No se debe descartar —
puesto que se ha utilizado sistemáticamente— que el último recurso con
que cuenta el régimen partidocrático autoritario mexicano encabezado por
el PRI-gobierno y el PAN es el fraude electoral recurrente.
Prácticamente en todas las anteriores elecciones presidenciales ha
ocurrido esto sin obviar, por supuesto, la última que se verificó en el
Estado de México (4 de junio de 2017) y que le otorgó la gubernatura al
primo tercero de Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, con el 33.56% del
total de los votos, sin que la ganadora puntera del partido MORENA,
Delfina Gómez Álvarez (con 30.78%) hiciera siquiera un gesto para
denunciar y movilizar a su electorado que fue el que verdaderamente
experimentó sus nefastos efectos. De aquí que el PRI esté acostumbrado a
practicar esta ominosa conducta porque sabe que no va a ocurrir
absolutamente nada dado el control del poder político que ejerce el
Estado en sus diversos niveles: federal, estatal y municipal, sobre todo
de los poderes judiciales del país.
Lo anterior, como lo sabe
cualquier ciudadano de cualquier clase social (burgués, proletario,
campesino, estudiante, profesor o indígena) porque el fraude es casi una
ley implantada, incluso en la conciencia social, no escrita, de
imposición e impunidad en México que goza de todas las garantías, entre
ellas, la impunidad utilizada sistemáticamente por la burocracia
política que representa los intereses del capitalismo dependiente y
subdesarrollado mexicano para socavar la voluntad popular y garantizar
su dominación de clase. Al respecto, es sintomático y significativo que
el mismo candidato del régimen neoliberal a la presidencia de la
República, el tecnócrata Antonio Meade, ex-secretario de Hacienda en los
regímenes del PRIAN y ex-secretario de SEDESOL entre otros cargos
burocráticos, además de ser el artífice de los gasolinazos que
dispararon la inflación en el país, y de ubicarse en el tercer lugar en
el promedio de todas las encuestas levantadas en los últimos seis meses
(hasta por 30 puntos respecto al puntero) esté tan seguro de que va a
obtener la presidencia para darle continuidad al actual "modelo" de
explotación y expoliación social del régimen político mexicano
neoliberal.
De este modo no es casual que el actual presidente
nacional del PRI, René Juárez Cisneros —nombrado a dedazo por el
Presidente de la República y por su candidato a la presidencia—
ex-gobernador del Estado de Guerrero y auténtico dinosaurio de ese
partido que no hizo nada para combatir al crimen organizado durante su
administración en su entidad, declaró sin ambages que seguirán el
"modelo" electoral del Estado de México y de Coahuila para afianzar el
"triunfo" de su candidato "pepe Meade" como él lo llama.
Nosotros hemos indicado (en: "Las elecciones presidenciales en el México
neoliberal: tres (posibles) escenarios",
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=242261), que no es remoto que en
México se aplique el "modelo" de las pasadas elecciones de Honduras (26
de noviembre de 2017) donde operó un golpe de Estado institucional
mediado por el estado de sitio y la represión para imponer al impopular y
repudiado candidato oficial que era el mismo presidente de la
República, Juan Orlando Hernández. Y hacia allá apunta, por ejemplo, la
recién aprobada Ley de Seguridad Nacional que faculta al ejecutivo en
turno a usar a las fuerzas armadas en caso de que "sea necesario" bajo
la justificación de la lucha contra el crimen organizado, de tal manera
que los "militares y marinos podrán intervenir en estados y municipios
'rebasados' por el crimen organizado". Aquí puede muy bien leerse y
sustituir "crimen organizado" por "pueblo organizado" que no es
infrecuente en nuestro país.
No existe, por ende, ningún
argumento sólido para afirmar que esto no pudiera ocurrir eventualmente
en México en un escenario hipotético de triunfo de un candidato y fuerza
distintos a las coaliciones que conforman el actual bloque neoliberal
encabezado por el PRI, el PAN y el PRD, el llamado PRIANPRD. Y esto
sencillamente porque el actual bloque de poder burgués, como lo llama
Gramsci, está altamente comprometido con el gran capital trasnacional y
con las enormes y gigantescas empresas trasnacionales, principalmente
norteamericanas, a quienes prácticamente les ha entregado los recursos
naturales del país bajo el comando de sus intereses estratégicos y
geopolíticos enclavados hegemónicamente en los del imperialismo
norteamericano que es amo y señor del gobierno mexicano y de las
diversas fracciones de clase del llamado "empresariado" mexicano que es
más bien, en rigor, una auténtica lumpenburguesía (Gunder Frank)
completamente alineada y subordinada a dichos intereses y que a ellos
obedece tanto su reproducción como clase, como su permanencia dentro del
sistema de dominación propio del capitalismo dependiente mexicano.
De este modo el subterfugio del fraude electoral es, pues, el recurso
dorado celosamente guardado por el régimen para impedir su
desplazamiento de la presidencia de la república y de la (remota)
posibilidad de que su "modelo" neoliberal" pueda ser modificado en
función de intereses que no sea los propios de la lumpenburguesía y de
la burocracia hasta ahora gobernante. En este sentido las llamadas
"reformas estructurales" de naturaleza neoliberal del régimen
peñanietista impulsadas por el PRIAN y el PRD son santuarios de oro que
deben celosamente preservar a cualquier precio.
Es importante
aclarar que ninguna de las fuerzas coaligadas y sus candidatos en
contienda por el botín de la presidencia representa los intereses del
pueblo y de las clases proletarias mayoritarias de la población de
México.
El discurso oficial, el de los medios corporativos de
comunicación, de los intelectuales orgánicos del sistema y de los
partidos políticos registrados solamente utiliza un lenguaje mediático y
descriptivo para "analizar" el actual proceso electoral destacando, por
ejemplo, que compiten "tres proyectos": el oficial, el de PAN y el de
MORENA que hacen "propuestas" distintas en materia de empleo, salarial,
de seguridad pública o en materia de inversiones y corrupción, etcétera,
borrando sin embargo, el carácter y naturaleza de clase que esas
fuerzas representan en el México neoliberal.
Una primera
aproximación que hacemos nosotros en aras de aclarar lo anterior es que
en el plano formal, es decir, estatal-institucional, compiten dos
fuerzas esencialmente de derecha: el PRI y el PAN al que se agrega el
PRD, y a su "izquierda" tercia la coalición de MORENA-PT-PAS encabezada
por su candidato Andrés Manuel López Obrador.
En términos
sociopolíticos la primera representa los intereses de la "burguesía"
dependiente monopolista a la que hasta ahora ha servido desde la época
en que se instauró y consolidó el neoliberalismo en México (desde 1982…)
y la segunda, a algunas fracciones de esta misma, además de a otros
intereses propios de las clases explotadas y dominadas como las
empobrecidas clases medias, la pequeña burguesía del campo y la ciudad,
pequeños, medianos y microempresarios descontentos agobiados por los
altos impuestos que tributan al Estado, masas de trabajadores
precarizados y superexplotadas por el capital, jubilados y pensionados
con salarios miserables cercanos a la pobreza y sectores populares como
pequeños comerciantes y ambulantes informales que la apoyan, ya sea
voluntariamente o corporativamente mediante prebendas o dádivas que les
permiten sobrevivir en condiciones miserables e insalubres. Por ello
estas mayorías sociales han encontrado en el candidato opositor al
régimen del PRIAN y de la "mafia del poder" (una especie de contubernio
entre empresarios y políticos corruptos) un canal idóneo para manifestar
su descontento y hartazgo frente a la corrupción, la impunidad y la
miseria en que los ha sumido el régimen de gobierno del PRIAN durante
los últimos 18 años, situación ante la cual brillan por su ausencia
propuestas siquiera mínimas para intentar solucionarla, si no es
mediante más y más recetas neoliberales de naturaleza fondomonetarista
de ajuste estructural, reformas infames, alza de impuestos, crecimiento
del endeudamiento externo, privatizaciones, desempleo y férrea
contención de los salarios de los trabajadores.
No es tanto que
esta última opción electoral sea elegida específicamente por tal o cual
agrupación política con la que se identifique ideológicamente porque
generalmente esas ideologías son difusas y eclécticas; sino por la
situación desesperada de no encontrar tregua ante la crisis económica
del país, el vendaval de impuestos y alza constante de los precios de
primera necesidad que consume la enorme mayoría de la población, en
particular la fuerza de trabajo; el crecimiento de la violencia y la
inseguridad prácticamente en todo el país y, aún, en la Ciudad de México
donde últimamente ha visto incrementarse el número y la actividad de
los grupos delictivos, incluso, en instituciones educativas como la UNAM
por los cárteles de la droga, conocidos como "narcomenudistas" que,
según diversas fuentes, mantienen lazos con los grandes cárteles que
operan a nivel nacional y regional; los constantes y multiplicados
feminicidios, los secuestros, robos a casas habitación, crímenes del
orden común y ante la total complacencia de las autoridades federales,
estatales y municipales, muchas de las cuáles están comprometidas con
dichos grupos de la delincuencia organizada e interactúan con ellos como
muestra fehacientemente el caso de los 43 estudiantes desaparecidos
hasta la fecha en Iguala, Guerrero.
Por otro lado, ante el
probable triunfo de López Obrador — por supuesto sí y sólo sí esta vez
el régimen respeta los resultados de las votaciones del 1º de julio— los
neoliberales orgánicos del sistema están proponiendo en los medios
corporativos el “voto diferenciado”: te dicen cínicamente que si votas
por AMLO como presidente vota por otros candidatos a diputados y
senadores de “otros partidos” es decir los del PRIAN, para evitar que el
triunfador tenga mayoría en el Congreso de la Unión con el fin de
frenar el “presidencialismo autoritario”. Bonita manera de inducir el
voto y respetar la democracia burguesa representativa que supuestamente
garantiza la voluntad popular. Así lo ha hecho en medios de comunicación
y en las redes sociales un escritor conservador de derecha, Enrique
Krauze (véase Proceso 2171, 14 de junio de 2018) al
"convocar-inducir" a la ciudadanía a votar diferenciadamente, "voto
dividido" le llama, con el fin, dice, de "limitar el poder absoluto del
presidente" como ocurrió, agrega, en el siglo XX donde las cámaras de
senadores y de diputados constituían un "órgano servil del presidente".
En vez de atribuir dicho poder al carácter de clase del Estado según los
clásicos como Marx, Lenin y Gramsci que develan la verdadera naturaleza
de esta maquinaria estatal-corporativa-burocrática que sirve
esencialmente a la clase dominante, el escritor de marras atribuye
"excesos" como "…la matanza de Tlatelolco por Díaz Ordaz, la represión
al periódico Excélsior por Luis Echeverría Álvarez, la quiebra del país
por José López Portillo y la corrupción impune por Carlos Salinas de
Gortari", a un solo hombre. Así, con subterfugios propios del discurso
que es incapaz de indagar la esencia de los fenómenos sociales y
humanos, evade que los sucesivos gobiernos del PRIAN (PRI-PAN) hasta la
actualidad (2018) no sólo son represivos y autoritarios sino que han
constituido, en los hechos, y estratégicamente, en el capitalismo
neoliberal, una fuerte amalgama típica del "poder absoluto del
presidente" como lo prueba la elaboración y posterior aplicación por el
dócil Congreso de la Unión de las llamadas "reformas estructurales" que
sumieron al país en la crisis y en el callejón sin salida en que
actualmente se encuentra. Al respecto, el mecanismo instrumentado por el
presidente y por la partidocracia (incluyendo al PRD) fue el llamado Pacto por México
creado el 2 de diciembre de 2012 a iniciativa del ejecutivo federal
donde se cocinaron y procesaron dichas reformas privatizadoras de corte
fondomonetarista.
Y esto no es nuevo. La política populista de
los "pactos corporativos", colaboracionista y cupular ha sido una
práctica constante en la historia de México, desde el período del
llamado nacionalismo revolucionario hasta la actual época neoliberal.
Fue ampliamente utilizada por los gobiernos priistas desde por lo menos
la década de los setenta del siglo pasado, y también por los dos
gobiernos panistas de la década de dos mil (2000-2012) y, finalmente,
por el actual de naturaleza priista. Su objetivo general siempre ha sido
el de imponer, utilizando todos los medios a su alcance, los intereses
del partido en el poder en la sociedad, en la política y en la dinámica
de los procesos de acumulación y reproducción del capital afines al
incremento de la tasa de ganancia y de los intereses estratégicos de las
clases dominantes del país y del capital extranjero.
Por
supuesto el intelectual orgánico del régimen neoliberal partidocrático,
Enrique Krauze, ignora todo esto y de ello no dice absolutamente nada
(si se quiere profundizar en este tema véase mi libro: México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis, Editorial ITACA-FCPyS-UNAM, México, 2014).
Este dócil y acomodaticio intelectual a modo del sistema capitalista
neoliberal esconde que en México nunca hubo transición a la famosa
democracia desde que obtuvo el PAN por vez primera la presidencia en el
año 2000 durante el período conocido como "la docena trágica"
(2000-2012). Por eso insistimos en que, en México, nunca hubo lo que se
ha denominado "transición a la democracia", que supuestamente ocurrió
cuando la derecha del Partido Acción Nacional (PAN), ganó la elección
presidencial, por vez primera después de 71 años de dominación priista,
en el año 2000, sencillamente porque no se desmanteló el tradicional
sistema político mexicano fundado en el autoritarismo, el
presidencialismo y en el corporativismo que domina burocráticamente a
las principales organizaciones obreras, campesinas y populares que
siguen manteniendo a dicho sistema. Lo que sí ocurrió fue lo que
llamamos una transición pactada y negociada entre los miembros y
partidos de la partidocracia mexicana, a tal grado de que en la
coyuntura electoral del año 2000, fue precisamente el presidente
saliente, Ernesto Zedillo, connotado miembro del PRI, quien anunció sin
cortapisas el triunfo del candidato presidencial de la derecha, Vicente
Fox. A partir de aquí no ocurrió nada más que continuar con las
políticas neoliberales inauguradas sistemáticamente, dieciocho años
antes, por el presidente, también del PRI, Miguel de la Madrid en 1982.
Esta continuidad evidentemente ha sido garantizada por el régimen
peñanietista que deja al país con una exorbitante deuda externa, pública
y privada, superior al 40% del PIB y que, por supuesto, tendrá que
afrontar el próximo gobierno que emerja de la elección presidencial.
Ante el rotundo fracaso de las reformas estructurales instrumentadas
por el régimen peñanietista donde difícilmente en su sexenio (2012-2018)
el crecimiento económico superará 2% de acuerdo con diversas
proyecciones (este tema se puede ver en mi libro: México (des)cargado: del mexico's moment al mexico's disaster
, ITACA- Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas ( FISYP ) de
Argentina -Posgrado en Estudios Latinoamericanos-UNAM, México, 2016),
los representantes de las cúpulas empresariales como la COPARMEX y el
Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, exigen mantener el actual
modelo económico dependiente neoliberal que salvaguarda y reproduce sus
intereses de clase y empresariales. No cuestionan en sí las reformas
estructurales, sino que plantean que son "perfectibles" debido a que,
según ellos, han sido enormemente "benéficas" para México (¿?), sin
considerar, por supuesto, el incremento en el país del desempleo
abierto, de la pobreza y de la pobreza extrema, la existencia de
bajísimos salarios que perciben más de la mitad de la población
trabajadora, así como la naturaleza precaria de los empleos que se
enorgullecen de haber creado y que evidentemente para el trabajador
común de ninguna manera satisfacen sus prerrogativas laborales y sus
necesidades básicas.
Sin perder de vista que ninguna de las
coaliciones en contienda se plantea modificar la estructura del
capitalismo en México — como hemos argumentado en otra ocasión ("Las
elecciones presidenciales en el México neoliberal: tres (posibles)
escenarios", en La Haine, 30 de mayo de 2018: https://www.lahaine.org/las-elecciones-presidenciales-en-el)
– y en esto las tres coaliciones tienen un denominador común – sin
embargo, en el plano en materia de política económica y social, si se
advierten diferencias que vale la pena brevemente señalar.
En
primer lugar, es posible distinguir en la actual coyuntura
político-electoral dos proyectos o dos propuestas entre las coaliciones:
una es la neoliberal, que es más de lo mismo, representada por el PRI y
el PAN con los partidos menores que los apoyan. Implica continuidad de
las reformas estructurales, los programas de dádivas a los trabajadores,
por ejemplo, aumentar 20 pesos a los salarios mínimos, "crear empleos"
sin mencionar cuantos ni la naturaleza de su calidad; repartir tabletas a
los niños de las escuelas primarias, etcétera, pero obviamente sin
modificar la esencia de las políticas privatizadoras, de austeridad
social y de fuerte dependencia económica del país al capital
internacional, ni mucho menos el sistema capitalista al que se deben.
El proyecto que podemos denominar neo-desarrollista enfatiza una
política nacional de desarrollo centrada en el combate radical a la
corrupción que, según el candidato de la Coalición Juntos Haremos
Historia, implica el robo de alrededor de 500.000 millones de pesos por
año. Esta cantidad, se destinaría al desarrollo de la salud, la
educación, los programas de vivienda y otros satisfactores básicos para
la vida de las grandes mayorías.
Es decir, se trata de un
proyecto que replantea el retorno de la rectoría del Estado como
elemento impulsor de proyectos de desarrollo económico-social tales como
impulsar el mercado interno a partir de políticas públicas que
incrementen los salarios de los trabajadores; desarrollar las refinerías
— desmanteladas por el neoliberalismo en beneficio de las importaciones
y la privatización de los energéticos — en el país con el objeto de
reducir la dependencia de la importación de gasolina (actualmente se
importa del exterior alrededor del 70% del consumo nacional).
En un país petrolero como México, paradójicamente cada vez más
dependiente de las importaciones energéticas y alimentarias,
evidentemente esa coalición plantea revisar los contratos que hasta
ahora se han signado con empresarios nacionales y extranjeros, aunque no
se plantea anular la reforma privatizadora energética realizada por el
actual gobierno neoliberal.
Lo mismo ocurre con la mal llamada
"reforma educativa" cuya anulación han demandado los trabajadores de la
educación y que impuso a sangre y fuego el régimen peñanietista contra
los trabajadores mexicanos de la educación al tratarse, más que de una
reforma educativa en stricto sensu encaminada a resolver los
grandes y graves problemas nacionales de nuestro país, de una reforma
laboral regresiva y punitiva que se ajusta a los cánones neoliberales
del mercado, la competitividad capitalista y a los imperativos de la
rentabilidad general del capital.
Y así podemos encontrar una
serie de propuestas que obviamente, en el eventual caso de que el
candidato puntero logre convertirse en presidente electo, no se sabe si
realmente se van a cumplir, pero en todo caso ello dependerá ya no tanto
del gobierno, sino de la movilización popular y de la lucha social que
emprendan los trabajadores y demás clases explotadas y oprimidas de la
sociedad mexicana. Nada se va a dar de manera gratuita como muchos
esperan de sus "representantes", sobre todo en el entendido, que ya
hemos enfatizado en otras ocasiones, de que de ninguna manera dicha
coalición (MORENA) ha planteado siquiera transitar o instaurar el
socialismo en México — a veces se tilda de traidor a un gobierno o líder
que nunca ha hecho semejante planteamiento —; sino apenas impulsar una
"cuarta transformación de México" que ocurriría después de la primera
que correspondió a la época de la Independencia, de la segunda,
correspondiente a la etapa histórica de la Reforma y, por último, a la
Revolución, y que en todo caso implicaría recuperar un poco de la
soberanía nacional cedida incondicionalmente por los liberales de toda
estirpe al imperialismo, pero en el contexto de un capitalismo
dependiente neodesarrollista que, como en la época de la
industrialización sustitutiva de importaciones, combinó Estado y mercado
capitalista que tanto irritó a los neoliberales de entonces.
Alternativas socialistas y anticapitalistas se darán en México desde
abajo por la izquierda y el pueblo y la clase obrera organizada fuera de
los cánones corporativos del Estado y el capital. Pero por lo pronto
dicha izquierda existe desarticulada entre sí y extremadamente
fragmentada por todo el territorio nacional, sin condiciones de
construir un proyecto estratégico alternativo capaz de rebasar las
políticas neoliberales y/o desarrollistas que están vigentes en América
Latina, con excepción de Cuba, para construir una nueva formación social
con un modo de producción, de vida y de trabajo verdaderamente
socialista y humano.
Adrián Sotelo Valencia, Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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