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miércoles, 31 de mayo de 2017

Noriega y la invasión de 1989


A propósito del fallecimiento del general Noriega reeditamos estas notas del libro “Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990)”

El presidente de Estados Unidos, George Bush, justificó la invasión a Panamá sobre la base de una serie de pretextos cuya lógica es casi innecesario rebatir. Según Bush, los objetivos de la invasión del 20 de diciembre fueron: proteger la vida de los norteamericanos residentes en Panamá, atacar el narcotráfico sometiendo a Noriega a la justicia y "restaurar" el proceso democrático panameño.
 
El régimen militar jamás amenazó la vida y las propiedades de los norteamericanos y los grandes capitalistas, por el contrario, protegió hasta el final dichos intereses a costa del sacrificio de los trabajadores panameños. Hasta en el plano militar la política de las FDP fue la de evitar la confrontación, pese a las reiteradas provocaciones del ejército norteamericano. Es más, la inconsecuencia de la dirección norieguista llegó al extremo de que la mayoría absoluta de la alta oficialidad, con un par de honrosas excepciones, abandonó los cuarteles y huyó cobardemente apenas supo que venía la invasión, dejando a la tropa librada a su suerte.
 
Si el problema era que el general Noriega había convertido a Panamá en el paraíso del narcotráfico y el lavado de dinero, pues entonces hay que decir que estas actividades han continuado con fuerza después de la invasión. Transcurridos casi cuatro años de la invasión, el diario norteamericano Washington Post decía: "El Departamento de Estado reconoce que, aparte del propio Estados Unidos, la nuevamente democrática Panamá es el centro más activo de lavado de dinero cocainero del hemisferio" (1).
 
A nuestro juicio, se pueden resumir en tres los objetivos reales de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989: los relativos a la estabilización de la situación política y el tipo de régimen necesario para lograrlo; los económicos, que estaban muy relacionados con lo anterior, es decir, la aplicación del plan fondomonetarista; y los geopolíticos, el problema de las bases militares y su control sobre el Canal de Panamá.
 
Respecto al primero y segundo objetivos, es conveniente recordar lo que ya hemos señalado en los capítulos anteriores, el proceso de democratización que fuera pactado entre los militares panameños y el imperialismo norteamericano fue hecho añicos por las luchas de los trabajadores contra los planes de ajuste estructural. Muchas personas, al calor de las contradicciones surgidas entre la Casa Blanca y Manuel A. Noriega, a partir de 1987, olvidan que el plan de "democratización" fue pactado entre ambos, y que las contradicciones entre los militares panameños y los estrategas del Departamento de Estado sólo surgieron luego de 1985, cuando las luchas populares habían afectado la estabilidad política del régimen y a sus "ajustes".
 
El plan de "reacción democrática" se desarrolló de común acuerdo entre los militares panameños y Estados Unidos en su primera fase (1978-84), y que en 1984 éste recibió un nuevo espaldarazo de ambos con el respaldo que otorgan al presidente Ardito Barletta. La conjunción de intereses se manifestó también en el apoyo que recibió el proyecto de militarización de la Guardia Nacional (Ley 20) por parte del Pentágono. En prueba de esto señalamos que la ayuda financiera a las fuerzas armadas panameñas por parte de Estados Unidos saltó de 0.3 y 0.4 millones de dólares en 1980 y 1981, a 5.4 en 1982, 5.5 en 1983, 13.5 millones en 1984 (!), 10.6 en 1985, 8.2 en 1986, para volver a caer en 1987 a 3.5 millones de dólares (2).
 
¿Cuándo y por qué se inician las contradicciones entre el gobierno norteamericano y la cúpula militar panameña? Ya hemos citado a prominentes personalidades burguesas, como Aquilino Boyd y Arnulfo Arias, que en julio de 1985 exigían (el primero a los militares y el segundo a Estados Unidos) cambios políticos para romper la parálisis en que se había sumido el gobierno de Barletta producto de las luchas populares contra el plan fondomonetarista.
 
Ese año (1985) para superar la crisis, la cadena se rompió por el eslabón más débil: los militares ofrecieron la "cabeza" (en el sentido político) de Barletta. Inmediatamente importantes sectores de la burguesía y la "oposición" dieron una tregua al nuevo gobierno de Eric Delvalle en un intento por mantener a flote el proyecto de "reacción democrática".
 
Pero persistía un problema: debido al fraude electoral y a las luchas contra el plan de ajuste el pueblo panameño no había mordido el anzuelo, y no se comía el cuento de que vivía en un régimen democrático. Se sabía que los militares eran el poder real, y que eso no había cambiado. El asesinato de Spadafora había colocado dramáticamente este problema en el centro de la escena política, aunque no olvidemos que un año antes, en el programa de COCINA ya figuraba allí la exigencia de recortar el presupuesto de las FDP. La movilización popular amenazaba directamente al centro del poder político, las FDP, y colocaba la posibilidad de que una serie de luchas llevara a una debacle del régimen sin que existieran mecanismos de recambio.
 
Este es el origen de las contradicciones: un sector de la burguesía panameña, y el Departamento de Estado norteamericano, empezaron a exigir a los militares panameños (durante 1986) que adoptaran medidas concretas que hicieran creíble ante el pueblo que ellos se replegaban de la actividad política cediendo el poder a los civiles, subordinándose al presidente de la República, etc. Había que establecer un calendario de "democratización", en el que la fecha clave era el retiro o jubilación del General Manuel A. Noriega, quien a los ojos de todo el mundo era el "hombre fuerte" de Panamá. Si esto no se hacía, no había manera de darle legitimidad al gobierno y al régimen, pues las masas panameñas no se tragarían el cuento de la "democracia".
 
No olvidemos que el objetivo de la reacción democrática es el de crear un régimen presidencialista, con un rejuego de partidos políticos en el parlamento para que puedan canalizar el descontento popular hacia la vía electoral. De esta manera, frente a las luchas obreras y populares se crean mecanismos de intermediación y contención que los regímenes militares no tienen.
 
Mientras que para la estrategia imperialista y la oposición burguesa se trataba de realizar a cabalidad la institucionalización democrática, lo que implicaba no sólo elecciones, sino la posibilidad de que la ADOC ganara, y que el mando de las FDP fuera impersonal, llevado por funcionarios militares sometidos a un acuerdo nacional que limitaba su intervención en aparato estatal, etc; para el régimen militar y sus acólitos se trataba de ejecutar una "democratización" aparente, pero que jamás cuestionara su papel de árbitro supremo, ni su control del aparato estatal.
 
La resolución de la crisis se complicó hasta hacerse imposible un acuerdo gracias a las particularidades históricas panameñas, en las que el problema nacional y la presencia norteamericana determinan decisivamente los acontecimientos políticos. De manera que, una crisis que en otro país latinoamericano probablemente se habría resuelto en un tiempo menor, con la imposición por parte del imperialismo norteamericano y sus aliados internos de sus designios, en Panamá se prolongó por dos años.
 
Debido al arraigado sentimiento antimperialista de importantes sectores del pueblo panameño frente a la permanente intromisión norteamericana en nuestros asuntos, una parte notable del movimiento obrero cesó sus luchas contra el régimen y su plan económico conforme aumentaban las presiones norteamericanas. Es más, parte importante de la clase obrera y las capas medias de la sociedad, apoyó activamente a Noriega porque lo veían como la cabeza de la lucha nacionalista de nuestro pueblo. Por supuesto, este hecho no está en contradicción con el apoyo de masas recibido por la Cruzada Civilista, especialmente en la clase media. Porque, aunque minoritarios con relación a los civilistas, no se puede desconocer que también el nacionalismo levantado por el régimen militar tuvo apoyo en miles de activistas. 
 
Esta base social, activa o pasiva, fue la que permitió al régimen militar panameño sobrevivir dos años de aguda crisis política, sanciones económicas y presiones norteamericanas. A la base social interna, hay que sumar el respaldo internacional por la causa panameña frente al imperialismo norteamericano, la cual impidió siempre a la OEA votar una resolución de condena al régimen panameño, sin que, por otro lado, tuviera que condenar la intromisión extranjera.
 
Noriega, sin ser un consecuente antimperialista ni nacionalista, se apoyó en estas contradicciones reales existentes entre Panamá y Estados Unidos, para sobrevivir convirtiéndose en vocero de la causa nacionalista panameña.
 
El choque entre los dos proyectos políticos y el conjunto de la crisis se centró durante dos años en un sólo punto: el retiro de Noriega. Conforme la crisis política se fue agudizando este punto fue concentrando todos los problemas. Agobiado por las presiones, el General Noriega estuvo dispuesto a ceder el gobierno civil a Guillermo Endara a principios de 1989 (por eso las elecciones fueron "las más limpias de la historia", hasta el día de la elección), e inclusive después (entre junio y agosto) se propuso un "gobierno compartido" encabezado por Endara. Lo único que no aceptaba Noriega era que se le obligara a renunciar, menos aún si Estados Unidos no retiraba la acusación por narcotráfico, ni que se desmantelara la institución.
 
Pero ni la ADOC ni el Departamento de Estado yanqui podían aceptar a Noriega, pues su sola presencia indicaba una continuidad del régimen y de la crisis. A la vez que ellos necesitaban liquidar la autonomía relativa alcanzada por los militares panameños, para reorganizar la institución militar de acuerdo al nuevo régimen político presidencialista que se intentaba imponer.
 
Estas diferencias no eran meros matices, sino que tras ellas subyacía el problema concreto acerca de qué fracción detentaría el poder y sus privilegios. El triunfo de un sector eliminaba al otro. Seguramente esto es lo que quería señalar Solís Palma cuando decía que ceder a Noriega significaba el "comienzo del fin". Era el final de un régimen político, y de los funcionarios civiles y militares que lo encarnaban. Más que eso, era el final del régimen político con mayor autonomía (con respecto a Estados Unidos) de la historia panameña, el cual logró crear también una élite de funcionarios y tecnócratas con relativa independencia de lo que se ha dado en llamar la "sociedad civil".
 
Estas contradicciones a lo interno de la clase dominante panameña tenían que ser más agudas cuando se estaba a las puertas de la última década del siglo, momento en que, de acuerdo a los Tratados del Canal, Torrijos - Carter, debían revertir valiosas instalaciones y terrenos, así como el canal mismo, a la soberanía y economía panameñas. La fracción de la burguesía que maneje los destinos políticos del país será, sin duda, la mayor beneficiaria de la privatización de los "bienes revertidos", evaluados en unos 30,000 millones de dólares.
 
¿Quería el imperialismo norteamericano la destrucción del aparato de las FDP por ser un ente "nacionalista", tal y como lo pintan los defensores del ex régimen militar? Definitivamente que no. Al menos durante la mayor parte de la crisis ésta no fue la intención del gobierno norteamericano. Además de que el comportamiento de las FDP, hasta principios de 1987 (y aún después), no representaba una amenaza para los intereses norteamericanos, más bien actuaban como aliadas ¿Por qué destruir un aparato cuidadosamente construido por el propio Comando Sur? Las declaraciones de los voceros de la Casa Blanca y las resoluciones del Senado llegan a apelar reiteradamente a favor de que Noriega ponga la fecha de su retiro como una medida de salvar a las FDP.
 
La invasión a Panamá y la destrucción de las FDP quedó colocada por la realidad recién a mediados de 1989, cuando la crisis panameña llegó a un punto sin salida, y cuando ésta se conjugó con un plan del ejército norteamericano para recuperar su prestigio e intentar superar el "síndrome de Vietnam" realizando acciones militares directas en otros países.
 
Según el periodista norteamericano Bob Woodward (3), la administración del presidente George Bush empezó a planear seriamente la invasión en mayo de 1989, después de la anulación de las elecciones. Pero todavía en el mes de julio de ese año el general Frederick Woerner, jefe del Comando Sur, se oponía a la acción armada por lo que fue suplantado por el general Maxwell Thurman. Ya en octubre de 1989 la decisión de invadir estaba tomada, y simplemente se afinaban los detalles. Por eso, Estados Unidos no apoyó al mayor Moisés Giroldi y los golpistas del 3 de octubre.
 
¿Se oponía de tal manera el régimen militar panameño a legalizar la permanencia de sus bases militares más allá del año 2,000, de tal manera que necesitaba Estados Unidos invadir y destruir a las FDP? ¡Definitivamente no! Hasta 1987 la relación entre el Pentágono y el régimen militar fue de colaboración, por lo cual, si fuera el caso, se habría podido renegociar la permanencia de las bases militares sin que eso significara un choque violento.
 
Todavía después, en la fase más aguda de la crisis, en agosto de 1989, el propio general Noriega dijo, "si los norteamericanos quieren las bases, que vayan y las pidan, pero que no hagan como el hombre que quiere enamorar a una mujer y la viola" (4). Esta declaración dice mucho del "nacionalismo" de Noriega y su régimen.
 
¿Necesita Estados Unidos renegociar la permanencia de sus bases militares en Panamá más allá del año 2,000? Definitivamente sí. Cuando el presidente James Carter firmó el Tratado del Canal, Estados Unidos pasaba por un momento altamente crítico (Watergate, pérdida de la guerra de Vietnam, etc).
 
En una circunstancia como esa Norteamérica accedió a ponerle una fecha final para la presencia militar en Panamá, reservándose el derecho de intervención a perpetuidad. Pero a medida que esa potencia se ha recuperado del "síndrome de Vietnam", se ha replanteado el problema de su control sobre zonas estratégicas del mundo, y Panamá es una de ellas. Por eso, el Senado y grupos asesores en política exterior, como el llamado Grupo de Santa Fe (que asesoró los gobiernos de Reagan y Bush), han planteado con claridad el objetivo de obtener un nuevo acuerdo sobre las bases militares en nuestro país.
 
No se trataba de que las FDP tuvieran una postura recalcitrantemente nacionalista, pero si era cierto que Estados Unidos necesitaba resolver la crisis política panameña también para que un régimen estable, y sumiso, pueda renegociar un acuerdo de bases. Esta fue una situación parecida a lo que sucedía a fines de los años 60, la crisis política se había convertido en obstáculo para la incluso renegociación del tratado sobre el Canal de Panamá. Además, el gobierno norteamericano debía promover una reorganización de las fuerzas armadas panameñas, tratando de acabar con los elementos nacionalistas y torrijistas que habían crecido a lo interno y que podrían ser reacios a una relación de sometimiento hacia el Comando Sur. Esto se ha venido haciendo desde la invasión.
 
Lo que no es cierto es la versión propagandística lanzada por los acólitos del régimen militar, de que era completamente antagónica la existencia de las FDP y las tropas norteamericanas. Por el contrario, el Pentágono promovió en sus inicios el desarrollo de la Guardia Nacional, pues necesitaba de un cuerpo de seguridad panameño que les ayude a mantener el control sobre el Canal, sin que sus tropas tengan que intervenir constantemente.
 
(Agregamos ahora, en 2017: ese acuerdo de bases fue el proyecto de CMA que intentaron bajo el gobierno del PRD de Ernesto Pérez Balladares y que fracasó rechazado por el pueblo panameño. Pero bajo el gobierno de Mireya Moscoso en adelante los gobiernos han firmado con Estados Unidos acuerdos de seguridad que hacen el papel del acuerdo de bases. Como el llamado Acuerdo Salas-Bequer, firmado en 1991, que entrega la soberanía sobre el espacio aéreo y el mar territorial a estados Unidos con la excusa de combatir el narcotráfico).
 
Bibliografía
 
1. La Prensa, 26 de septiembre de 1993.
 
2. Brannan J., Betty. "Desde Washington". La Prensa, 21 de octubre de 1990.
 
3. La Prensa, 3 de mayo de 1991.
 
4. Gaceta Económica, año 2, Nº 10. Septiembre de 1989.

Tembladeral suramericano, Unasur y papel de las izquierdas


América XXI

Volvieron a cambiar las relaciones de fuerzas en la región con el derretimiento de Michel Temer, presidente ilegítimo de Brasil.
Llevada a un nivel desconocido la inestabilidad política, el gigante latinoamericano sufrirá un nuevo frenazo en su muy lenta recuperación económica, incluso si tuviere éxito el intento –en curso mientras se redactan estas líneas– de cambiar suavemente a Temer y mantener a Henrique Meirelles en el ministerio de Hacienda. Ese resultado golpeará con dureza a los planes de crecimiento en Argentina. Incluso si esto no redundase en una derrota electoral de Mauricio Macri y su coalición Cambiemos, disminuiría significativamente la ya escasa e inestable base de sustentación de Macri.
Dicho en otros términos: la derecha regional tiene mucho menos poder de fuego para atacar a la Revolución Bolivariana.
Itamaraty debió suspender a última hora una reunión por fuera de cualquier organismo regional organizada en Brasil para el martes 23, con el objetivo de acelerar el derrocamiento de Nicolás Maduro. “Hoy más que nunca América Latina (debe aunar) esfuerzos diplomáticos”, dice un ex canciller argentino en la página de opinión del diario La Nación. Y agrega, con inocultable congoja: “lamentablemente la OEA no parece estar en condiciones de ser hoy el vehículo más efectivo para transitar por ese camino. El secretario general del organismo quemó naves antes de la batalla diplomática, limitando gravemente su papel en la crisis”. Ya ni en su cubil lo protegen a Malinche Almagro. Pero el ex diplomático acierta: la OEA no sirve.
Pugna en Unasur
¿Será útil Unasur para el objetivo ya imposible de encomendar a la OEA? Una leve descompensación del presidente Mauricio Macri durante la asunción de Lenín Moreno, a causa de la altura de la Capital ecuatoriana, impidió la programada reunión informal de presidentes del bloque suramericano para tratar el caso Venezuela. El malestar físico evitó uno mayor de carácter diplomático. Nicolás Maduro no estaba en Quito, pero los presidentes ya estaban informados de dos noticias clave: a fines de julio será la elección de diputados para la Asamblea Constituyente en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral fijó el 10 de diciembre para las elecciones regionales. ¿Qué podían demandar los conjurados de Unasur? ¿Adelanto de elecciones presidenciales? ¿Omisión de cualquier respuesta al accionar violento y los actos terroristas de la oposición desenfrenada?
Por caso: a esa misma hora Temer enviaba tropas militares a Brasilia para contener la furia de manifestantes que exigen su dimisión e inmediatas elecciones directas. ¿Puede Unasur declararse en guerra contra una medida de excepcional participación democrática en Venezuela y asociarse al uso de fuerzas militares contra la población civil en Brasil? Porfiar en ese sentido equivaldría a hacer estallar el organismo. Y no precisamente para fortalecer la OEA.
Por tanto, es improbable que en este nuevo cuadro de situación regional Macri pueda alcanzar consenso para su avanzada contra Maduro. La nueva e inestable relación de fuerzas comienza a hacerse sentir en forma de parálisis. Algunas fuentes aseguran que en su fugaz paso por Buenos Aires, el saliente presidente ecuatoriano Rafael Correa acordó con la vicepresidente argentina Gabriela Michetti un nombre conflictivo para presidir Unasur: Octavio Bordón. El ex dirigente del Frepaso que vio frustrada su carrera a la presidencia a fines de los 1990, está considerado por conocedores del tema como representante del Opus Dei. Su eventual designación sería más que un desaire para el Papa Francisco, líder de la corriente opuesta en el entramado Vaticano, además de agregar un factor de conflicto al funcionamiento de Unasur.
Revolución y conducción política
Ante este panorama, resalta más la ausencia de iniciativa en las izquierdas latinoamericanas para entrar a la lid con papel protagónico. Décadas atrás era ya visible la existencia de una crisis en el pensamiento revolucionario, específicamente en la teoría marxista. Hoy las cosas han pasado a mayores.
En Venezuela ocurre en estos meses un hecho trascendental para el rumbo de América Latina, pero también para la teoría política revolucionaria. Es posible afirmar que aquella crisis, sin pausa agravada, ha llegado al punto de demoler conceptos teóricos básicos y anular elementales reflejos de una genuina dirección revolucionaria.
Cuando en los años 1930 el Partido Comunista alemán se negó a hacer un frente único con el Partido Socialista para enfrentar a Hitler, Trotsky hizo una afirmación profética: “(tras la victoria del nazismo) el proletariado alemán se levantará; el Partido Comunista Alemán jamás”. Es posible hacer una afirmación análoga en este momento respecto del posicionamiento de ciertas organizaciones de izquierda en relación con la situación en Venezuela.
La respuesta en curso a la severísima crisis en Venezuela por parte de Maduro y la dirección del Psuv es un ensayo de conducción política revolucionaria que abrirá huella. La conducción político-militar de la Revolución Bolivariana apela a la movilización y organización de masas y, en condiciones dramáticas, busca mantener la unidad social y política de las grandes mayorías. Habrá que discutir planes y medidas económicas, métodos en ciertas áreas, criterios de funcionamiento del Psuv y los organismos de masas. Pero lo esencial es una lección de táctica y estrategia antimperialista y anticapitalista desde el ejercicio del gobierno, en un marco internacional excepcionalmente adverso. Tema para reflexión teórica, debate político y acción consecuente de aquí en adelante.

Las FARC 53 años después



No todos los días una guerrilla en Colombia, toma la decisión de dejar las armas y convertirse en un partido político; la última vez fue en 1.991 y ahora parece tocarle el turno a las FARC, organización nacida el 27 de mayo de 1.964.
Digo que parece corresponderle el turno a las FARC, porque su Dirección tiene esta decisión tomada, pero es claro que el régimen colombiano, no tiene la misma decisión, porque la mitad afirma que si quieren ver a las FARC como un partido político, mientras que la otra mitad se opone a esta transformación. Ambas facciones coinciden en que la solución política del conflicto interno, consiste en que desaparezca la resistencia guerrillera, es decir que deje de existir la rebelión armada revolucionaria, pero sin acabar las causas que la generan.
Si la elite dominante considera correcto acabar las consecuencias del conflicto, dejando intactas las causas, habría que hacerles una medición de inteligencia para entender cómo piensan; pero no, no se trata de falta de inteligencia, es más bien de falta de voluntad política para cambiar, sin ceder en sus privilegios, porque así se encuentran cómodos.
Varios pensarán que el actual gobierno de Santos, si quiere cambiar las causas del conflicto, pero no puede hacerlo. Lo mismo le dijeron en 1.957, a Juan de la Cruz Varela, el último guerrillero liberal:
Incorporar su gente al ejército, darles tierra a los que quisieran volver al campo y además dinero para la vaca y el caballo. (Son) peticiones excesivas, una cosa imposible” [1].
Las peticiones excesivas
Los guerrilleros que se desmovilizaron en 1.991, contribuyeron a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que supuestamente consagró a Colombia, como un Estado social de derecho; pero un cuarto de siglo después, las elites gobernantes le han introducido varias docenas de cambios, a favor de las corporaciones multinacionales y de las minorías privilegiadas... estos son los cambios que le gustan al régimen.
Ahora las FARC piden al régimen tres seguridades: física, jurídica y socioeconómica. Ante las cuales, otra vez desde las clases dominantes dicen que son “peticiones excesivas”. Porque la realidad está demostrando, que las bandas paramilitares proliferan y ya llevan 60 líderes sociales asesinados este año; además, la Corte entregó los acuerdos con las FARC al Congreso, donde sufren una nueva andanada de cambios, ¿adivinen a favor de quiénes?; y en cuanto a los proyectos socieconómicos, de todos es sabido que las finanzas de los banqueros patrocinadores de Santos van bien, pero el tesoro público va mal.
Incumplimientos S.A.
Es notable el esfuerzo que hacen las FARC para seguir cumpliendo lo acordado, mientras el gobierno apurado logra llegar al 13 por ciento de cumplimiento de lo que le corresponde. Pero el asunto de fondo es de falta de voluntad del régimen para cumplir; por ejemplo, el Proyecto de ley sobre tierras, presentado recientemente por el gobierno, sirve al agronegocio multinacional y a los grandes propietarios nacionales, desconociendo abiertamente lo pactado con las FARC sobre este asunto.
El panorama en cuanto a justicia no es mejor, porque en lo pactado sobre verdad y asumir responsabilidades por los hechos del conflicto; mientras las FARC se apegan a lo acordado, en las clases dominantes y sus agentes, realizan un verdadero campeonato por quién saca más ventajas de la Jurisdicción Especial de Paz, en términos de quién elude mejor su responsabilidades y se las achaca a niveles inferiores de mando. Lo peor de todo, es que los sectores de la derecha extrema, hacen política gritando que van a “hacer trizas” los acuerdos de paz, que les conceden una supuesta impunidad a las FARC.
Las elites gobernantes mantienen la tradición centenaria de incumplirle al pueblo y sólo cumplirse a sí mismas y a extranjeros poderosos; por esto está en curso una oleada de protestas sociales que van desde los 250 mil educadores, pasando por paros en regiones como el Chocó, Buenaventura, Cauca y Barrancabermeja; las que son las más excluidas y empobrecidas, al estar pobladas por minorías negras e indígenas.
¿Y el ejército?
Para terminar la comparación con los acuerdos hechos por la elite con la guerrilla hace 6 décadas, debo decir, que en esta coyuntura, está en duda si el gobierno cumplirá sus promesas de entregar tierra, vacas y caballo, a quienes dejen de ser guerrilleros. De incorporación de los guerrilleros al ejército estatal no se habló en estos acuerdos, porque es algo inconcebible para el régimen.
En cualquier país normal, el ejército se dedica a cuidar las fronteras, pero en Colombia desde antes del asesinato de Gaitán en 1.948, las clases dominantes involucraron al ejército y a la policía en el conflicto interno; por esto volver a colocar a las fuerzas militares en la función para la que Bolívar las creó, requiere mucha presión desde la sociedad.
En vez de pensar en reducir el ejército y los presupuestos de guerra, el régimen decidió afiliar a Colombia a la máquina bélica de la OTAN, decisión poco conocida por las y los colombianos, pero rechazada por nuestros vecinos; como lo expresan decenas de intelectuales de Latinoamérica y el Caribe:
Al ser Colombia parte de la OTAN inmediatamente se convierte en un objetivo de la guerra inhumana que la misma OTAN ha fomentado lo que pone al mismo tiempo a todo nuestro continente en riesgo.
Creemos que Colombia y todos nuestros países deben avanzar para hacer realidad plena el objetivo que América Latina y el Caribe sean una Zona de Paz como proclamó la CELAC, en enero de 2014, en La Habana, Cuba.
Pedimos que Colombia revierta esta dec

Trump y la venta de la reserva estratégica de petróleo



Alejandro Nadal
El proyecto de presupuesto dado a conocer por la Casa Blanca busca reducir la deuda federal. Y uno de los componentes importantes para alcanzar ese objetivo es mediante la venta de la mitad de la reserva estratégica de petróleo. Esta medida se vincula estrechamente con la política energética de la administración Trump y merece un análisis cuidadoso.
La Reserva estratégica de petróleo (REP) de Estados Unidos es una provisión de petróleo para periodos de emergencia con una capacidad de hasta 727 millones de barriles de crudo. Fue creada en 1973 a raíz del embargo petrolero decretado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en respuesta a la ayuda estadunidense a Israel en el contexto de la llamada guerra del Yom Kippur.
El inventario contiene al día de hoy unos 695 millones de barriles guardados en cuatro depósitos ubicados en las costas de Texas y Louisiana, cerca de los principales centros de refinación de crudo en Estados Unidos. Las instalaciones incluyen cuevas artificiales en domos salinos que alcanzan hasta mil metros de profundidad y se calcula que el costo de construcción de estas instalaciones rebasó los 4 mil millones de dólares (mmdd).
La reserva actual representa el equivalente a unos 46 días de consumo de petróleo (a las tasas de consumo aparente de 2015). A los precios corrientes en el mercado internacional, la Casa Blanca calcula que el valor de mercado de toda la reserva es de unos 48 mmdd. La venta de la mitad de la reserva se llevaría a cabo en un plazo de diez años y generaría 16.6 mmdd.
En realidad esa cantidad de recursos casi se antoja insignificante cuando se le compara con la deuda del gobierno federal que hoy rebasa los 19 billones (castellanos) de dólares. Pero el proyecto de Trump tiene implicaciones para el mercado mundial de petróleo, la política energética de Estados Unidos y el proceso de cambio climático.
Si bien es cierto que los precios internacionales de crudo han repuntado ligeramente en los últimos meses, por el lado de la oferta el mercado sigue estando saturado a pesar de los últimos acuerdos de la OPEP. Sin duda un panorama de precios deprimidos se va a mantener. El anuncio de que habrá una inyección de más crudo al mercado mundial proveniente de la venta de la REP, aunque dicha venta se lleve a cabo a lo largo de los próximos años, contribuirá a mantener bajos los precios.
La intención de vender la mitad de la REP es consistente con la política energética de Trump. Su objetivo es convertir a Estados Unidos en un país autosuficiente en petróleo y desde esa perspectiva mantener la Reserva estratégica es redundante. Trump ya ha firmado una orden ejecutiva para concluir la construcción del oleoducto Keystone que va desde los campos de Alberta (en Canadá) hasta Port Arthur, al noreste de Houston. Este oleoducto ya transporta diariamente medio millón de barriles de crudo hacia Estados Unidos, pero el desarrollo de los yacimientos de Alberta requiere una salida más importante hacia el mercado internacional vía la costa del Golfo de México. El oleoducto ha estado en disputa desde hace años y Obama nunca quiso firmar el permiso correspondiente. Una de las primeras medidas anunciadas por la administración de Trump fue dar luz verde al proyecto.
Los yacimientos de arenas bituminosas en el río Athabasca, en Alberta, figuran entre los más importantes del mundo con 1.7 billones de barriles de crudo (magnitud sólo superada por las reservas de Arabia Saudita y de la cuenca del Orinoco en Venezuela). Pero estos yacimientos son de crudo muy pesado que es difícil de extraer, transportar y refinar. Por esas dificultades estos campos ya son responsables de 10 por ciento de la huella de Canadá en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para Estados Unidos la aportación de estos campos es una de las claves para reducir la dependencia energética frente a las fuentes del Medio Oriente.
El otro elemento importante para reducir esa dependencia es la producción doméstica a través de la tecnología de fractura hidráulica (fracking). El repunte de los precios de crudo ha dado nuevos bríos a esta industria en Estados Unidos, con lo que el lobby petrolero considera no es necesario mantener la Reserva estratégica de petróleo. La venta de la Reserva es el primer paso hacia la consolidación de una autosuficiencia energética basada en combustibles fósiles.
Éstas son muy malas noticias en el ámbito de las reducciones de emisiones de gases invernadero. La administración Trump no ha anunciado el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático. Como se sabe, los compromisos voluntarios nacionales de reducción de emisiones no son vinculantes, pero por lo menos implican un cierto valor moral y debieran, en principio, facilitar la transición hacia un perfil energético basado en energías renovables. La venta de la Reserva Estratégica de Petróleo es una señala clara de que la plataforma energética de Estados Unidos seguirá basándose en combustibles fósiles.
Twitter: @anadaloficial

martes, 30 de mayo de 2017

Boicot a Trump

Tocar los intereses económicos del presidente
Boicot a Trump

TomDispatch

Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García


Golpear donde le duela
Introducción de Tom Engelhardt
Mientras las encuestas castigan a Trump, el caos en su presidencia aumenta exponencialmente y las noticias son cada día más deprimentes. Tal como Mattea Kramer, colaboradora habitual de TomDispatch nos informa hoy, desde el boicoteo a las empresas que transportan sus productos hasta la saturación de las comunicaciones telefónicas de sus hoteles, un creciente –si bien bastante descoordinado– conjunto de organizaciones anti-Trump está centrado en conseguir la forma de despojar a Estados Unidos de su 45º presidente. Particularmente, estos grupos apuntan a lo que sin duda más le preocupa (aparte, por supuesto, de su propia persona): sus relaciones empresariales y las de sus hijos (solo hay que esperar hasta que las acciones anti-Trump proliferen en el extranjero y las empresas con las enormes letras doradas en el mundo entero se conviertan en la diana de las protestasen curso –o acciones aún peores–). 
Aun así, créase o no, ese podría ser el menor de los problemas para Trump en esos días. Parece que en el corazón mismo de la capital de nuestro país está creciendo otro movimiento de resistencia contra el presidente en lo que extraoficialmente ha llegado a ser el cuarto poder del Estado, el que no está explicitado en la Constitución pero fue creado como si fuera lo único que ella dispusiera: el estado de la seguridad nacional. 
Entre los muchos pasos en falso (una amable expresión, dadas las circunstancias) de un presidente que está claro que pensaba que, después de haber ganado las elecciones, lo peor ya había pasado, nada podía ser más desastroso que su –imposible llamarla decisión; tal vez impulso– oposición a algunos partes de ese Estado dentro del Estado. Empezó comparando a la CIA y otras agencias de inteligencia con sus homólogas de los nazis, y de ahí en más. Que él, evidentemente, nunca imaginó que esas instituciones, que hoy en día vigilan el mundo entero de un modo que habría asombrado a George Orwell y dejado con la boca abierta a los regímenes totalitarios del siglo XX, fueran capaces de responderle nos sorprendió a todos. Por ejemplo, que despidiera a James Comey sin pensar que el director del FBI o sus partidarios dentro de la agencia contraatacarían fue tal vez el colmo de la ceguera (por supuesto, en estos años, ha sido frecuente que las centrales de inteligencia de Estados Unidos se parecieran a esa proverbial pandilla que era incapaz de disparar acertadamente, como en el reciente ataque –posiblemente desde Corea del Norte– contra las redes informáticas de todo el mundo, que en parte estuvo basado en herramientas de piratería robadas a la Agencia Nacional de Seguridad [NSA, por sus siglas en inglés]). 
Ahora, desde los memorandos secretos sobre “juramentos de lealtad” hasta las filtraciones de todo tipo, el estado de la seguridad nacional puede estar tratando de quitarle poder al propio presidente Trump. Da la impresión de que algunos de sus profesionales hayan dejado de espiar para él y empezado a espiarle. Si su reciente amenaza por Tweeter –“Lo mejor que puede esperar James Comey es que ¡no haya ‘grabaciones’ de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar información a la prensa!”– no era algo insustancial (desde luego, él tiene su historial en la grabación de conversaciones telefónicas), podría resultar que quiera darles a tomar su propia medicina. De ser así, lo mejor que puede esperar es que en esas cintas se hayan borrado 18 minutos y medio de grabación*. 
En este momento, los escándalos parecen no desaparecer. La colusión (¿o tal vez confusión?) con la Rusia de Putin, el despido de Comey, el interminable desastre del ex asesor en seguridad nacional Michael Flynn, incluyendo el posible pedido presidencial de que el director del FBI deje de investigar a Flynn y el intercambio de “información confidencial” con el ministro de Asuntos Exteriores ruso están en los primeros puestos de una lista que parece crecer día a día, como los comentarios en el Congreso acerca de “obstrucción a la Justicia” y “destitución”. En tanto –un signo de los tiempos– se dice que los asistentes del presidente están desempolvando su currículum vitae y uniéndose a quienes filtran información sobre su jefe, mientras él sigue resentido con ellos por su propio y enloquecido comportamiento. 
Si esto no es un posible guión para un moderno Dr. Strangelove, ¿qué es? Sólo faltan las armas nucleares (por ahora).
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¿Es posible que un movimiento haga tanto daño a la economía del presidente como para que cambie el panorama político?
En tiempos normales, Dee de Nueva York habría pedido a Amazon su ejemplar de The Handmaid’s Tale**, pero no son estos unos tiempos normales. Amazon está en la lista Grab Your Wallet (Coja su cartera) de la campaña de boicot a comercios minoristas que venden productos de la familia Trump, que empezó para responder al vídeo que revelaba la inclinación del ahora nuestro presidente de meter mano a las mujeres “por el coño”. Dee prefirió comprar su libro en una pequeña tienda.
Desde la elección de Trump en el pasado noviembre y especialmente desde su asunción en enero, han surgido cientos de pequeñas y no tan pequeñas organizaciones de oposición al presidente. Se han unido a conocidos grupos izquierdistas y culturales que ya calentaban motores para enfrentar a la nueva administración. Entre todas las formas posibles de expresar disenso en estos momentos hay una que seguramente este presidente entenderá: la resistencia económica dirigida a sus propios negocios y los de sus hijos. Dado que su lenguaje es el del dinero, es posible que no le preocupen los manifestantes llenando las calles. Mediante innumerables tácticas –entre ellas, el boicot a tiendas que vendan productos Trump, el castigo a las corporaciones y los anunciantes que financien el programa de la administración y el trastorno de la continuidad de los negocios de las empresas Trump– los opositores están utilizando el poder del monedero para demostrar su disconformidad; para ello, han programado un día de resistencia contra la marca Trump: el 14 de junio.
Esa oposición económica puede llegar a ser una modalidad de resistencia muy apropiada, sobre todo para los millones de estadounidenses que viven en los estados más conservadores y se sienten impotentes desde las elecciones. Después de todo, no es del todo obvio qué acciones políticas pueden ser eficaces del modo acostumbrado en Estados Unidos cuando los legisladores que has elegido están de acuerdo contigo. Pero a quienes viven en los estados más conservadores les falta el ejercicio político para golpear económicamente, ya que estos estados tienen en promedio ingresos más altos y mayor capacidad de compra que sus compatriotas de los estados más progresistas. El impacto de un boicot coordinado en los estados más conservadores podría ser enorme. Es por eso que la campaña ‘Coja su cartera’, junto con Color of Change (el color del cambio), un grupo que trabaja por la justicia racial, y muchas otras organizaciones están animando a las personas para que utilicen su capacidad de compra como herramienta política.
“Estuvo cerca en las encuestas, pero no está cerca en la caja registradora”, me dijo hace poco Shannon Coulter, una de las creadoras de ‘Coja su cartera’.
Aun así, aunque una cantidad de organizaciones y cientos de miles de personas ponen su esfuerzo en tácticas económicas con la intención de debilitar al presidente, todavía es una cuestión abierta si acaso este tipo de resistencia –o, más específicamente, su actual implementación– puede provocar algo significativo en el sentido del cambio.
“Un panorama de creciente resistencia”
A primera vista, ‘Coja su cartera’ en un modesto sitio web (https://grabyourwallet.org): una hoja de cálculo de Google en la que aparece una lista de 50 empresas que serán objeto de boicot. Entre ellas están los almacenes Macy’s, Bloomingdale’s y Lord & Taylor, pero también tiendas minorista online como Overstock.com, Zappos y Amazon, todos los cuales venden algún tipo de mercancía Trump (la cantidad precisa de empresas está en continuo descenso, a medida que algunos minoristas abandonan la marca Trump). El sitio recibe un impresionante número de visitas: unos dos millones por mes; cuando hablé con Coulter, ella me dijo que desde el inicio del boicot, 22 comercios al detalle habían dejado de vender productos Trump. Ella piensa que esto no es más que el comienzo.
“Creo que, debido al ciclo de funcionamiento del comercio al por menor, no será hasta el verano [del hemisferio norte] cuando veamos todo el impacto del boicot”, me explicó. Almacenes Nordstrom, por ejemplo, la mayor firma hasta hoy que ha abandonado la marca Ivanka Trump, vendió todas sus existencias antes de comunicar que no volvería a hacer un pedido. Este anuncio atrajo incluso la atención del presidente, que tuiteó: “Mi hija Ivanka ha sido injustamente tratada por @Nordstrom. Ella es una gran persona... ¡siempre me anima a hacer lo correcto! ¡Es terrible!”.
Color of Change lleva mucho tiempo desarrollando estrategias de resistencia económica; específicamente, la de perseguir a anunciantes que avalan el odio racial. Ahora que Trump está en la Casa Blanca, Rashad Robinson, director ejecutivo del grupo, me dijo que ellos están centrándose en el papel de los facilitadores corporativos, “que han hecho posible la administración [Trump]”. Y describió una estrategia en la que su organización selecciona cuidadosamente un objetivo corporativo y después congrega a su millón largo de miembros para que participen en una campaña diseñada para empañar la imagen de la empresa, hasta que sus ejecutivos recurran a opciones más éticas de propaganda. Color of Change tuvo un desempeño en la reciente destitución de Bill O’Reilly por parte de Fox News influyendo en algunos de los 50 anunciantes más importantes, quienes retiraron su apoyo económico al popularísimo programa de O’Reilly. Cuando desertaron los anunciantes, Fox puso de patitas en la calle a su presentador. 
Cuando se trata de diseñar campañas de consumidores, los grupos progresistas demuestran tener cada vez más sentido común. Hace poco tiempo, el Centro por la Democracia Popular (CPD, por sus siglas en inglés) y el grupo en defensa de los derechos de los inmigrantes Make the Road New York lanzaron una campaña conjunta a la que llamaron Corporate Backers of Hate (Partidarios corporativos del odio) dirigida contra Wells Fargo, JPMorgan Chase, Walt Disney Co. y un puñado de otras empresas que proporcionaron variadas formas de apoyo a Trump y su programa. Por ejemplo, Wells Fargo ha dejado millones de dólares a las empresas del presidente, invierte en centros de detención de inmigrantes gestionados con fines de lucro por contratistas privados y ha prestado dinero a promotores del oleoducto Dakota Access, la tubería de casi 1.900 km que atravesará las tierras de la tribu sioux de Standing Rock en North Dakota (Trump firmó un memorando que autoriza esta obra pocos días después de asumir la presidencia). El sitio web de Corporate Backers of Hate permite que quienes quieran protestar puedan evitar los filtros intermedios de esas corporaciones y enviar correos electrónicos directamente a los ejecutivos de mayor rango y miembros del consejo de administración para expresar su rechazo.
Esta estrategia de persecución de quienes financian la red de empresas Trump ya ha tenido algunos logros. Varios grupos han estado intentado interrumpir el flujo de dinero de publicidad hacia Breitbart, el xenófobo sitio de seudo noticias antiguamente administrado por el estratega de la Casa Blanca Steve Bannon. A la cabeza de esta tarea está un grupo de Tweeter llamado Sleeping Giants; su propuesta es bastante sencilla: pide a sus seguidores que hagan capturas de pantalla de los anuncios en Breitbart –preferiblemente junto a un titular ofensivo– y después tuiteen la imagen capturada a la empresa que aparece en el anuncio junto con un cortés mensaje en el que se pide parar la campaña de odio. Según Sleeping Giants, este enfoque ha tenido muchísimo éxito: miles de anunciantes se han retirado de Breitbart
Nicholas Reville es un avezado organizador de acciones online que se ha convertido en un personaje importante en la campaña para hacer que el odio “no dé beneficios”, como dice él. Reville piensa que el modelo de resistencia digital promovido por Sleeping Giants es un novedoso e importante aporte para la acción política. “Es muy, muy, raro encontrar una campaña militante en la que la gente haga algo más que firmar un petitorio, participar en una manifestación o donar dinero”, me dijo. En lugar de eso, señaló, ahora una persona puede realizar una acción distinta utilizando su teléfono móvil y ayudar realmente a conseguir un triunfo cuando un anunciante se retira de Breitbart
Algunos activistas no se conforman con capturas de pantalla y tweets. Recientemente, la periodista Naomí Klein dio a conocer un vídeo que destacaba el hecho de que la marca Trump es una de las fuentes de ingreso más importantes, y sugería que “bloquear” la marca –transformando un medio de hacer dinero en uno que pierda dinero– podría ser una poderosa forma de resistir. Ella se refiere a tácticas como bloquear las líneas telefónicas de las empresas Trump o hacer reservas de habitaciones en sus hoteles para cancelarlas más tarde.
Un activista que ha trabajado en el bloqueo por saturación de los teléfonos de las empresas Trump conversó conmigo con la condición que no diera a conocer su nombre; dice que los resistentes como ella han descubierto que es sorprendentemente fácil crear problemas en los negocios de Trump. “Las líneas de comunicación ni siquiera son capaces de manejar volúmenes medios de llamadas”, dice, y me aseguró que hay planes para realizar más bloqueos en el futuro. Cuando le pregunté qué esperaba ella conseguir mediante esta táctica, respondió que la idea es debilitar económica, políticamente y de cualquier otro modo imaginable al presidente Trump.
“Esas estrategias son complementarias a otros tipos de actuación”, continuó ella. “Ninguna de ellas de por sí hará caer a la administración Trump... no es ese el objetivo. Eso forma parte de un amplio panorama de resistencia.”
Resistir es fácil; lo difícil es ganar 
La multiplicidad de grupos, campañas y personas que van tras Donald Trump y sus negocios y tras las empresas que le apoyan –a él o a su programa político– ciertamente forman un descontrolado y a menudo caótico paisaje de resistencia. Cada día recibo en mi correo electrónico una docena de diferentes mensajes de alerta, la mayor parte de las veces sin coordinación alguna. Sin embargo, después de un par de meses de prestarles cierta atención, empecé a preguntarme si acaso semejante esfuerzo no sería mejor destinarlo a menos campañas, pero más coordinadas. No hay dudas de que aunque quienes se oponen a Trump se emocionan cuando Nordstromp abandona la línea de productos de Ivanka y legiones de anunciantes se retiran de Breitbart, no está claro si son avances en el sentido de un cambio en el panorama político o si solo se trata de satisfacciones coyunturales que no conducen a sitio alguno.
Es posible que lo que mejor ilustre este dilema sea la aplicación Boycott Trump, que ha obtenido 350.000 descargas. El concepto que está detrás de esta aplicación es similar al que anima a ‘Coja su cartera’; esencialmente es una lista de empresas a las que se debe boicotear, aunque en la lista aparecen más de 250 firmas en lugar de las docenas de ‘Coja su cartera’, muchas de ellas debido a que en 2011 patrocinaban The Apprentice (El aprendiz) el show de Trump en la NBC. Le pregunté a Nathan Lerner, que está al frente de una organización llamada Democratic Coalition Against Trump (Coalición democrática contra Trump) –responsable de la aplicación–, qué hace que una empresa esté en la lista, y me respondió que el criterio era incluir a cualquiera de ellas que estuviera vinculada con el presidente. Después le pregunté si su grupo estaba colaborando con otras campañas de boicot,
“Estamos un poco decepcionados con la asociación”, me dijo Lerner. “Ahora mismo estamos viendo mucho entusiasmo con esto de boicotear a Trump, pero está dividido. Los colegas hacen un estupendo trabajo, pero cada uno lo hace por su cuenta.” Este parece un resumen muy acertado de la situación; por otra parte, el gripo de Lerner podría ser un ejemplo de quienes trabajan “por su cuenta”.
Buscando respuestas, llamé a Marshall Ganz, quien sin duda debería estar –de existir una– en la galería de famosos de la comunidad organizativa. En los sesenta del siglo pasado, trabajó con César Chávez para organizar a los granjeros californianos y, en 2007, fue uno de los arquitectos de la estrategia organizativa para la campaña presidencial de Barack Obama. Profesor en la escuela Kennedy de la universidad de Harvard (y, todo hay que decirlo, profesor mío alguna vez), Ganz dice que la “estrategia” es “cómo transformamos lo que tenemos en lo que necesitamos de modo de conseguir lo que queremos”. Esto encaja perfectamente con el concepto del boicot a Trump, en el que los militantes tratan de convertir su capacidad personal de compra en una fuerza colectiva lo suficientemente grande como para cambiar lo que ocurre en el nivel más alto de nuestro país.
Cuando hablé con Ganz acerca de que tantos boicots y campañas relacionadas estaban realizándose sin demasiada coordinación, él definió el problema de esta manera: “Los mecanismos para dar inicio a mi cosa, mi cosa, mi cosa, son muy fáciles en el espacio virtual...”. El problema es unir todas esas iniciativas. Tal como él señaló, en 2007, solo en la zona de la bahía de San Francisco había 54 grupos pro Obama diferentes registrados online; lo más difícil fue conseguir que trabajaran juntos en aras de un objetivo compartido. Llevando esto al plano de la lucha contra Trump, Ganz sugirió que para los diferentes grupos de boicot y de presión habría sido mucho más eficaz compartir esas acciones dispersas. Si sucediera esto, insinuó, el movimiento anti-Trump pasaría a ser proactivo en vez de reactivo.
No todos los expertos están de acuerdo con lo que sostienen Ganz. L.A. Kaufman es autora del libro recientemente publicado Direct Action: Protest and the Reinvention of American Radicalism (La acción directa: la protesta y la reinvención del radicalismo en Estados Unidos). “Yo pienso que el carácter descentralizado de la resistencia le proporciona resiliencia”, me dijo ella en una entrevista telefónica. Según su punto de vista, el hecho de que toda esta actividad la realiza la gente de a pie y sin intervención del Partido Demócrata es una señal de renovación política en este país. Este es su argumento. Aun así, resulta difícil imaginar cómo una resistencia económica –sin duda, un arma adecuada contra un ‘empresario-en-jefe’– puede ser eficaz sin una masa crítica fusionada alrededor de un conjunto de acciones y objetivos acordados.
Le pregunté a Shannon Coulter si acaso estaba coordinando con otras campañas y ella me señaló que en este momento ‘Coja su cartera’ está alineada con las/los organizadoras/res de la ‘Marcha de las mujeres’, la enorme manifestación que cubrió todo el país inmediatamente después de que Trump asumiera la presidencia. Los mismos organizadores fueron también la fuerza impulsora que estaba detrás de la formación de unos 5.500 grupos de militantes locales que después de la marcha se pusieron de acuerdo en los siguientes pasos del incipiente movimiento anti-Trump. Esta alianza parece ser una señal prometedora.
Recordando lo dicho por Ganz sobre la fusión de los grupos que apoyaron a Obama en 2007, le pregunté a Coulter si había pensado alguna vez en fundir ‘Coja su cartera’ en una organización más grande. A esto, ella respondió que no. “Lo digo”, explicó Coulter, “porque ‘Coja su cartera’ es uno de los pocas iniciativas lideradas exclusivamente por mujeres en el movimiento”.
Coulter no es la única persona que razona así. Dado que el movimiento anti-Trump es una heterogénea colección de grupos que representan a mujeres, a afro-descendientes, a pueblos originarios, a inmigrantes, a personas LGBT y a mucha gente de piel blanca, existe la preocupación de que concertar acciones podría dar como resultado una resistencia dominada por los blancos, y que eso podría comprometer las prioridades de los grupos específicos y sus integrantes. En aras de la eficacia, dice Rashad Robinson, de Color of Change, una campaña deben llevar consigo la “autoridad moral de la zona afectada”. Me habló de situaciones en las que grupos liderados por blancos habían tratado de imitar alguna campaña realizada por Color of Change sin darse cuenta de que carecían de la autoridad moral para hacerlo con eficacia.
En 2014, Zeynep Tufekci, un profesor de la Universidad de North Carolina que estudia los movimientos sociales, brindó una charla TED titulada “Online social change: easy to organize, hard to win” (El cambio social online: fácil de organizar, pero difícil de lograrlo) en la que describió la Marcha de Washington de 1963. Este histórico acontecimiento, en el que Martin Luther King hizo su famoso discurso ‘Tengo un sueño’ congregó a 250.000 personas. Tufekci puso de relieve la importancia de haber atraído a semejante multitud en 1963, cuando los organizadores utilizaban los teléfonos fijos, los volantes, el boca a boca, en un entorno que carecía de las herramientas digitales de hoy en día. Hace 50 años no era nada fácil atraer a un cuarto de millón de personas al paseo Nacional. “Si te ocupas del poder”, dice Tufekci, “te das cuenta de que debes tomarte seriamente la capacidad mostrada por esa marcha, no tanto por la marcha en sí misma, sino por lo que ella indica.” 
El movimiento anti-Trump todavía debe conseguir la realización de algo tan impresionante. Cerca de medio millón de personas se reunieron en Washington para la Marcha de las Mujeres –una cifra que supera al millón si contamos a los manifestantes que marcharon en todo el país–; sin embargo, no está del todo claro si estas cantidades tienen el mismo peso hoy que el que tuvieron en otros tiempos multitudes más pequeñas. Pese a que los manifestantes llenaron las calles de Washington un día después de la investidura presidencial, las acciones anti-Trump en los varios meses siguientes de su mandato continúan estando fragmentadas.
Y cuando se trata de hacer una campaña de resistencia económica contra este multimillonario presidente, la pregunta que apremia es si esta enorme cantidad de personas de todo el país que –como Dee de Nueva York– han cambiado sus hábitos de compra, tuiteado a anunciantes, contactado a ejecutivos empresariales y bloqueado los teléfonos de las empresa Trump, de verdad lo hacen en una forma que convierta su acción personal en una influencia auténtica y poderosa.
Aún es demasiado pronto para responder. 
* El autor se refiere a la destrucción de pruebas contenidas en una grabación realizada por orden del presidente Nixon durante la investigación del Watergate en 1972. (N. del T.)
** The Handmaid’s Tale (Cuento de una criada) es una exitosa serie de televisión basada en una novela de la canadiense Margaret Atwood. (N. del T.)
Mattea Kramer es colaboradora habitual de TomDispatch, escribe comentarios culturales.

Frente Brasil Popular propone plan de emergencia ante la crisis


El sector de los trabajadores ha realizado una serie de protestas y manifestaciones, exigiendo la renuncia del presidente Temer. Foto: Reuters
El sector de los trabajadores ha realizado una serie de protestas y manifestaciones, exigiendo la renuncia del presidente Temer. Foto: Reuters
El Frente Brasil Popular presentará este lunes en la ciudad de Sao Paulo un proyecto de modelo social, que facilite el fortalecimiento de la economía nacional, ante la crisis política e institucional que atraviesa el país actualmente.
El conjunto de organizaciones populares busca la implementación de un plan que responda a las necesidades de los trabajadores, en caso de que Temer abandone la presidencia y se instale un nuevo Gobierno de emergencia.
Esta iniciativa, denominada Plan Popular de Emergencia, busca principalmente el desarrollo y la recomposición de la industria y el mercado interno, así como también el combatir las crecientes desigualdades en los ingresos y el patrimonio nacional.
De esta manera, el Frente Brasil Popular aspira a crear “un modelo social basado en el bienestar y la democracia”.
El documento está planteado como una nueva alternativa que favorezca a los trabajadores, en caso de que exista un Gobierno de emergencia, ante la posibilidad de una salida anticipada del presidente no electo, Michel Temer.
Por su parte, el coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Joao Pedro Stédile, señaló que este plan popular “se produce en momentos en que el gobierno golpista de Temer está llegando a su fin”.
Temer solo continúa en el poder porque la burguesía todavía no acordó el nombre de su sucesor”, afirmó Stédile.
Estructurado en diez áreas temáticas, el texto presentado por el conjunto de organizaciones populares plantea la necesidad de una propuesta de convocatoria para una Asamblea Constituyente, que reglamente un nuevo orden político para las elecciones de 2018, despojado de la influencia del poder económico.

Los 28 objetivos de Trump en su visita al triángulo de las religiones semíticas



Da igual que Arabia Saudí, Israel y el Vaticano no representen ni a los fieles del Islam, el judaísmo y el cristianismo ni a dichos credos, pero han sido los primeros destinos de Trump como presidente para:
  1. Utilizar la caduca farsa de la “alianza de religiones” contra la otra farsa, el terrorismo islámico, pretende justificar la pseudo doctrina de Choque de Civilizaciones, una cortina de humo para ocultar el principal problema de la humanidad, que es el terrorismo del hambre, fruto del capitalismo, que asesina cada día a decenas de miles de personas sin importarle su credo.
Los otros objetivos del equipo de Trump en realizar dichos viajes han sido:
  1. Otorgar relevancia a un Trump rechazado a nivel mundial. Los últimos presidentes realizaron su primer viaje a los países vecinos.
  2. Reducir la presión sobre Trump, que está acusado de poner en peligro la seguridad nacional, con logros comerciales y militares en Oriente Próximo, y así sobornar a las compañías petrolíferas y militares que controlan las dos cámaras. 
EEUU vuelve a abrazar a Arabia Saudi
No es ninguna casualidad que la visita de Trump y su séquito a Riad se programase para el 19 de mayo, el día de las elecciones presidenciales de Irán, con el fin de influir en sus resultados. Entre otros objetivos, la administración Trump buscaba:
  1. Imitar a Obama, quien acudió a la sede de los Hermanos Musulmanes en Egipto, para pronunciar un discurso con varias letras pequeñas. 
  2. Mostrar que no es islamófobo, algo que ya sabíamos: él es aporófobo. Expulsa a los pobres, sean mexicanos, árabes o indios, que no a sus élites mafiosas.
  3. Revitalizar las alianzas tradicionales en la región, debilitadas en la era de Obama, y prometer a las élites sunitas del Golfo Pérsico que su estabilidad estaba asegurada.
  4. Recuperar la estrategia tradicional de EEUU de apoyar la estabilidad de las monarquías árabes (que también mantienen, a golpe de sus dólares, el orden en Jordania, Egipto y Pakistán) para mantener el actual mapa global de las rutas comerciales de la región. Apoyar el Islam político (siempre de derecha y fundamentalista) forma parte de esta política.
  5. Hacer negocios: mil millones de dólares, saqueados de las arcas públicas de Arabia, para crear miles de puestos de trabajo en las empresas de armas de EEUU. Manchados de sangre de los yemeníes, sirios o iraquíes, entre otros pueblos. Los misiles que fabriquen apuntarán a Irán. Así acabará también con las voces críticas con Arabia Saudi en las filas del Partido Demócrata.
  6. Conseguir cien millones de dólares para el negocio de mujeres emprendedoras de Ivanka Trump en el Fondo Monetario Internacional, así como consolidar los negocios propios de Trump, como un complejo hotelero. La prensa revela que desde el anuncio de su candidatura, Trump ha creado al menos 46 nuevas empresas.
  7. Expulsar a Rusia del negocio de armas con Arabia, que mostraba interés por los misiles tácticos Iskandar rusos.
  8. Exhibir la fuerte presencia militar de EEUU en el Golfo Pérsico, algo reducido en la era de Obama por su prioridad de contener a China.
  9. Aumentar el peso de Arabia Saudi en la región en perjuicio de Irán y Turquía, países difíciles de domar.
  10. Conseguir que los wahabíes saudíes, algo menospreciados por Obama, suavicen sus ataques verbales a EEUU.
  11. Acercar a los líderes árabes a Israel, a partir de una alianza tácita contra Irán, nombre del país más repetido en la cumbre. ¡Ni una mención a Palestina! Trump ha puesto los cimientos materiales de una gran guerra chiita-sunita de los 55 países sunitas presentes en el encuentro contra Irán, construyendo la OTAN árabe. Así, serán los jeques quienes financien las guerras de EEUU en la región.
  12. Consolar a la Casa Saud por haber sido objeto de los ataques del Trump candidato por varias razones: no acoger a los refugiados sirios, donar millones de dólares a la Fundación Clinton, pretender que EEUU le hiciera el trabajo sucio en Siria, volar las Torres Gemelas (como afirmaba la CIA), tener a mujeres esclavizadas y matar a los gays.
  13. Pasar un rato divertido, riéndose de la audiencia que escuchaba las patrañas de ser aliados en la lucha antiterrorista, siendo ambos patrocinadores del yihadismo desde 1978. La misma CIA condecoró con la medalla George Tenet al príncipe heredero Saudi Mohammed por su lucha contra el terror. Otra cosa es pretender neutralizar al sector antioccidental (que no antiimperialista) de la Casa.
  14. Ignorar y desactivar la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo que denuncia a Arabia Saudi por el 11-S, que el propio Trump defendía cuando era candidato, o sea que el terrorismo islámico no es fruto de la exclusión de los musulmanes.
  15. Mostrar el poder de convocatoria del rey Salman, que reunió a unos 50 jefes de Estado musulmanes en Riad para recibir a Trump, y así justificar esta infame alianza con un peso pesado.
  16. Sabotear los intentos de Irán de reconciliarse con Arabia Saudí, empujándoles a una terrible guerra.
  17. Construir una nueva alianza entre EEUU, los Estados sunitas (árabes, turcos, paquistaníes, etc) e Israel contra Irán, gran rival geopolítico, al que declararon “el mayor patrocinador del terrorismo mundial”.
  18. Regalar una carta verde a los saudíes para entrar en una guerra con Irán, a pesar de que puede terminar con la propia existencia de Arabia Saudí.
Luna de Miel con Israel
En el 50 aniversario de la ocupación de Palestina, y en medio de una huelga de hambre de cientos de presos políticos palestinos en cárceles israelíes, el presidente de EEUU pisaba Israel para:
  1. Reparar los daños asestados por Obama a la extemaderecha judía al no destruir Irán y encima firmar el acuerdo nuclear con el gran rival en la zona. Y eso a pesar de que Obama concedió a Israel la ayuda más grande de la historia de EEUU (38.000 millones de dólares), apoyó todas sus agresiones a Gaza y no reconoció el Estado palestino por la ONU. Pero, si unos 130 países ya han reconocido el Estado palestino, ¿a qué esperan para fundarlo? ¡Si Lenin estuviera ahora en Palestina!
  2. Fingir que busca el acuerdo final de paz entre palestinos e israelíes, cuando no tienen ningún plan propio. EEUU no puede mediar en este conflicto ya que no es imparcial: nunca ha presionado a Israel para que respete los acuerdos internacionales al respecto. Es posible que eche mano de la propuesta de la Liga Árabe de 2002 de reconocer un Estado palestino con Jerusalén oriental como capital a cambio de que los países árabes reconozcan a Israel. Aunque por la naturaleza imperialista de este país, también este plan de paz será archivado.. Por lo que EEUU continuará con la pantomima de negociaciones de paz para que Israel siga ampliando los asentamientos (3.000 más desde la toma del poder de Trump) y se dedicará a gestionar el conflicto.
  3. Introducir, en realidad, el factor incertidumbre en las relaciones de EEUU con Israel y Palestina: ha retrocedido de la promesa de reconocer Jerusalén como la capital indivisible de Israel, petición aprobada por el Congreso en 1995, pero a la que los presidentes de EEUU, cada seis meses, han tendido que firmar la renuncia, retrasando el traslado por “razones de seguridad nacional”. La visita de Trump ha tenido lugar antes del 1 de junio, fecha en que toca volver a firmarla. No quería mayor tensión en las relaciones.
  4. Echar una mano a Netanyahu, ahora que está acusado de fraude y soborno. Los gazatíes deben prepararse para un nuevo ataque de Israel, que suele utilizar la cortina de humo de las bombas para desviar las miradas de los trapos sucios internos.
  5. Trump presionó a Abás para hacer más concesiones por la paz, como abandonar la violencia, eliminar la imagen negativa de Israel en los libros de texto y cortar la ayuda a los familiares de los presos palestinos en cárceles israelíes. Mientras, no pide lo mismo a Israel: que deje de matar a los palestinos, de derruir sus casas o de arrancar sus olivos.
  6. Seguir cooperando en el desmantelamiento y la balcanización de los países grandes de la zona, como lo han hecho en Sudán, Irak, Yemen o Siria, y están decididos en convertir a Irán en el próximo.
El Vaticano como el poder blando de Occidente
Obviamente, un Papa goza de más prestigio internacional que un presidente de EEUU. No en vano, George Bush visitó el Vaticano en seis ocasiones para conseguir su apoyo y Obama, en dos. En su encuentro con Francisco, dijo que iba a hablar de “la pobreza y la desigualdad”. Vale, hablar no hace daño a los ricos. El nuevo presidente de EEUU se ha apresurado hacerse una foto con Francisco, por:
  1. Conseguir la legitimidad de un Papa carismático que le tachó de “no cristiano” por querer levantar muros contra los inmigrantes, que no puentes. Pero Bergoglio muestra una profunda incoherencia estrechando la mano de un magnate que ha comprado el poder político y presume de ser belicista, aporófobo, misógino y va a robar las pocas conquistas sociales de los trabajadores de EEUU, queriendo privatizar hasta los servicios sociales. Su asalto es de tal magnitud que algunos clérigos católicos estadounidense están dando prioridad a la justicia económica y los derechos de los inmigrantes antes que ir contra el aborto.
“Si usted es el Papa del pueblo en EEUU, entonces tiene un problema cuando la misma gente vota a Trump”, advierte el analista Iacopo Scaramuzzi. Ronald Reagan y Juan Pablo II se unieron para luchar contra el “comunismo ateo”, ¿cuál es el papel de Francisco en el diseño estadounidense del mundo?