Honduras
La Ceiba, Atlántida, 13
de Marzo del 2018.- El arresto del ex militar David Castillo Mejía,
presidente de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA) cuando se
aprestaba a salir del país, casualmente dos años después del asesinato
de Berta Caceres, demuestra lo que ya se conocía desde hace meses, sin
embargo el Ministerio Público hizo una vez más alarde de su incapacidad
en el retardo de la aplicación de justicia.
Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres,
fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la
élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las
cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo,
acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como presidente del
Congreso Nacional.
El pingue negocio de la energía limpia, se convirtió ademas en un
mecanismo de lavado de activos provenientes del crimen organizado;
ademas de contar con fondos provenientes de inversionistas de la banca
extrajera y del istmo centroamericano.
Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del
pueblo Lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas
hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la
defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada
en las leyes nacionales, pero que el estado desde 1995 debe haberse
apegado, al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la
OIT.
Si bien el Ministerio Público ha proseguido a Darío Roberto Cardona
Valle, por haber ampliado la Licencia Ambiental del proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca, además de proseguir también a Marco Jonathan
Laínez Ordóñes, ambos ex ministros de la Secretaría de Recursos
Naturales (SERNA); en ningún momento ha procedido contra Rigoberto
Cuellar, el ex ministro de SERNA, quien actualmente labora como fiscal
general adjunto. Tanto el COPINH como OFRANEH hemos interpuesto
denuncias en contra de Cuellar por la violación de la consulta previa,
sin embargo Cuellar continúa siendo una de las rémoras en el Ministerio
Publico.
Desde el año 2009 en Honduras se agudizaron las intervenciones en los
territorios de los pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo
que ha sido caracterizado por una actitud autocrática del partido del
actual gobierno,el que permitió un desaforado incremento de la
violencia, acompañado de la apropiación del aparato económico por parte
del del crimen organizado. Bastas zonas del país pasaron a manos de los
carteles de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de
“energía limpia” para el lavado de activos.
El COPINH en el año 2012 interpuso una denuncia
en la Fiscalía de las Etnias, en la que acusan a Rigoberto Cuellar por
la omisión de la consulta previa de las represas de Chinacla, Aurora II y
las Ventanas. En mayo de 2013 la OFRANEH presento una denuncia
en contra de Cuellar ante la violación de la consulta Previa en cuanto a
los proyectos REDD. podemos indicar que la consulta previa ha sido un
derecho violentado a todos los pueblos indígenas del país, a pesar del
clientelismo ejercido con muchos de los supuestos líderes, a través de
empleos y proyectos proporcionados por la Secretaria de Indígenas y
Afrodescendientes (SEDINAFROH) Entre otras Berta se opuso rotundamente
al programa de Reducción de Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD
por sus siglas en inglés), ante la amenaza de despojo y desplazamiento
que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con
sistemas jurídicos débiles.
En una misiva
dirigida por el COPINH al Fondo de Carbono de Naciones Unidas y la
implementación de los REDD sin haber efectuado una consulta previa, la
organización indicó que “bajo el lema de energía renovable y mitigación
del cambio climático, ahora está en planificación y construcción una
gran cantidad de represas hidroeléctricas y parques eólicos en
territorios indígenas, sin el respeto al Derecho de la Consulta Libre,
Informada y Previa (CLIP) y demás derechos reconocidos a nivel nacional e
internacionalmente”.
La mayoría de las problemáticas confrontadas por Berta, se originan en
el sistemático rechazo por parte del Estado de respetar la consulta
previa. Desde hace más de 20 años, el estado esta en la obligación de
“consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente:.
Incluso en fecha reciente se aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, la cual fue adoptada, sin tomar en cuenta las recomendaciones
de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al
anteproyecto de Ley de Consulta, el que fue elaborado sin haber
efectuado una consulta sobre la consulta. En las recomendaciones
“Asimismo, la Relatora Especial reitera en sus recomendaciones que
cualquier decisión que sea adoptada sin el consentimiento de un pueblo
indígena, sea susceptible de revisión por un órgano judicial u otro tipo
de organismo competente, con el fin de asegurar que el Estado pueda
demostrar que la medida cumple con los estándares internacionales
respecto a las restricciones permisibles de derechos humanos y que los
derechos sustantivos y supervivencia de un pueblo indígena no se vean
afectados”.
El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia
de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular
la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en
Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los
grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en
la exclusión y expulsión.
Falta ver si el corroído sistema de justicia imperante en Honduras opta
por dilucidar el caso del homicidio de Berta; y el poder legislativo
controlado por la actual dictadura se apegue a las recomendaciones de la
relatora Tauli Corpus en relación a la creación de un mecanismo de
consulta que responda más a los intereses de los pueblos indígenas que a
las ganancias de las maras empresariales.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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