Alainet
El problema de las
consecuencias humanitarias catastróficas de las armas nucleares fue
creado y es mantenido por nueve países en todo el mundo, es decir, por
una considerable minoría. Sin embargo, si bien el problema de las armas
nucleares no es global en su creación, es global en su impacto.
Si dimensionamos el problema con las armas nucleares, entendemos que tiene varias facetas: es un problema de privilegio y
poder, en el que unos cuantos gobiernos creen que tienen la potestad de
mantener como rehenes al resto del mundo, que tienen el derecho de
destruir ciudades, ecosistemas y civilizaciones enteras; es un problema económico,
ya que los Estados poseedores de armas nucleares gastan una gran
cantidad de recursos públicos –los recursos del pueblo– en mantener
estas armas de terror, recursos que podrían utilizarse para resolver
muchos problemas humanitarios, tales como la subsistencia, la vivienda y
la educación, entre otros, en su totalidad a escala mundial; es un
problema legal: la continua existencia de las armas de
destrucción masiva más destructivas contradice la ordenanza
internacional y debilita el régimen de no proliferación nuclear y la
prohibición de las otras armas de destrucción masiva; es un problema social, ya que la dependencia en la disuasión nuclear proyecta la violencia y el terror como los guardianes de la paz y la seguridad.
La falta de progreso en el desarme nuclear durante tantas décadas ha
generado mucha frustración en la comunidad internacional. Hasta hace
poco, se consideraba que el desarme era competencia únicamente de los
Estados nuclearmente armados –los que menos han mostrado interés en
desarmarse– y esto ha producido décadas de debates estériles y promesas
incumplidas. Es comprensible que, hasta ahora, la mayoría de los países
no se hayan sentido empoderados para enfrentarse a los mayores poderes
militares y económicos, y la hegemonía nuclear se haya mantenido.
Si entendemos que el impacto de las armas nucleares es global,
entendemos también que la solución es global, y si vemos el problema
como uno de justicia social, entendemos que su solución requiere de un
esfuerzo colectivo. Los Estados que no poseen armas nucleares desempeñan
un papel clave en el desarme nuclear, porque la paz y la seguridad
duraderas sólo se pueden lograr mediante la acción global y continua de
las naciones que se unen para el bien común.
El impulso
generado por la Iniciativa Humanitaria y las tres Conferencias
Intergubernamentales sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares
en Oslo, Nayarit y Viena transformaron el tema de las armas nucleares
de un problema estratégico a uno humanitario. Esto generó conciencia
sobre la necesidad de la acción común y los países empezaron a unirse y,
juntos, enfrentar a los grandes poderes. Este proceso fue acuñado por
Costa Rica, en la Conferencia de Revisión del Tratado de No
Proliferación de 2015, como la democratización del desarme nuclear.
El Tratado para Prohibir las Armas Nucleares (TPAN) de la ONU, adoptado
por 122 países –una clara mayoría– es una señal contundente de que esta
democratización está teniendo lugar y representa un verdadero hito en
el desarme nuclear y la culminación de décadas de esfuerzos de muchos
actores.
Latinoamérica
Latinoamérica ha jugado
un rol fundamental en lograr el tratado de prohibición y en fortalecer
el multilateralismo en torno a la consecución del desarme humanitario.
Históricamente, la región ha sido proactiva en la no proliferación y el
desarme nuclear. Creó la primera zona libre de armas nucleares en un
área densamente poblada a través del Tratado de Tlatelolco, que precedió
al Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) e
indudablemente fortalece el régimen de no proliferación.
En los
últimos años, la región ha logrado unirse como la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, a través de la cual los 33 países
que la componen han logrado trabajar en bloque, al más alto nivel, con
una gran ventaja política. Incluso si en los últimos años se ha perdido
el consenso en temas clave y se ha corroído esta cohesión, la CELAC tuvo
un fuerte impacto en el apoyo al TPAN. Esto se vio, por ejemplo, con la
Promesa Humanitaria, que surgió de la Conferencia de Viena en
diciembre de 2014, una declaración histórica que fue clave para
transformar en acción política el ímpetu generado por las tres
conferencias humanitarias.
En su cumbre anual de CELAC en Costa Rica en enero de 2015, un mes
después de la conferencia de Viena, los 33 Estados de la CELAC le dieron
su apoyo a la Promesa Humanitaria. Este apoyo casi inmediato,
significativo tanto en números como en el nivel del apoyo, proporcionó
un impulso para el respaldo de la promesa, que llegó a 127 países en
julio de ese año.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas
de ese mismo año, México, respaldado por otros países copatrocinadores,
se sintió empoderado para proponer un Grupo de Trabajo de Composición
Abierta para impulsar negociaciones multilaterales sobre el desarme
nuclear. En 2016, dicho grupo, después de largas tres sesiones de
negociación, y gracias a un voto decisivo convocado por Guatemala,
recomendó la negociación de un Tratado para prohibir las armas nucleares
(TPAN). Dichas negociaciones fueron presididas de forma exitosa en ONU
en Nueva York en 2017 por la embajadora costarricense Elayne Whyte y el
TPAN fue adoptado el 7 de julio de 2017.
Países como Ecuador,
Chile, México, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Jamaica y Trinidad y
Tobago se destacan por estar a la vanguardia de la iniciativa
humanitaria y el tratado de prohibición; más recientemente, el "Premio
Persona del Año" de Control Arms para el 2018 le fue galardonado al
grupo central de siete países que promovieron el TPAN, tres de los
cuales (Brasil, Costa Rica y México) son latinoamericanos. Además,
CARICOM, la Comunidad del Caribe, compuesta por 15 Estados miembros,
también ha sido un aliado muy fuerte y constructivo a lo largo de este
proceso, y su apoyo fue esencial para incluir las obligaciones positivas
(la asistencia a víctimas y la remediación ambiental) en el TPAN, que
es la parte que lo hace más operativo y que fortalece el aspecto
humanitario del tratado.
La sociedad civil y el tratado de prohibición
La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), a
través de los movimientos de base y los esfuerzos de cabildeo con
diplomáticos, fue quien condujo el proceso hacia el tratado de
prohibición. ICAN ha trabajado incansablemente durante más de una década
para fomentar la confianza y construir una comunidad entre activistas y
diplomáticos de todo el mundo. De esta forma, asociándose con los
gobiernos que han rechazado las armas nucleares y que han estado
dispuestos a hacerles frente a los Estados nuclearmente armados, es que
se logró cambiar la narrativa.
Cabe destacar que, en nuestra
región, la sociedad civil tiene varios desafíos. A diferencia de los
países del “primer mundo” occidental, en América Latina hay poco o
ningún financiamiento gubernamental para las organizaciones no
gubernamentales y la participación en movimientos sociales no es una
prioridad para la mayoría de los habitantes. Esto hace que la gran
mayoría de nuestras organizaciones sean administradas enteramente por
voluntarios, con serias limitaciones en su tiempo y recursos, y con
dificultades para procurar una participación y atención constantes,
cediendo fácilmente ante otras presiones de la vida, como sus carreras,
trabajos o familias. Además, ante los otros problemas que vive nuestra
gente, como la pobreza y la violencia con armas pequeñas y ligeras, las
armas nucleares no son vistas como una prioridad en América Latina.
No obstante , si bien es cierto que nuestra sociedad civil enfrenta
serios desafíos, también es cierto que, en otros sentidos, nuestra
región nos ha resultado muy ventajosa. Debido a que nuestros países han
estado a favor del desarme nuclear, no hemos tenido que depender de la
movilización de base para tener relevancia política. Nuestra sociedad
civil no ha crecido mucho en números, pero sí lo ha hecho en influencia.
Nuestros gobiernos han sido nuestros amigos y nos consideran verdaderos
socios. Hemos trabajado con ellos en el ámbito nacional y regional,
generando la confianza necesaria para la colaboración entre los Estados
interesados. En Latinoamérica, el binomio gobierno-sociedad civil ha
funcionado de forma particularmente exitosa.
Cabe destacar que
los Estados aliados al TPAN no surgieron solos. Son el resultado del
trabajo de unas cuantas personas notables y comprometidas que han ido
más allá de sus obligaciones oficiales; personas que han asumido riesgos
y que han marcado la diferencia. Los activistas hemos estado presentes y
disponibles en cada paso, promoviendo el apoyo a la prohibición,
incluso cuando nadie se atrevía a mencionarla. Hemos promovido
reuniones, fomentado el diálogo, ofrecido argumentos sólidos y apoyo en
todas las conferencias y en todas las oportunidades que ha habido.
Ahora que la mayoría de los gobiernos de nuestra región han firmado el
tratado de prohibición y están en proceso de su ratificación, seguimos
trabajando conjuntamente para lograr la universalización del tratado.
Un cambio paradigmático
El TPAN funciona a través de un proceso que se denomina estigmatización
y que funciona a partir de la condena moral de las armas nucleares. Es
así como se ha dado el desarme con las otras armas de destrucción masiva
(químicas, biológicas, minas terrestres y municiones en racimo), donde
la prohibición ha precedido a la eliminación y, dicho sea de paso, esta
prohibición no contó inicialmente con el apoyo de los países productores
y poseedores. El TPAN debilita los mecanismos legales, morales y
económicos que promueven y mantienen la hegemonía de las armas
nucleares, creando una normativa internacional que se convierte en la
nueva norma a seguir. Tal es el caso Estados Unidos con las municiones
en racimo: EE.UU. nunca se adhirió la Convención sobre Municiones en
Racimo, sin embargo, cerró su última fábrica de dichas armas en 2016;
esto porque se quedó sin inversores y compradores, y porque se había
creado en el mundo una normativa internacional apoyada por la mayoría de
los países, con un ambiente global de condena moral al uso, tenencia y
producción de estas armas. Este es el proceso en el que estamos
actualmente con las armas nucleares y cuyo efecto ya estamos viviendo.
Por ejemplo, dos de los fondos de pensiones más grandes del mundo, los
de Noruega y Países Bajos, cuyos gobiernos no han firmado el TPAN y
pertenecen a alianzas militares nucleares, dejaron de invertir en
empresas que producen y mantienen las armas nucleares. Esta ola de
desinversión se está viendo en varias instituciones financieras en todo
el mundo que, independientemente de la postura política de sus
gobiernos, han decidido manifestarse en contra de las armas nucleares y
desfinanciarlas.
El hecho de que el TPAN fuese adoptado por 122
países tiene un significado que trasciende el desarme nuclear.
Representa lo que puede suceder en la comunidad internacional cuando se
anteponen los principios sobre los intereses; cuando las personas están
dispuestas a unirse, a tomar riesgos y a defender lo que es correcto,
incluso a un costo personal o para su país. Esta nueva forma de hacer
política, basada en principios y fundamentada en el diálogo y el
multilateralismo, conlleva un cambio en el concepto de prestigio.
Colectivamente, ya no se valora a las naciones y a los actores según su
poder destructivo, sino según su disposición a dialogar, negociar,
forjar alianzas y fortalecer y mantener la paz a través del régimen
multilateral.
El desarme nuclear requiere de un cambio
paradigmático, de un esfuerzo y un compromiso mucho más extenso que un
único documento o tratado. Requiere de un movimiento que genere un
cambio de conciencia global y duradero. El TPAN, que es la
materialización de décadas del esfuerzo de muchísima gente, no es un fin
en sí mismo, sino más bien un gran paso en la dirección correcta. Es
parte de un movimiento revolucionario que va más allá del desarme
humanitario, marca el camino para un mundo que resuelve sus conflictos,
no a través de la violencia y las armas, sino a través de la diplomacia y
el diálogo.
Dr. Carlos Umaña es médico, artista plástico y
activista por la paz y el desarme nuclear. Director General de la
Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra
Nuclear, y representante para América Latina de la Campaña Internacional
para Abolir las Armas Nucleares (Premio Nobel de la Paz 2017).
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