Guatemala
Quienes están
interesados en avanzar en un modelo exacerbado de explotación y expolio
han intentado normar la consulta a los pueblos indígenas con el objetivo
de viabilizar, principalmente, los proyectos mineros e hidroeléctricos.
Esta pretensión ha sido una constante de los últimos gobiernos, pero
con mayor énfasis del gobierno actual.
En la búsqueda de allanarles
el camino a inversiones altamente rentables que extraen y utilizan
bienes nacionales y comunes pagando una miseria, las empresas locales y
transnacionales han desarrollado una estrategia con dos componentes
principales.
El primero ha consistido en esfuerzos por lograr
su aceptación o, en su defecto, porque se apliquen medidas represivas
contra las comunidades y las dirigencias sociales que se resisten a
tales proyectos. En este caso, las resistencias sociales han sido
también consistentes: han creado un marco de crítica profunda y de
legitimidad y han emprendido acciones políticas y jurídicas para detener
u obstaculizar proyectos mineros e hidroeléctricos. Esto es así porque
tales resistencias han basado su acción política y jurídica en la
reivindicación de los derechos colectivos. Han logrado denunciar las
presiones de las que han sido objeto por parte de empleados y operadores
políticos de las empresas, entre ellos funcionarios gubernamentales,
locales, regionales y nacionales. Todo ello, en un marco en el cual las
resistencias han sido objeto de una política de criminalización y de
persecución de líderes comunitarios y regionales, así como de amenazas,
atentados a la integridad física, ejecuciones extrajudiciales y acciones
represivas de fuerzas policiales, militares y paramilitares.
En el segundo componente, las empresas han dirigido acciones a los
órganos judiciales y constitucionales para lograr resoluciones a su
favor. Pese a las irregularidades y a los delitos cometidos por empresas
y funcionarios en la concesión o ejecución de los proyectos, en casos
como el del proyecto minero Progreso VII Derivada, ubicado en San José
del Golfo y en San Pedro Ayampuc (departamento capital), este objetivo
no ha sido logrado. En otros casos han conseguido avances altamente
cuestionables por su argumentación jurídica, como sucedió con la
resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) ante un recurso
presentado contra las hidroeléctricas Oxec. En específico, aun cuando la
CC argumentó a favor de los derechos de los pueblos indígenas, terminó
resolviendo que los proyectos podían operar un años más y obligó a la
realización de una consulta tutelada por el Ministerio de Energía y
Minas, absolutamente interesada en la viabilidad de los proyectos
empresariales. No contaron, eso sí, con la acción democrática de las
comunidades q’eqchi’ de Cahabón, que autogestionaron su derecho a través
de una Consulta de Buena Fe y se pronunciaron contundentemente contra
dichos proyectos.
En los casos citados —como en otros—, la CC
se ha orientado a favorecer los intereses de las empresas, de modo que
finalmente resuelve a favor de estas o permite que se mantengan las
posibilidades de que por vías alternas continúen vigentes las
concesiones y las operaciones de exploración y explotación minera y los
proyectos hidroeléctricos. En este marco, en casos como el de las
hidroeléctricas Oxec, la CC se encuentra en un laberinto. Estaría
constitucionalmente obligada a resolver finalmente a favor de las
comunidades, pero las presiones empresariales son tantas que generan
resoluciones cuestionables a favor de sus intereses o se retrasan a
pesar de tal conminación.
Este segundo componente de acción
empresarial se expresa, asimismo, en la pretensión de que se regule
jurídicamente la consulta comunitaria ante la imposibilidad de obviar su
obligatoriedad en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que, entre
otros, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en
materia de proyectos que pudieran afectarlos. De ese modo, se pretende
que se norme este tipo de consultas. En esta línea se han pronunciado
representaciones empresariales de distinto tipo: sus cámaras y
fundaciones empresariales, partidos políticos, medios de difusión
masiva, el Gobierno local e incluso el dominante Gobierno de Estados
Unidos. Todos ellos pretenden que se formule y apruebe un reglamento en
el cual la consulta quede tutelada por el Estado en su aplicación, se
circunscriba solo a comunidades colindantes con cada proyecto y se
implemente con un carácter puramente consultivo, no vinculante, dirigido
a lograr finalmente la aprobación social de tales proyectos
cuestionables.
En cualquier caso, las resistencias a estos
proyectos extractivos se explica, entre otros aspectos, en el carácter
de despojo y violencia con que estos han sido impuestos en territorios
donde existen sujetos colectivos, como los pueblos indígenas, a quienes
les asiste el derecho a ser consultados de forma previa, informada,
libre y de buena fe. Lo previsible, entonces, es que tales proyectos
sigan siendo cuestionados por razones fundamentales y, por consiguiente,
generadores de confrontación y conflicto. En ese marco, la normativa de
la consulta ha sido rechazada por la mayoría de las organizaciones y
comunidades opuestas a este tipo de proyectos.
Blog del autor: www.plazapublica.com.gt
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