Denuncian la falta de consulta previa a la población y el impacto ambiental sobre el río Cahabón en Guatemala
Los presidentes de
Corporación Multi Inversiones (CMI), Juan Luis Bosch Gutiérrez, y de la
constructora ACS, Florentino Pérez, presentaron en junio de 2014 en
Guatemala el proyecto Renace II, una central hidroeléctrica propiedad de
CMI y de cuya construcción se hizo cargo una de las filiales de ACS, el
grupo Cobra. El complejo hidroeléctrico se ubica en el municipio de San
Pedro Carchá (Alta Verapaz), y en la presentación los dos empresarios
resaltaron las grandes cifras: una inversión de 270 millones de dólares
para alcanzar una potencia instalada de 114 megavatios, 8,5 kilómetros
de túneles y un canal de conducción de 11 kilómetros. La planta siguió a
la central Renace I (66 MW), puesta en marcha por CMI en 2004.
Corporación Multi Inversiones, transnacional con sede en Guatemala que
opera en 14 países, y el presidente del Real Madrid continuaron
colaborando en los proyectos hidroeléctricos Renace III (66 MW), ya
finalizado, y Renace IV (55 MW), en fase de ejecución, todos en San
Pedro Carchá, sobre los ríos Cahabón –uno de los principales de
Guatemala- y Canlich. A estas centrales se agregará una quinta, lo que
convertirá a este gran complejo –que se publicita en verde y con
imágenes de la población maya- en el principal del país.
El
Ministerio de Energía y Minas de Guatemala registra 33 plantas
hidroeléctricas en funcionamiento, nueve de ellas en Alta Verapaz. A
estas centrales se agregan otras 11 –cuatro en Alta Verapaz- en fase de
construcción; 13 hidroeléctricas cuya ejecución no ha comenzado (cinco
de ellas en el departamento de El Quiché) y seis que tramitan
actualmente las autorizaciones (tres en Huehuetenango). Además, las
centrales de energía hídrica son las que cuentan con mayor capacidad
instalada en el país –un 33,7%, la mayoría de propiedad privada- seguido
de los ingenios azucareros.
Foto: grupo Cobra Renace
Los movimientos populares han alzado la voz contra proyectos como Oxec
–hidroeléctrica operativa desde finales de 2015- y Oxec II, autorizada y
en fase de construcción en el municipio de Santa María Cahabón (Alta
Verapaz). El pasado 27 de agosto 197 comunidades q’eqchi’ de Santa María
Cahabón votaron en una consulta comunitaria contra el funcionamiento de
las dos hidroeléctricas, debido al impacto sobre los ríos sagrados
Cahabón y Oxec. La empresa responsable del macroproyecto es Oxec SA,
filial de Energy Resource Capital, a la que medios comunitarios sitúan
en Panamá.
Diferentes sentencias han influido en el devenir de
la infraestructura. En febrero de 2017 la Corte Constitucional suspendió
la licencia de los proyectos Oxec y Oxec II otorgada por el Ministerio
de Energía y Minas, al no realizarse una consulta previa a las
comunidades de Santa María Cahabón, tal como establece el Convenio 169
de la OIT. En mayo de 2017 el alto tribunal mantuvo la suspensión, pero
autorizó a las empresas a continuar operando durante un año
(prorrogable), mientras el Ministerio de Energía realiza las consultas.
La cúpula empresarial no se mantiene ajena al litigio. Tras la sentencia
de febrero, la gran patronal CACIF demandaba “certeza jurídica” y “una
visión de futuro con oportunidades de desarrollo”.
El colectivo
ecologista Madre Selva de Guatemala batalla desde 1996 por la defensa
del territorio. El asesor legal de la organización, Vladimir Soto,
apunta algunas estrategias de criminalización tras un acto organizado
por la ONG Perifèries en Valencia: “Cuando los pueblos y líderes se dan
cuenta de los proyectos, las empresas proceden a denunciarlos
penalmente; además, ya tienen prácticamente comprado al Ministerio
Público (fiscalía) de los juzgados de Alta Verapaz. Acusan a los líderes
comunitarios de delitos que implican penas de prisión, y obtienen
órdenes de captura contra ellos su defensa de los ríos”. Soto critica la
disparidad de criterios: “Las denuncias contra las hidroeléctricas
quedan engavetadas en el Ministerio Público, sin embargo las que
interponen las empresas se cursan a velocidad de rayo”.
Entre
los ejemplos de persecución mediática y de la fiscalía, Vladimir Soto
menciona a Ana Rutilia Ical Choc, líder q’eqchi’ de San Pedro Carchá y
una de las promotoras del recurso de amparo ante la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) para frenar los megaproyectos en el río Cahabón. Ana
Rutilia Ical destaca en su currículo como activista, exdelegada de la
Defensoria de la Mujer Indígena en Alta Verapaz y profesora de Derechos
Humanos en la Universidad Rafael Landívar de esta región.
En
marzo de 2017 el colectivo Madre Selva denunció los “ataques” por parte
de medios de comunicación y columnistas “al servicio de las élites”
contra activistas. Por ejemplo, contra Bernardo Caal Xol, quien presentó
en 2015 la acción de amparo ante el CSJ por entender que las
autorizaciones de Oxec y Oxec II se otorgaron sin consultar a las
comunidades. El líder y maestro comunitario fue arrestado el pasado 30
de enero en la ciudad de Cobán, acusado de robo agravado y detenciones
ilegales, entre otros delitos. El seis de febrero un juez de la capital
de Alta Verapaz ordenó la prisión preventiva de Caal Xol.
Desde
entonces se han sucedido las campañas, concentraciones, acciones
simbólicas y el cierre de carreteras para exigir su libertad.
Comunidades q’eqchi’ de Santa María Cahabón y Alta Verapaz se
manifestaron en Cobán; además, la ONG Alianza por la Solidaridad y
Greenpeace, que colaboran con la organización Madre Selva, recogieron
más de 1.700 firmas de apoyo a Bernardo Caal en cuatro días, remitidas a
la Embajada de Guatemala en España. La Articulación por la Vida, contra
la Impunidad y la Corrupción, que agrupa a más de 30 organizaciones
populares de Guatemala, también condenó la captura del líder indígena.
El caso de Bernardo Caal no es una excepción en el país
centroamericano. La Unidad de Protección a Defensores de Derechos
Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) ha contabilizado 328 agresiones y
delitos contra activistas a favor de los derechos humanos entre enero y
octubre de 2017, un 25% más que en el mismo periodo de 2016. La cifra
total del pasado año incluye 52 asesinatos (45 de ellos a mujeres), 72
agresiones contra activistas en defensa de los pueblos indígenas y el
territorio; 131 agresiones contra mujeres y 30 a periodistas. Asimismo,
organizaciones populares y de derechos humanos presentaron en marzo de
2017 un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) sobre la represión a comunidades que rechazan las grandes
hidroeléctricas en Guatemala; el informe da cuenta de 103 órdenes de
captura, 56 heridos, 36 encarcelamientos, 25 detenciones, 16 procesos de
criminalización, 15 amenazas y 11 asesinatos.
Foto: Santiago Botón (Telesur)
El
informe “Criminalización en Guatemala (2012-2017)” de UDEFEGUA dedica
un apartado a la resistencia contra las plantas hidroeléctricas en Alta
Verapaz, una de las regiones más aterrorizadas por 36 años de guerra
interna. Entre los ejemplos recientes de señalamiento, figura el de
Rolando y Blanca Estela Güitz Pop, detenidos en abril de 2017 en Cobán.
Los dos hermanos participaron en la lucha de la Comunidad Monte Olivo
(Cobán) contra la construcción de una central hidroeléctrica –Hidro
Santa Rita- en el río Dolores; en agosto de 2014 más de mil policías,
guardias privados y un grupo paramilitar reprimieron a las comunidades
opositoras al proyecto, con el resultado de tres campesinos asesinados
(“masacre de Semococh”). La batalla popular contra Hidro Santa Rita
tiene antecedentes en febrero de 2012, cuando la empresa denunció ante
la fiscalía a cinco líderes comunitarios, sobre quienes se emitió orden
de captura. Pero continuó la resistencia. En agosto de 2013 tres
supuestos policías amenazaron e intentaron secuestrar a otro líder de la
Comunidad Monte Olivo, David Chen; pasada una semana de los hechos, dos
niños de 11 y 13 años murieron por los disparos de un sujeto –presunto
trabajador de la hidroeléctrica, según las organizaciones comunitarias-
que buscaba al líder indígena.
Tres años después que Florentino
Pérez –declarado en 2017 por Forbes mejor ejecutivo de España- viajara a
Guatemala para promocionar el complejo hidroeléctrico Renace en Alta
Verapaz, las organizaciones Madre Selva y Alianza por la Solidaridad
entregaron 25.552 firmas en la sede de ACS en Madrid contra un proyecto
“que no respeta los derechos humanos de 29.000 indígenas q’eqchi’”. A la
misma conclusión llegó el Procurador de los Derechos Humanos de
Guatemala, quien visitó San Pedro Carchá a finales de 2017; en la aldea
Panzamala constató el impacto de las obras para implantar Renace IV:
“Vulneraciones a los derechos a la salud y vida de los comunitarios,
quienes viven en condiciones infrahumanas”. El procurador subrayó en un
comunicado la reducción de caudal del río Cahabón por las obras, así
como la “presencia fuerte” de agentes de seguridad privada en la zona;
también se hizo eco de las protestas de las poblaciones, a las que no se
consultó por la construcción de la infraestructura, según denunciaron.
El pasado 22 de marzo comunidades de San Pedro Carchá y Santa María
Cahabón se manifestaron en Ciudad de Guatemala contra los proyectos
Renace y Oxec; el periodista Rony Morales reprodujo en el periódico
Prensa Comunitaria las palabras de una vecina: “El caudal del río
Cahabón se mantiene sucio debido a los trabajos de la empresa que
construye la hidroeléctrica; el río está completamente sucio, y las
personas de las comunidades no pueden abastecerse de agua, pues temen
enfermarse”. Marchas y plantones a la capital se produjeron, con el
mismo fin, en febrero de 2017 y octubre de 2016; en esta última
movilización, el Consejo del Pueblo Q’eqchi’ de Alta Verapaz denunció el
“clima de mentiras” y la “campaña negra” lanzada por las empresas
Renace y Oxec contra Bernardo Caal Xol, Erick Armando Cu Caal y otros
líderes comunitarios.
Diferentes informes revelan los
entresijos de estas grandes infraestructuras. Los investigadores Elena
de Luis Romero y Antonio Rodríguez-Carmona publicaron en 2016 el
documento de 190 páginas “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala”, en
el que se hacen eco de las protestas de Madre Selva en 2013: “La
construcción de hidroeléctricas ha roto en ‘pedazos’ el río Cahabón y lo
ha secado en varios tramos”; a ello se agregaban las denuncias de
contaminación por los derrumbes y movimiento de tierras en las obras de
Renace II, lo que –según el informe en el que colaboró el Observatorio
de Multinacionales en América Latina (OMAL)- “apuntaría directamente a
la responsabilidad del grupo Cobra”. Las comunidades señalaban que la
construcción de represas a lo largo del cauce producía “graves
alteraciones” en el ecosistema fluvial, se modificaban los caudales del
río y destruían hábitats. Tres años después, en abril de 2016,
poblaciones q’eqchi’ de Alta Verapaz continuaban denunciando ante la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG) de la ONU
y el Ministerio de Energía y Minas el desecamiento y la contaminación
del río Cahabón por el impacto del proyecto Renace.
También en
2016, Alianza por la Solidaridad publicó la investigación “La
hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala. Caso Renace-Cobra
(ACS)”. El complejo de Corporación Multi Inversiones recibió la
concesión administrativa para uso de bienes de dominio público en el río
Cahabón y uno de sus afluentes –el Canlich- por 50 años. El documento
recoge testimonios de líderes comunitarios sobre caminos construidos por
la hidroeléctrica en las riberas del río, “de uso privado y sin acceso
para los vecinos”. Además utiliza el término “expolio” para el caso
Renace; incluye en ese término la compra de tierras para implantar
infraestructuras, abrir canales o túneles y construir carreteras; o a
los propietarios de fincas medianas que acumularon tierras para
revenderlas a la empresa.
“Este expolio de tierras genera
división entre las comunidades”, concluye el informe. Las poblaciones
relacionaron con el conflicto el atentado en abril de 2014 contra Carlos
Vicente Chub Cucul, activista frente a las hidroeléctricas y secretario
del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) en su comunidad; el
ataque con arma de fuego se produjo en el caserío Rubel Cruz Xicacaco
(San Pedro Carchá). Pocos meses después, desapareció en el mismo
municipio el joven Ovidio Xol Chub, en el contexto de una negociación
sobre compraventa de tierras con Renace.
Una investigación más
reciente es la titulada “Transnacionales, oligarquía y criminalización
de la protesta social. El caso Guatemala”, publicada en octubre de 2017
por la organización Mugarik Gabe. El informe subraya la violencia
ejercida contra las mujeres. En noviembre de 2014, la ONG Centro de
Atención de la Familia y al Niño Maltratado (CAFNIMA) señaló que algunas
de las agresiones contra mujeres en Ulpán (Alta Verapaz) estarían
relacionadas con trabajadores del proyecto Renace. Pese al temor a
realizar denuncias en las zonas rurales, en Ulpán se registraron 22
casos de violencia sexual contra la mujer en dos años. En noviembre de
2016, Prensa Comunitaria informaba sobre el caso de dos hermanas, Rosa y
Dominga Tzalam Cuc, que tras vivir 25 años en las comunidades Q’eqchi’
de San Pedro Carchá, llevaban tres años en resistencia al negarse a
vender sus tierras a la hidroeléctrica Renace. Denuncian amenazas de
muerte y de desalojo. La ONG Mugarik Gabe resalta las estrategias de
publicidad y marketing que envuelve a los proyectos. Una sonriente mujer
maya encabeza, en un entorno de árboles, la página Web de la
hidroeléctrica de Corporación Multi Inversiones: “Porque trabajando
todos en una misma dirección, Renace un mundo mejor”.
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