Paraguay
Nueva Sociedad
El pasado viernes
31 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay
revocó la condena de campesinas y campesinos sin tierra que habían sido
sentenciados por el caso conocido como la «Masacre de Curuguaty». El
trágico suceso acontecido el 15 de junio de 2012 tuvo como resultado la
muerte de 17 personas, además de la destitución del entonces presidente
paraguayo Fernando Lugo. La absolución de los campesinos vuelve a poner
el foco en la masacre. Aún no se sabe que sucedió pero algo está claro:
en el medio está el problema de la tierra.
El pasado viernes 31 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay revocó la condenda de 11 campesinas y campesinos sin tierra que habían sido sentenciados por el caso conocido como la “ Masacre de Curuguaty
” . En un histórico fallo judicial, los magistrados hicieron lugar al
recurso de casación presentado por la defensa, votando de forma unánime
por la nulidad de la sentencia. El argumento central de la resolución
fue la falta de elementos que prueben la responsabilidad penal de los acusados y las acusadas
, echando por tierra todas las ambigüedades, suspicacias y hasta falsos
alegatos esgrimidos por la fiscalía a lo largo de su acusación.
El
trágico suceso acontecido el 15 de junio de 2012 tuvo como resultado la
muerte de 17 personas, además de la destitución del entonces presidente
paraguayo Fernando Lugo (2008-2012).
Los orígenes del conflicto
Como ya han señalado diversos estudios especializados, Paraguay se encuentra entre los países más desiguales del mundo en la distribución de tierras . Los grandes propietarios con más de 500 hectáreas constituyen solo el 2,6% del total, concentrando el 85,5% de las tierras .
En un contexto como este, la movilización y lucha fue siempre la única
vía para la obtención de las mismas por parte del campesinado. Como
afirma la referente campesina Perla Álvarez: «No hay asentamiento o comunidad en este país que haya nacido sin una ocupación previa» . Por tanto, las luchas en torno a las 1.748 hectáreas de Marina Kue , que derivaron posteriormente en la Masacre de Curuguaty, no escaparon a esta dinámica.
Desde el año 2004, las organizaciones campesinas de Curuguaty habían desarrollado gestiones ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) , solicitando el inicio de los trámites correspondientes para destinar las tierras de Marina Kue a la reforma agraria .
Las mismas, ubicadas en el municipio de Curuguaty a 300 kilómetros al
noreste de la capital paraguaya, estuvieron en constante conflicto
judicial por poco más de una década.
Como señala la historiadora Margarita Durán ,
en el año 1967 dichas tierras fueron entregadas por la Industrial
Paraguaya S.A. al Estado paraguayo para que fueran usufructuadas por la
Armada. Así, en el año 2004, el Poder Ejecutivo decretó su transferencia
al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para
ser destinadas a la reforma agraria. Pero esta transferencia no llegó a
concretarse debido a que la firma Campos Morombí, de la familia del
fallecido político colorado Blas N. Riquelme ,
planteó en los tribunales una demanda de usucapión aduciendo la
ocupación del terreno desde el año 1970. Si bien la empresa consiguió
una sentencia favorable en el 2005, la resolución fue muy conflictiva
atendiendo a que la usucapión se dio con argumentos falsos, tal como
apunta la profesora Durán.
En el año 2009,
la Procuraduría General de la República presentó una acción de nulidad,
buscando revertir la sentencia que favoreció a Campos Morombí . En
2012, ante el rechazo de la nulidad por parte del juzgado, la
Procuraduría apeló dicha acción ante la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, hasta el momento pendiente de resolución. Por su parte, la
empresa buscó una solución apresurada donando parte del inmueble al
Estado en carácter de Parque Nacional, siendo aprobada por el Congreso
en 2015. De esta forma, dicho inmueble dejaría de ser plausible de uso
para la reforma agraria. Colocando así a todo este conflicto en un territorio plagado de contradicciones jurídicas .
La masacre y sus derivaciones
Durante el largo proceso de disputa judiciales, el conflicto entre las
organizaciones campesinas, las autoridades y los organismos de seguridad
fue la constante. El día 15 de junio de 2012, un nuevo operativo
policial pretendió allanar el campamento de campesinos y campesinas sin
tierra, en el cual se encontraban unas 60 personas. Las tensas
tratativas que tuvieron lugar entre los ocupantes y 324 efectivos
policiales acabó en una balacera, cuyo origen aún resulta desconocido.
El lamentable resultado de este acontecimiento fue la muerte de 17
personas, 11 campesinos y 6 policías.
El desenlace inmediato de la Masacre de Curuguaty fue la interrupción abrupta del gobierno
del entonces Presidente Fernando Lugo. El líbelo acusatorio utilizado
para su destitución le imputó el incurrir en mal desempeño de sus
funciones, suscitar inestabilidad política e incitar una lucha de clases
sociales que trajo la masacre como resultado final. Ese acontecimiento
le sirvió como móvil principal a la oposición liderada por el Partido
Colorado, en alianza con el Partido Liberal y otros sectores, para
lograr el desplazamiento del poder del Presidente Lugo y de las fuerzas
progresistas que lo apoyaban.
El juicio del caso tuvo lugar
entre los años 2015 y 2016, dando como resultado la condena de 11
campesinos hallados culpables por el homicidio de 6 policías. No
obstante, durante el juicio no fue esclarecido el origen del primer
disparo, ni el asesinato de los campesinos. Pese a ello, la fiscalía
basó su acusación en la tesis de que los campesinos armados con
escopetas de caza emboscaron a más de 300 efectivos policiales usando de
cebo a mujeres y niños para crear un clima de confianza.
La relevancia de la absolución y las reacciones
Desde su origen, el caso Curuguaty fue objeto de denuncias por parte de
los diversos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y
políticas del país. Constituye, sin dudas, uno de los más claros y
graves casos violación de derechos humanos, garantías legales y
constitucionales en la historia reciente del Paraguay.
Como denunció la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), existieron evidencias claras de un juicio ilegal y parcial
. La relación del entonces fiscal de la causa, Jalil Rachid, con la
familia Riquelme propietaria de la empresa Campos Morombí, así como la
investigación de la muerte de los policías pero no las de los campesinos
son claros indicios de un proceso viciado de parcialismo. Se suma a lo
señalado la desaparición de pruebas clave para la causa, como fueron la
filmación realizada desde un helicóptero de la Policía Nacional y las
pruebas científicas que revelarían el tipo de proyectiles alojados en
los cuerpos de los caídos.
El proceso judicial plagado de irregularidades es, además, una muestra de cómo las profundas desigualdades sociales y económicas tienen su correlato en el desigual acceso a la justicia en Paraguay. Los testimonios recogidos por organismos de derechos humanos sobre el caso Curuguaty
dan cuenta de torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros atropellos a
los derechos humanos. Sin embargo, la absolución permite evidenciar los
límites que encuentra la arbitrariedad judicial ante la indignación,
protesta y lucha de las personas y organizaciones que tomaron la defensa
de las víctimas campesinas como bandera de justicia.
Asimismo,
la absolución de las personas condenadas por la Masacre de Curuguaty
tiene importantes derivaciones políticas. No solo cuestiona el proceso
llevado a cabo por jueces y fiscales que intervinieron en la causa, sino
que afecta la ya mermada credibilidad de los políticos que promovieron
el juicio político en contra del presidente Lugo alegando su
responsabilidad en el desenlace fatal. Por sobretodo, dejó en evidencia
la defensa acérrima de los intereses latifundistas por parte de los
agentes estatales, judiciales y parte de los medios de comunicación del
país.
Sin embargo, fiscales, legisladores y políticos no
tardaron en reaccionar ante el fallo de la Corte Suprema que anuló la
sentencia. El senador oficialista Javier Zacarias Irún, salió al paso acus ando de delincuentes a quienes estuvieron ese 15 de junio de 2012 en Curuguaty , seguro de que debían volver a la cárcel. La Fiscalía General, por su parte, respaldó a los fiscales que llevaron adelante esta causa fundamentando que se produjeron atropellos a la propiedad privada y atentados contra la vida.
¿Qué pasó en Curuguaty?
El
caso Curuguaty seguirá siendo, por mucho tiempo, una profunda y
dolorosa herida en la historia reciente del pueblo paraguayo. El Estado
tiene todavía enormes deudas en materia de derechos humanos y más aún
con los sectores más vulnerables de la sociedad, a quienes el acceso a
la justicia y las garantías procesales les son negados.
Sin
dudas, el reciente fallo es un haz de justicia en medio de tanta
arbitrariedad. No obstante, sigue firme la exigencia de justicia, verdad
y reparación por las muertes de los 11 campesinos, además de una
investigación imparcial de las muertes de los policías. En definitiva,
permanece más vigente que nunca la pregunta que viene repicando con
insistencia desde los tristes sucesos de junio de 2012: ¿qué pasó en
Curuguaty?
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