Las protestas anticorrupción que acorralan al gobierno haitiano
Nueva Sociedad
Como otros
Estados del Caribe, Haití formó parte de Petrocaribe, el proyecto
«solidario» de Hugo Chávez que les permitió a varios países acceder a
petróleo a precios preferenciales. Hoy, la utilización de esos recursos,
que en gran medida fueron malversados, se encuentra bajo la lupa y
viene generando masivas protestas callejaras que acorralaron al gobierno
de Jovenel Moïse.
Cuatro meses después de los motines del 6 de julio
de este año contra el aumento de los combustibles, Haití sigue sumido
en la zozobra. A raíz de esas protestas, el presidente Jovenel Moïse
revirtió la medida e incluso debió cambiar a su primer ministro y parte
de su gabinete. El primer ministro Jean-Henry Céant fue muy criticado
inmediatamente después de su nominación por haber creado dos nuevos
ministerios, entre ellos uno encargado de «Ciudadanía y Patriotismo»,
cuando en realidad, frente a la grave crisis económica, el
empobrecimiento de la población, los desmedidos honorarios de
parlamentarios y ministros y los escándalos de corrupción, se esperaba
una disminución del gasto público.
Además, la oposición destacó
que seis de los ministros más importantes provenían del gabinete
anterior. Esto mostraba que las autoridades no habían entendido el
significado profundo de los motines del 6 y 7 de julio: la exigencia de
un verdadero cambio de timón en el personal del gobierno pero, sobre
todo, de políticas públicas que permitan a más de 80% de la población
tener acceso a empleo, salud, educación de calidad y seguridad en los
barrios populares. En barrios muy populosos –como Martissant y Cité de Dieu, un nombre que recuerda a la película Ciudad de Dios,
del director Fernando Meirelles, sobre una favela de Brasil–, bandidos
muy bien armados dictan la ley, desafían a la Policía con total
impunidad y aterrorizan a quienes habitan estas áreas o transitan sus
calles, con un saldo de numerosos muertos.
Paralelamente, se ha depreciado la gourde,
la moneda haitiana. Los intentos del gobierno de controlar el tipo de
cambio tuvieron los efectos opuestos: Haití sigue importando tres veces
más de lo que exporta y el recién nombrado ministro de Economía, Ronald
Décembre, declaró que se estaba cerrando el ejercicio fiscal y «no se
veían signos de mejoramiento económico». El salario mínimo es de 5
dólares diarios y la tasa de desempleo es de alrededor de 70%.
Al mismo tiempo, el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado el 14 de septiembre
pasado, destaca que la calidad de vida no ha mejorado en Haití desde
1990.
Este es el contexto en que se desarrolló un movimiento de
masas sin precedentes en torno de la lucha contra la corrupción y, en
particular, el mal uso y la malversación de los fondos provenientes del
acuerdo con Venezuela plasmado en el Fondo ALBA-Petrocaribe motorizado
por Hugo Chávez. Firmado en 2005 entre 18 países de América Central y
del Caribe, el acuerdo al que se sumó Haití en 2006, durante el gobierno
de René Préval, dio lugar a una alianza con Venezuela para acceder a
petróleo en condiciones de pago preferenciales. Una parte se paga de
inmediato y el resto a un plazo de 25 años, a una tasa de interés de 1%, con dos años de periodo de gracia en el caso de Haití.
Algunos países pagaban incluso una parte «en especie», en el caso de
Haití con bananas, frijoles y otros productos cuya producción, sin
embargo, no alcanza para cubrir la demanda interna. Y parte de ese
petróleo se puede vender para financiar proyectos de infraestructuras.
Petrocaribe,
que constituyó una de las vías para promover el «socialismo del siglo
XXI», incluyó a Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica,
Guatemala, Guyana, Grenada, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,
San Vicente y las Granadinas, El Salvador y Surinam. Guatemala se retiró
en 2014 y Belice en 2017, debido a la brusca caída de la producción
petrolera venezolana, que no permitía respetar los acuerdos. Finalmente,
en junio de 2018, Venezuela anunció la suspensión de sus envíos a
Antigua y Barbuda, Dominica, El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las
Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Haití. En cuanto a los resultados
de esta iniciativa, no se han visto mejoras significativas en las
poblaciones y ha financiado en muchos casos la corrupción.
En el
caso haitiano, el Buró de Monetización de los Programas de Ayuda al
Desarrollo (BMPAD), responsable de la puesta en obra del acuerdo, sirvió
de intermediario entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las compañías
haitianas: el BMPAD compraba el petróleo a Venezuela y se lo vendía a
las petroleras locales. Laurent Lamothe, primer ministro durante la
presidencia del cantante Michel Martelly, se felicitó por los resultados
obtenidos en un informe de diciembre de 2014, donde menciona la
«transformación de Haití gracias a los grandes trabajos de
reconstrucción [luego del terremoto de 2010] con los fondos de
Petrocaribe». Estos fondos habrían servido para poner en pie
establecimientos gubernamentales, hospitales, centros comunitarios y
escuelas y para reconstruir infraestructuras de base del país, como
carreteras, puentes y aeropuertos. En total, se trató de 234 proyectos
por un monto (hasta ese momento) de 1.200 millones de dólares, de los
cuales 967 millones (79,43 %) ya habían sido pagados para esa fecha.
Pero
en agosto de 2016, durante el gobierno de transición del presidente
provisional Jocelerme Privert, se constituyó una comisión parlamentaria
para investigar los proyectos impulsados con fondos de Petrocaribe,
presidida inicialmente por el senador Youri Latortue y luego por el
senador Evaliere Beauplan. La comisión publicó un informe de 647 páginas
en el que se estima que los fondos que fueron objeto de malversación
podrían llegar a 2.000 millones. Este informe cubre el periodo de 2008 a
2016, durante el cual se produjeron un terremoto y cinco huracanes, e
indica que «los resultados han sido muy poco convincentes, lo que da
lugar a dudas inquietantes en cuanto a la gestión de los fondos de
Petrocaribe».
Los ex-primeros ministros Jean-Max Bellerive y
Lamothe, así como Wilson Laleau, ministro de Comercio y Finanzas,
figuran a la cabeza de una extensa lista de personalidades de diferentes
gobiernos con obras no realizadas, gastos no justificados y millones de
dólares entregados a empresas dominicanas, venezolanas y haitianas
luego del terremoto para la construcción de rutas, centrales eléctricas y
muchas otras obras públicas no ejecutadas o inconclusas. El Parlamento,
con mayoría favorable al Partido de las Cabezas Calvas (Tèt Kale, PTK)
del actual presidente Moïse, no quiso tomar cartas en el asunto y lo
mandó a los tribunales. Por su parte, Moïse declaró que se trataba de un
«dossier político». Y todos entendieron que esta investigación,
como tantas otras, iba a quedar en la nada y que la impunidad de los
corruptos estaba garantizada.
Un opositor a Moïse, el abogado
André Michel, lanzó a principios de 2018, como simple ciudadano, un
proceso en el cual se constituyó en patrocinador de todos aquellos que
quisieran presentarse como parte civil contra el Estado por considerarse
víctimas indirectas de las malversaciones. Y no sucedió nada hasta que
el 14 de agosto de 2018 un tuit de un joven guionista, Gilbert
Mirambeau, despertó nuevamente a los haitianos. En la foto se lo veía
con los ojos vendados exhibiendo un cartón donde estaba escrito en
creol: «Kot Kòb Petwo Karibe a?» (¿Dónde está el dinero de
Petrocaribe?). Y así fue como comenzó el huracán del movimiento
#PetroCaribeChallenge.
El 15 de agosto lo compartió el rapero K-Libre (Calibre) y rápidamente el hashtag se
viralizó en las redes sociales y se lanzó así el nuevo movimiento de
protestas para exigirle al gobierno el juicio a los corruptos. El 24 de
agosto se organizó una sentada ciudadana delante de la Corte Superior de Cuentas y del Contencioso Administrativo
de la que participaron jóvenes, actrices e integrantes de grupos
feministas. El 9 de septiembre fue convocada una manifestación callejera
en la que participaron miles de personas y cada domingo se organizaron
pequeñas manifestaciones en los barrios de Puerto Príncipe y se lanzó la
convocatoria a una gran manifestación pacífica para el 17 de octubre,
día de la conmemoración del asesinato del fundador de la patria,
Jean-Jacques Dessalines. Ese día salieron a la calle en todas las
ciudades y pueblos de Haití cientos de miles de personas gritando el
mismo eslogan: «¿Donde está el dinero de Petrocaribe?».
El 18 de noviembre, aniversario de la batalla que dio la victoria
final a las tropas haitianas contra los ejércitos enviados por Napoleón
Bonaparte, fue convocada una nueva protesta. Sin embargo, una semana
antes, el líder de la organización Hijos de Dessalines, el ex-senador y
ex-candidato a la Presidencia Moïse Jean-Charles, organizó una
manifestación en Cabo Haitiano, la segunda ciudad de Haití, llegó al
monumento de la Batalla de Vertières, donde ondea la bandera de los
héroes del enfrentamiento contra los franceses y actual insignia
nacional, izó la bandera de la época de la dictadura de los Duvalier
y llamó a derrocar al presidente Moïse. Estos gestos desataron una
crítica unánime desde todos los sectores políticos; al mismo tiempo, la
acción causó desorientación entre quienes querían manifestar el 18 de
noviembre para reclamar que se juzgue a los corruptos, pero sin apoyar
actos de violencia ni favorecer luchas por el poder de sectores
políticos opositores. Es difícil saber el número de muertos actualmente
en Haití, porque las autoridades no dan cifras y los hospitales públicos
cerraron las morgues. Pero todos estos hechos le quitaron fuerza a la
marcha del domingo 18 de noviembre.
Un nuevo reagrupamiento llamado Sector Democrático Popular, dirigido
por el abogado André Michel, referentes del partido Lavalasse del
ex-presidente Jean-Bertrand Aristide y algunos sindicalistas llamaron a
tres días de paro general, con amenazas contra quienes se atrevieran a
salir a la calle a partir del lunes 19 de noviembre. Y ese fue el
comienzo de otra semana de protestas que incluyeron barricadas, aceite
en el pavimento y otros actos de violencia frente a la impotencia
policial. El país se paralizó totalmente. Esa misma semana, los
dirigentes de Sector Democrático Popular llamaron a la ocupación de
Pétion-Ville (convertida luego del terremoto de 2010 en la capital
comercial de país) llevando «todo lo necesario en sus mochilas para
bañarse en las piscinas de los burgueses y comer su comida», lo que
produjo el rechazo de muchos sectores de la sociedad civil a este
llamado. Arnel Belizaire, ex-diputado de Lavalasse famoso por exhibirse
armado, declaró públicamente su oposición a esta iniciativa.
Por
su parte, el miércoles 21 de noviembre el presidente Moïse se dirigió a
la nación en un brevísimo discurso de cuatro minutos lleno de
generalidades sobre la democracia y la Constitución, sin referirse a las
reivindicaciones de los manifestantes, y delegó por primera vez en el
nuevo primer ministro Jean-Henry Céant la responsabilidad de hacer
frente a los mayores problemas de la coyuntura, con lo que dejó la
sensación de que no comprende la gravedad de la situación. Al día
siguiente, el primer ministro admitió en su discurso que «las
reivindicaciones eran justas e importantes para el país» y prometió
crear 50.000 empleos y terminar con la inseguridad. Llamó a un diálogo
nacional de todos los sectores, pero aclaró que la renuncia del
presidente no formaría parte de las negociaciones.
Mientras
tanto, se conformó una concertación entre los pequeños partidos de
tendencia socialdemócrata y socialista que pide también la renuncia del
presidente, como otros sectores movilizados, y la formación de un
gobierno de transición para llegar a un pacto de gobernabilidad. Por su
parte, la comunidad internacional y Kenneth Merten, ex-embajador de
Estados Unidos en Haití y actual subsecretario adjunto de la Oficina de
Asuntos del Hemisferio Occidental y coordinador especial para Haití,
reafirman su apoyo al presidente Moïse. La situación es de
incertidumbre: el gobierno carece de apoyo popular y sus fuerzas
represivas son débiles. Y la pregunta «dónde está el dinero» sigue ahí.
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