IPS
La suerte de una
histórica declaración que reconoce los derechos de más de 1.000 millones
de campesinos en el mundo se define en la última semana de septiembre,
en una votación del Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano en la
materia de las Naciones Unidas.
La elaboración del texto definitivo
demandó años de debate de un grupo de trabajo especializado que durante
siete años evidenció profundas diferencias entre naciones del Sur en
desarrollo, favorables a la iniciativa, y las del Norte industrial, en
este caso con la singular excepción de Suiza.
El documento
amalgama reivindicaciones seculares de los campesinos, como el derecho
sobre la tierra, con reclamos más actuales como el derecho a las
semillas y, en particular, la eliminación de la discriminación contra
las campesinas y otras mujeres que trabajan en las áreas rurales.
El sujeto de la Declaración para los Derechos de los Campesinos y Otras Personas Trabajando en las Zonas Rurales
es toda persona que se ocupa o trata de hacerlo, sola o en comunidad,
de la producción de agricultura para subsistencia o para el mercado y
emplea trabajo familiar.
La descripción abarca a agricultores
artesanales o en pequeña escala, a criadores de ganado, pastores,
pescadores, guardias forestales, cazadores, recolectores y artesanos
vinculados a la agricultura o a otras actividades rurales.
Esa
masa de trabajadores, que sumada a sus familiares puede abarcar hasta un
tercio de la población mundial, figura en todas las estadísticas como
el sector más desprotegido del planeta.
En abril, el grupo de
trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIWG, en inglés),
creado en 2012 para redactar el texto en el marco de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pactó el
texto del proyecto de la Declaración.
En esa ocasión, la alta
comisionada adjunta de Derechos Humanos, la australiana Kate Gilmore,
observó que “aunque los pequeños agricultores suministran una elevada
proporción de los alimentos consumidos a nivel local, hasta 80 por
ciento en Asia y en África Subsahariana, 80 por ciento de la población
mundial que padece hambre vive en zonas rurales”.
“Proteger los
derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales es
proteger la principal fuente de alimentación en todo el mundo”,
justificó el encargado de negocios de Bolivia ante la ONU (Organización
de las Naciones Unidas) en Ginebra, Ruddy Flores, al proponer
formalmente el viernes 21 la aprobación del texto en las actuales
sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
También
significa “proteger la biodiversidad de la que dependen los sistemas
alimentarios, los empleos y medios de vida de millones de familias,
promover la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y adaptación al
cambio climático y sobre todo proclamar la igualdad de derechos”,
precisó Flores.
La representación de Bolivia ante la ONU en
Ginebra ha liderado los trabajos del OEIWG para consensuar el proyecto,
como su presidente-relator y por ello correspondió a Flores presentar el
texto al Consejo de Derechos Humanos, cuyo 39 periodo de sesiones
comenzó el día 10 y culmina el viernes 28.
Si este máximo órgano
para los Derechos Humanos aprueba el texto, el proyecto de Declaración
para los derechos campesinos sería sometido a la decisión final de la
Asamblea General de la ONU, cuyas sesiones anuales comenzaron el día 18 y
cuyo debate general concluirá el 1 de octubre.
El proyecto de
Declaración garantiza a todos los trabajadores rurales el disfrute
pleno, individual y colectivo, de todos los derechos humanos y de las
libertades fundamentales reconocidas por todas las declaraciones,
documentos y tratados adoptados por el sistema de las Naciones Unidas.
Exime
igualmente a los campesinos de “toda clase de discriminación en el
ejercicio de sus derechos, en los terrenos de raza, color, descendencia,
sexo, idioma, cultura, estado marital, propiedad, discapacidad,
nacionalidad, edad, opiniones incluidas las políticas, religión,
nacimiento o situación económica, social o de otra clase”.
A las
mujeres campesinas les reconoce “garantías particulares en los campos de
la planificación para el desarrollo, de acceso a la salud, la seguridad
social, la educación y a vivir libres de la violencia”.
La
Declaración establece asimismo que los Estados deben reconocer a las
mujeres campesinas el acceso equitativo al uso y control de la tierra y
de los recursos naturales, con independencia de su estado civil y
marital.
Una investigación de la organización no gubernamental Fian International
comprobó que pese a su contribución en la producción de alimentos, las
mujeres son propietarias de menos del dos por ciento de la tierra a
nivel mundial.
El texto proclama que todos los campesinos y trabajadores rurales gozarán del derecho a las semillas.
La
Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos
Humanos consignó en un estudio que, durante 10.000 años, los campesinos
han protegido, seleccionado, intercambiado y vendido semillas, como
también las han usado y reusado para producir alimentos.
Ese
derecho consuetudinario ha sido reconocido por la ley internacional
desde 2001 en respuesta a los desafíos que planteaba la protección de
los derechos de propiedad intelectual establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
La
abrumadora mayoría de trabajadores rurales de los países en desarrollo
se guía por los sistemas tradicionales de producción y transferencia de
alimentos y semillas, observa la Academia de Ginebra.
Por ello,
el reconocimiento de esa atribución por parte de proyecto de Declaración
“es crucial para la realización de los derechos humanos de los
campesinos”, opinó la institución especializada.
Las
organizaciones no gubernamentales vinculadas con los sectores campesinos
desempeñaron un papel clave durante el largo debate que se cerrará
durante las actuales sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
El campesino senegales Ndiakhate Fall, representante de la coordinación africana de la organización internacional La Vía Campesina,
dijo a IPS que la Declaración “constituye una base sólida para
responder a los desafíos que afronta actualmente el campesinado de
África”.
La Declaración “puede prevenir numerosas
discriminaciones y violaciones de sus derechos humanos y a la vez
garantizar la soberanía alimentaria, el mantenimiento de la
biodiversidad y a poner un freno a las alteraciones climáticas”,
explicó.
Melik Ozden, director del Centro Europa Tercer Mundo,
con sede en Ginebra, observó que “la globalización neoliberal de las
últimas décadas ha favorecido el monopolio de compañías transnacionales
en la cadena alimentaria”.
En consecuencia, “los campesinos han sido despojados de sus recursos, tierras, semillas, agua, vivienda y otros”, afirmó a IPS.
Los
trabajadores rurales “ya no controlan los procesos, los instrumentos ni
tampoco la comercialización de sus productos”, subrayó Ozden.
Por
esa razón, los campesinos “recalan en los asentamientos marginales
urbanos o se transforman en migrantes ‘ilegales’ en terceros países,
forzados a vender su fuerza de trabajo en condiciones degradantes”,
concluyó.
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