“En la Colombia profunda, los líderes y lideresas están bajo fuego”

Entrevista a Ángela Robledo, excandidata a vicepresidenta y actual representante en la Cámara por Colombia Humana

Héctor Bernardo

Contexto

Contexto dialogó con la excandidata a vicepresidenta y actual representante en la Cámara por Colombia Humana, quien analizó la grave situación de los líderes sociales en su país. Diversos estudios indican que, desde la firma del Acuerdo de Paz, son más de cuatrocientos los referentes asesinados. “Detrás de estos crímenes de líderes y lideresas hay grandes intereses económicos.”

Esta semana se supo que otro líder social fue asesinado en Colombia. En lo que va de 2019 ya suman veinte, y desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP la cifra supera los cuatrocientos.

Para entender la terrible realidad que viven el pueblo colombiano y sus referentes, Contexto dialogó con Ángela María Robledo, intelectual, académica, dirigente política, miembro de la Cámara de Representantes y excandidata a la vicepresidencia en la fórmula con Gustavo Petro por el partido Colombia Humana (expresión política que disputó el balotaje y obtuvo más de ocho millones de votos en las elecciones de 2018).

La dirigente analizó las motivaciones detrás de los asesinatos, la inacción del gobierno de Iván Duque frente a estos hechos, la negativa a reconocer una sistematicidad tras estos crímenes y la necesidad de profundizar los caminos para la paz a fin de garantizar la vida de los líderes y lideresas de Colombia.

¿Por qué los líderes sociales, dirigentes políticos y defensores de derechos humanos están bajo este asedio en Colombia?

 En Colombia, durante décadas, no sólo los líderes sociales, sino todos quienes hemos estado más cerca de las propuestas de la izquierda hemos cargado con una enorme estigmatización respecto a la legitimidad de nuestras exigencias y nuestras luchas.

Sabíamos que el proceso de paz iba a permitir visibilizar muchísimos liderazgos que se estaban produciendo en los territorios a raíz de este tránsito tenue, precario y frágil, pero al fin y al cabo tránsito de la guerra a la paz.

Se visibilizaron los liderazgos de personas que luchaban en defensa del agua, contra la minería ilegal, en defensa de los derechos de las mujeres, y todos resueltamente decididos a apoyar el proceso de paz.

Según estudios de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), que es una de las organizaciones de la sociedad civil que hace seguimiento del asesinato de líderes y lideresas, luego de la firma del Acuerdo de Paz se han asesinado más de cuatrocientos líderes y lideresas. Sólo en lo que va de este año ya van veinte asesinados.

Quienes han sido asesinados son defensores de la tierra, del agua, del proceso de paz y reclamantes de tierras. Todo esto es el efecto de una estigmatización en un país que tiene una democracia frágil, y de que el proceso de paz ha visibilizado estos liderazgos.

Como no tenemos el monopolio de las armas, como el proceso con los paramilitares no significó un desarme sino una desmovilización, hoy, de manera contundente y clara, en la Colombia profunda los líderes y lideresas están bajo fuego.

“Algunos de esos líderes y lideresas defendieron a capa y espada el proceso de paz, el ‘Sí’ al plebiscito, y hoy en sus territorios eso les ha significado la muerte”

¿Se trata de un plan sistemático de exterminio?

Desde hace dos años, Iván Cepeda y Alirio Uribe, dos parlamentarios del Polo Democrático, y yo como feminista y pacifista, venimos pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación y al gobierno nacional que explore una hipótesis de sistematicidad respecto de los asesinatos de líderes y lideresas. Si bien la situación actual muestra un patrón diferente al ocurrido con el exterminio de la UP (Unión Patriótica), donde el mayor responsable fue el Estado colombiano, y en este caso habría distintos patrones y, quizás, distintas razones, sí existe, como dice el profesor Francisco Sanín, una sistematicidad de contexto. Nuestra solicitud nunca fue acogida.

Hace sólo quince días, Néstor Humberto Martínez, un fiscal que tenemos bajo sospecha por sus vínculos con los poderosos y los dueños de este país, admitió que podía haber patrones de sistematicidad en esto que realmente consideramos un exterminio.

También recientemente se dio a conocer un estudio realizado por cerca de diez organizaciones de Justicia, la Universidad Nacional, la Comisión Colombiana de Juristas, que documenta un conjunto de patrones que permitirían confirmar que los asesinatos de líderes y lideresas son sistemáticos.

¿Qué intereses están en juego detrás de estos crímenes?

El último ministro de Defensa de Juan Manuel Santos dijo que estos crímenes de líderes y lideresas correspondían a ‘líos de faldas y de linderos’, y, como dije anteriormente, la Fiscalía se ha negado a investigar como crímenes de lesa humanidad. Lo cierto es que detrás de estos crímenes hay grandes intereses económicos. Colombia es uno de los países de la región que tiene una de las mayores concentraciones de la tierra. Esa es una de las causas objetivas del conflicto. A raíz del proceso de paz se han constituido grupos armados antirrestitución de tierras que se han dedicado a atacar –directa o indirectamente– a quienes defienden los procesos de restitución de la tierra.

También la ilegalidad en el ejercicio de la minería y la deforestación esconden grandes intereses económicos en Colombia. Dos de los grandes problemas que hoy comienzan a hacerse visibles en nuestro país.

Algunos de esos líderes y lideresas defendieron a capa y espada el proceso de paz, el ‘Sí’ al plebiscito, y hoy en sus territorios eso les ha significado la muerte.

¿Cómo evalúa usted la postura del gobierno de Iván Duque frente a un tema tan preocupante y que no parece tener límites como este?

Frente a los asesinatos de líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, el gobierno de Iván Duque tiene una posición ambigua y ambivalente. Parece que, en su narrativa más blanda, condenara esos crímenes, sin embargo desechó toda la arquitectura institucional que era fruto del tercer punto del acuerdo gobierno-FARC, que generaba garantías de seguridad no sólo para los excombatientes, sino también para los líderes y las lideresas, porque han estado también estigmatizados por sus luchas y reivindicaciones en los territorios colombianos.

Duque acaba de crear un “Plan de acción oportuna”, que convoca a la institucionalidad, pero ha puesto como responsable para coordinar el trabajo con el Ejército y la Policía a un exgeneral de la república que estuvo acusado de “falsos positivos”, es decir que fue cómplice de las ejecuciones extrajudiciales, el general en retiro Barrera. Fruto de la presión de las organizaciones sociales y de un debate que hicimos en el Congreso, a este general se le quitó esa tarea que iba a significar coordinar en los territorios la protección de líderes y lideresas.

Iván Duque no ha mostrado una voluntad firme de condena a los asesinatos. Tampoco ha mostrado una voluntad clara de mantener y proteger el proceso de paz, lo que genera un enorme riesgo para los que habitan en los territorios de la Colombia profunda. Nosotros sostenemos que se defiende la vida defendiendo la paz.

¿Qué se debe hacer para poner un freno a este desangramiento social en Colombia?

Desde el Congreso de la República hemos establecido dos rutas. Una ruta nacional, que va desde debates del control político con la concurrencia del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el consejero para Defensa de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la misma Fiscalía General de la Nación, exigiéndole que adelante de manera acuciosa y eficiente la investigación porque es muy alta la impunidad respecto de los asesinatos de líderes y lideresas. También hay una ruta internacional en la que hemos buscado activar el sistema de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, si es necesario, la Corte Penal Internacional.

Esta es la tarea que hacemos desde el Congreso de la República, pero es en los territorios, promoviendo medidas de protección colectiva, no individuales, reconociendo procesos de protección de la vida, como la guardia indígena, la guardia cimarrona, la guardia campesina, como se puede desarrollar una estrategia mucho más protectora de quienes allí habitan.

Además, insistimos en que la mejor forma de proteger la vida de los líderes y lideresas es protegiendo el proceso de paz, y ojalá, cuando se den las condiciones, continuar la negociación con el ELN, porque creemos que una paz completa es la mejor forma de proteger la vida.

En el resto de la región los medios hegemónicos callan lo que sucede con los líderes sociales en Colombia. ¿Cómo están actuando los medios allí?, ¿cuál es y cuál debería ser su rol?

Como ocurre en tantos lugares del mundo, los grandes medios de comunicación están en manos de los grandes poderes económicos, muchas veces emparentados con los grandes poderes políticos. Sin embargo, es tan evidente lo que está ocurriendo en el país, lo que ha ocurrido en los últimos meses es tan ostensible, que resulta imposible no visibilizarlo.

Desde hace algunos meses, algunos grandes medios han empezado a darle visibilidad a lo que está ocurriendo en los territorios, pero todavía lo hacen de manera anecdótica, falta una investigación más estructural que le dé a este país elementos para comprender qué es lo que hay detrás de estos asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, y entender que no son hechos aislados.

En la reciente visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de Michel Forst, que estuvo en diciembre de 2018, dejó una serie de recomendaciones respecto de lo que el país debe hacer y remarcó especialmente el riesgo de la estigmatización, que en Colombia continúa, respecto de la tarea de defensores y defensoras de derechos humanos.