CELAG
La economía informal es
una parte importante de la estructura económica de México. Se calcula
que la misma tiene una participación de alrededor del 25% del PIB del
país.
En este sentido, es necesario profundizar sobre lo que
significa la informalidad y sus consecuencias. En principio, esta
economía puede verse como opuesta a lo que se entiende como economía
formal. La misma está relacionada con la existencia de un registro
nacional de la actividad económica, al mismo tiempo que implica cumplir
con las obligaciones impuestas por la regulación estatal, entre ellas,
el pago de impuestos. La informalidad en estos términos puede ser a
medias, ya que es posible que la actividad económica y el emprendimiento
estén registrados pero no así sus trabajadores.
Otra manera de
distinguir la informalidad es por sus características. La actividad es
de pequeña escala, con baja utilización de tecnología, mano de obra poco
calificada, emprendimientos familiares o comunales y bajo margen de
ganancia, en definitiva, una economía de subsistencia.
Según los
parámetros de desarrollo neoliberales, la economía informal debe
combatirse, de hecho, se le adjudica el atraso en el desarrollo de las
economías. De la búsqueda del Estado de Bienestar y la garantía de los
derechos de los trabajadores, se pasó a la aplicación de las leyes de
flexibilización laboral. Estas últimas bajarían los costos por
trabajador, y fomentarían a las empresas a contratar mayor cantidad de
personal bajo una “nueva formalidad”. Sin embargo, los resultados
muestran – tanto en México como en el resto de Latinoamérica – que el
empleo no aumentó, sino que cayeron los costos de las empresas generando
una brecha mayor de desigualdad funcional y que generó un mayor grado
de inestabilidad laboral. Y a todo esto hay que agregar que en México, a
pesar de todos estos ajustes en contra de las condiciones laborales de
los trabajadores, la informalidad laboral no cesó.
Dejando de
lado las consideraciones sobre si la economía informal es buena o es
mala, la realidad es que según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía de México (INEGI) para el primer trimestre de2017 contabilizó
una tasa total de informalidad laboral del 57,2%. Es decir, más de la
mitad de la población está ocupada en esta economía.
Si a este
número de empleados informales sumamos a aquellos que se encuentran
desocupados, y les sumamos también las personas económicamente no
activas pero disponibles, es decir, aquellas que no están buscando
empleo pero podrían trabajar, son 37,1 millones de personas sin aportes
ni seguridad social frente a 22,1 millones de ocupados formalmente.
Asimismo, la población económicamente inactiva en México, es decir,
niños y ancianos, suma 63,6 millones. Estos números, sencillos y
básicos, explican la inestabilidad del modelo económico social en
México.
Según el informe de OXFAM y la CEPAL de 2015 más de la
mitad de la población mexicana se encuentra sumida en la pobreza y un
20,6% alcanza la indigencia [1] .
Estos indicadores son completamente coherentes con el nivel de
informalidad de la economía y con su alto índice de desigualdad. Según
la CEPAL en 2014 el coeficiente de Gini alcanzó 0,49, mientras que el
promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) es de 0,32.
Pero el sentido de este
artículo no es atacar la economía informal, sino lo contrario. Esta
economía permite que la mayor parte de la población subsista y con
escasos recursos aporta una gran parte del producto. Es importante que
el gobierno de México, así como se ha hecho en otros países de
Latinoamérica, apueste por nuevas maneras de formalizar la actividad
económica existente en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de
la mayor parte de la población.
Así como el seguro popular de
salud en México, existen distintos ejemplos regionales en los que se
avanzó para otorgar mayor protección a la población, programas para
registrar el trabajo doméstico, asignar un ingreso social universal,
otorgar moratoria a aquellos jubilados que no registraron aportes pero
trabajaron toda su vida informalmente, bonos para acceder en mejores
condiciones a la educación tanto primaria como de niveles superiores.
Para revertir las pésimas condiciones sociales es necesario abandonar
las políticas económicas neoliberales de ajuste y apostar por un esquema
de inversión social y de economía popular acorde a la economía real del
país que permita ir mejorando las condiciones de vida de los individuos
y alcanzar mayores niveles de desarrollo social.
Nota:
Lucia Converti / Investigadora CELAG
Artículo publicado en: http://www.celag.org/mexico-
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