Se cumplen cien años del nacimiento del arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980 por “escuadrones de la muerte”
El 24 de marzo de 1980
le abatió un francotirador, de un disparo en el corazón, mientras
oficiaba misa en la capilla del Hospital Divina Providencia de San
Salvador. El asesinato de Óscar Arnulfo Romero perpetrado por
“escuadrones de la muerte” no sólo representó uno de los grandes
ejemplos de la barbarie ultraderechista, sino que abrió el camino a la
guerra sostenida en El Salvador entre 1980 y 1992, con decenas de miles
de muertos y desaparecidos. El pasado 15 de agosto se cumplió el
centenario del nacimiento de Monseñor Romero.
Las
palabras de su última homilía dominical, un día antes del asesinato, se
han repetido en infinitos medios: “En nombre de Dios, en nombre de este
sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más
tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, que cese la represión”.
Pero no ocurrió así. Una semana después del magnicidio, durante los
funerales de Romero estalló una bomba frente a la catedral de San
Salvador, donde se congregaban entre 50.000 y 100.000 personas según las
fuentes. A la explosión siguieron disparos, atropellamientos, heridos y
muertos. El Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas,
publicado en 1993, refiere entre 27 y 40 víctimas mortales y más de 200
heridos.
Nacido en Ciudad Barrios (departamento de San Miguel)
el 15 de agosto de 1917, ordenado sacerdote en Roma y arzobispo de San
Salvador desde febrero de 1977, este cura vinculado a los pobres
denunciaba en las homilías las violaciones de los derechos humanos. En
la misa del 23 de marzo hizo mención a un reciente paro laboral en el
área metropolitana de San Salvador, organizado por la Coordinadora
Revolucionaria de Masas; fundada en enero de 1980, en la Coordinadora se
integraban organizaciones como el Frente de Acción Popular Unificada,
el Bloque Popular Revolucionario o el Movimiento de Liberación Popular.
El paro contó con notable seguimiento en la ciudad y en el campo, pero
el Gobierno respondió -entre otras medidas- con los patrullajes urbanos y
el tiroteo de la Universidad de El Salvador; Monseñor Romero explicó al
auditorio de feligreses que al menos diez obreros resultaron muertos en
las fábricas por la protesta y tres trabajadores de la Alcaldía
aparecieron sin vida, tras resultar detenidos por la Policía de
Hacienda. El mismo día, agregó Óscar Arnulfo Romero, se produjeron otras
muertes, entre 60 y 140 según las fuentes. “El paro representó un
avance en la lucha popular y fue una demostración de que la izquierda
puede paralizar la actividad económica del país”. Ciertamente la
Coordinadora cometía errores, explicó el arzobispo, pero ello se debe a
que son “perseguidos, masacrados y dificultados en sus labores de
organización”.
El 17 de febrero de 1980 Romero dio cuenta de
una carta que le dirigió a James Carter, presidente demócrata de los
Estados Unidos entre 1977 y 1981. En la misiva señalaba su preocupación
por el hecho de que la presidencia estadounidense pudiera apoyar la
“carrera armamentista” en El Salvador con asesores y equipos militares;
según informaciones periodísticas, se trataría de entrenar a tres
batallones en logística, comunicaciones e inteligencia. El religioso
afirmaba que las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad salvadoreños “en
general sólo han recurrido a la violencia represiva, produciendo un
saldo de muertos y heridos mucho mayor que los regímenes militares
recién pasados”. Pero aclaró que no estaba en contra de la institución
de las Fuerzas Armadas.
El nueve de marzo, en otra de las
homilías, el discurso de Romero fue todavía más directo. Las víctimas,
que aumentaban a diario, mostraban el objetivo de “extinción violenta de
todos aquellos que no estén de acuerdo, desde la izquierda, con las
reformas propuestas por el Gobierno y propiciadas por Estados Unidos”.
Entre otros ejemplos, el estudiante Rogelio Álvarez, quien murió tras
las torturas y ser detenido “ilegalmente” por civiles. O el profesor
José Trinidad Canales, acribillado a balazos; o los cuatro campesinos
muertos, tras un ataque militar, en Cinquera (departamento de Cabañas).
Además de la nómina de represaliados, también Óscar Arnulfo Romero
reprodujo sus palabras ante el pontífice Woktyla: “En mi país es muy
peligroso hablar de anti-comunismo porque el anticomunismo lo proclama
la derecha, no por amor a los sentimientos cristianos sino por el
egoísmo de cuidar sus intereses egoístas”.
En mayo de 1980 el
militar Roberto D’Aubuisson fue apresado en una finca, junto a un grupo
de militares y civiles por la presunta responsabilidad en el crimen. El
informe de la Comisión de la Verdad señala a D’Aubuisson, exmayor y
fundador en 1981 del partido derechista ARENA (Alianza Republicana
Nacionalista), como sujeto que dio la orden de asesinar a Romero.
Vinculado al paramilitarismo y a los “escuadrones de la muerte”, fue
presidente de la Asamblea Constituyente de El Salvador en 1983 y
diputado de la Asamblea Legislativa durante siete años. En el registro
se hallaron armas y documentación que implicaban al grupo con la muerte
de Óscar Romero y la financiación de los “escuadrones”.
Sin
embargo, el informe resalta que ni D’Aubuisson ni sus cómplices fueron
llevados ante el poder judicial. Que el intento de asesinato del juez
Atilio Ramírez Amaya, asignado para la investigación judicial, tenía
como fin que no se resolviera el caso. O que la Corte Suprema de El
Salvador desempeñó un rol activo en impedir la extradición desde Estados
Unidos del excapitán Saravia, otro de los militares implicados (en mayo
de 2017 un tribunal de El Salvador reabrió el proceso contra Saravia,
único acusado por el crimen del arzobispo; se anuló de este modo el
sobreseimiento judicial ordenado en 1993). Tampoco los policías que en
su día se personaron en la capilla, donde se produjo el magnicidio,
mostraron diligencia alguna en la recopilación de pruebas.
El
nueve de marzo de 1980 monseñor Romero dedicó el ritual a la evocación
de Mario Zamora Rivas, Procurador General de Pobres asesinado el 22 de
febrero. Al día siguiente se encontró tras el púlpito un maletín con una
bomba, que no estalló. La derecha en todas sus variantes,
gubernamental, civil y militar, tenía a Óscar Arnulfo Romero en el punto
de mira. Era un “subversivo”. El informe de la Comisión de la Verdad
recoge artículos de prensa que se hacen eco de estas acusaciones. Así,
en un artículo del periódico derechista “El diario de Hoy” de El
Salvador (febrero de 1980) se le califica como un arzobispo “demagogo y
violento, que estimuló desde la catedral la adopción del terrorismo”; en
otro texto del mismo periódico se dice que es conveniente “que la
Fuerza Armada empiece a aceitar sus fusiles”.
Cuando se produjo
el asesinato de Romero, regía los destinos del país la Segunda Junta de
Gobierno, con el coronel Arnaldo Majano como presidente; le sucedió en
la presidencia José Napoleón Duarte, a partir de diciembre de 1980, con
quien empezó a caminar la Tercera Junta de Gobierno. A finales de 1980
se formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
¿En qué contexto se produjo el asesinato de Romero? La Comisión de la
Verdad registró más de 22.000 denuncias de violencia “grave” entre enero
de 1980 y julio de 1991, de las que más de un 60% correspondían a
ejecuciones extrajudiciales, el 25% a desapariciones forzadas y en el
20% de los casos se denunciaron también torturas. El 85% de los
testimonios imputaron las violaciones de derechos humanos a agentes del
estado, “escuadrones de la muerte” y paramilitares. Socorro Jurídico
Cristiano “Arzobispo Óscar Romero” contabilizó la muerte de 7.916
campesinos en 1981. La Comisión No-Gubernamental de Derechos Humanos de
El Salvador informó en noviembre de 1981 de que en el lugar conocido
como “El Playón”, podían visibilizarse las masacres, detenciones
arbitrarias y desapariciones de los últimos meses: allí se habían
arrojado los cadáveres de más de 400 personas. La Asociación Nacional de
Educadores Salvadoreños (ANDES) dio cuenta de la ejecución de 136
maestros en el primer semestre de 1981.
Socorro Jurídico
Cristiano “Arzobispo Óscar Romero” denunció el número de víctimas entre
la población civil. 11.903, en 1980; otras 16.266 en el año 1981; y
5.962 víctimas, en 1982. Pero además de los balances estadísticos, es
posible trazar un memorial de las masacres. En la de El Calabozo (agosto
1982), en el departamento de San Vicente, el ejército asesinó a más de
200 personas con el pretexto de “limpiar” la zona de guerrilleros. En el
caserío El Mozote del departamento de Mozarán (diciembre de 1981) la
cifra de campesinos asesinados podría alcanzar los 900; y en la masacre
de Sumpul (Chalatenango), en mayo de 1980, el ejército de El Salvador y
grupos paramilitares abatieron a no menos de 300 civiles desarmados
(unos meses después el presidente José Napoleón Duarte afirmó que se
trataba de “guerrillas comunistas”). Óscar Arnulfo Romero pensaba de
otro modo: “Éste es el pensamiento fundamental de mi predicación: nada
me importa tanto como la vida humana”.
La muerte de Romero no
fue la única sufrida por religiosos. En diciembre de 1980 fueron
violadas y asesinadas por agentes de la Guardia Nacional de El Salvador
tres monjas norteamericanas y una misionera laica. En “El miedo a la
democracia” (Crítica, 1991), el lingüista y politólogo Noam Chomsky
afirma que los medios de comunicación en intelectuales “ignoraron en
gran medida el asesinato del arzobispo Romero, que no mereció siquiera
un editorial en The New York Times”. Chomsky reproduce las informaciones
del sacerdote católico Daniel Santiago en la revista jesuita América,
sobre las acciones de la Guardia Nacional salvadoreña y el efecto del
adiestramiento militar por parte de Estados Unidos; por ejemplo, una
mujer campesina que encontró, al retornar al hogar, a su madre, hermana y
tres hijos decapitados. Úteros extirpados con los que se cubrían las
caras de las víctimas o genitales mutilados e introducidos en la boca,
se utilizaban como estrategia de intimidación.
El intelectual
estadounidense recuerda el panorama siniestro de la época: fuerzas
armadas que iniciaban la recluta a partir de los 13 años, y enseñaban
rituales de las SS, incluidas las violaciones. Además, en ocasiones “el
partido ARENA en el gobierno denominaba ‘ejército de salvación nacional’
a los escuadrones de la muerte; los miembros de este partido
(incluyendo al presidente Cristiani) prestaban juramento de sangre al
‘líder vitalicio’, Roberto D’Aubuisson”, explica Chomsky. Casi una
década después de la muerte de Óscar Romero, militares salvadoreños
asesinaron en la sede de la Universidad Centroamericana en San Salvador a
Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas, además de una trabajadora del
centro y su hija.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario