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Especial para Firmas Selectas de Prensa Latina
Entre
1979-2017 Ecuador ha vivido la etapa más larga de regímenes
constitucionales, un proceso que contrasta con el pasado, cuando el país
tuvo una historia similar al conjunto de América Latina, con oleadas de
constitucionalismo, dictaduras, caudillos o revoluciones.
La
Revolución Ciudadana bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) no
sólo forma parte de esta singular etapa, sino que surgió bajo una serie
de contextos.
Después
de las décadas “desarrollistas” de 1960 y 1970 y tras las dictaduras
petroleras de esta última, el retorno a la democracia institucional
parecía fortalecer una tendencia progresista; pero la crisis de la deuda
externa desde 1981/82, seguida del progresivo e indetenible avance del
modelo empresarial/neoliberal de economía, liquidaron el ascenso social.
Además,
los partidos y la clase política del momento pasaron a controlar las
funciones del Estado en beneficio propio. Esa combinación entre economía
y política aceleró la desinstitucionalización del Estado, pero sobre
todo deterioró sistemáticamente las condiciones de vida y de trabajo de
la mayoría de la población nacional porque se consolidó un sistema que,
en plena época de globalización transnacional y derrumbe del socialismo,
dio el triunfo al capital, beneficiando en Ecuador a una elite que
concentró la riqueza y el poder como en ninguna otra época.
La
Revolución Ciudadana inauguró un nuevo ciclo en la historia política
ecuatoriana, en el contexto de los gobiernos progresistas, democráticos y
de nueva izquierda de América Latina, con la que el presidente Correa
mantuvo una permanente identidad.
Finalmente se perdió todo sentido
de latinoamericanismo, soberanía y hasta decoro y dignidad nacionales,
por la subordinación al FMI, a los intereses imperialistas y a los
principios del mercado libre con empresa privada absoluta.
Fue la
reacción contra esas condiciones la que condujo al cambio: el triunfo
presidencial de Rafael Correa apoyado por el sector progresista,
democrático y de toda la izquierda nacional, la Asamblea Constituyente,
la Constitución de 2008 y el nuevo poder ciudadano en el control del
Estado, incluso bajo condiciones prometedoras, por los altos precios de
los bienes de exportación y sobre todo del petróleo, del cual dependía
la economía del país.
Superar las herencias resultó una obra
titánica, porque comenzaron a ser afectados, no solo los antiguos
sectores del poder sino tradicionales grupos políticos y movimientos
sociales, acostumbrados a sus propias prebendas.
Con el avance de
la Revolución Ciudadana, el modelo empresarial/neoliberal fue
rápidamente superado por una economía social CON mercado (término
operativo para caracterizar un “modelo” que también se diferencia de la
economía social DE mercado europea), cuyos rasgos han servido para que
se le bautice erróneamente como neodesarrollismo, neoestructuralismo,
neokeynesianismo y hasta postcapitalismo.
Ha sido fundamental el
fortalecimiento de las capacidades estatales, la acción regulatoria del
Estado, la consolidación del régimen redistributivo de los impuestos y
las inversiones en obras públicas que durante una década transformaron
las infraestructuras del país en forma inédita, así como también
potenciaron, como nunca antes, los servicios públicos en varias áreas:
educación, salud, atención médica, seguridad social y vivienda.
También fue superado el antiguo Estado-de-partidos,
con la nueva constitucionalidad basada en el poder ciudadano (otro
término por el momento operativo), el presidencialismo fortalecido, la
nueva institucionalidad entre las funciones del Estado, y el apoyo del
sector progresista y democrático de la sociedad en 14 procesos
electorales, que refleja una multiplicidad clasista, sobre cuya base se
recuperaron los principios de soberanía, orgullo y dignidad nacionales.
La
incomprensión de estos cambios en el régimen político también ha
conducido a que se revivan viejos conceptos sociológicos para
caracterizar al gobierno del “correísmo”, desde perspectivas subjetivas y
meramente conceptuales, como populista, caudillista, paternalista,
hiperpresidencialista, etc., y hasta autoritario.
Con el gobierno de
Lenín Moreno comienza una nueva fase, bajo la expectativa regional y
las esperanzas nacionales que confían en consolidar y profundizar los
logros de una década ganada para la historia del país.
De todos
modos, el proceso de la Revolución Ciudadana debe ser observado como una
sucesión de distintos momentos, porque entre 2007-2008 se ubicó la
reforma constitucional; entre 2009-2013 la estabilización de los
objetivos y reformas; entre 2013-2014 la institucionalización hegemónica
de Alianza País; pero entre 2015-2016 la recesión económica, que solo
desde 2017 empieza a girar por los índices de recuperación existentes.
Por
consiguiente, en la perspectiva de amplio plazo la Revolución Ciudadana
inauguró un nuevo ciclo en la historia política del Ecuador, que se
inscribió en el marco de los gobiernos progresistas, democráticos y de
nueva izquierda en América Latina, región con la que el presidente
Correa mantuvo una identidad permanente.
Las transformaciones
económicas y sociales han sido resaltadas por informes y estudios de la
Cepal, el Pnud, el BM y hasta el FMI, que observaron la disminución de
la pobreza, el progreso en la equidad y redistribución de la riqueza,
así como la atención en los servicios estatales; la obra de gobierno fue
reconocida en foros académicos y políticos internacionales; el
liderazgo de Rafael Correa igualmente exaltado por las universidades que
le otorgaron 15 doctorados Honoris Causa.
Como ha ocurrido
con otros gobiernos latinoamericanos guiados por orientaciones de nueva
izquierda, el gobierno de la Revolución Ciudadana despertó poderosas
fuerzas de oposición: el imperialismo, las élites
económico-empresariales, el partidismo y el movimientismo tradicionales,
los medios de comunicación mercantiles, y hasta un sector de la
izquierda que en la segunda vuelta electoral de 2017, incluso, llamó a
votar por un candidato de la banca o creó los conceptos fundamentales
(allí estuvieron los marxistas pro-bancarios) para combatir al “correísmo”.
Desde
luego, quedaron una serie de políticas por atender: los triunfos
electorales no promovieron una democracia más participativa y directa;
ha sido insuficiente el apoyo al sector de economía social y solidaria;
no se cumplió con la reforma agraria aspirada por el campesinado; fueron
conflictivas las relaciones con las dirigencias de los trabajadores,
indígenas y otros sectores sociales; también quedaron problemas de
burocratismo y excesiva centralización; en los dos últimos años se
flexibilizaron ciertos derechos laborales y se giró a decisiones
demasiado favorables al sector privado; se estabilizó un “capitalismo
social”.
Por
sobre los límites, en una década Ecuador se transformó. Y el triunfo
del presidente Lenín Moreno, con hegemonía política de Alianza País,
evitó el retorno de los intereses de la ultraderecha económica y
política.
Con el presidente Moreno, Ecuador ha comenzado una nueva
fase en el proceso de la Revolución Ciudadana, bajo la expectativa de
América Latina y las esperanzas nacionales que confían en la continuidad
a favor de la consolidación y profundización de los logros de una
década indudablemente ganada para la historia nacional.
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