Por: Stella Calloni
Foto: Archivo.
El juez federal Marcelo Martinez De Giorgi procesó este lunes a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a su ex apoderado Sergio Schoklender y otros por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos para construir viviendas para trabajadores, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Esto a pesar de que De Bonafini denunció a Schoklender por haber
comprobado que estafó a las Madres, desviando fondos para un grupo en el
que figuran empresarios judíos amigos del acusado.
El desvío fue de unos 206 millones de pesos, lo que equivale actualmente a unos 13 millones de dólares.
También fueron procesados el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel
Fatala, un respetado político el ex secretario de Obras Públicas José
López, ya detenido por otra causa, además de Pablo Schoklender, el
hermano menor de Sergio a quienes se les impuso un embargo a cada que
van de los 150 a los 250 millones de pesos.
El mismo juez dictó la falta de mérito para el ex ministro de
Planificación, Julio De Vido, y gobernadores e intendentes donde se
realizaron obras. Se comprobó un desvío de más de 200 millones de pesos
con los fondos oficiales por parte de Schoklender que no informaba a las Madres
y expedía cheques descontados en las llamadas cuevas, ilegales, pero
terminaban siendo depositados por empresas agropecuarias y cooperativas
para pagar menos impuestos. Con ese mecanismo, los Schoklender manejaban
millones de pesos en efectivo, señala el portal Diario Registrado.
En el fallo de más de 500 páginas, el juez describe distintas
maniobras utilizadas para desviar los fondos oficiales, que terminaron
en cuentas de los Schoklender y sus allegados.
La investigación comenzó hace seis años bajo el juez Norberto
Oyarbide que como es lógico investigó a los hermanos Schoklender, pero
en 2013, la Cámara Federal anuló todo. Martínez de Giorgi quedó a cargo
de la causa y también procesó al contador Alejandro Gotkin, que estuvo
detenido junto a los Schoklender, por el delito de lavado de dinero; el
piloto Gustavo Serventich, quien tuvo un rol clave en la compra de dos
aviones y a Fernando Caparrós Gómez, dueño de la financiera donde se
cambiaron la mayor cantidad de cheques de la Fundación Madres de Plaza
de Mayo, y varias personas que integraban el entorno de los Schoklender.
En realidad el procesamiento a De Bonafini se realiza de cara
a las elecciones legislativas de octubre próximo, la persecución
político-mediática y judicial del gobierno de Mauricio Macri para
desacreditar a sus opositores políticos no tiene límites.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
que visita el país expresó su preocupación por el beneficio que
resolvieron tres jueces de la Corte Suprema de Justicia en favor de un
condenado por graves crímenes de lesa humanidad, utilizando una ley que
computa dos años por uno, con lo cual se abría la puerta de la impunidad
para todos los condenados por los crímenes de lesa humanidad durante la
pasada dictadura militar (1976-1983). Hubo un fuerte respaldo de la
CIDH para los organismos de derechos humanos por su larga lucha por la
memoria, verdad, justicia y reparación.
Renuncia a la defensa soberana
En este escenario el gobierno de Macri
autorizó a las secretarías de Hacienda y de Finanzas a colocar bonos
públicos por hasta 20 mil millones de dólares, renunciando a oponer la
defensa de inmunidad soberana en una medida publicada en el Boletín
Oficial, que causó rechazo e indignación. En esta medida se incluyen
cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de los
tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York, y/o de los
tribunales de Londres, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa
de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se
pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a
dichos acuerdos.
En esta medida no figuran entre los bienes inembargables los recursos
naturales, lo que implica que a la hora de reclamar el pago de la deuda
no están protegidos por la inmunidad soberana. Macri ya había
sido denunciado en abril pasado por defraudación y abuso de autoridad.
Pero la justicia actual en manos de jueces de la llamada corporación
judicial, adicta al gobierno hasta ahora no han tomado ninguna medida
con funcionarios gubernamentales.
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