La política del horror
da cuenta de 46 seres humanos, hombres y mujeres, asesinados en los 150
días de 2017, por su probada dedicación a la defensa de derechos humanos
y su calidad de lideres sociales de profundas y reconocidas
convicciones éticas. El solo dato impacta y debería provocar el repudio
unánime de partidos, academias, medios, iglesias y promover una
reflexión por el real sentido del valor de la vida en un país ad portas
de cerrar la guerra. La paz avanza lenta por entre caminos inhóspitos
pero podrá ser estable y duradera si los componentes del estado se
vuelcan a impulsar una cultura de derechos que preserve la vida de sus
lideres y reafirme la implementación efectiva y material de los acuerdos
entre estado e insurgencia, eliminando las barreras que los
beneficiarios de la tragedia impulsan tratando de: invalidar el espíritu
de paz, presionar a una renegociación jurídica y moral de lo acordado e
impedir que los sectores populares tengan existencia política.
Detrás de 46 lideres asesinados hay mas que una estrategia de
eliminación de lideres sociales y defensores de derechos y no es solo un
reto teórico [1], si no también practico indicar que hay una política
de muerte (aunque no cumpla los requisitos formales) que tiene misión.
visión, estructura, metas, responsables, recursos, tiempos, modos de
acción, actores y territorios en los que se ejecuta el programa de
guerra sucia orientada por los “defensores” de los privilegios que les
ofrece el capital y el poder. No hay hechos aislados, hay conexión
orgánica entre política de horror, capital y poder político y persiste
una tendencia de resultados con datos como que “ En los últimos 14 meses
hubo 120 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes
sociales, además de 33 atentados y 27 agresiones a este mismo grupo
poblacional (defensoría, elheraldo.co/marzo 3, 2017)"; “Entre 2002 y 2016 hubo 558 lideres sociales asesinados (verdadabierta.com)”;
En abril de 2017 fueron asesinados mas de 10 indígenas awua, woman y
kite kiwe (Amnistía) y “Van 2500 sindicalistas asesinados en 20 años (verdadabierta.com)”. Queda al descubierto un continuum
de barbarie que remite a advertir un genocidio en marcha, un plan de
exterminio sistemáticamente ejecutado contra personas protegidas e
indefensas que conforman una comunidad política llamada sociedad civil.
Los 46 lideres y defensores fueron asesinados en lugares precisos de una
geopolítica de riqueza estratégica y en el momento político concreto en
que se construye paz en los territorios y la verdad contada por otras
voces saca a flote las reales intenciones y a los responsables del
horror padecido.
La tragedia es mas grave que la que nos
acostumbraron a mirar en otras latitudes, porque en un contexto de paz
el asesinato de un líder es aun mas condenable que en época de guerra,
es un agravio a la humanidad sobre todo porque ocurre como parte de una
política que se creía superada. En la guerra las muertes de lideres y
defensores inocentes fue negada, los victimarios condecorados y los
agraviados humillados, las victimas acusadas de terroristas y
guerrilleros para justificar el orden criminal, pero en época de paz la
victima, el victimario, la sistematicidad del horror y el móvil político
y social del exterminio son visibles, aunque funcionarios del estado,
-que guardan lealtades personales a las elites-, sigan creyendo que
perseguir y eliminar lideres y defensores de derechos es normal porque
según sus creencias, cuestionan o ponen a debate el orden natural de las
cosas y enfrentan a las jerarquías del poder y por ello ese es el
precio de sus conductas desobedientes. Sin embargo es momento para
llamar a las instituciones a abandonar esa mentalidad, a superar el
código de guerra amigo-enemigo, y entender que al país entero arrastra
la vergüenza de ser el país en el mundo que mas asesinatos de lideres
sociales ha producido en tiempos de guerra y ahora esta produciendo en
tiempos de paz. Matar a los defensores del bien común, de lo justo y lo
correcto, por reclamar del estado respetar, hacer respetar y ofrecer
garantías a los derechos es un crimen genocida.
Aunque no haya
leyes concretas ni ordenes expresas que promuevan el horror, el estado
es el primer responsable estos crímenes sistemáticos que anuncian la
existencia de una política criminal de exterminio. Los ejecutores del
horror son apenas piezas brutas del engranaje del poder. No se ejecutan
homicidios aislados, ni inconexos, hay secuencia, tendencia e
intencionalidad y por los rasgos y características del modus operandi
descubren que hay una estructura paramilitar encargada de las
ejecuciones, que controla una maquina de aniquilamiento, no para
combatir enemigos, si no para provocar terror, imponer miedo,
seleccionar y organizar la matanza de humanos indefensos como si mataran
animales, han asesinado por degüello, picado cuerpos a machete,
descuartizado con motosierras, torturado, mutilado y violado, pero nunca
enfrentado a un líder social en combate alguno, porque ninguno de los
dos va al combate, los asesinan en calles, universidades, campos de
cultivo, barrios populares, oficinas y sedes sindicales. Son crímenes de
odio, para los que no importa si lo comete un cazador solitario o un
grupo de inhumanos, drogados o enardecidos vengadores, lo que cuenta es
el plan, la intencionalidad y el móvil político de exterminarlos por ser
lideres. Y ese plan activa a la maquina de horror sea como banda, grupo
o clan en connivencia o aquiescencia del estado.
En la política
genocida no hay odio personal, ni cuentas por cobrar, ni desadaptados,
ni obsesivos con ganas de matar, debajo o detrás hay un estructurado y
consiente programa de odio racial, étnico, político, sexual, social o
ideológico, que sale de los centros de mando de la política tradicional
cuyos intereses económicos y desprecio por la vida humana coinciden en
borrar de la historia a rebeldes y adversarios. Ideológicamente han
acostumbrado al país a ver morir violentamente a sus lideres, a contar a
sus muertos y a olvidarlos, a perder el asombro ante cada masacre
superior en crueldad a la anterior y a convivir con resignación sin
reparar en la proximidad entre el asesino y la victima.
Es hora
de que el presidente jefe de estado y de gobierno y su bancada temporal
en el congreso convoquen a los otros poderes del estado a respetar los
acuerdos de paz alcanzados, que son el sustrato político y social del
derecho humano a la paz conquistado y desmonten sin dilación la política
del horror, reconozcan y detengan el genocidio en marcha contra
lideres, defensores de derechos y adversarios políticos. El gobierno
sabe y bien conoce del libreto criminal del genocidio cuyo relato
empieza cuando unos poderosos invitan a sus amigos a un almuerzo, una
fiesta o una reunión social y les cuentan historias [2] y entre risas y
bromas configuran a enemigos tildados de ateos, comunistas,
guerrilleros, homosexuales, negros, indios o campesinos, a los que
marcan con la señal de peligrosos para sus intereses. Los que oyen se lo
cuentan a otros, hasta que alguien actúa, amenaza, persigue y mata,
como si lo hiciera por cuenta propia, como si estuviera cumpliendo una
misión de su destino personal. Esa es la sistematicidad y a esos
responsable no se les puede buscar con las mismas herramientas que
ofrecen como criminales. Los 46 asesinados en 2017 y los cientos en este
siglo, no son homicidios simples producto de odios individuales, ni de
desquiciados veteranos de guerra, son una parte estructurada de un
genocidio en marcha contra un tipo de seres humanos que responden a una
lógica de adversarios políticos y sociales, asesinados por una ideología
y practicas de ultraderechas incrustadas en el poder, cuya mayor
victoria ha sido dividir a sus víctimas, ponerlas en contradicción y
lucrarse de ellas convertidas en su multitud de fieles electorales.
Multitudes negadas
Los lideres sociales, hombres y mujeres de todas las latitudes están
hoy al frente de una diáspora nacional de movilizaciones sociales
provocadas por la negación de derechos, el déficit de democracia, la
corrupción y el clientelismo. Son multitudes negadas, invisibilizadas.
12 días de paro, miles de vehículos estacionados en la vía al puerto mas
importante del país (Buenaventura), cientos de indígenas apostados en
carreteras, campesinos y afros movilizados, los tres hacen parte de un
mismo grupo de olvidados unidos en una insurrección desarmada. 10 días
de paro cívico en el Choco. 10 días de paro nacional con miles de
maestros en las calles y cese de actividades de 350.000 profesores y 8
millones de estudiantes. Bloqueos, plantones, marchas de centrales
obreras, reclamantes de salud, educación, guardianes, jubilados y
desalojados de sus viviendas, DIAN, Bienestar. Protestas contra la corte
constitucional por sus decisiones adversas a la paz. Protestas y
mítines universitarios contra la privatización y la perdida de
autonomía... una guerrilla en asamblea permanente y otra en
conversaciones de paz. Hay también oportunistas políticos, gases
lacrimógenos, gases pimienta, tanques de guerra y tanquetas de agresión,
aeronaves de guerra, avión fantasma, policía de choque y motorizada,
infiltrados, fuerza desbordada, muertos, heridos desaparecidos,
detenidos y judicializados reclamantes de derechos... Hay un país en
revuelta pero faltan los medios, ¿donde están los medios? Donde sus
lentes que no ven a estas multitudes? ¿Donde sus micrófonos que no
escuchan los susurros de este pueblo? ¿Porqué de esto no hablan los
medios ni se preguntan por los causantes del horror?
Notas:
[1]
Una Fundamentación, puede hallarse en mis libros Teoría de ddhh y
políticas publicas (2006); Derechos humanos, capitalismo global y
políticas publicas (2006); Lectura critica de los derechos humanos a 20
años de la constitución colombiana (20011, colectivo).
[2] En el film: Carta a una Sombra (Colombia 2015), homenaje a Héctor Abad, hay expresiones que condensa mejor esta afirmación.
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