El nuevo
imperialismo, a través de su hegemon estadounidense, como parte de su
proyecto de dominación de espectro completo, ha implementado un tipo
particular de ciencias sociales, que son funcionales a sus intereses. En
esa perspectiva, los países en guerra, o asolados por conflictos
armados, han servido como centro de experimentación de este tipo de
ciencias sociales, de estirpe claramente imperialistas, como es el caso
de Colombia.
En ese contexto, aparece la Agencia de Proyectos
de Investigación Avanzados para la Defensa (DARPA), que agrupa empresas
aeronáuticas, militares, laboratorios de investigación y universidades,
las cuales se encargan de desarrollar tecnología con fines militares,
que le sirva a las grandes empresas multinacionales. La DARPA adelanta
investigaciones sobre diversidad lingüística y cultural con el objetivo
de incorporar esos conocimientos en un sistema computarizado, capaz de
interactuar, asimilar o reproducir ciertas estructuras de pensamiento en
el terreno militar y geoestratégico.
La Oficina de Servicios
Militares en el Extranjero (FSMO) de los Estados Unidos es la encargada
de programas analíticos sobre las “amenazas” asimétricas
(guerrillas/terroristas) y emergentes (movimientos sociales y
comunidades), desarrollos militares a nivel regional y ambientes
operacionales en todo el mundo. La FSMO patrocina el proyecto México
Indígena, cuya base de operaciones se encuentra en Oaxaca, uno de los
estados donde existe mayor población indígena y protesta social. Ese
proyecto busca construir un Sistema de Información Geográfica que
permita mostrar las dinámicas de las comunidades de Oaxaca, o el llamado
panorama cultural, como parte de las estrategias de monitoreo militar.
Este sistema se basa en las investigaciones militares hechas en
Colombia, como parte de las operaciones de Estados Unidos. El análisis
de datos geográficos de carácter civil permite crear estrategias de
contrainsurgencia y monitorear los diferentes espacios geográficos de
posibles conflictos. Esto último se proyecta con el estudio de la
evolución de los conflictos sociales generados en el país, a lo que se
suman los componentes de organización de las comunidades y movimientos
sociales, para proyectar estrategias del conflicto. Este tipo de
análisis se sustenta en la noción de ecología de la insurgencia,
en el que se integra la información civil de carácter sociológico y
antropológico, con datos lingüísticos, geográficos y ambientales, con la
pretensión de elaborar un sistema de análisis contextual que sirva a
las estrategias contrainsurgentes.
Este tipo de actividades
contrainsurgentes son sistematizadas teóricamente por Geoffrey Demarest,
que las sustenta en gran medida en sus análisis sobre la evolución del
conflicto en nuestro país y la necesidad de intervenir el territorio
colombiano, con el fin de construir sistemas de control apropiados para
la valorización e inversión de capital extranjero y el fortalecimiento
de la “democracia” fantoche. Este plan de acción ha sido retomado en los
gobiernos de Uribe y Santos, durante los cuales se han generado
condiciones para privatizar el territorio de las comunidades, desde la
perspectiva militar, legislativa y política, para que sea repartido como
una tarta de cumpleaños entre las grandes transnacionales. Es bueno
precisar que Geoffrey B. Demarest es un militar contrainsurgente activo,
egresado de la Escuela de las Américas. Fue agregado militar de la
Embajada de Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, una época de
grandes masacres contra la población indígena. Pretende teorizar para
proporcionar herramientas a las prácticas contrainsurgentes, a partir de
un desprecio explícito de las comunidades populares, a las que
considera como fuente de delito y criminalidad. Por eso, propone la
privatización del suelo y la propiedad y la disolución de los vínculos
comunitarios, mediante programas encaminados a generar una lógica
individual y competitiva.
Pero sus estudios no se reducen a la
contrainsurgencia en el mundo rural, sino que también aparece la
contrainsurgencia urbana. Al respecto cabe mencionar el estudio de
Demarest de 1995, titulado "La Geopolítica y conflicto armado urbano en
América Latina", en donde sostiene que “los anarquistas, los criminales,
los desposeídos, los entrometidos extranjeros, los oportunistas
cínicos, lunáticos, revolucionarios, líderes sindicales, ciudadanos
étnicas, especuladores de bienes raíces y otros pueden formar alianzas
de conveniencia”. Asimismo, indica que esos sectores “pueden cometer
actos de violencia y manejar ideas que provoquen a otras personas. Estas
ideas pueden ser tan específicas como la resistencia a un aumento en
las tarifas de autobús, tan inmediatas como los saqueos después de una
celebración masiva, o tan amplias como la identidad étnica”.
Demarest propone la privatización de los terrenos de las comunidades
pobres que habitan en los barrios de las ciudades y la gentrificación
(desplazamiento de los pobres de las zonas céntricas y su reemplazo por
población de clase media o millonarios), como forma de expulsar a la
población incomoda, la que es presentada como la base de la
criminalización y el cuestionamiento de la propiedad privada y la
seguridad en las urbes. Demarest tuvo la oportunidad de revisar sus
análisis sobre contrainsurgencia urbana a la luz de un caso de Colombia,
más exactamente de la ciudad de Medellín, específicamente la Operación
Orión de octubre de 2002. El mencionado G. Demarest ha efectuado
estudios sobre dicha operación, a la que considera como un ejemplo
exitoso de la contrainsurgencia urbana, cuyas enseñanzas deben tener en
cuenta en futuras operaciones de este tipo. En uno de esos estudios
concluye: “El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción
de la administración de la ciudad en torno a los principios de
ordenamiento territorial y el uso de tecnologías GIS sofisticadas. El
éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede
atribuirse, en parte, a su aceptación y adopción del lenguaje y del
método de planificación urbana”.
Para este personaje,
teniente-coronel e investigador del ejército de los Estados Unidos, la
paz es un resultado de resguardar la propiedad privada, de donde se
desprende la necesidad de mapear los territorios como forma de
garantizar su incorporación al régimen capitalista. Se trata de ocupar y
despojar los territorios de las comunidades y someterlos a un férreo
control militar y contrainsurgente, lo cual se facilita por la
utilización de sofisticados sistemas de mapeo e información geográfica.
Este tipo de estudios en el ámbito social son impulsados por la oficina
de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos con dos
objetivos principales: “1) Se pone a prueba la posibilidad de utilizar
científicos sociales para obtener información de inteligencia abierta,
que el Ejército no puede recolectar de otra forma; 2) construir un
catastro mundial que permita monitorear la transferencia de la
propiedad, especialmente en áreas indígenas, centros del ‘crimen
organizado’, y los grandes cinturones de miseria urbanos, donde la
Oficina de Estudios Militares Extranjeros considera que se originarán
las amenazas militares en el futuro”.
En conclusión, unas
ciencias sociales al servicio del despojo imperialista, que utiliza
académicos de la guerra en una clara perspectiva contrainsurgente y en
beneficio del capital. Y Medellín ha sido un laboratorio para este tipo
de estudios y por eso se le presenta como un caso exitoso, que incluso
se ofrece y vende como una nueva mercancía, la de la contrainsurgencia
urbana camuflada con nombres pomposos y atractivos (“innovadora”,
“moderna”, “pujante”), como señuelo para atraer turistas e inversores.
Con estos se quieren borrar las huellas del terrorismo estatal y
paraestatal y de sus fosas comunes en el basurero de La Escombrera, a
donde fueron lanzados los restos de las personas asesinadas. Sobre sus
huesos reposa la imagen simulada y mentirosa de la modernización
emprendedora de Medellín y de la “pujanza paisa”.
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