La Jornada
En varias ciudades estadunidenses ayer hubo manifestaciones de jóvenes inmigrantes conocidos como dreamers (soñadores)
cuya permanencia en suelo estadunidense se encuentra amenazada por la
tentativa del presidente Donald Trump de cancelar el programa Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en
inglés), creado durante el gobierno de Barack Obama, el cual les permite
estudiar, trabajar y obtener licencia de manejo, un número de seguridad
social y una tarjeta de crédito.
Por su parte, el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, anunció que
demandará judicialmente a la Casa Blanca si deroga el programa.
La acción del presidente cambiará drásticamente la vida de cientos de miles de personas jóvenes que nunca pidieron que Estados Unidos fuera su hogar, señaló el gobernante neoyorquino.
En efecto, se calcula que hay casi 800 mil jóvenes en las condiciones
establecidas para ser beneficiarios del DACA, no ser deportados y
obtener permisos de estancia (no de residencia) renovables cada dos
años: llegaron sin documentos a territorio estadunidense siendo bebés o
niños, han vivido allí desde 2007, no tienen antecedentes penales y
estudian o ya han concluido el bachillerato.
Muchos de esos muchachos desconocen el idioma materno de sus padres,
carecen de vínculos con su nación de origen y no tienen más país que
Estados Unidos. Ahora Trump pretende dejarlos sin ninguno.
Cierto que la cancelación del DACA fue una de las promesas infames de
campaña del actual mandatario, junto con la construcción del muro
fronterizo con México, la persecución de migrantes en general y la
terminación o la drástica reconfiguración del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) para convertirlo en un instrumento
descaradamente favorable a Estados Unidos. Se prevé que Trump anuncie
hoy mismo la terminación del programa, lo que daría pie a deportaciones
masivas de jóvenes o, cuando menos, los dejaría en un estado de total
indefensión legal.
Semejante medida presidencial sería, pues, una atrocidad xenofóbica sin prec
edentes
en el mundo contemporáneo, daría lugar a un quiebre existencial
gravísimo para centenares de miles y debe ser detenida por todos los
medios políticos y legales imaginables.
Desde México es claro que las autoridades nacionales y la sociedad en
general están ante el deber de encabezar una defensa decidida e
inequívoca de una generación de connacionales que está en peligro de
perder su casa, su trabajo, su escuela y su mundo en general.
Es necesario que desde todos los ámbitos políticos, económicos y
sociales se manifieste el repudio al intento de acabar con el DACA y que
la representación del país en la renegociación del TLCAN ponga sobre la
mesa el rechazo nacional a semejante medida y, en general, la exigencia
de un trato justo para los migrantes mexicanos en el territorio del
país vecino. Al fin de cuentas, Trump pretende reconfigurar la relación
bilateral a partir de la renegociación de ese instrumento comercial, y
la migración es uno de los puntos nodales e insoslayables de esa
relación.
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