Después de insultos,
burlas y acusaciones, la Nueva Mayoría y sus partidos satélites, como el
PRO y −cuesta decirlo, pero también− el PC, difunden el llamado a la
unidad de las fuerzas progresistas y democráticas para hacer frente a la
oleada derechista y autoritaria. La consigna está especialmente
dirigida al Frente Amplio (aunque no a las otras fuerzas de izquierda ni
a los movimientos sociales, lo que expresa un enorme interés electoral)
y la vemos brotar en todos los ámbitos, desde el Parlamento y las
dirigencias partidistas, pasando por los programas de debate televisivo,
hasta llegar al despliegue de las bases –cuando existen, como en el
caso del PC– en los distintos territorios.
“Unidad de las fuerzas
progresistas”, “Construimos juntos o nos hundimos separados”, son
algunas de las proclamas que, antes de proponer una agenda o programa,
parecieran estar más preocupados de la calculadora electoral y de cómo
la derecha podría obtener un triunfo en las próximas elecciones
municipales de 2020.
El peligro es real, y no sólo a nivel
nacional, sino global: desde Trump, Bolsonaro, Macri y Piñera en
América, hasta su actual expansión por Europa, desde los gobiernos, la
oposición o en movimientos sociales de corte fascista. Hay que ponerles
un dique y contraponer una alternativa. Para esto no basta con la
denuncia o los testimonios morales, sino que requerimos, por un lado, de
acciones concretas y de un proyecto común, y por otro, de un discurso
transversal que haga sentido a las mayorías sociales, que son a quienes
les hablan la derecha y los autoritarismos (políticos, empresariales o
religiosos), y que la izquierda, a lo largo de todo su espectro y
fragmentación, ha olvidado.
En una coyuntura tensionada por el
asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca por las fuerzas
especiales de la policía, el llamado “Comando Jungla”, quienes
desplegaron un grosero montaje y una sarta de mentiras que el Gobierno
trató de contener, pero que finalmente salieron a la luz; una coyuntura
de represión, militarización y judicialización como agenda del
oficialismo, envalentonado por el retroceso del progresismo
latinoamericano y la derechización continental; una coyuntura de mayor
inversión privada en la explotación de los bienes naturales y
catástrofes socioambientales como las de Quintero-Puchuncaví, donde
también resultó muerto el joven dirigente Alejandro Castro; donde el
Gobierno (una vez más con el apoyo de la DC) consigue imponer la “Ley
Aula Segura”, que no es sino, precisamente, una expresión de esta línea
de represión y militarización de los conflictos, un proyecto que se
pensó a partir del 1% de colegios del país, coincidiendo con una serie
de “hechos” y (no cabe descartar) “montajes” policiales… En esta
coyuntura, ¿es posible la unidad de las fuerzas progresistas?
Una primera respuesta consiste en la idea de que si no es posible, al
menos es innegablemente necesaria. Pero si apretamos los labios,
reflexionamos y no nos dejamos arrastrar por el inmediatismo
desmemoriado, una respuesta afirmativa se vuelve efímera… ¿Acaso la
militarización de la Araucanía no ha sido también una política de los
gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría, resultando desde 2001 a la
fecha al menos quince mapuches asesinados y a quienes no se ha hecho
justicia? ¿Acaso la explotación y privatización de los bienes comunes no
ha sido también la forma de producir crecimiento y desigualdad
económica y territorial de igual manera en los gobiernos de Frei, Lagos,
Bachelet y Piñera? ¿No ha sido la corrupción, el tráfico de influencias
y la elitización de la política responsabilidad de todos los gobiernos y
partidos políticos por igual? ¿No es el modelo neoliberal y su
gobernanza el proyecto surgido de las entrañas de la dictadura
cívico-militar pero hecho propio y profundizado por los gobiernos y
partidos de la Concertación/Nueva Mayoría, incluido el segundo mandato
de Bachelet, cuyo objetivo no era otro sino sanear los
resquebrajamientos del sistema y donde el PC se prestó para jugar un rol
de contención de los movimientos sociales?
Los llamados a la
unidad pasan de este modo de lo políticamente correcto a la
inconsistencia más exuberante. Porque, agregando un cuestionamiento más a
la perorata progresista, ¿no ha sido precisamente consecuencia de la
imposición del modelo neoliberal −es decir, de un mercado desregulado,
de una cultura del individualismo, el consumismo y el endeudamiento, de
una enorme desigualdad económica, de derechos sociales mercantilizados y
una democracia restrictivamente procedimental−, que hoy la derecha y el
autoritarismo emergen y toman la iniciativa?
Ante tanta
desigualdad, frustración y malestar, la sociedad, la gente, vuelve a
reclamar protección y seguridad. Y dada la ausencia de una alternativa
democratizadora y un proyecto claramente antineoliberal, la derecha y el
autoritarismo se van desplegando.
¿Quién podría negar que el
modelo y la gobernanza neoliberal haya sido un proyecto consolidado
tanto por la derecha como por la supuesta centro-izquierda, que han
tenido al mercado desregulado o autorregulado como el ideal económico
supremo? ¿Quién podría negar que los derechos sociales hayan sido
desmontados sistemáticamente, en educación, salud, previsión social y
vivienda, así como los derechos y capacidad de negociación de las y los
trabajadores y −hoy más que nunca hay que decirlo− de los pueblos
indígenas-originarios? ¿Han estado acaso dispuestas las autoproclamadas
fuerzas progresistas, especialmente los partidos democratacristianos,
socialistas, radical y PPD, a crear una Nueva Constitución y un nuevo
modelo económico-social? ¿Han querido acaso los partidos elitizados
transformar la democracia procedimental creada por Jaime Guzmán para
legitimar el neoliberalismo y fundar, en contraposición, una democracia
social, que distribuya la riqueza, expanda los derechos y empodere a las
clases populares?
Ante esta realidad innegable de los últimos
veintiocho años en la historia de Chile, ¿puede sorprender que la actual
democracia sea hoy instrumentalizada por la derecha y el autoritarismo?
Remediar la ausencia de una alternativa y proyecto
antineoliberal es hoy de primerísima prioridad, para que nos volvamos
capaces de orientar la democracia derechizada y autoritaria que hoy se
impone a lo largo de la república en decadencia, por una democracia
social y popular, desmantelando la corrupción, la elitización y la
mimetización entre política y negocios. Es asimismo indispensable dar
respuesta a los reglamos de protección y seguridad, de identidad y de
comunidad, especialmente en los estratos sociales medios, que hoy son
seducidos por discursos racistas y xenófobos, homofóbicos y
autoritarios. Ciertamente esto se hace a partir de más democracia, más
derechos sociales, hacer cumplir los derechos humanos −especialmente de
las niñas, niños, jóvenes, mujeres y pueblos indígenas-originarios−,
proteger el medioambiente, empoderar a las comunidades; pero también
siendo más eficiente en la gestión de los recursos públicos que hoy se
dilapidan en el tráfico de influencia, la corrupción y en las empresas
privadas que se adjudican las concesiones de hospitales, cárceles,
carreteras, transporte, medios de comunicación, colegios y
universidades.
¿Unidad de las fuerzas progresistas y
democráticas? Siempre y cuando se tenga como primacía a los derechos
sociales, los derechos humanos, las comunidades y el medioambiente. Esto
significa sustituir el modelo neoliberal, de mercado autorregulado y de
profunda desigualdad, por uno modelo solidario, soberano tanto nacional
como comunitariamente, que distribuya la riqueza y el poder.
Hoy por hoy, el declive o pérdida de hegemonía del modelo neoliberal
basado en la economía financiera, la explotación de los bienes naturales
y la acumulación por desposesión de las grandes mayorías sociales,
requiere de un viraje autoritario que se está llevando en curso de
manera global. Pero no podemos combatir y detener ese proceso sin
comprender y modificar sus causas. ¿O realmente se pretende crear una
alternativa al neoliberalismo y su actual fase autoritaria por medio de
operadores políticos y arreglos electorales, tráficos de influencia,
corrupción y elites? ¿De verdad esperan quienes han administrado y
profundizado el neoliberalismo, asesinado mapuches y dirigentes
socioambientales como Camilo Catrillanca y Alejandro Castro, deteriorado
los derechos sociales y los bienes naturales, profundizado la
desigualdad económica y abatiendo la calidad de vida de la gente, que
nos adhiramos a un llamado de unidad, sin que tengan que aislar antes a
sus dirigentes corruptos y enriquecidos, desmontar sus ideales de
privatización y consumismo y comenzar a legislar desde ya contra el
Estado neoliberal realmente existente?
El mismo Frente Amplio no
puede sino esforzarse y monitorear a cada momento su gestión,
orientándose a la democracia de base, a la transparencia y a la
probidad, a la consecuencia con un programa antineoliberal, a la
coordinación y complementariedad con los distintos movimientos sociales y
a la distribución de la riqueza y del poder en los sectores populares.
Si el Frente Amplio termina por claudicar a los cantos de sirena de las
supuestas fuerzas progresistas, terminará por deslegitimarse, romper
sus vínculos con los movimientos sociales y propiciar la imposición de
los proyectos de derechización y autoritarismo, en vez de constituirse
como una alternativa de gobierno municipal, provincial y nacional, con
una nueva forma de hacer política de cara a la gente.
Si
queremos defender la democracia, hay que profundizarla, distribuyendo el
poder y la riqueza, ampliar los derechos sociales y proteger a las
comunidades y al medioambiente. Esto significa asumir que neoliberalismo
y democracia son hoy radicalmente incompatibles. Y que la “democracia
en la medida de lo posible” y la “política de los consensos” ya han sido
superadas por la historia y por iniciativa de la propia derecha, que no
retrocederá en imponer una agenda política y económica cada vez más
autoritaria.
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