Perú
El Poder Judicial 
ordenó este miércoles la detención preliminar del dos veces expresidente
 peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011) a raíz de su relación con 
la empresa Odebrecht, una de las principales protagonistas del Caso Lava
 Jato, tras lo cual el exmandatario decidió dispararse en la cabeza 
antes de su detención.
A medianoche, el fiscal José Domingo Pérez 
había notificado a la Policía sobre una orden judicial de allanamiento, 
descerraje, registro domiciliario y detención preliminar dictada por el 
juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, contra el expresidente Alan García 
Pérez y otros ocho investigados por caso de sobornos de la empresa 
Odebretch.
Efectivos de la Policía de Investigaciones de Alta 
Complejidad (Diviac) y un representante de la Fiscalía de Corrupción de 
Funcionarios llegaron a las seis de la mañana a la casa de Alan García 
en Miraflores y, le informaron al expresidente que están procediendo a 
ejecutar la orden judicial de detención preliminar en su contra. García 
recibió la noticia en las escaleras que conecta al segundo piso. 
Notifica que iba a llamar a su abogado y se encierra en su habitación, 
donde se pega un tiro.
El también líder del Partido Aprista fue 
investigado por el despacho del fiscal del equipo especial Lava Jato 
José Domingo Pérez por el Decreto de Urgencia 032-2009 y los aportes de 
la compañía brasileña a su campaña presidencial del 2006.
Un día 
antes, en una larga entrevista con RPP Noticias, el expresidente de la 
República señaló: “Confío en la historia. Soy cristiano. Creo en la vida
 después de la muerte. Creo tener un pequeño sitio en la historia del 
Perú",."Es una situación fea y si la patria llega a convencerse de que 
tengo algo de qué pagar, pues es la patria… Así como la he servido y he 
hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar”. señaló a
 RPP.
Tras el fallecimiento surgieron diversas interrogantes sobre
 la continuidad del proceso en contra suya y contra otros implicados por
 el presunto pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht. 
Para, el abogado penalista Carlos Caro, la muerte del expresidente 
significará el archivamiento de todos los procesos en su contra.
“Según
 la ley, murió siendo inocente. La presunción de inocencia solo se 
quiebra con una sentencia condenatoria firme, que no ha existido en este
 caso. Él murió, literalmente, siendo inocente", dijo Caro a Gestión.pe.
Este
 archivamiento no implicará que los procesos contra los demás imputados 
se detengan. Exfuncionarios del gobierno aprista como Enrique Cornejo, 
Luis Nava y Miguel Atala, con orden de detención preliminar, podrán ser 
procesados con normalidad. El proceso penal implica la no afectación de 
su patrimonio. Sin embargo, el Ministerio Público podría iniciar un 
proceso de extinción de dominio en caso la investigación determine que 
existen bienes de origen ilícito dejados por Alan García.
García 
tenía prohibido salir del país desde noviembre, mientras era investigado
 por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la 
concesión a Odebrecht de la construcción de la línea 1 del metro de 
Lima. Gracias a un acuerdo de colaboración entre los investigadores y la
 constructora, firmado el 14 de febrero, la empresa ha entregado nuevas 
pruebas de sobornos a altos cargos en Perú.
Las más recientes, divulgadas por el medio digital IDL-Reporteros y el diario El Comercio,
 prueban que Odebrecht entregó al menos cuatro millones de dólares a 
quien fue la mano derecha de García durante su Gobierno, el exsecretario
 de la Presidencia y exministro Luis Nava, hoy internado en una clínica 
local.
Los cuatro exmandatarios que han gobernado desde 2001 están
 bajo investigación de la Fiscalía por sus vínculos con Oxdebrecht por 
haber recibido sobornos o aportaciones no declaradas en sus campañas 
electorales. Dos de ellos ya han pisado la cárcel por este motivo: 
Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, mientras Alejandro Toledo sigue 
prófugo.
También cumple prisión preventiva por 36 meses, desde 
octubre pasado, la dos veces excandidata presidencial Keiko Fujimori, 
investigada por lavado de activos, procedentes de la contabilidad 
paralela de Odebrecht. Su padre, el dictador Alberto Fujimori, cumple 
una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, robo y
 corrupción.
Las investigaciones de la trama de Odebrecht en Perú 
requieren desentrañar operaciones de triangulación financiera que usan 
la banca tradicional y firmas radicadas en paraísos fiscales que 
esconden el rastro del dinero y los destinatarios finales.
Odebrecht
 tenía en Brasil un Sector de Operaciones Estructuradas (léase 
departamento de sobornos), que registraba con precisión, en un sistema 
llamado Drousys-MyWebDay, cada monto transferido a cuentas bancarias o 
firmas. Las anotaciones incluían el alias o apodo de los destinatarios 
relacionados con cada obra pública o cada campaña electoral.
De socialdemócrata a feroz anticomunista
En
 1985Alan llevó por primera vez al gobierno al APRA, el más antiguo y 
mejor organizado partido peruano, antiimperialista, con vínculos 
iniciales con la Internacional Comunista, para convertirse con el pasar 
de los años uno de los grupos más anticomunistas del país. Su primer 
gobierno fue progresista, con subsidios a las clases menos beneficiadas y
 con un intento de no pago de la deuda externa y de nacionalización de 
la banca.
A la vez, fue duro en la llamada guerra popular de 
Sendero Luminoso, y se le acusa de ordenar la muerte de más de 300 
militantes, muchos de ellos ya detenidos, al tiempo que organizaba en 
Lima el primer congreso de la Internacional Socialista 8socialdemócrata)
 en América. Se lo recuerda también por ser responsable de una de las 
mayores hiperinflaciones del país.
Al final de su gobierno apoyó 
la candidatura de Alberto Fujimori, quien desde la presidencia y luego 
como dictador puso en marcha durante una década un programa neoliberal 
de shock monetarista, privatizador y de dura represión popular, bajo el 
manto de la guerra antiterriorista
.Alan García retornó al poder 
en 2006, llamando a la unidad de las derechas, aplicando las recetas del
 Fondo Monetario Internacional, en alianza con los grandes empresarios. 
Su compañera de fórmula en 2016 fue la socialcristiana Lourdes Flores, 
su opositora durante el primer gobierno, pero apenas logró el cinco por 
ciento de los votos. Sus partidarios en el Congreso se aliaron a los 
fujimoristas.
El tiro del final del 17 de abril de 2019 ocurre en 
un Perú sacudido por una gran revuelta contra todos los casos de 
corrupción. Desde sus filas hay quienes quieren considerarlo un mártir 
de la persecución judicial por los hechos de corrupción. Durante años él
 supo evitar la cárcel y torturas a la que fueron sometidos varios de 
sus colaboradores apristas, por motivos políticos. Pero esta vez intuyó 
que su detención, era el final: no podía contar con evidencias que lo 
exculparan ni con apoyo popular para seguir la lucha.
Lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.
En
 marzo de 2017, la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato anuncia la
 presentación de una denuncia contra el expresidente Alan García, el 
exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y el 
exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) 
Oswaldo Plascencia por el caso de la concesión del metro de Lima.
El
 fiscal Hamilton Castro dispuso el inicio de la investigación por 
presunto tráfico de influencias por los sobornos de Odebrecht para la 
adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del metro de Lima. El 
diarioEl Comercio reveló que se reunió oficialmente cinco veces con 
Marcelo Odebrecht, ex-CEO de la constructora brasileña.
 En agosto, García defendió las
 donaciones que recibió la ONG presidida por su exesposa Pilar Nores 
entre los años 2006 y 2010 por parte de Odebrecht. En noviembre de 2017 
Marcelo Odebrecht, reveló a los fiscales peruanos que lo interrogaron en
 Curitiba (Brasil) que las iniciales "AG", escritas en su agenda 
celular, se refieren a Alan García, quien negó haber sido contratado 
como conferencista por Odebrecht y aseguró que sus ingresos fueron 
investigados a nivel del Ministerio Público y el Congreso.
En marzo de 2018, Jorge
 Barata (de Odebrecht) reveló que el exministro del Interior del segundo
 gobierno aprista Luis Alva Castro recibió de sus amnos 200.000 dólares 
para la campaña presidencial de Alan Garcíaen el 2006. Tres meses 
después, el fiscal José Domingo Pérez abrió una investigación preliminar
 a tres expresidentes en el marco del Caso Odebrecht: Alejandro Toledo, 
Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, a causa de aportes a sus 
organizaciones políticas.
En junió de 2018 el abogado Erasmo 
Reyna, defensor legal de García, interpuso una denuncia penal por 
prevaricato ante el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo 
Pérez (declarada infundada por la Segunda Fiscalía en lo Penal), porque 
“cuando él inicia la investigación contra Alan García, él hace uso de lo
 obtenido en Brasil, que es una documentación obtenida al amparo de una 
cooperación internacional", justificó.
En noviembre, Alan García acude
 a la fiscalía para ser interrogado por el fiscal Pérez como parte de la
 investigación que le sigue por la adjudicación de la línea 1 del metro 
de Lima (tramos 1 y 2) a Odebrecht, y tras abandonar el despacho del 
fiscal señala qie la diligencia se suspendió. El mismo día, el 
fiscal Pérez solicita que se ordene impedimento de salida del país para 
el líder aprista, quien, ante la inminencia de su detención, solicita 
asilo diplomático a Uruguay, que la rechaza el 3 de diciembre.
El 
10 de diciembre la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción del Poder 
Judicial amplía de 12 a 18 meses el impedimento de salida del país 
contra Miguel Atala, quien habría recepcionado dinero de Odebrecht en 
cuentas de Andorra. Al exfuncionario de Petro-Perú del segundo gobierno 
aprista se le atribuye haber recibido depósitos de Klienfeld Service LTD
 y de Coher Coher Investment hasta por la suma de un millón 321.766 
dólares durante los años 2007 y 2008.
El 18 de febrero de este 
año, el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, sostuvo 
-tras interrogar a Marco Queiroz Grillo, generador de fondos de la Caja 2
 de Odebrecht- que “es evidente” que el contrato que se le hizo a Alan 
Garcíapara el pago de 100.000 dólares por una conferencia que ofreció en
 mayo del 2012 en Sao Paulo (Brasil) fue “simulado”. Poco después el 
abogado brasileño José Américo Vieira Spinola confesó al fiscal Pérez 
que su estudio jurídico le pagó 100.000 al expresidente García por una 
conferencia por una orden de la constructora Odebrecht.
El 17 de 
abril, el abogado del expresidente Alan García informó de que éste se 
pegó un tiro en la cabeza antes de ser detenido por la policía en su 
domicilio, en medio de acusaciones de haber recibido un pago ilegal de 
la constructora brasileña Odebrecht.
Triste y solitario final.
Mariana
 Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, 
analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico 
(CLAE, www.estrategia.la)
 
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