienen
 en el poder mano militari.
Disolución de las instituciones públicas.
 En dos siglos de República se había conseguido cimentar, aunque 
incipiente, las instituciones públicas en base al ordenamiento jurídico.
 
Ahora, los resabios de dicha incipiente institucionalidad 
fueron cooptados “públicamente” por el crimen organizado y el 
narcotráfico, y funcionan en la alegalidad. “Narco municipios”, “narco 
dictadura”, “impuesto de guerra”… son términos utilizados para referirse
 a la administración pública.
La pobreza trepó de 58% al 70%.
 Para 2009, el 58% de los hogares hondureños vivía en situación de 
pobreza, y en pobreza extrema, el 36% (INE, 2009).[1] Según informe del 
PNUD, para el 2018, más del 70% de hondureños viven en situación de 
pobreza multidimensional [2], y el 48% en situación de pobreza extrema.
La
 década de la consolidación de la dictadura produjo cerca de 2 millones 
de nuevos pobres en el país. Casi en ese mismo período, en países como 
Bolivia, cerca de 3 millones de pobres salieron a niveles de ingresos 
medios.
Disolución de los derechos humanos. Para el Estado
 dictatorial de Honduras el principal enemigo interno del país es el o 
la defensora de derechos humanos. La dictadura premia con la impunidad 
al predador de defensores derechos (caso Berta Cáceres, y cientos más).
Entre
 2010 y 2016, cerca de 21 mil jóvenes fueron asesinados, la mayoría 
escolares (UNAH, 2017). Con el golpe de Estado, se diluyó el amor por la
 vida. El golpe y la dictadura hicieron de Honduras uno de los países 
más violentos y peligrosos del mundo.
Entre 2009 y 2017, fueron 
asesinados 70 periodistas (de estos casos más del 90% se encuentran en 
la impunidad) [3]. Honduras vive una acelerada y violenta desintegración
 social. 
Deuda pública se duplicó. El golpe de Estado fue
 una estrategia para afianzar el sistema neoliberal mediante la 
transferencia de bienes y servicios públicos al sector privado. 
Según
 informes oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció de 
$14 mil millones (2009) a $ 23 mil millones (2018). Pero, también, en 
ese mismo período, la deuda pública se duplicó de $ 8.6 millones a 16.5 
millones.[4] Es decir, ahora, cada hondureño nace con una deuda de 
$1700. El costo de la electricidad, la canasta básica, los 
hidrocarburos… se incrementaron como nunca antes.
La economía 
creció en un promedio de 3 a 4%, pero la estampida hondureña hacia el 
exterior cobró ribetes dantescos. La economía casi funciona a control 
remoto, gracias a los circulantes inyectados por la industria del 
narcontráfico. Las remesas representan más del 18% del PIB del país.[5]
Germinó una rebeldía popular.
 Inmediatamente después del golpe de Estado, en Honduras surgió una 
inédita y espontánea resistencia popular movilizada, articulada en el 
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Con la creación del 
partido político Libertad y Refundación Libre (dirigido por Zelaya), 
este movimiento social se fue desintegrando. Aunque algunos de sus 
integrantes aún resisten en las calles a la dictadura actual, no 
necesariamente bajo la orientación de Libre o de Zelaya.
Quizás 
se perdió una década de oportunidad para consolidar el sujeto 
sociopolítico colectivo, alrededor de una agenda común consensuada. Lo 
cierto es que con seguridad la Honduras post dictadura necesitará de ese
 sujeto y de esa agenda para proyectarse como país.
Hace 10 años 
atrás, la resistencia popular planteaba proceso constituyente popular 
para refundar el Estado. Dicha propuesta fue pospuesta por el partido 
Libre. Ahora, al parecer, la bandera de la constituyente es enarbolada 
por la oligarquía dictatorial como “una salida al caos”.
 Notas:
[1] Véase,  https://www.unicef.org/
[2] Véase,  http://www.hn.undp.org/  
 

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