A propósito del fallecimiento del general Noriega
reeditamos estas notas del libro “Diez años de luchas políticas y
sociales en Panamá (1980-1990)”
El presidente de
Estados Unidos, George Bush, justificó la invasión a Panamá sobre la
base de una serie de pretextos cuya lógica es casi innecesario rebatir.
Según Bush, los objetivos de la invasión del 20 de diciembre fueron:
proteger la vida de los norteamericanos residentes en Panamá, atacar el
narcotráfico sometiendo a Noriega a la justicia y "restaurar" el proceso
democrático panameño.
El régimen militar jamás amenazó la vida y
las propiedades de los norteamericanos y los grandes capitalistas, por
el contrario, protegió hasta el final dichos intereses a costa del
sacrificio de los trabajadores panameños. Hasta en el plano militar la
política de las FDP fue la de evitar la confrontación, pese a las
reiteradas provocaciones del ejército norteamericano. Es más, la
inconsecuencia de la dirección norieguista llegó al extremo de que la
mayoría absoluta de la alta oficialidad, con un par de honrosas
excepciones, abandonó los cuarteles y huyó cobardemente apenas supo que
venía la invasión, dejando a la tropa librada a su suerte.
Si el
problema era que el general Noriega había convertido a Panamá en el
paraíso del narcotráfico y el lavado de dinero, pues entonces hay que
decir que estas actividades han continuado con fuerza después de la
invasión. Transcurridos casi cuatro años de la invasión, el diario
norteamericano Washington Post decía: "El Departamento de Estado
reconoce que, aparte del propio Estados Unidos, la nuevamente
democrática Panamá es el centro más activo de lavado de dinero cocainero
del hemisferio" (1).
A nuestro juicio, se pueden resumir en
tres los objetivos reales de la invasión norteamericana del 20 de
diciembre de 1989: los relativos a la estabilización de la situación
política y el tipo de régimen necesario para lograrlo; los económicos,
que estaban muy relacionados con lo anterior, es decir, la aplicación
del plan fondomonetarista; y los geopolíticos, el problema de las bases
militares y su control sobre el Canal de Panamá.
Respecto al
primero y segundo objetivos, es conveniente recordar lo que ya hemos
señalado en los capítulos anteriores, el proceso de democratización que
fuera pactado entre los militares panameños y el imperialismo
norteamericano fue hecho añicos por las luchas de los trabajadores
contra los planes de ajuste estructural. Muchas personas, al calor de
las contradicciones surgidas entre la Casa Blanca y Manuel A. Noriega, a
partir de 1987, olvidan que el plan de "democratización" fue pactado
entre ambos, y que las contradicciones entre los militares panameños y
los estrategas del Departamento de Estado sólo surgieron luego de 1985,
cuando las luchas populares habían afectado la estabilidad política del
régimen y a sus "ajustes".
El plan de "reacción democrática" se
desarrolló de común acuerdo entre los militares panameños y Estados
Unidos en su primera fase (1978-84), y que en 1984 éste recibió un nuevo
espaldarazo de ambos con el respaldo que otorgan al presidente Ardito
Barletta. La conjunción de intereses se manifestó también en el apoyo
que recibió el proyecto de militarización de la Guardia Nacional (Ley
20) por parte del Pentágono. En prueba de esto señalamos que la ayuda
financiera a las fuerzas armadas panameñas por parte de Estados Unidos
saltó de 0.3 y 0.4 millones de dólares en 1980 y 1981, a 5.4 en 1982,
5.5 en 1983, 13.5 millones en 1984 (!), 10.6 en 1985, 8.2 en 1986, para
volver a caer en 1987 a 3.5 millones de dólares (2).
¿Cuándo y
por qué se inician las contradicciones entre el gobierno norteamericano y
la cúpula militar panameña? Ya hemos citado a prominentes
personalidades burguesas, como Aquilino Boyd y Arnulfo Arias, que en
julio de 1985 exigían (el primero a los militares y el segundo a Estados
Unidos) cambios políticos para romper la parálisis en que se había
sumido el gobierno de Barletta producto de las luchas populares contra
el plan fondomonetarista.
Ese año (1985) para superar la crisis,
la cadena se rompió por el eslabón más débil: los militares ofrecieron
la "cabeza" (en el sentido político) de Barletta. Inmediatamente
importantes sectores de la burguesía y la "oposición" dieron una tregua
al nuevo gobierno de Eric Delvalle en un intento por mantener a flote el
proyecto de "reacción democrática".
Pero persistía un problema:
debido al fraude electoral y a las luchas contra el plan de ajuste el
pueblo panameño no había mordido el anzuelo, y no se comía el cuento de
que vivía en un régimen democrático. Se sabía que los militares eran el
poder real, y que eso no había cambiado. El asesinato de Spadafora había
colocado dramáticamente este problema en el centro de la escena
política, aunque no olvidemos que un año antes, en el programa de COCINA
ya figuraba allí la exigencia de recortar el presupuesto de las FDP. La
movilización popular amenazaba directamente al centro del poder
político, las FDP, y colocaba la posibilidad de que una serie de luchas
llevara a una debacle del régimen sin que existieran mecanismos de
recambio.
Este es el origen de las contradicciones: un sector de
la burguesía panameña, y el Departamento de Estado norteamericano,
empezaron a exigir a los militares panameños (durante 1986) que
adoptaran medidas concretas que hicieran creíble ante el pueblo que
ellos se replegaban de la actividad política cediendo el poder a los
civiles, subordinándose al presidente de la República, etc. Había que
establecer un calendario de "democratización", en el que la fecha clave
era el retiro o jubilación del General Manuel A. Noriega, quien a los
ojos de todo el mundo era el "hombre fuerte" de Panamá. Si esto no se
hacía, no había manera de darle legitimidad al gobierno y al régimen,
pues las masas panameñas no se tragarían el cuento de la "democracia".
No
olvidemos que el objetivo de la reacción democrática es el de crear un
régimen presidencialista, con un rejuego de partidos políticos en el
parlamento para que puedan canalizar el descontento popular hacia la vía
electoral. De esta manera, frente a las luchas obreras y populares se
crean mecanismos de intermediación y contención que los regímenes
militares no tienen.
Mientras que para la estrategia
imperialista y la oposición burguesa se trataba de realizar a cabalidad
la institucionalización democrática, lo que implicaba no sólo
elecciones, sino la posibilidad de que la ADOC ganara, y que el mando de
las FDP fuera impersonal, llevado por funcionarios militares sometidos a
un acuerdo nacional que limitaba su intervención en aparato estatal,
etc; para el régimen militar y sus acólitos se trataba de ejecutar una
"democratización" aparente, pero que jamás cuestionara su papel de
árbitro supremo, ni su control del aparato estatal.
La
resolución de la crisis se complicó hasta hacerse imposible un acuerdo
gracias a las particularidades históricas panameñas, en las que el
problema nacional y la presencia norteamericana determinan decisivamente
los acontecimientos políticos. De manera que, una crisis que en otro
país latinoamericano probablemente se habría resuelto en un tiempo
menor, con la imposición por parte del imperialismo norteamericano y sus
aliados internos de sus designios, en Panamá se prolongó por dos años.
Debido
al arraigado sentimiento antimperialista de importantes sectores del
pueblo panameño frente a la permanente intromisión norteamericana en
nuestros asuntos, una parte notable del movimiento obrero cesó sus
luchas contra el régimen y su plan económico conforme aumentaban las
presiones norteamericanas. Es más, parte importante de la clase obrera y
las capas medias de la sociedad, apoyó activamente a Noriega porque lo
veían como la cabeza de la lucha nacionalista de nuestro pueblo. Por
supuesto, este hecho no está en contradicción con el apoyo de masas
recibido por la Cruzada Civilista, especialmente en la clase media.
Porque, aunque minoritarios con relación a los civilistas, no se puede
desconocer que también el nacionalismo levantado por el régimen militar
tuvo apoyo en miles de activistas.
Esta base social, activa o
pasiva, fue la que permitió al régimen militar panameño sobrevivir dos
años de aguda crisis política, sanciones económicas y presiones
norteamericanas. A la base social interna, hay que sumar el respaldo
internacional por la causa panameña frente al imperialismo
norteamericano, la cual impidió siempre a la OEA votar una resolución de
condena al régimen panameño, sin que, por otro lado, tuviera que
condenar la intromisión extranjera.
Noriega, sin ser un
consecuente antimperialista ni nacionalista, se apoyó en estas
contradicciones reales existentes entre Panamá y Estados Unidos, para
sobrevivir convirtiéndose en vocero de la causa nacionalista panameña.
El
choque entre los dos proyectos políticos y el conjunto de la crisis se
centró durante dos años en un sólo punto: el retiro de Noriega. Conforme
la crisis política se fue agudizando este punto fue concentrando todos
los problemas. Agobiado por las presiones, el General Noriega estuvo
dispuesto a ceder el gobierno civil a Guillermo Endara a principios de
1989 (por eso las elecciones fueron "las más limpias de la historia",
hasta el día de la elección), e inclusive después (entre junio y agosto)
se propuso un "gobierno compartido" encabezado por Endara. Lo único que
no aceptaba Noriega era que se le obligara a renunciar, menos aún si
Estados Unidos no retiraba la acusación por narcotráfico, ni que se
desmantelara la institución.
Pero ni la ADOC ni el Departamento
de Estado yanqui podían aceptar a Noriega, pues su sola presencia
indicaba una continuidad del régimen y de la crisis. A la vez que ellos
necesitaban liquidar la autonomía relativa alcanzada por los militares
panameños, para reorganizar la institución militar de acuerdo al nuevo
régimen político presidencialista que se intentaba imponer.
Estas
diferencias no eran meros matices, sino que tras ellas subyacía el
problema concreto acerca de qué fracción detentaría el poder y sus
privilegios. El triunfo de un sector eliminaba al otro. Seguramente esto
es lo que quería señalar Solís Palma cuando decía que ceder a Noriega
significaba el "comienzo del fin". Era el final de un régimen político, y
de los funcionarios civiles y militares que lo encarnaban. Más que eso,
era el final del régimen político con mayor autonomía (con respecto a
Estados Unidos) de la historia panameña, el cual logró crear también una
élite de funcionarios y tecnócratas con relativa independencia de lo
que se ha dado en llamar la "sociedad civil".
Estas
contradicciones a lo interno de la clase dominante panameña tenían que
ser más agudas cuando se estaba a las puertas de la última década del
siglo, momento en que, de acuerdo a los Tratados del Canal, Torrijos -
Carter, debían revertir valiosas instalaciones y terrenos, así como el
canal mismo, a la soberanía y economía panameñas. La fracción de la
burguesía que maneje los destinos políticos del país será, sin duda, la
mayor beneficiaria de la privatización de los "bienes revertidos",
evaluados en unos 30,000 millones de dólares.
¿Quería el
imperialismo norteamericano la destrucción del aparato de las FDP por
ser un ente "nacionalista", tal y como lo pintan los defensores del ex
régimen militar? Definitivamente que no. Al menos durante la mayor parte
de la crisis ésta no fue la intención del gobierno norteamericano.
Además de que el comportamiento de las FDP, hasta principios de 1987 (y
aún después), no representaba una amenaza para los intereses
norteamericanos, más bien actuaban como aliadas ¿Por qué destruir un
aparato cuidadosamente construido por el propio Comando Sur? Las
declaraciones de los voceros de la Casa Blanca y las resoluciones del
Senado llegan a apelar reiteradamente a favor de que Noriega ponga la
fecha de su retiro como una medida de salvar a las FDP.
La
invasión a Panamá y la destrucción de las FDP quedó colocada por la
realidad recién a mediados de 1989, cuando la crisis panameña llegó a un
punto sin salida, y cuando ésta se conjugó con un plan del ejército
norteamericano para recuperar su prestigio e intentar superar el
"síndrome de Vietnam" realizando acciones militares directas en otros
países.
Según el periodista norteamericano Bob Woodward (3), la
administración del presidente George Bush empezó a planear seriamente la
invasión en mayo de 1989, después de la anulación de las elecciones.
Pero todavía en el mes de julio de ese año el general Frederick Woerner,
jefe del Comando Sur, se oponía a la acción armada por lo que fue
suplantado por el general Maxwell Thurman. Ya en octubre de 1989 la
decisión de invadir estaba tomada, y simplemente se afinaban los
detalles. Por eso, Estados Unidos no apoyó al mayor Moisés Giroldi y los
golpistas del 3 de octubre.
¿Se oponía de tal manera el régimen
militar panameño a legalizar la permanencia de sus bases militares más
allá del año 2,000, de tal manera que necesitaba Estados Unidos invadir y
destruir a las FDP? ¡Definitivamente no! Hasta 1987 la relación entre
el Pentágono y el régimen militar fue de colaboración, por lo cual, si
fuera el caso, se habría podido renegociar la permanencia de las bases
militares sin que eso significara un choque violento.
Todavía
después, en la fase más aguda de la crisis, en agosto de 1989, el propio
general Noriega dijo, "si los norteamericanos quieren las bases, que
vayan y las pidan, pero que no hagan como el hombre que quiere enamorar a
una mujer y la viola" (4). Esta declaración dice mucho del
"nacionalismo" de Noriega y su régimen.
¿Necesita Estados Unidos
renegociar la permanencia de sus bases militares en Panamá más allá del
año 2,000? Definitivamente sí. Cuando el presidente James Carter firmó
el Tratado del Canal, Estados Unidos pasaba por un momento altamente
crítico (Watergate, pérdida de la guerra de Vietnam, etc).
En
una circunstancia como esa Norteamérica accedió a ponerle una fecha
final para la presencia militar en Panamá, reservándose el derecho de
intervención a perpetuidad. Pero a medida que esa potencia se ha
recuperado del "síndrome de Vietnam", se ha replanteado el problema de
su control sobre zonas estratégicas del mundo, y Panamá es una de ellas.
Por eso, el Senado y grupos asesores en política exterior, como el
llamado Grupo de Santa Fe (que asesoró los gobiernos de Reagan y Bush),
han planteado con claridad el objetivo de obtener un nuevo acuerdo sobre
las bases militares en nuestro país.
No se trataba de que las
FDP tuvieran una postura recalcitrantemente nacionalista, pero si era
cierto que Estados Unidos necesitaba resolver la crisis política
panameña también para que un régimen estable, y sumiso, pueda renegociar
un acuerdo de bases. Esta fue una situación parecida a lo que sucedía a
fines de los años 60, la crisis política se había convertido en
obstáculo para la incluso renegociación del tratado sobre el Canal de
Panamá. Además, el gobierno norteamericano debía promover una
reorganización de las fuerzas armadas panameñas, tratando de acabar con
los elementos nacionalistas y torrijistas que habían crecido a lo
interno y que podrían ser reacios a una relación de sometimiento hacia
el Comando Sur. Esto se ha venido haciendo desde la invasión.
Lo
que no es cierto es la versión propagandística lanzada por los acólitos
del régimen militar, de que era completamente antagónica la existencia
de las FDP y las tropas norteamericanas. Por el contrario, el Pentágono
promovió en sus inicios el desarrollo de la Guardia Nacional, pues
necesitaba de un cuerpo de seguridad panameño que les ayude a mantener
el control sobre el Canal, sin que sus tropas tengan que intervenir
constantemente.
(Agregamos ahora, en 2017: ese acuerdo de bases
fue el proyecto de CMA que intentaron bajo el gobierno del PRD de
Ernesto Pérez Balladares y que fracasó rechazado por el pueblo panameño.
Pero bajo el gobierno de Mireya Moscoso en adelante los gobiernos han
firmado con Estados Unidos acuerdos de seguridad que hacen el papel del
acuerdo de bases. Como el llamado Acuerdo Salas-Bequer, firmado en 1991,
que entrega la soberanía sobre el espacio aéreo y el mar territorial a
estados Unidos con la excusa de combatir el narcotráfico).
Bibliografía
1. La Prensa, 26 de septiembre de 1993.
2. Brannan J., Betty. "Desde Washington". La Prensa, 21 de octubre de 1990.
3. La Prensa, 3 de mayo de 1991.
4. Gaceta Económica, año 2, Nº 10. Septiembre de 1989.
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