The Bullet
| Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos |
En 1979 un
levantamiento popular encabezado por el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) derrocó a la dictadura de la familia Somoza, a la que
respaldaba Estados Unidos y que había gobernado Nicaragua desde la
década de 1930, y en 1984 los sandinistas y su candidato presidencial
Daniel Ortega obtuvieron una victoria aplastante en las primeras
elecciones libres celebradas en el país en décadas. Los sandinistas
introdujeron un importante programa de redistribución de la tierra y un
aumento significativo de los servicios de sanidad pública y educación.
Sin embargo, los logros iniciales se vieron socavados por el impacto de
una oposición armada (la “contra”) organizada y promovida por Estados
Unidos, el colapso de los precios internacionales de las materias
primas a principios de la década de 1980 y los errores de la política
sandinista, incluido un excesivamente ambicioso programa de inversiones a
gran escala.
En 1990 una población cansada de la guerra voto a
una amplia coalición liderada por Violeta Chamorro, viuda de un
distinguido periodista asesinado por orden de Somoza. El G obierno de
Chamorro siguió una política de reconciliación nacional pero para
obtener una muy necesitada financiación el Fondo Monetario Internacional
(FMI) este le obligó a adoptar políticas económicas excepcionalmente
austeras. Tras un relanzamiento del crecimiento económico a mediados de
la década de 1990 Arnoldo Alemán, un populista de derecha que
posteriormente fue condenado a diez años de cárcel por corrupción, ganó
las elecciones de 1996. En 2001 lo sucedió quien había sido su
vicepresidente, Enrique Bolaños, un líder empresarial ferozmente
antisandinista.
Tras la derrota sandinista de 1990 muchos
activistas abandonaron el partido debido a su disconformidad con el
liderazgo de Ortega y a la falta de democracia interna en el partido.
Algunas personas formaron un pequeño grupo disidente, el Movimiento
Renovador Sandinista (MRS), mientras que otras se involucraron en
proyectos locales de desarrollo y en la creación de un movimiento
independiente de mujeres. Sin embargo, en 2006 los indisciplinados
partidos liberal y conservador no lograron ponerse de acuerdo para
presentar conjuntamente un candidato a las elecciones presidenciales, lo
que permitió a Ortega (que se había presentado a cada una de las
elecciones desde la década de 1980) ganarlas con una minoría de votos.
A
pesar de que la Constitución prohíbe los mandatos presidenciales
consecutivos, la Comisión Electoral autorizó a Ortega presentarse de
nuevo a las elecciones presidenciales de 2011 y fue reelegido
presidente. Posteriormente la Asamblea Nacional con mayoría sandinista
aprobó un cambio constitucional para permitir los mandatos
presidenciales consecutivos y en 2016 Ortega se volvió a presentar a las
elecciones presidenciales, esta vez con su esposa, Rosario Murillo,
como candidata a la vicepresidencia. Poco antes de las elecciones, se
privó a los principales candidatos de la oposición de su derecho a
presentarse a las elecciones, lo que permitió a Ortega y Murillo una
victoria segura.
El nexo familia-partido-Estado
Desde que
Ortega volvió a asumir la presidencia en 2007 ha gobernado gracias a una
estrecha alianza con los principales grupos empresariales de Nicaragua.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal
organización empresarial privada, había tenido una relación
extremadamente conflictiva con el Gobierno sandinista en la década de
1980, pero mantiene una relación muy estrecha con el Gobierno actual. La
American Chamber of Commerce [Cámara Estadounidense de Comercio], que
incluye a las principales empresas estadounidenses del país, también ha
trabajado estrechamente con el Gobierno, aunque después de una elección
muy reñida a principios de 2018 el presidente de la filial nicaragüense
de Cargill fue nombrado presidente después de hacer campaña a favor de
emprender una trayectoria más independiente. El Gobierno también ha
podido contar con el apoyo de los líderes de los principales sindicatos,
que están afiliados al FSLN.
Ortega ha intentado asegurarse de
que no surja ninguna fuerza política a la izquierda y el disidente MRS
no se pudo registrar para las elecciones en 2016. Hay muchos partidos de
derecha, pero son pequeños y en muchos casos son poco más que feudos
personales de sus líderes. Uno de los partidos más grandes, el Partido Liberal Constitucionalista
(PLC), que ganó las elecciones en 1996, ha proporcionado apoyo a Ortega
desde principios de la década de 2000, inicialmente bajo un “pacto” que
permitió a su líder, Alemán, cumplir en su hacienda la pena de cárcel a
la que fue condenado por corrupción.
La otra agrupación importante de derecha, el Partido Liberal Independiente
(PLI), fue la fuerza líder de un frente electoral que podría haber sido
la oposición más seria a Ortega en las elecciones de 2016. Sin embargo,
esta oposición quedó minada unos meses antes de las elecciones cuando
el Tribunal Supremo del país, dominado por personas nombradas por los
sandinistas, entregó el control del partido a un grupo minoritario. Los
candidatos originales del partido a la presidencia y vicepresidencia no
se pudieron presentar y sus 28 representantes en la Asamblea Nacional
tuvieron que renunciar a sus escaños. Desde entonces el que fuera
durante mucho tiempo líder del PLI, un banquero, se ha retirado y
algunos exmiembros del partido han fundado dos organizaciones políticas
nuevas: Ciudadanos por la Libertad ( CxL), que fue reconocido legalmente en mayo de 2017 y más tarde ese mismo año participó en las elecciones municipales; el Frente Amplio por la Democracia
(FAD), en cambio, considera que las actuales elecciones son un farsa y
se ha centrado en crear un nuevo movimiento desde la base hacia arriba.
En
las elecciones generales de 2016, cuando los principales candidatos del
FSLN, Daniel Ortega y Rosario Murillo, obtuvieron el 72 % de los votos,
se informó de que había habido una baja participación ya que al parecer
muchas personas, incluidas quienes eran partidarias del FSLN,
consideraban que el resultado estaba preparado de antemano. En las
elecciones a la Asamblea Nacional el FSLN obtuvo 70 de los 91 escaños y
14 escaños fueron para la domada oposición a Ortega, el PLC.
El
propio Ortega hace relativamente pocas apariciones públicas y según
informes no oficiales tiene problemas de salud. Rosario Murillo, que ya
desempeñaba un papel importante coordinando el trabajo de los diferentes
ministros del Gobierno, desempeña un papel cada vez más importante
gestionando día a día el gobierno del país. Murillo hace ahora
prácticamente todos los anuncios ministeriales, generalmente durante un
programa regular de radio a medio día, y se exige a los alcaldes de los
municipios controlados por el FSLN que asistan a reuniones regulares con
ella en Managua. Murillo también ha creado una sólida base de apoyo en
el movimiento juvenil sandinista, que cuenta con una fuerte presencia en
las universidades.
En las elecciones municipales de 2017 el FSLN
ganó en 135 municipios, mientras que el PLC ganó en 11 y el nuevo
partido, el CxL, en 6. Sin embargo, al igual que había ocurrido en las
anteriores elecciones municipales, hubo denuncias generalizadas de
irregularidades y en 2017 se ocultó el índice de apoyo a los diferentes
partidos ya que solo se publicaron las cifras de la proporción de votos.
En la parte más poblada del país a lo largo del Pacífico el FSLN obtuvo
una aplastante victoria aunque la participación fue baja; en las zonas
rurales del centro, donde la contra había tenido una base social en la
década de 1980, el PLC y el CxL obtuvieron sus mejores resultados; en la
poco poblada zona del Caribe el partido local con base indígena también
obtuvo apoyo aunque las elecciones se vieron empañadas por la violencia
entre los partidarios de los grupos rivales (1). Al parecer algunos
miembros veteranos del FSLN también están descontentos por el hecho de
que Rosario Murillo introdujera un procedimiento centralizado para
seleccionar a los candidatos que supuestamente favorecía a sus
partidarios más jóvenes (2).
La OEA y Estados Unidos
En
respuesta a las acusaciones de irregularidades electorales el secretario
general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro
se reunió con Ortega en febrero de 2017. Para decepción de los críticos
de Ortega, Almagro concedió a este último cuatro años para rectificar
las deficiencias del sistema electoral del país. Ortega se encuentra
bajo una fuerte presión internacional para responder a la OEA pero dado
que inesperadamente perdió las elecciones en 1990, parece decidido a
hacer el mínimo de concesiones necesarias para apaciguar las críticas
externas con el fin de asegurarse su victoria o la de algún sucesor
designado por él en las elecciones de 2021.
Como quizá era de
esperar, el Gobierno de Estados Unidos y su embajador en Nicaragua han
sido los principales críticos del una vez izquierdista presidente de
Nicaragua y su régimen. Las autoridades estadounidenses han llamado la
atención acerca de lo que consideran “regularidades significativas” en
las elecciones nacionales y locales en Nicaragua desde 2011 y tras las
elecciones nacionales de 2016 congresistas estadounidenses de los dos
partidos principales propusieron la Ley de Condicionalidad de la
Inversión en Nicaragua para exigir a los representantes estadounidenses
en el Banco Mundial y en Banco de Desarrollo Interamericano votar en
contra de aprobar cualquier préstamo a Nicaragua. La Cámara de
Representantes aprobó esa ley en octubre de 2017 y se necesita la
aprobación del Senado para entrar en vigor. Mientras tanto, la Agencia
Estadounidense de Ayuda Internacional, que ha estado proporcionado unos
10 millones de dólares al año en ayuda al desarrollo, incluyó solamente
200.000 dólares para Nicaragua en su presupuesto de 2017-2018 y nada en
absoluto para los años siguientes (3).
En una medida más directa
en diciembre de 2017 Estados Unidos utilizó la Ley Global Magnitsky
para prohibir a Robert Rivas, presidente de la Comisión Electoral de
Nicaragua, el uso de los servicios bancarios en Estados Unidos. Hasta
entonces esta ley solo se había utilizado contra funcionarios de los
Gobiernos ruso y venezolano. De forma inexplicable Rivas había acumulado
muchas propiedades de lujo en Nicaragua, Costa Rica y París. Ha sido un
estrecho aliado de Ortega y aunque desde entonces sus funciones se han
transferido oficialmente a su sustituto, aunque se le ha permitido
mantener el título de presidente de la Comisión Electoral.
La
policía y el ejército nicaragüenses fueron refundados después de la
Revolución de 1979 y durante mucho tiempo gozaron de una reputación
inusualmente buena debido a su honradez. Sin embargo, en los últimos
diez años han aumentado las quejas, en particular respecto a la policía
(4). Lo que quizá sea más grave es que también existe el temor de que se
esté debilitando la independencia de ambas instituciones. Tanto la
policía como el ejército habían establecido procedimientos para que los
oficiales de alto rango cumplieran un mandato y después pasaran a
jubilarse. No obstante, la Asamblea Nacional ha anulado y posteriormente
cambiado las normas referentes a la jubilación en ambas instituciones y
los actuales titulares están ejerciendo su tercer mandato consecutivo.
Se teme que eso haya reducido su independencia y al menos da la
impresión de que están en deuda con Ortega.
Los medios de
comunicación más importantes de Nicaragua son la televisión y la radio, y
la inmensa mayoría están en manos de dos grupos que controlan entre
ellos 10 canales de televisión. Uno de los grupos es propiedad del
empresario mexicano Angel González, cuyos canales se dedican de forma
predominante al entretenimiento y evitan las polémicas políticas; el
otro grupo está controlado por la familia Ortega y transmite lo que se
ha descrito como una mezcla de propaganda oficial, periodismo
sensacionalista y entretenimiento de masas. La única excepción es el
Canal 12, que produce un programa de información crítica dedicado a la
actualidad de Nicaragua.
Un fuerte crecimiento económico pero una desigualdad cada vez mayor
Con
una población de 6.2 millones de personas en 2017 Nicaragua tiene el
segundo ingreso per capita más bajo de las Américas. Su economía ha
crecido mucho en los últimos años, aunque la producción cayó en 2009 a
consecuencia de la profunda recesión en Estados Unidos y otros mercados
principales. Entre 2010 y 2017 el promedio del crecimiento económico fue
un poco inferior al 5 % al año, el tercero más alto en América Latina
detrás de Panamá y la República Dominicana (5).
La economía sigue
siendo dependiente de la exportación de productos primarios,
fundamentalmente café, carne de vacuno, oro y azúcar. Además, desde la
década de 1990 ha habido un aumento significativo de la producción en
zonas francas de exportación, sobre todo de productos textiles y más
recientemente de ensamblajes de arneses eléctricos para automóviles
producidos en México. Con todo, todavía hay un amplio sector de
agricultores de subsistencia, particularmente en las zonas más
montañosas del norte del país, y en las ciudades hay un sector comercial
muy amplio, en gran parte basado en el trabajo informal.
Los
ingresos de las exportaciones de Nicaragua aumentaron mucho hasta 2014,
aunque desde entonces el crecimiento se ha ralentizado debido al
descenso de los precios del mercado mundial. En 2017 las exportaciones
de bienes ascendieron a 4.100 millones de dólares, pero las
importaciones fueron considerablemente mayores ya que ascendieron a
6.600 millones de dólares. El déficit se ha cubierto en parte con las
remesas familiares, que han aumentado considerablemente en los últimos
años. Debido a la situación laboral en Nicaragua muchas familias cuentan
con al menos un miembro que trabaja en el extranjero, sobre todo en
Estados Unidos o en la vecina Costa Rica, y en 2017 las remesas
ascendieron a 1.400 millones de dólares.
Nicaragua también ha
recibido una importante inversión directa en los últimos años atraída
por los bajos salarios y la relativa seguridad en comparación con los
vecinos Honduras y El Salvador. La inversión directa neta ascendió a 816
millones de dólares en 2017 y se dirigió fundamentalmente a la
industria manufacturera, las telecomunicaciones, el comercio y la
energía. La fuente principal fue Panamá (22 %), seguida de Estados
Unidos (13 %) y México (12 %).
Hasta hace poco Nicaragua se
había beneficiado de petróleo suministrado en unas condiciones muy
ventajosas por Venezuela. El suministro se organizaba a través de una
compañía llamada Alba de Nicaragua SA o Albanisa, un 51 % de la cual era
propiedad de la empresa estatal de petróleo de Venezuela y un 49 % de
la empresa estatal de petróleo de Nicaragua, Petronic. Según el acuerdo
firmado con Venezuela, se suponía que Nicaragua pagaba la mitad del
coste del petróleo importado y la otra mitad era un crédito a bajo
interés y a largo plazo que proporcionaba a Albanisa y a una red de
empresas subsidiarias fondos para invertir en una amplia gama de
proyectos en Nicaragua (6). Se calcula que entre 2008 y 2014 Nicaragua
se ha beneficiado de unos 3.500 millones de dólares de esta manera pero,
de manera controvertida, a pesar de ser deuda pública, esta importante
fuente de financiación externa no se registró en las cifras oficiales
del Gobierno.
A medida que se deterioraba la situación en
Venezuela el suministro de petróleo fue disminuyendo y en 2017 no se
recibió suministro alguno. Se había planificado que Venezuela
construyera una nueva e importante refinería en el país, pero esos
planes fueron cancelados. Desde entonces Nicaragua ha tenido que comprar
petróleo en el mercado internacional y los gastos sociales financiados
con los ingresos procedentes del petróleo venezolano se han tenido que
reducir. Al mismo tiempo Nicaragua ha empezado a incluir en las cifras
oficiales de deuda del país las cantidades que debe a Venezuela debido a
las fuertes presiones del Fondo Monetario Internacional.
En
2013 el Parlamento de Nicaragua concedió a un inversor chino, Wang
Jing, una concesión a 100 años para construir y gestionar un canal
interoceánico a través de Nicaragua, un megaproyecto que podr ía
albergar a barcos aún más grandes que los que transitan por el Canal de
Panamá y que ha sido considerado un medio de acelerar el desarrollo
económico del país. Este proyecto por valor de 50.000 dólares se ha
encontrado con una fuerte oposición de los ecologistas y también con un
importante movimiento de oposición entre aquellos campesinos cuyas
tierras tendr ía n que ser expropiadas y cuyas manifestaciones fueron
duramente restringidas por la policía. L a s obras del canal se han
aplazado en medio de informes referentes a que Wang sufrió grandes
pérdidas cuando se desplomó el mercado chino de valores en 2015-16. De
ser un elemento fundamental de los planes de desarrollo del Gobierno el
canal ha pasado a no ser siquiera mencionado por Ortega en su discurso
al inicio del nuevo mandato presidencial en 2017 y parece poco probable
que se vaya a construir alguna vez.
En los últimos años se ha
producido una considerable inversión en comunicaciones e
infraestructuras. Es especialmente significativo en el estado de muchas
carreteras. Se están ampliando y volviendo a asfaltar las carreteras
principales mientras que se está ampliando constantemente la red de
carreteras aptas para todo tipo de climas en las zonas rurales. También
ha aumentado considerablemente el acceso a la electricidad,
especialmente en las zonas rurales. Según cifras oficiales, la cobertura
aumentó desde aproximadamente el 70 % de los hogares en 2010 al 94 % en
2017. La empresa estatal de distribución fue privatizada en 2000 y se
volvió a vender en 2014 a una empresa registrada en España pero que se
cree que está vinculada al Gobierno.
El suministro de agua ha
permanecido en el sector público y también aquí se ha invertido para
aumentar su cobertura. Pero aunque aproximadamente el 90 % de los
hogares tienen ahora acceso al agua potable en las zonas urbanas, la
cifra es ligeramente superior al 30 % en las zonas rurales. Existe un
programa para construir viviendas para personas con ingresos bajos, pero
la construcción de viviendas disminuye desde 2015. Según la Asociación
de Constructores de Viviendas, aproximadamente la mitad de las viviendas
construidas en 2017 estaban destinadas a familias con ingresos bajos,
pero equivalían a solo 2.500 unidades. No obstante, se ha invertido en
espacios públicos de muchas ciudades y se han construido parques
infantiles además de lugares para sentarse y un muy utilizado acceso
gratuito a internet.
El continuo crecimiento económico ha
provocado un aumento de las personas que trabajan. La cifra oficial de
la tasa de paro descendió al 3.5 % para los hombres y al 3,8 % para las
mujeres en 2017, aunque esto presenta un cuadro bastante engañoso ya que
a los trabajadores sin un trabajo formal les quedan pocas opciones que
no sean buscar ingresos en algún trabajo informal. Incluso según las
cifras oficiales, en 2017 el empleo informal ascendía al 42 % de la
fuerza de trabajo.
La cantidad de personas que están empleadas
formalmente e inscritas en el sistema de seguridad social aumentó de
534.881 en 2010 a 914.196 en 2017. Esto proporciona a los trabajadores
una pensión al jubilarse, pero se ha ralentizado el aumento de personas
inscritas y la cobertura es muy desigual. Mientras que aproximadamente
el 75 % de los trabajadores empleados en el suministro de agua y
electricidad está asegurado, en la industria manufacturera el
porcentajes es de solo el 45 % y en la agricultura es inferior al 10 %.
En todo caso, el sistema de seguridad social tiene un grave déficit de
financiación y como ha advertido repetidamente el FMI, sufrirá un
colapso que supondrá al Gobierno central más demanda financiera en 2019.
La
situación en el ámbito laboral ha contribuido a que los campesinos
pobres de las regiones centrales del país avancen hacia el Caribe en
busca de tierras para cultivar, un proceso que se ha visto agravado por
el aumento de las grandes inversiones en agricultura capitalista que ha
desplazado a muchos pequeños agricultores. Esta migración de
agricultores ladinos* ha llevado a graves enfrentamientos, en ocasiones
mortales, con miembros de los grupos indígenas a quienes la Constitución
nicaragüense garantiza el derecho exclusivo a cultivar la tierra en las
regiones autónomas del Caribe.
Las escasas oportunidades de
empleo en Nicaragua explica por qué tantos trabajadores buscan trabajo
en otros países. Muchos de estos trabajadores emigrantes son
trabajadores no cualificados, pero los cualificados, incluidos aquellos
que tienen titulación universitaria, también se han visto obligados a
buscar trabajo fuera del país y se calcula que aproximadamente un 20 %
de la población vive en el extranjero. Las remesas que envían a sus
familias han desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento del
nivel del vida del país.
Cuando Ortega regresó al poder en 2007
su Gobierno emprendió un programa contra la pobreza llamado “Hambre
Cero”, que proporcionaba a los hogares más pobres apoyo agrícola básico
y, lo que es más importante, láminas onduladas de zinc para
impermeabilizar los techos de sus chozas. Sin embargo, a medida que los
recursos financieros de Venezuela han ido disminuyendo el programa
“Hambre Cero” se ha ido reduciendo y entre 2018 y 2022 se irán retirando
paulatinamente las tarifas subvencionadas de electricidad para hogares
con bajos ingresos y para pensionistas, que también se financiaban con
los recursos de Venezuela. Según informes anuales independientes
elaborados entre 2009 y 2015, la proporción de población que vive en la
pobreza experimentó un descenso limitado, del 44.7 % al 39.0 %, y la de
quienes viven en la pobreza extrema del 9.7 % al 7.6 %. El descenso más
significativo se registró en las zonas rurales (7).
Tras asumir
la presidencia en 2007 el Gobierno Ortega aumentó considerablemente el
salario mínimo oficial. Sin embargo, para la gran mayoría de los
trabajadores los aumentos salariales se quedaron por detrás de la
inflación y solo en 2010 los salarios reales han empezado a registrar un
aumento. Según cifras oficiales, entre 2010 y 2017 los salarios reales
de los trabajadores en el empleo formal aumentaron aproximadamente un 10
% al convertirse en dólares o solo algo más del 1 % anual. En 2017 el
salario medio equivalía a unos 340 dólares al mes. En el sector
financiero y en el minero la cifra era algo más alta, un poco más de 500
dólares al mes, pero en el sector manufacturero la media era de solo
230 dólares al mes, mientras que la media de los trabajadores agrícolas
era de solo 130 dólares al mes. Para el Gobierno los bajos costes
salariales han sido claramente una parte importante de su estrategia
para atraer la inversión extranjera.
Nicaragua también tiene una
próspera clase media comercial y una muy rica clase alta. Según cifras
de CEPAL, el 10 % más rico recibe aproximadamente el 33 % de los
ingresos nacionales y junto con el siguiente 10 % casi el 50 % de los
ingresos nacionales (8). En este grupo se incluye a las familias
tradicionales propietarias de tierras, muchas de las cuales también se
han diversificado y dedicado al comercio o a la industria. También se
vincluye a los comerciantes nuevos ricos que se han beneficiado del boom
del comercio. Según el informe de CEPAL, aunque la desigualdad
disminuyó ligeramente en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, como
en casi toda América Latina, Nicaragua fue el único país en el que la
desigualdad aumentó entre 2008 y 2014 (no se dispone de cifras más
recientes para Nicaragua). Según un estudio de Oxfam publicado en 2015,
en Nicaragua había 210 multimillonarios, cada uno de ellos con unos
activos netos de 30 millones de dólares (9). Se calcula que el
empresario más rico de Nicaragua, Carlos Pellas, ha acumulado una
fortuna de 2.400 millones de dólares, una de las mayores de América
Central, pero algunos líderes sandinista también se han enriquecido
recientemente, aunque a menor escala.
¿El principio del fin?
El
Gobierno nicaragüense se enfrentó a un difícil pronóstico económico
para 2018 con la amenaza de que Estados Unidos empezara a limitar su
acceso a las instituciones financieras internacionales, además de la
necesidad de ajustarse al fin del apoyo financiero de Venezuela. Ante
estos retos tanto el FMI como el Banco Central de Nicaragua han reducido
las perspectivas de crecimiento para 2018 y 2019. En abril de 2018
Ortega se enfrentó al reto político más grave desde que volvió al poder
en 2007.
El Gobierno anunció que para hacer frente al fuerte
déficit de la Seguridad Social las pensiones se reducirían un 5 % y se
aumentarían las cotizaciones de las pensiones tanto de los trabajadores
como de los empleadores. Una manifestación en Managua de pensionistas en
contra de la reducción de sus pensiones recibió el apoyo de los
estudiantes de las universidades públicas de la ciudad, pero la policía
antidisturbios y miembros de la organización sandinista juvenil hicieron
frente a los estudiantes que se manifestaban. A lo largo de los tres
días siguientes aumentaron los enfrentamientos callejeros, que se
extendieron a otras ciudades y provocaron más de 40 personas muertas y
muchas otras heridas.
Al cabo de cuatro días Daniel Ortega
apareció en la televisión flanqueado por su esposa y los jefes de la
policía y el ejército, y condenó lo que calificó de manipulación de unos
estudiantes inocentes por parte de oponentes políticos con intenciones
ocultas. Pero el hecho de que no condenara las muertes provocó nuevas
críticas y en una segunda aparición ese mismo día anunció que se iba a
cancelar la reforma de las pensiones y que el Gobierno iba a iniciar un
diálogo con la organización empresarial del país sobre cómo reformar el
sistema de pensiones. Las organizaciones empresariales, que hasta
entonces habían mantenido de unas estrechas relaciones con el Gobierno,
afirmaron que no iban a entablar negociaciones hasta que cesara la
violencia policial contra los manifestantes y apoyaron los llamamientos a
una importante manifestación pacífica al día siguiente. También
insistieron en que cualquier negociación debía incluir a todos los
sectores de la sociedad nicaragüense.
El lunes 23 de abril
decenas de miles de personas acudieron a una gran manifestación pacífica
en Managua y también hubo grandes manifestaciones en otras ciudades.
Las autoridades no trataron de intervenir y las manifestaciones
transcurrieron pacíficamente. No obstante, para entonces las
reivindicaciones de los manifestantes ya había ido más allá de la
cuestión de la mera reforma de las pensiones y se habían ampliado hasta
incluir expresiones de profundo descontento con el régimen de la familia
Ortega. Sin embargo, a falta de una oposición política seria no estaba
claro cuál podría ser la alternativa.
Notas: - (1) Elecciones municipales 2017. Tres nicaraguas, tres escenarios diferentes, Envío, diciembre de 2017.
(2) Observadores del eclipse institucional, Envío, septiembre de 2017.
(3) Preocupa deterioro de relación con EE.UU., La Prensa, 23 de marzo de 2018.
(4) Véase Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Informe Anual 2016, 2017.
(5) A menos que se indique otra cosa, la fuente de las cifras es Banco Central de Nicaragua, Anuario Estadístico 2017, abril de 2018, disponible en www.bcn.gov.ni.
(6) Para más detalles véase la serie de artículos en confidencial.com.ni de Iván Olivares, ‘La ‘alcancía’ de Albanisa’ (9 April 2016), ‘Una ‘pulpería’ de negocios’ (11 de abril de 2016) y ‘La deuda: de Caruna a Albanisa’ (13 de abril de 2016) y de Enrique Saenz, ALBANISA, Confidential, 27 de septiembre de 2017.
* En América Central y México las personas ladinas son aquellas que son mestizas y solo hablan castellano (N. de la t,)
(7) Fideg, Encuesta de hogares para medir la pobreza en Nicaragua. Informe de resultados 2015 .
(8) CEPAL, Panorama Social de América Latina , 2017.
(9) Oxfam, Desigualdad Extrema y Secuestro de la Democracia en América Latina y el Caribe, 2015.
Fuente: https://socialistproject.ca/2018/05/family-party-state-nexus-in-nicaragua/#more-2303
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