En el lapso de un mes,
entre inicios de mayo y junio del presente año, fueron asesinados siete
defensores comunitarios de derechos en sus respectivos territorios. Luis
Marroquín, Florencio Pérez, Alejandro Hernández y Francisco Munguía,
pertenecían al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Ramón Choc y
Mateo Chamam, defensores del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), y
Juan Xol Can defensor perteneciente a ambas organizaciones.
En
noviembre del pasado año, mientras CODECA realizaba un paro nacional de
dos días, fueron asesinados los defensores Antonio Pérez, en Quiché, y
Juan Cruz Jiménez, en Jutiapa. Durante dicha actividad, en Izabal, fue
arrollado y herido por un carro el defensor Vicente Calderón. Todas
estas muertes y agresiones siguen impunes.
Por esas fechas, en
Nebaj, Jacinto Brito, defensor y coordinador ixil de CODECA, fue
aporreado brutalmente por desconocidos, luego de salir de una reunión
sobre energía eléctrica.
Características socioculturales de las vícitmas
Todos
estos asesinatos (con excepción de Luis Marroquín) y agresiones
ocurrieron en el área rural. Los criminales son anónimos. No dejan
ningún mensaje o seña expresa del motivo de su crimen. Aunque por los
derechos que defendía las víctimas, y por los intereses que afectaba las
resistencias comunitarias, los sospechosos son más que evidentes.
Todas
las víctimas son indígenas y/o campesinos empobrecidos, con bajo grado
de escolaridad. Con familias imposibilitadas de emprender engorrosos
procesos penales para juzgar a los culpables.
La mayoría de
defensores, al momento de ser asesinados, ocupaban cargos en sus
estructuras organizativas de resistencia en sus territorios, frente a la
presencia o amenaza de empresas o fincas vecinas.
En los casos
de defensores asesinados pertenecientes a CODECA, todas las víctimas son
o fueron usuarios en resistencia en contra de los abusos de la empresa
distribuidora de energía eléctrica ENERGUATE.
En los casos de
defensores pertenecientes a CCDA, las víctimas defendían sus tierras
ante el avasallamiento por parte de finqueros.
Todos los
defensores asesinados de CODECA exigían públicamente al Estado la
nacionalización de la distribución de la energía eléctrica, mediante
acciones colectivas permanentes.
Contexto que explica en parte los hechos criminales
Desde
hace más de siete años atrás, la empresa distribuidora de electricidad
ENERGUATE, conjuntamente con los dos gobiernos nacionales de turno,
desprestigiaron/desprestigian al movimiento CODECA. Hasta casi
convertirlo en el “enemigo interno” del desarrollo del país en el
imaginario colectivo nacional.
Simultáneamente, ENERGUATE y la
empresa pública colombiana EEGSA procedieron a criminalizar (demandarlos
penalmente) a varios defensores principales y locales de CODECA por
delitos que jamás pudieron comprobar en juicio.
En 2012, el
Gobierno de Otto Pérez Molina, creó una fiscalía especial (integrada por
cinco agentes fiscales) para perseguir a todos cuantos organizan
acciones de resistencia exigiendo la nacionalización de la electricidad.
En dicha contienda desigual, entre empresas-Estado y usuarios
en resistencia, las empresas cometieron ilegalidades que incluso la
misma ONU determinó responsabilidad del Estado de Guatemala por
detenciones arbitrarias, en el caso del secuestro seguido del
encarcelamiento ilegal cometido contra el fundador y coordinados de
CODECA
Otto Pérez Molina, en su guerra frontal contra CODECA,
conceptualizó a este movimiento como: “Un cáncer social que crece
peligrosamente en el país”. Dijo que tenía más de 500 órdenes de
captura. Además, de crear la Fiscalía Especial contra el Hurto de
Fluidos.
El 2 de mayo pasado, el actual Presidente de la
República, Jimmy Morales, sentenció, ante una multitud de manifestantes a
su favor, que CODECA era una organización criminal. Días después, se
desencadenó los asesinatos exprés de defensores comunitarios. El
discurso presidencial fue perfomativo para la conducta criminal de los
asesinos. Y la impunidad continúa siendo un estímulo para seguir
eliminando más defensores incómodos a las empresas.
¿A quién debe investigar el Ministerio Público?
El
Ministerio Público, si es consecuente con sus promesas para la defensa
de defensores de derechos, por estas y otras muertes, debe investigar
inmediatamente a las empresas distribuidoras de la energía eléctrica,
ENERGUATE y EEGSA, que sistemáticamente criminalizan y difaman a
defensores de CODECA.
Dos sobrevivientes del asesinato de Juan
Xol Can, según sus testimonios, identificaron a dos trabajadores de la
cooperativa FEDECOVERA entre los atacantes armados.
Debería de
investigar también al Presidente Jimmy Morales por el discurso de odio
que reiteró el 2 de mayo en contra de CODECA. Ese discurso, según los
principales coordinadores de CODECA, activó/motivó los asesinatos
selectivos contra defensores.
Otra entidad que abiertamente
ataca a defensores, desde los medios corporativos de información, es la
Cámara del Agro-CACIF. Estas organizaciones empresariales deben ser
investigados también por dichos asesinatos.
En el caso del
asesinato de Luis Marroquín, ya es de conocimiento público el informe de
la pericia policial. En dicho informe se identifica al Alcalde del
Municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, y a sus dos guarda espaldas
armados, en el vehículo desde donde acribillaron al defensor, minutos
después del suceso.
Después de observar en los territorios los
diferentes casos de asesinatos, concluimos que ningún delito se consumó
fortuitamente. Estos datos nos indican que los predadores de defensores
de derechos, ante el fracaso de sus tácticas y estrategias de ataque
mediático y legal previos, están migrando de la
difamación/criminalización, hacia la eliminación física selectiva de
defensores para frenar procesos de acciones de resistencia en las
comunidades.
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