| Ampliar su legitimidad y crecer por encima del 4 por ciento representan los dos desafíos más importantes del presidente Evo Morales en un año que, como el mismo ha reconocido, será bastante duro. | 
Tras alcanzar en 
2017 un rendimiento económico menor al proyectado -pero que no le quita 
al país su condición de líder en crecimiento de la región-, y de 
enfrentar una avalancha de conflictos políticos, con expresiones de 
resurgimiento de la violencia y el racismo, Evo Morales inicia este 22 
de enero su décimo tercer año consecutivo como presidente de Bolivia –el
 más largo de la historia nacional-, con el objetivo de superar el 4% de
 crecimiento y, mucho más importante que lo anterior, de ampliar su 
legitimidad en la perspectiva de las elecciones de 2019. 
 Para 
lograr ambos objetivos, en un año que será decisivo en la construcción 
de relaciones de fuerza para el gobierno y la oposición, el titular del 
Estado Plurinacional estima continuar con el ambicioso plan de inversión
 que desde 2015 se ha propuesto ejecutar hasta 2020, estimado en unos 
50.000 millones de dólares, para potenciar la economía nacional. Avanzar
 en la industrialización de los recursos naturales, mantener el ritmo en
 la construcción de carreteras, creación del empleo juvenil y la 
otorgación de servicios, donde los programas de acceso a agua potable y 
riego son esenciales, figuran en los planes gubernamentales. 
 En
 realidad, aunque los economistas partidarios de la escuela de Chicago 
se esfuerzan en desconocer y descalificar de manera más o menos 
sostenida, Bolivia ha conquistado por quinto año consecutivo el sitial 
de país con mayor crecimiento de la región sudamericana gracias a la 
dinámica de su demanda interna, lo que ha compensado los bajos precios 
de las materias primas. En 2018, Morales aspira que Bolivia sea la 
primera economía en crecimiento de toda América Latina. 
 Lo que no se conoce todavía es qué hará Evo Morales en el campo de lo 
político, donde parecen concentrarse los mayores problemas del gobierno.
 Desde el 21 de febrero de 2016, cuando la propuesta de modificar el 
artículo 168 de la Constitución fue derrotada por estrecho margen en un 
referéndum en el que la oposición, asesorada por Estados Unidos- basó su
 campaña en una estrategia de la mentira que tuvo como hilo conductor 
del relato a un inexistente hijo del Presidente, la iniciativa política 
–empleando similar estrategia y método- está de lado de las fuerzas que 
se oponen al proceso de cambio. Esto se nota, por ejemplo, en el uso 
político del nuevo Código del Sistema Penal que, a pesar de los 
problemas de redacción en varios de sus artículos-, expresa un paso 
adelante en la búsqueda de eliminar la retardación de justicia. La 
modificación parcial de su gabinete político apunta a resolver el vacío 
dejado por el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana en 
enero de 2017. 
 En realidad, la causa principal de las 
movilizaciones propiciadas por la oposición desde diciembre pasado es el
 rechazo a la candidatura de Morales en 2019, luego que el Tribunal 
Constitucional Plurinacional diera curso a un Recurso Abstracto de 
Inconstitucionalidad contra cuatro artículos de la Constitución que 
limitan la aplicación del derecho preferente. 
 Las reacciones 
ante el fallo del TCP, al que la oposición rechaza por desconocer el 
resultado del referéndum del 21 de febrero, han sido duras y en las 
calles en un primer momento, aunque luego tomaron forma en la 
movilización, principalmente de médicos, contra el código penal. 
Pronunciamiento conjunto de una parte de la oposición, agresión contra 
varias instituciones del Estado en Santa Cruz, comunicado del 
Departamento de Estado de EEUU, intervención de una congresista 
cubano-americana en el Congreso de ese país, llamados a desatar la 
guerra en varios columnistas de los medios hegemónicos, resurgimiento de
 las acciones de racismo como en Santa Cruz y Beni, así como decir que 
“prefiero una dictadura de botas y no de ojotas” de parte de una 
diputada, representan apenas una rápida descripción de la tensa 
situación que Morales enfrentó desde diciembre. 
 Morales ha 
encontrado en las redes sociales su principal flaqueza y el arma que 
mejor emplea la oposición para atacar su gestión. La aseveración no está
 fuera de foco, en un país en que el predominio en el manejo de las 
redes sociales está principalmente en manos de los sectores no 
populares, a lo que coadyuva el papel de la mayor parte de los medios de
 comunicación, periodistas y analistas. 
 Lo que sí, la 
interpretación de Morales -que en realidad hace referencia al enorme 
impacto de la llamada Guerra de Cuarta Generación en la manipulación de 
la subjetividad de la gente-, se matiza al observar el fortalecimiento 
de las corrientes de ultraizquierda en los movimientos sociales que, 
como en la década de los 70 y 80, fueron un factor de desestabilización y
 caída de los gobiernos populares de Juan José Torres y Hernán Siles 
Suazo. 
 La explicación de este momento difícil, en el que la 
alta aprobación de Morales no condice con la intención de voto, aunque 
sigue en primer lugar en las preferencias si las elecciones fueran 
ahora, parece centrarse en la ausencia de trabajo político de sus 
flácidas organizaciones en la sociedad, que es donde se construye 
hegemonía, como señala el teórico italiano Antonio Gramsci y al que el 
vicepresidente Álvaro García Linera lo citó varias veces. 
 

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