La Jornada 
 Amplios sectores de la 
sociedad argentina protagonizaron ayer un paro general en contra de la 
brutal política económica que ha venido aplicando el presidente Mauricio
 Macri desde el primer día de su mandato, que ha resultado desastrosa 
para la mayoría de los habitantes del país, especialmente para los 
asalariados, y que se ha traducido en inflación, deterioro salarial, un 
aumento generalizado del desempleo, la pobreza y la pérdida de derechos 
laborales.
Amplios sectores de la 
sociedad argentina protagonizaron ayer un paro general en contra de la 
brutal política económica que ha venido aplicando el presidente Mauricio
 Macri desde el primer día de su mandato, que ha resultado desastrosa 
para la mayoría de los habitantes del país, especialmente para los 
asalariados, y que se ha traducido en inflación, deterioro salarial, un 
aumento generalizado del desempleo, la pobreza y la pérdida de derechos 
laborales.
Convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y respaldada
 por el conjunto de las centrales sindicales y asociaciones gremiales y 
de pequeños empresarios y comerciantes, así como por agrupaciones de 
académicos e intelectuales y partidos de oposición, la medida de 
protesta paralizó el transporte público, los servicios bancarios, miles 
de comercios y diversas actividades de productivos. El paro recibió 
incluso el respaldo de la jerarquía católica por voz del presidente de 
la Comisión Episcopal, el obispo Jorge Lugones, quien señaló que 
cuando en una democracia hay pobres (que) pasan hambre viviendo en condiciones infrahumanas, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no está funcionando bien.
En efecto, en los dos años y medio que lleva en el cargo, Macri ha 
llevado la economía a una situación de catástrofe para las mayorías, con
 un 95 por ciento de inflación en lo que va de su mandato, un 
endeudamiento monumental del sector público, centenares de miles de 
despidos y pérdida generalizada de derechos y conquistas laborales, 
programas sociales y servicios médicos y educativos, todo ello, bajo las
 instrucciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), reintroducido 
como autoridad económica en el país tras la derrota electoral del 
peronismo kirchnerista, y que en noviembre de 2016 emitió cinco 
recomendacionesque han sido seguidas al pie de la letra por el actual gobierno de derecha: reducir beneficios de la seguridad social, aumentar la edad de las jubilaciones y reducir sus montos, incrementar el número de afiliados a la seguridad social –lo que provocó una precarización sin precedente de las condiciones laborales– y reducir al mínimo la política social.
Pero el descontento expresado ayer en forma contundente con la
 paralización de buena parte de las actividades productivas va más allá 
de la tragedia económica causada por la regresión de Argentina a las 
modalidades más crudas del neoliberalismo: con ella han venido 
aparejados fenómenos de descomposición institucional insoslayables, como
 el autoritarismo represivo ha caracterizado a Macri, el nepotismo de 
sus colaboradores, una corrupción flagrante en las oficinas públicas y 
un gravísimo deterioro en materia de derechos humanos.
En tales circunstancias, el presidente tendría que tomar el paro 
realizado ayer como una señal de alerta sobre su peligroso acercamiento a
 los límites de la gobernabilidad y emprender un viraje general en su 
forma de gobernar y en su proyecto económico que ya resultan 
intolerables para la mayor parte de los argentinos. De no hacerlo, Macri
 podría estar llevando a la nación austral por un camino de 
inestabilidad de consecuencias imprevisibles.
 
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