Comunicado oficial sobre "caso 21 mayo"
El 7 de julio de 2017
el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso sentenció a nuestros
compañeros/as Miguel Varela, Rodrigo Araya, Constanza Gutiérrez, Hugo
Barraza, Felipe Ríos y Nicolás Bayer a penas efectivas de cárcel (de 10 a
15 años) por el delito de incendio con resultado de muerte de don
Eduardo Lara, suceso ocurrido el 21 de mayo de 2016. Ante estos hechos,
junto con revindicar la inocencia de nuestros compañeros, consideramos
importante comentar los siguientes puntos:
1. Miguel, Rodrigo,
Constanza, Felipe, Hugo y Nicolás son jóvenes luchadores/as sociales,
comprometidos con causas de justicia social. En este sentido, destacamos
su activa participación en las luchas contra el extractivismo que
devasta los territorios (mediante el plan IIRSA-COSIPLAN y el TPP), el
saqueo de las AFP y la educación de mercado, además de apoyar la digna
resistencia del pueblo mapuche. Se trata de jóvenes valientes y
solidarios/as, que reconocen las múltiples violencias que nos oprimen
como pueblo y por eso, desde su hacer cotidiano, trabajan en espacios de
autoaprendizaje, producción de información y trabajo comunitario.
Los/as compañeros/as llevan años aportando, generosamente, su
creatividad, alegría y conocimientos a la construcción de proyectos de
sociedad alternativos al ‘capitalismo salvaje’. Por estos motivos
nuestros/as compañeros/as son vistos como una amenaza para el orden
alienante impuesto por este ‘Estado empresarial’.
2. El ‘Estado
empresarial’ al no poder domesticar a nuestros compañeros, los
criminaliza. Nuestros compañeros/as han sido acusados/as y
sentenciados/as injustamente por los hechos ocurridos el 21 de mayo de
2016. Cabe recordar que ese año la Cuenta Pública se desarrolló en un
contexto de fuerte descontento social, con movilizaciones en ascenso y
una deslegitimación generalizada de los aparatos del Estado. En ese
momento, la lamentable muerte del señor Eduardo Lara, jubilado de 71
años, que trabajaba en condiciones de precarización y explotación,
permitió al gobierno, en complicidad con el poder mediático, instalar
una nueva ‘agenda noticiosa’ que desvió la atención pública,
invisibilizando el carácter político de las protestas. En este sentido,
la muerte del señor Lara fue usada como pretexto para un despliegue
inusual de los aparatos de vigilancia y represión del Estado, una
política del terror que necesitaba cierto ‘tipo’ de culpables. En lugar
de investigar las diferentes aristas del caso, este se focalizó en el
estereotipo del ‘joven luchador social’, ya estigmatizado, que calzaba
en una historia ya escrita por el poder, y cuya captura y posterior
condena sería ejemplificadora. Así, aprovechándose de una desgracia, se
refuerza la criminalización de la protesta social, bloqueando un
emergente ciclo de movilizaciones.
3. Lamentablemente,
nuestros/as compañeros/as calzaban en el ‘tipo de culpables’ que la
estrategia represiva necesitaba. En una co-producción entre las
policías, el sistema judicial y los medios de comunicación, se va dando
forma al montaje. En este punto, denunciamos el carácter sensacionalista
con que los canales de tv oficiales cubrieron el arresto de nuestros
compañeros, el 10 de agosto de 2016, criminalizándolos públicamente,
vulnerando sus derechos y los de sus familias. La idea era instalar su
culpabilidad en la opinión pública. Tras el fallo que negó su prisión
preventiva, nuestros compañeros fueron cotidianamente acosados por los
aparatos de represión del Estado. Más de dos años han vivido la angustia
de la persecución y la incertidumbre por el devenir del caso, situación
que ha afectado profundamente sus vidas, la de sus cercanos y quienes
comparten sus luchas por la justicia social.
4. Este mes de junio
de 2018, se realizó el juicio. En este punto denunciamos que se trató
de un proceso viciado, que ha dejado al descubierto no solo las
falencias de la justicia chilena y sus metodologías de investigación,
sino también el operar ilegitimo de las fuerzas represivas. Sobre este
punto, señalamos:
- El proceso de investigación contempló
testimonios bajo presión de dos personas, quienes declararon en
condiciones de hostigamiento policial. Si bien ambas denunciaron la
situación mediante una querella ante el Juzgado de Garantía de
Valparaíso, contra las policías (Rol Interno 8463-2016) y no se
presentaron a validar sus testimonios durante el juicio, estos igual
fueron considerados.
- El proceso de investigación, que da lugar a
la supuesta identificación de los acusados (tras derrumbarse las
primeras líneas investigativas) se basa en una ‘Minería de datos’ que se
sustenta en la exploración de internet. Esto ocurre por lo menos en dos
situaciones: cuando se revisan las redes de Facebook de los acusados y
cuando sus nombres son simplemente ‘googleados’. Esta ‘exploración’ por
la red, difícilmente puede considerarse una metodología seria y
rigurosa, por lo que dichas pruebas carecen de validez científica y solo
dan muestras de la falta de profesionalismo de las policías y su
desesperación por ‘construir’ pruebas.
- Se utilizó como prueba la
participación de los acusados en eventos sociales, de carácter público,
como las ‘Jornadas contra la devastación de los territorios’, realizada
con anterioridad a los hechos (10 de marzo de 2016). Cabe señalar que se
trata de un evento de análisis de las dinámicas extractivistas en
América Latina, que contó con una serie de exposiciones y espacios de
conversación. No se identifica una relación clara entre este evento y lo
sucedido el 21 de mayo.
- El proceso judicial careció de
trasparencia, pues ni los acusados ni sus abogados contaron con la
totalidad de la información recabada en la investigación. Nos referimos a
la producción del Informe 76, documento considerado ‘secreto’, que fue
elaborado por los servicios de inteligencia. Este contaba con
fotografías tomadas desde un ángulo privilegiado, que dan cuenta de un
trabajo de infiltración. El testimonio de los policías fue clave en el
caso, aunque amparándose en la ley 19.974, rehusaron dar antecedentes
sobre el procedimiento que dio origen a dichos registros. Situación que
por sí misma deslegitima todo el proceso judicial.
5. El Informe
76 es un trabajo de inteligencia que da cuenta de prácticas de
vigilancia que desbordan toda legitimidad y respeto a la vida privada.
El contenido del informe evidencia un seguimiento sistemático a
nuestros/as compañeros/as, con mucha anterioridad a los hechos del 21 de
mayo. Situación que permitió hacerlos ‘encajar’ en el ‘tipo de
culpables’ que este montaje necesitaba. Es decir, nuestros/as
compañeros/as eran vigilados de cerca por los servicios secretos de
inteligencia. No sabemos por cuánto tiempo las diversas actividades en
que participaban y su vida misma, fue seguida y registrada sin mediar
motivo ni acusación alguna. Estos registros fueron usados como material
para el montaje, fueron la materialidad que dio forma a una historia
escrita por el poder. Sin duda esto abre una serie de interrogantes
sobre el actuar de los servicios de inteligencia, que reproducen, en un
nuevo contexto, las dinámicas de persecución y criminalización que han
marcado la historia del Estado terrorista chileno. La decisión de
tribunales se sostiene en el material de esta carpeta, que es en sí
ilegítima e ilegal, pues ninguna otra prueba ameritaba la condena.
6.
Además del registro fotográfico que evidencia el seguimiento ilegal a
nuestros/as compañeros/as, los servicios de inteligencia aportaron un
video que finalmente no fue usado como prueba, pero ha circulado por el
portal del Diario y Radio de la Universidad de Chile. Este video muestra
claramente el accionar de policías infiltrados en la marcha del 21 de
mayo de 2016. Estos policías, hombres y mujeres, participan activamente
en los disturbios, de hecho, se puede ver cómo violentamente promueven
desmanes. Sin duda la participación de infiltrados en las marchas abre
una serie de preguntas sobre su participación directa en los hechos de
violencia que desde el poder se atribuye a los luchadores sociales que
se movilizan.
7. Consideramos inaceptable el proceder de los
tribunales que han avalado el operar ilegitimo e ilegal de los servicios
de inteligencia y la falta de rigurosidad del proceso investigativo. El
fallo nos señala una alianza perversa entre el poder judicial y los
aparatos de vigilancia y represión del Estado. Sabemos que este no es un
caso aislado, sino una práctica corrupta normalizada, que permea al
sistema judicial chileno.
8. Frente a todos estos hechos,
exigimos la anulación de la sentencia de el Tribunal Oral en lo Penal de
Valparaíso. Miguel, Rodrigo, Constanza, Hugo, Felipe y Nicolás son
INOCENTES, han sido sentenciados injustamente, por un proceso judicial
viciado que, a través de su condena, pretende propagar el miedo entre
quienes aún creen posible un mundo distinto, lejos de la violencia
capitalista. Nuestros/as compañeros/as son víctimas de un burdo montaje.
9. Lamentamos profundamente la muerte de don Eduardo Lara, y la
precarización laboral que debió enfrentar sus últimos años. Por eso
creemos que es necesario investigar el caso, abrir otras aristas a la
investigación que logren dar con los verdaderos culpables, que su muerte
no sea un pretexto para criminalizar la protesta social ni condenar
jóvenes inocentes.
Finalmente hacemos un llamado a las
organizaciones sociales, colectivos, agrupaciones territoriales,
educacionales, a los medios de comunicación alternativa y popular, y a
todas las personas que quieran apoyar a nuestros compañeros en la
búsqueda de justicia. En esto momentos necesitamos toda su solidaridad.
La Serena 14 de agosto de 2018
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