Guatemala
En el 2015 Guatemala
 se vio conmocionada por una gran crisis política que terminó con el 
encarcelamiento del por entonces binomio presidencial (Otto Pérez Molina
 y Roxana Baldetti). El lema de aquel entonces era la lucha contra la 
corrupción. 
 Se decía en ese momento, y ahora se puede afirmar 
con firmeza, que toda esa movilización anticorrupción tenía que ver, 
fundamentalmente, con un plan finamente trazado por Washington. Dos 
motivos lo fundamentan: 
1) la decisión política de intentar 
transparentar las mafiosas y corruptas políticas centroamericanas, que 
tal como están ahora, constituyen una bomba de tiempo que expulsa gente 
hacia el territorio norteamericano y, al mismo tiempo, representan un 
peligro de posible “ingobernabilidad” (visto desde la lógica capitalista
 del imperio, de ahí que montaron el Plan Alianza para la Prosperidad); y
 
2) ser un laboratorio de pruebas para las recetas anticorrupción
 con las que, posteriormente, el gobierno estadounidense pudo mover 
gobiernos díscolos en otras latitudes (Brasil, Argentina, etc.). 
 El experimento fue todo un éxito. La población, básicamente clase media
 urbana, se indignó profundamente ante las denuncias aparecidas, y en 
una demostración de civismo (muy bien manejado con técnicas de 
manipulación social), una buena cantidad de población salió a protestar a
 la plaza. La movilización, de todos modos, era bastante limitada (lo 
cual hacía pensar en quién y para qué movía todo eso): entonar el himno 
nacional, sonar vuvuzelas, vociferar contra los funcionarios corruptos y
 volverse a la casa. No había, en sentido estricto, un proyecto político
 de cambio. Ninguna fuerza popular-de izquierda-revolucionaria pudo 
aprovechar el descontento para ir más allá, pues toda la iniciativa 
mostró desde un inicio que no apuntaba a cambiar nada. Puro 
gatopardismo. De todos modos, esos acontecimientos sirvieron para 
fomentar un calor popular antes inexistente. 
 La crisis política abierta ese año se  cerró 
 con una elección amañada, donde apareció un candidato a la medida: un 
actor que personificó el papel de “presidenciable no corrupto”. El circo
 mediático estuvo bien montado, a tal punto que permitió que Jimmy 
Morales llegara a la presidencia. Rodeado de militares vinculados a la 
guerra interna y a grupos mafiosos de oscuro pasado –todos ligados al 
Estado contrainsurgente y a los negocios sucios que el mismo permitió–, 
la crisis terminó y todo pareció volver a la “normalidad”. 
 Pero
 esa “normalidad” en Guatemala significa explotación, miseria, 
exclusión. Pasaron las movilizaciones sabatinas con muchas vuvuzelas del
 2015 y todo siguió igual en la base: 60% de la población bajo el límite
 de pobreza, desnutrición crónica (quinto puesto en el mundo), 
desocupación, salarios de hambre, analfabetismo, racismo y patriarcado, 
manipulación burda de las grandes masas, valores misóginos, homofóbicos y
 ultraconservadores. Era obvio que ese montaje anticorrupción funcionó 
como distractor. Los problemas fundamentales no se tocaron. 
 
Pero la población del país no es solo la clase media urbana que 
“civilizadamente”, al ritmo de vuvuzelas, se indignó por el robo de 
algunos funcionarios. Movimientos populares de base, campesinos e 
indígenas en lo fundamental, siguieron protestando tal como lo venían 
haciendo desde siempre, sin la caja de resonancia de los medios 
comerciales de comunicación. Esas reivindicaciones (mejores condiciones 
de vida, tierra para los campesinos pobres, mejora salarial, servicios 
básicos decentes, etc.) se continuaron levantando siempre, aunque no 
inundaran las plazas ni aparecieran en la televisión. 
 Tanto 
esas protestas como las investigaciones contra la corrupción llevadas 
adelante por la CICIG y el Ministerio Público (en tanto parte de la 
iniciativa estadounidense de transparentar las mafias del Triángulo 
Norte de Centroamérica), fueron acorralando a la administración de 
Morales. El llamado Pacto de corruptos (empresarios, clase política, 
militares, todos moviéndose con criterio mafioso) se empezó a sentir 
nervioso por ambos motivos. La movilización popular siempre es molesta 
para las clases dominantes; y si a eso se suma la posibilidad de ser 
investigada por corrupta, tenemos el cuadro actual: reacciona mostrando 
los dientes. De ahí que 1) hace lo imposible por evitar las 
investigaciones cerrando el paso a la CICIG, y 2) comenzó un sistemático
 ataque a luchadores populares con métodos de la guerra contrainsurgente
 (van 18 muertos este año, con total impunidad). 
 Pero la gente 
no se quedó callada. Hoy existe una movilización popular distinta a la 
del 2015: hay conducción política producto de la articulación de 
distintos grupos de base, hay proyecto claro (pedir la renuncia del 
elenco gobernante y el llamado a una Asamblea Constituyente), y ya no 
hay el miedo de años atrás. 
 El escenario no es pre-revolucionario ni por asomo; pero abre posibilidades interesantes para el campo popular. 
Blog del autor: https://mcolussi.blogspot.com/ 
 
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