Pedirá la nulidad del proceso
La persecución política en Argentina se llama juez Bonadío, dice Pérez Esquivel
▲ Manifestación de respaldo a la senadora Cristina Fernández, ayer en Buenos Aires.
Buenos Aires., Contradiciendo la legislación de
Argentina, el juez Carlos Bonadío ordenó allanar este jueves el
departamento de la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de
Kirchner (2007-2015), su casa en Río Gallegos, provincia sureña de Santa
Cruz, y en el Calafate, impidiendo la presencia del abogado de la ex
mandataria en esta capital y en su domicilio, llevando como
testigosa dos militantes de la gobernante alianza Cambiemos, lo que se ha convertido en un atropello jurídico, en el contexto de una causa de ribetes sensacionalistas, sin ninguna prueba concreta.
El allanamiento al departamento en esta capital se extendía desde el
mediodía hasta la noche de este jueves, y sin testigo alguno, por lo
cual, y como había advertido Fernández en un fuerte discurso el pasado
miércoles en el Senado, en el contexto de la persecución
político-judicial se han violado todas las normas, con lo cual
desaparece el estado de derecho.
La causa por presuntos sobornos pagados por contratistas de la obra
pública, entre los cuales figura en primera fila el primo del mandatario
Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y empresas de la familia
presidencial, que no son mencionadas ni tocadas por la justicia en este
caso, no fue ni siquiera sorteada, se la adjudicaron Bonadío y
Stornelli, desconociendo las normas de ética jurídicas.
La investigación está montada en fotocopias de duduosa autenticidad,
ya que el chofer Óscar Centeno –asignado a un ex funcionario del
ministerio de Planificación– dijo haber quemado los cuadernos donde
anotaba todos los movimientos supuestamente sospechosos, pero de lo cual
hasta ahora no existen pruebas concretas.
Una cantidad de empresarios que se acogen a la oferta de declarar como
arrepentidos, son dejados en libertad después de apresurados testimonios, siempre y cuando acusen al gobierno anterior, y los que no responden a lo que los jueces necesitan, quedan detenidos, también ilegalmente.
Se suma al escándalo una nueva corrida del dólar que llegó a 31 pesos
este jueves; los medios advierten que se bordea la recesión con la
caída de la economía 6.7 por ciento, casi 8 por ciento y de la
industria. Miles de negocios han cerrado, las fábricas están
paralizadas. Cada día hay entre 700 y mil despidos en la iniciativa
privada y también entre empleados del Estado.
En una acción de la Justicia del Trabajo, un tribunal ordenó la
reincorporación de cinco de los 357 despedidos de Télam, sin ninguna
justificación aceptable. Los periodistas de Télam se mantienen en la
agencia estatal de prensa, acompañados de miles de personas que
pertenecen a distintos sectores.
La ex presidenta autorizó los allanamientos el pasado miércoles,
aunque pidiendo que hubiera testigos y que no se sacaran totografías
para ser difundidas por los medios, como sucedió con el espionaje
ilegal, en que se grabaron sus conversaciones telefónicas recientes. Los
abogados de la ex mandataria, que anoche se reunió con diversos
sectores que le expresaron su solidaridad, entre ellos referentes de la
cultura, a quienes no se les permitió presenciar los allanamientos,
pedirán la nulidad de esta causa y juicio político para Bonadío.
Los allanamientos coercitivos, sin testigos, han sido denunciados por
diversos sectores que advierten que Fernández de Kirchner no puede
regresar a su departamento porque nadie confía
en lo que pueden haber dejadoo plantado en las largas horas de revisión policial.
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, escribió que
la persecución política a Lula en Brasil se llama juez (Sérgio) Moro y Red Globo. En Argentina se llama juez Bonadío y Grupo Clarín. El objetivo: proscribir alternativas políticas capaces de gestionar nuestros países hacia mayor equidad social y soberanía nacional.
Mientras, continúa el paro de docentes universitarios y hay protestas
en todo el país por la falta de los aportes del Estado que castiga a
esas casas de estudio, como han denunciado varios rectores. Este viernes
comienza un paro de 72 horas de los maestros de la provincia de Buenos
Aires, a los cuales la gobernadora María Eugenia Vidal ofreció 19 por
ciento de aumento en cuotas, cuando la inflación suma 35 por ciento.
Tal como estaba anunciado las más de 20 organizaciones convocadas por Proyecto 7 realizaron un frazadazo en
el barrio de Constitución, frente a una de las sedes del Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat para denunciar que 27 mil personas se
encuentran viviendo en la calle, y exigieron el pago de subsidios
habitacionales, la apertura de los paradores (donde duermen los sin techo) las 24 horas del día, contra la represión y la discriminación.
No fueron recibidos por ningún funcionario, por lo lo cual llevaron
su protesta al Congreso, donde extendieron sus frazadas en el piso y
colgaron sus reclamos en las rejas.
La situación general es tensa y los mandatarios de las provincias
advierten que las últimas medidas del gobierno los afectan gravemente, y
miles de personas siguen ingresando a la pobreza, como advierte también
la Universidad Católica Argentina.
Foto Afp, Stella Calloni Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 24 de agosto de 2018, p. 27
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