Ambos están vinculados a presuntos sobornos de Odebrecht
El escándalo de la constructora brasileña tiene al país en crisis política
En las calles continúan las protestas por el indulto al ex presidente
Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, salió ayer muy
sonriente y custodiada por elementos policiacos, reporteros gráficos y
unos 20 simpatizantes, de las oficinas del fiscal peruano, Domingo
Pérez, quien la interrogó por presunto lavado de dinero. La hija mayor
del ex presidente recién indultado Alberto Fujimori negó haber recibido
dinero de Odebrecht, compañía constructora brasileña
El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y la líder opositora
Keiko Fujimori fueron interrogados por la fiscalía este jueves debido a
presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebretch, centro de un
escándalo de corrupción que ha remecido a la región.
Las declaraciones tuvieron lugar casi en simultáneo con una protesta
en rechazo al indulto del ex presidente Alberto Fujimori, padre de
Keiko, y sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa
humanidad, cuya reciente excarcelación es percibida como un
canje políticopara evitar la destitución de Kuczynski.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro interrogó a Kuczynski en la
casa presidencial por el pago de más de 782 mil dólares que Odebrecht
realizó a su consultora financiera Westfield Capital cuando el
mandatario era primer ministro del gobierno del entonces presidente
Alejandro Toledo (2001-2006).
Según la ley, Kuczynski no puede ser acusado hasta que concluya su
mandato, en 2021, pero sí puede ser convocado como testigo para que
aclare los vínculos de su empresa con la gigante brasileña de la
construcción, que admitió haber sobornado a funcionarios peruanos para
obtener jugosos contratos.
El interrogatorio que se iba a realizar hace una semana fue
suspendido por la sesión en el Parlamento en la que el partido Fuerza
Popular, que encabeza Keiko Fujimori, buscó destituir a Kuczynski por
los vínculos de la empresa del mandatario y Odebrecht. Al final, el
presidente se salvó gracias a que una facción minoritaria del partido
fujimorista se abstuvo de votar por su destitución. Tres días después
Kuczynski indultó al ex presidente Fujimori (1990-2000).
Keiko Fujimori respondió ante el fiscal Domingo Pérez por supuesto
lavado de activos, luego de que investigadores brasileños encontraron
una anotación en el celular de Marcelo Odebrecht con la frase
aumentar Keiko para 500, escrita antes de los comicios presidenciales de 2011 en los que Fujimori fue derrotada por Ollanta Humala. Marcelo Odebrecht dijo a la fiscalía peruana que su compañía dio dinero a Keiko Fujimori, sin ofrecer más detalles.
La lideresa de Fuerza Popular ingresó a paso rápido a la fiscalía mientras unos 20 simpatizantes le gritaban:
Keiko no estás sola. Fujimori negó que ella o su partido hayan recibido dinero de la empresa brasileña, pero no ha asistido a tres citaciones anteriores de la fiscalía.
Como en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado
una profunda crisis en Perú que ha salpicado a todos los presidentes y
líderes políticos clave desde el año 2000.
Sobre el ex presidente Toledo pesa una orden de captura
internacional. Alan García (2006-2011) está bajo investigación por
soborno y Humala (2011-2016) está en prisión provisional por 18 meses.
En ese contexto, agrupaciones políticas y sociales marcharon en Lima para manifestar su indignación con la consigna:
el indulto es insulto, en protesta por el perdón concedido a Alberto Fujimori.
Los manifestantes se congregaron a partir de las cinco de la tarde
(hora local) en la Plaza San Martín y marcharon por calles del centro
histórico.
Abogados de las víctimas y de organismos defensores de los derechos
humanos se preparan para tratar de conseguir que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, con sede en San José, anule el polémico indulto
que Kuczynski concedió en la víspera de Navidad.
La Corte sí puede disponer de la anulación de disposiciones normativas o jurisprudenciales internasde Perú, señaló Carlos Rivera, abogado de las víctimas, quien recordó que el propio tribunal interamericano dispuso
que se investigue, juzgue y sancione a todos los involucradosen las dos matanzas perpetradas por paramilitares en el gobierno de Fujimori: la de Barrios Altos, en Lima (3 de noviembre de 1991), y la de La Cantuta (18 de julio de 1992).
Foto Afp, Afp y Ap
Periódico La Jornada
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